23- 01- 2018.- La Tercera Comisión de la Permanente -Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas- avaló con 10 votos a favor, 4 abstenciones, y un voto en contra, nueve nombramientos propuestos por el Ejecutivo federal: dos subsecretarios de la SHCP, tesorero de la Federación, titular de la Unidad de Crédito Público y cuatro funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como a la nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, Irene Espinosa Cantellano.

La diputada Cecilia Soto González (PRD) emitió un voto particular, en el cual pronunció su negativa por el nombramiento de Miguel Messmacher Linartas como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, “toda vez que incurrió en apoyo partidario en contra del estado de Chihuahua”.

El dictamen de los nombramientos, que será puesto a consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, señala que Miguel Messmacher Linartas ocupará la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; Alberto Torres García, será subsecretario de Ingresos; Luis Octavio Alvarado Contreras, tesorero de la Federación, y Juan Pablo Newman Aguilar, titular de la Unidad de Crédito Público.

En el SAT, José Manuel Lotfe Soto, responsable de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas. Los administradores generales Francisco Xavier Gil Leyva Zambada, de Aduanas; Leopoldo Carrillo Werring, de la Auditoría Fiscal Federal, y Adrián Guarneros Tapia, de Recaudación.

El senador Víctor Hermosillo y Celada (PAN) cuestionó a los funcionarios sobre qué medidas se tomarán respecto a la deuda pública, la cual aumentó 78 por ciento, así como el pago de impuestos que se elevó 87 por ciento, mientras que el gasto de inversión disminuyó en un 12 por ciento.

Además, sugirió bajar la informalidad para aumentar la tributación y eliminar las acciones discrecionales, ya que los ingresos que llegan después de la aprobación del presupuesto no tienen transparencia.

El senador Benjamín Robles Montoya (PT) preguntó sobre las acciones para enfrentar la pérdida de competitividad fiscal que, sin duda, afectará las inversiones estratégicas del desarrollo económico; por ello, propuso impulsar una nueva reforma hacendaria que compense los efectos de la ley estadounidense.

La diputada panista Leticia Amparano Gamez pidió a los funcionarios atender a la región fronteriza, ante el retiro del IVA preferencial y la homologación del costo de combustibles, lo que ha afectado la competitividad frente a Estados Unidos.

El diputado Virgilio Caballero Pedraza (Morena) cuestionó sobre los avances de la reforma fiscal en materia de evasión y la obligación de informar del sector empresarial acerca de la distribución de sus ingresos y pago de impuestos, utilidades y pérdidas.

Preguntó sobre los efectos que puede tener para México la estrategia fiscal de Trump y qué sucederá con la estrategia para evitar la erosión de la base tributaria promovida por la OCDE.

El senador priista Enrique Burgos García inquirió sobre las alternativas para perfeccionar el tema de aduanas en materia de seguridad, a fin de evitar la introducción de armas provenientes de Estados Unidos y las acciones que se tomarán por el arancel del 20 por ciento a diversos productos mexicanos por parte del vecino país.

La diputada María Verónica Agundis Estrada (PAN) expresó su desacuerdo en que la reforma fiscal beneficie, mucho menos, a los pequeños contribuyentes; sin embargo, dijo, sí favorece los ingresos de la Federación, ya que al tercer trimestre de 2017 se registraron recursos adicionales por más de 516 mil millones de pesos. Por ello, pidió su opinión sobre reformar dicha norma para destinar estos ingresos adicionales a temas como salud y educación.

En tanto, la diputada Cecilia Soto González (PRD) resaltó que las metas de inflación y crecimiento no se han alcanzado y hay inestabilidad en el tipo de cambio que amenaza los pagos en la deuda, por lo que cuestionó cuáles son las metas de crecimiento económico para este año y si hay una perspectiva de remediar la caída de la inversión pública en infraestructura física.

El senador Daniel Ávila Ruiz (PAN) preguntó su opinión sobre la propuesta de México Evalúa de regular el uso de los recursos del Ramo 23 “Provisiones salariales y económicas”. Además, cuáles serían las medidas para agilizar la entrega de los recursos públicos de las entidades federativas.

El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal (PRI) preguntó qué medidas se pueden impulsar para fortalecer la seguridad jurídica de los contribuyentes y el mejoramiento del sistema recaudatorio fiscal para el financiamiento del gasto público. Además, cuál es la importancia de la Ley de Tecnología Financiera que se encuentra en proceso legislativo.

El diputado José Refugio Sandoval Rodríguez (PVEM) expresó su respaldo a los funcionarios y pidió no buscar más impuestos, así como trabajar para mantener una economía estable, que avance y crezca. Reconoció que son momentos difíciles por lo que se vive con nuestros vecinos del norte y el Tratado de Libre Comercio, “pero tienen la experiencia suficiente para atender los problemas que pueda presentar nuestra economía”.

Al contestar las preguntas de los legisladores, Miguel Messmacher Linartas comentó que se buscó un endeudamiento contracíclico que llegó a un incremento importante, pero se ha seguido la propuesta multianual de consolidación fiscal, y eso permitirá que en 2017 y 2018 baje el nivel de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) “regresando al superávit fiscal”.

Enfatizó que la deuda per se no es buena o mala, ya que puede ser utilizada de manera adecuada para generar inversión o para seguir políticas contracíclicas para compensar momentos débiles de actividad económica nacional o global.

Debemos tener cuidado para hacer buen uso de endeudamiento, que no sea excesivo, que no esté bien justificado y se convierta en un lastre. “Nuestra visión es que sea utilizado de forma adecuada, por ejemplo, como se usó a raíz de la crisis de 2008 y al inicio de esta administración cuando hubo desaceleración de la economía estadounidense”.

Lo que intentamos es cumplir la consolidación de un proceso fiscal que sigue al endeudamiento, lo que arroja que el monto de deuda baje como porcentaje del PIB. Y en el paquete económico aprobado para 2018, precisamente se consolida dicho proceso.

Resaltó la importancia de cumplir el proceso de consolidación fiscal comprometido, a fin de garantizar un nivel sostenible del endeudamiento público.

Enfatizó que la reforma constitucional y la Ley de Disciplina Financiera generó un cambio importante en el endeudamiento de entidades federativas. “De 2012 a la fecha la deuda de estados y municipios se ha mantenido en 3 puntos del PIB”.

Además, dijo, se impulsó un tema importante de transparencia, lo que abona a la sostenibilidad fiscal de los estados.

Apuntó que se debe reforzar la vigilancia en todas las aduanas para evitar y combatir la entrada de armas; para ello, se necesita una serie de medidas operativas y reforzar controles de confianza como rayos X y cámaras.

Por otro lado, precisó que el número de contribuyentes se ha duplicado desde el inicio de la actual administración a la fecha. “De 30 millones de contribuyentes pasó a 60 millones, lo que es un cambio dramático”.

Sobre el incremento de los ingresos, enfatizó que México tenía la recaudación más baja como porcentaje del PIB en América Latina y la reforma fiscal permitió acercarnos al promedio del continente. Señaló que la idea era destinar esos recursos a educación, salud, gasto en infraestructura, pero el precio del petróleo se desplomó de niveles superiores de 100 dólares hasta menos de 20 dólares por barril, lo cual se pudo compensar con el aumento en recaudación, sin una crisis fiscal.

Además, dijo que se buscó ahorrar una parte importante de los ingresos excedentes y con los fondos de estabilización habrá un ahorro de aproximadamente uno por ciento del PIB en 2017 “para la próxima crisis financiera internacional, que sean precautorios para hacer frente a caídas inesperadas de ingresos”.

Sobre la meta de crecimiento para 2018 año, dijo que el Presupuesto de Egresos se aprobó con una estimación puntual de 2.5, un poco por encima de las expectativas del mercado, las cuales se han revisado al alza de manera consistente con los objetivos.

Respecto a la inversión pública, advirtió que debe evaluar la posibilidad de hacer reformas por el lado del gasto para que sea más eficiente, y desde el punto de vista de la recaudación “es posible también realizar algún ajuste”.

Destacó, además, que lo logrado en recaudación proviene del Impuesto sobre la Renta de grandes contribuyentes “y los resultados han sido muy positivos para el SAT, que está haciendo una gran labor y garantizando que haya una contribución justa”.

Sobre la reforma fiscal de Estados Unidos, comentó que no es una panacea y, en buena medida, las disminuciones de impuestos están financiadas con aumento de deuda de 10 puntos de PIB, y es algo que México no puede hacer.

En ese sentido, refirió que cualquier modificación al marco fiscal mexicano tendría que ser compensado. “Nosotros no podemos tener más endeudamiento público. Cualquier cambio tendrá que subsanarse con recorte de gasto o con aumento en otros gravámenes”.

También dijo que el esquema de homologación de gasolinas en la frontera sí se implementó y se da un estímulo a la zona.

Dijo que la Ley FINTECH aborda el cambio tecnológico en el sistema financiero y es una oportunidad gigantesca para mejorar la inclusión bancaria, de manera que haya servicios más directos para los individuos y un mejor acceso al sistema de capital.

“Tiene que acompañarse de una regulación que impida que esa tecnología se ocupe para el lavado de dinero; proteja a consumidores que no conocen los instrumentos financieros, y (sea) un elemento de regulación prudencial que asegure que no se provoquen problemas sistémicos a raíz de este tipo de instituciones”.

Señaló que el proyecto logrará un buen balance desde el punto de vista de mezclar la innovación con otros elementos que se deben regular para un buen resultado.

Refirió su experiencia en diversos cargos públicos en el sector financiero, al participar en la planeación económica y en el área de Ingresos, mediante doce paquetes económicos, tres reformas fiscales (2007, 2009 y 2013) y dos reformas energéticas.

“En buena medida, me ha tocado estar involucrado en una parte importante en eventos que ha llevado a cabo la Secretaría de Hacienda” como el articular respuestas a la crisis financiera de 2008-2009, donde se logró mitigar su impacto en México, reconocido como uno de los países que tuvo una recuperación económica más rápida.

Sobre la regularización de automóviles del extranjero, dijo que es un tema complejo, porque ingresaron sin cumplir las normas, argumentando que es un patrimonio familiar, frente a un sector automotriz que cumple.

En cuanto al requerimiento de información a las empresas multinacionales, explicó que se les dio tiempo de transición y después se les cuestionó porque los datos proporcionados eran muy generales. La información se entregará a partir de las declaraciones de este año, a fin de hacer una mejor fiscalización, agregó.

Sobre las aportaciones al gobierno de Chihuahua, destacó que es un tema de la Subsecretaría de Egresos, no de Ingresos; sin embargo, dijo que a dicha entidad se le dieron las estimaciones de participaciones y aportaciones federales.

Se cumplió cabalmente con la estimación propuesta, “recibió recursos iniciales como aportaciones y participaciones, incluso por arriba de lo originalmente previsto, por dos mil millones de pesos”, sostuvo.

Alberto Torres García, propuesto como subsecretario de Ingresos de la SHCP, estimó que para este año se prevé una reducción adicional en el nivel de la deuda pública.

Sostuvo que el entorno de la economía nacional enfrenta “vientos en contra” en los últimos años; entre sus principales retos, dijo, se encuentran la reducción del precio del petróleo, volatilidad de los mercados financieros internacionales y la incertidumbre sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; a pesar de eso, enfatizó, el desempeño de la economía será favorable y 2017 cerró mejor de lo previsto.

Expresó su convicción de contribuir al buen desempeño del país, desde una institución clave como la subsecretaría de Ingresos en el diseño de la política económica; agradeció la propuesta para dicho cargo y la oportunidad de exponer sus puntos vista; además, se comprometió a trabajar con responsabilidad y transparencia. Solicitó apoyo de los legisladores para su designación.

Precisó que, comparado con otras economías emergentes que han relajado el compromiso de consolidación fiscal, México va a la cabeza.

Enfatizó que para reducir la informalidad, es necesario diversificar las fuentes de ingresos públicos; recordó que hace algunos años se tenía cerca del 39 por ciento de los recursos asociados al petróleo, hoy es un poco menos del 17 por ciento, lo cual ha generado una economía más estable.

Luis Octavio Alvarado Contreras, propuesto como tesorero de la Federación, indicó que se tiene que poner a disposición de los contribuyentes nuevas formas de recaudación y desarrollar nuevos esquemas tecnológicos de pagos y administración de recursos.

Entre los retos que enfrenta la Tesorería, está incrementar el número de pagos, no solamente en la administración centralizada, sino en la descentralizada. Además, refirió, “tenemos que poner a disposición de los contribuyentes nuevas formas de recaudación; hacer frente a desarrollar nuevos esquemas tecnológicos de pagos y administración de recursos”.

Detalló que en el 2008, se ejecutaban 1.5 millones de pagos a cuentas de dependencias; en 2013 pasó a 69 millones de pagos directos a beneficiarios, y en 2017 la cifra aumentó 70 por ciento, es decir, 120 millones de pagos a cuentas de nóminas, pensiones y subsidios.

Respecto al manejo de recursos para los estados, dijo que la Ley de Coordinación Fiscal señala que se repartirán a través de la Tesorería, la cual actúa como un banco y pone el dinero al beneficiario final, lo cual implica un ahorro para los estados.

Comentó que los bancos pedían a las entidades poner el dinero tres o cuatro días antes de hacer la dispersión, además de cobrar entre 15 y 30 pesos por cada depósito y ésto ya no ocurre; además, se abona a la transparencia, pues al hacer los depósitos directos se evitan intermediarios.

Juan Pablo Newman Aguilar, propuesto para ser titular de la Unidad de Crédito Público de la SHCP, apuntó que la consolidación fiscal del país debe ser la norma de una política de Estado. “Hoy por primera vez, después de 10 años, la deuda pública se ha estabilizado y ha empezado a disminuir, por lo que es fundamental dar continuidad a este esfuerzo, robusteciendo el manejo del financiamiento de manera responsable y que sea un elemento de fortaleza de la economía mexicana”.

Consideró que existe la oportunidad de continuar aumentando el plazo del portafolio de deuda interna e externa, con la consecuente disminución del riesgo del refinanciamiento, a la vez que permite desarrollar el mercado crediticio a mediano y largo plazos, a fin de que una empresa financie un proyecto por más de 10 años o pueda contratar una hipoteca a tasa fija por 20 años.

“Existe la oportunidad de incrementar la base de beneficios del programa Cetes Directo, para que el pequeño ahorrador obtenga los mismos rendimientos que los grandes inversionistas, lo que reduce el costo de intermediación y promueve la inclusión financiera de las familias mexicanas”, subrayó.

José Manuel Lotfe Soto, aspirante a encabezar la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, manifestó su compromiso para cumplir el objetivo de prevenir altos niveles de endeudamiento a nivel estatal y municipal.

Resaltó que los retos de las administraciones estatales y municipios son fortalecer la recaudación local, a través de mecanismos eficientes de cobro, y atender las necesidades de gasto derivados de la contratación de deuda. El organismo gubernamental funge como apoyo para mantener la estabilidad financiera de esas instancias de gobierno, apuntó.

Afirmó que “uno de los retos de la Unidad para este año es la implementación a cabalidad de la Ley de Disciplina Financiera” y sostuvo que 2018 será el primer año en que los estados tomen en cuenta el Sistema de Alertas para determinar su techo de endeudamiento, formado por tres indicadores: la sostenibilidad de deuda; la capacidad de pago y la capacidad financiera del ente público para hacer frente a las obligaciones contratadas a un plazo menor a 12 meses.

Comentó que este año se tiene un techo aprobado por cada una de las entidades, el cual ya no pueden sobrepasar y hay reglas de balance y disciplina en la propia ley; entonces, dijo, lo que se debe buscar es cómo aplicarlas y “que la deuda sea para darles un impulso y no para usarlo en otros lados que no deben ser”.

Francisco Xavier Gil Leyva Zambada, propuesto como administrador General de Aduanas, destacó que la meta de recuperación para este año es de 2.96 billones de pesos.

Entre los retos que tiene el sector en el presente año es homologar los puntos fronterizos de México con los de Estados Unidos, profesionalizar al personal a través de la capacitación en temas como la ética, actitud y servicio, compromiso con la institución y el país; comercio exterior y reforzar la coordinación con las autoridades de las secretarías de Marina y Defensa Nacional, así como con la Procuraduría General de la República, Policía Federal y con los gobiernos de los estados.

Asimismo, mejorar y coordinar estrechamente las actividades con el Centro de Procesamiento Electrónico de Datos, y concluir los proyectos de modernización en curso en diferentes regiones del norte y sur del país.

Mencionó que la seguridad en las aduanas sería en dos vías: la primera, es salvaguardar a todos los empleados, a través del reforzamiento de la infraestructura; también reforzar los protocolos de seguridad y emergencia que actualmente se tienen. En la segunda vía, agregó, fortalecer la relación con las autoridades de la localidad y fomentar con la Sedena y Semart contratos de cooperación.

Leopoldo Carrillo Werring, propuesto como administrador General de la Auditoría Fiscal Federal, señaló que entre los retos está eficientar la fiscalización mediante base de datos, contabilidad y facturación electrónica que comparten información, y vigilar a contribuyentes en menor tiempo, de forma más asertiva.

Se promueve un acercamiento del SAT con los contribuyentes a través de cartas invitación, entrevistas, comunicados directos y revisiones más certeras, con una recuperación de impuestos más rápida, para atender a un mayor número de personas, señaló.

Además, modernizar los mecanismos de fiscalización mediante la disminución de los plazos de la presentación de declaraciones de impuestos y su devolución.

Adrián Guarneros Tapia, propuesto como administrador General de Recaudación del SAT, expresó la conveniencia de que el SAT facilite el pago de impuestos y genere las condiciones de su eficaz cumplimiento, toda vez que reconoció que la gran mayoría de los causantes no busca evadir su responsabilidad, sino que en muchas ocasiones no haya las condiciones adecuadas para cumplir con esas obligaciones.

Se comprometió a ejercer con equilibrio y templanza las actividades al frente de esa área mediante los principios de legalidad, transparencia, eficiencia e imparcialidad en el servicio público, porque es la posibilidad de ofrecer todas las capacidades al país.

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