• Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca, entidades que presentaron mayor número de denuncias

• Se pretende garantizar participación política de mujeres en proceso electoral de 2018: Flores Gómez

20-01-2018 La diputada Mirza Flores Gómez (MC) promueve un exhorto para garantizar la participación política y la erradicación de la violencia contra las mujeres durante el proceso electoral 2018, asimismo, que se informe a la ciudadanía y al Congreso de la Unión sobre las medidas tomadas para tal objetivo.

El punto de acuerdo solicita al Instituto Nacional Electoral, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, aplicar el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.

El citado punto de acuerdo enviado a la Primera Comisión de la Permanente y a la Comisión de Seguimiento a los Procesos Electorales Locales y Federales de 2018, para su conocimiento, detalla que el Protocolo publicó su tercera edición en noviembre de 2017, a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La legisladora resaltó que fueron detectados, de 2012 a 2016, 156 casos de violencia política contra las mujeres; las entidades que concentraron mayor número de denuncias fueron Ciudad de México, Tlaxcala, Chiapas y Oaxaca. De estos casos, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), registró 92 en 2015; 60 en 2016; tres en 2012 y uno en 2013.

Flores Gómez explicó que el contexto político electoral 2018, exige a las instituciones los más altos estándares de profesionalización y coordinación para prevenir y erradicar la violencia política en razón de género, por ser “ésta la materialización de todas las formas de violencia contra las mujeres que deciden participar en la esfera pública”.

La diputada señaló que en nuestro país, las normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género aún están pendientes. No obstante, las reformas constitucionales del 2011 y, en una interpretación integral del sistema jurídico mexicano, el respeto a los derechos políticos de las mujeres, debe ser tutelado por el Estado.

En este sentido, continuó, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará), señalan que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de las y los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, a votar y ser votados, así como el derecho a tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.

Para dar cumplimiento al mandato anterior, agregó, la CEDAW reconoce la importancia de que los Estados implementen acciones afirmativas para garantizar la participación de las mujeres en la vida política en condiciones de igualdad.

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