13-12-2018.- La Cámara de Diputados aprobó exhortar al gobierno de Baja California a que gestione con la Federación los recursos necesarios para el pago a docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), así como de adeudos con el Poder Judicial, el Instituto Estatal Electoral (IEE), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios (ISSSTECALI).

De igual forma, para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el marco de sus atribuciones, coadyuve en la solución de falta de recursos, a la brevedad posible.

La diputada de Morena, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien presentó el punto de acuerdo, explicó que también se pide a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que, en el uso de sus atribuciones, realice una auditoría a los recursos federales destinados al CECYTE y al ISSSTECALI de Baja California.

Asimismo, solicita al gobierno de la entidad hacer públicas las retenciones que se han realizado a los trabajadores del estado, y del CECYTE, a maestros, jubilados y pensionados, que no han sido entregados al ISSSTECALI, de acuerdo con lo que permite la normatividad aplicable.

Llama al ISSSTECALI a hacer públicos los préstamos y las deudas contraídas con administración del estado, así como las retenciones del gobierno a los trabajadores.

Por último, exhorta al secretario de Planeación y Finanzas del gobierno de Baja California, así como al director del ISSSTECALI, a dejar sus cargos, en virtud de que no han podido resolver la grave situación en que han sumido a las dependencias de la entidad.

La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz (Morena) aseguró que la transparencia del ejercicio de los recursos públicos no puede estar al arbitrio de quien los ejerce y mucho menos cuando se ven comprometidos miles de trabajadores.

A su vez, la diputada Mónica Bautista Rodríguez (PRD) afirmó que existen funcionarios que no han sido transparentes, y ante la opacidad deben ser investigados, pero siguiendo los procedimientos correspondientes de legalidad, imparcialidad e institucionalidad. “No podemos estigmatizar, de buenas a primeras, a los funcionarios públicos”.

Por MC, el diputado Jorge Alcibíades García Lara señaló que ante este escenario, el sector empresarial local, ha pronosticado que la entidad estará en bancarrota total y con una crisis política y económica. “Es importante que las autoridades federales y estatales correspondientes, deslinden responsabilidades si se comprueba que los recursos han sido desviados”.

El diputado Armando Reyes Ledesma (PT) comentó que el problema financiero del estado es consecuencia del desorden administrativo que dejó el gobierno federal saliente; por ello, solicitó al Secretario de Hacienda hacer lo necesario para que de forma inmediata se destinen los recursos suficientes para cubrir los pagos de los sectores que los demandan. “Esta situación ya hizo crisis, al obligar a los maestros a suspender clases y tomar oficinas de recaudación de rentas y las casetas de cobro de la entidad”.

El legislador Héctor René Cruz Aparicio (PES) coincidió en que Baja California está en quiebra y el responsable es el gobernador Francisco Vega de la Madrid. Ante esto, afirmó que el grupo parlamentario de Encuentro Social votará a favor de la propuesta, porque “no se vale que el gobernador piense más en sus intereses personales que en el bienestar del estado”.

Del PRI, el diputado Isaías González Cuevas (PRI) denunció que más de 650 mil estudiantes de nivel superior y básico son afectados por el paro de maestros que no han cobrado su salario ni aguinaldo. Puntualizó que el PRI lamenta la mala situación en que la administración de la entidad ha puesto a las finanzas públicas; por ello, “nos sumamos al exhorto a efecto de que se aclare la situación. Debemos exigir al gobierno del estado que aclare los motivos de los atrasos en el pago de nómina”.

Por Acción Nacional, la diputada Martha Elisa González Estrada aseguró que ha sido el gobierno federal quien no ha transferido los montos extraordinarios que corresponden a la entidad, lo que ha ocasionado que los recursos propios sean usados para efectos distintos a los que estaban dirigidos. Se manifestó en contra de la destitución de funcionarios locales, pues eso violentaría la soberanía de la entidad.

Por último, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, de Morena, aseguró que el gobierno de la entidad dejó de entregar al Instituto Electoral del estado recursos por 35 millones de pesos, mientras que al tribunal electoral le debe 3.1 millones de pesos, lo que pone en riesgo la elección del próximo año.

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