• Actual administración se planteó reducir a la mitad costos de tramitología; asegura Guajardo Villarreal; esta Legislatura “creará historia si aprueba la nueva norma”

• Ley General de Mejora Regulatoria, factor para alentar competitividad y reducir costos de operación; se lograrían ahorros superiores a 150 mmdp: CCE

14-02-2018 Durante el foro “La necesidad de una Ley de Mejora Regulatoria”, diputados, representantes empresariales, académicos y el secretario de Economía coincidieron en la urgencia de generar un ordenamiento en la materia, ya que de otro modo se limita la entrada de industrias al mercado, lo que repercute en la creación de empleos.

El presidente de la Comisión de Economía, Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), señaló que en la actualidad las barreras regulatorias se traducen en impedimentos para realizar las metas y objetivos del desarrollo del país; esto, por la excesiva regulación que no permite a las empresas más productivas alcanzar su potencialidad.

El legislador indicó que la inadecuada aplicación de los ordenamientos genera que algunas empresas se limiten a participar en el mercado de nuevos competidores, lo cual propicia cobro excesivo de bienes y servicios y escasa oferta de productos, y redunda en que las industrias obtengan bajos incentivos y no puedan innovar e implementar mejores y modernos estándares de calidad.

En esta perspectiva, añadió que la Mejora Regulatoria busca propiciar la creación de espacios de desarrollo y competencia económica para suprimir las excesivas cargas regulatorias; garantizar la creación de reglas claras, y contribuir al perfeccionamiento integral y permanente del marco jurídico a nivel federal, estatal y municipal para brindar certeza jurídica a todos los ciudadanos y sectores de desarrollo para que alcancen su potencial productivo.

“Tengo la certeza de que la Ley General de Mejora Regulatoria, significará un parteaguas en pro del dinamismo y competitividad del país, al facilitar, reunir y simplificar todo el marco regulatorio de los tres niveles de gobierno”, adujo el legislador.

Al inaugurar el foro, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, destacó que al inicio de esta administración se planteó al menos llegar a un costo de tramitología a la mitad de lo que se había comenzado; es decir, de haber empezado con un costo del PIB del 4.25 estamos ya en 2.60 que nos acerca al promedio de los países con los cuales estamos asociados.

En este sentido, resaltó que en el 2015 la OCDE reconoció a México como el país con mejores prácticas de consulta pública en leyes de regulaciones dentro de sus miembros.

Expuso que el avance que se ha tenido en las dos últimas décadas, es gracias a los estados y municipios, ya que con incentivos se logró penetrar y lograr simplificar los trámites, pero el reto ahora es hacer un proyecto conjunto con la Cofemer para homologar las gestiones a nivel nacional, pues en Celaya toma seis días abrir un negocio, mientras que en Cancún 49.

Expresó que la Ley de Regulación derivada de la reforma constitucional permitirá consolidar de manera obligatoria que no habrá un solo trámite a ningún nivel del Estado mexicano que no esté en el catálogo nacional de trámites y servicios.

En segundo lugar, la homologación, ya que no se puede tener esta disparidad en los municipios que finalmente terminan haciéndose daño cuando pierden competitividad frente a otros. “Probablemente el regulador aumenta su poder local, pero el que sufre es el ciudadano a falta de oportunidad”.

Indicó que otro elemento indispensable en este proceso democrático de reformas es la transparencia y la participación ciudadana.

“No podemos establecer este tipo de cambios y modificaciones si no tenemos un sistema abierto y público para que lo que hagamos no sea ni intromisiones innecesarias a la libre competencia ni favoritismos específicos a ciertos métodos o tecnologías concretas, sino que favorezca la competencia y responda totalmente al interés ciudadano”.

Resaltó que con la aprobación de este ordenamiento “la LXIII Legislatura creará historia en esta materia a nivel nacional e internacional. “Creo que el camino que hemos recorrido ha sido largo, la ley que será procesada y discutida por esta Cámara, sin duda, será la joya de la corona en este proceso”.

Dijo que “no ha sido fácil, ni rápido, pero después de más de dos décadas podemos estar orgullosos de esas infraestructuras, de esos establecimientos legales existentes. Y hoy podemos ver su practicidad y su funcionalidad, al analizar las intervenciones que ha hecho la Cofece; hay acciones históricas que en el caso de la economía mexicana no se habían visto”.

De igual forma, reiteró que esta ley creará, sin duda, una nueva época en la historia del marco legal mexicano y al vernos atrás en el tiempo veremos lo que somos capaces de lograr todos juntos, sector privado, Legislativo, gobierno federal, ciudadanos en un proceso de mejora y proyección y crecimiento del país.

El coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Carlos Iriarte Mercado, dijo que la reforma regulatoria permitirá al país seguir compitiendo en los nuevos retos que enfrenta en el desarrollo del mercado interno, además dará certeza jurídica y transparencia.

“La reforma regulatoria está íntimamente ligada al fortalecimiento de las instituciones, tiene un impacto en la eficiencia, particularmente en el servicio que damos a la sociedad en los rendimientos y beneficios”, aseguró.

Mencionó que hoy, quienes desean invertir, desarrollar o emprender algo se enfrentan a trámites engorrosos; por ello, tanto el Ejecutivo federal como los gobiernos estatales y municipales, tienen el reto de reducir la tramitología y brindar mejores servicios.

Puntualizó que crear el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria es un gran desafío que implica detallar la integración de su funcionamiento. “Es un reto mayor que requiere de una gran coordinación y armonizar esfuerzos, pero requiere, sobre todo, de la voluntad política de los actores e involucrados en las instituciones que están convencidos de esta reforma”.

Acudió también al foro el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien dijo que “en estos tiempos en que diversos factores externos están creando volatilidad, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la lenta recuperación del comercio mundial, es relevante apuntalar la competitividad de nuestro país”.

Más aun, refirió, en momentos en que los márgenes de maniobra de las políticas fiscal y monetaria son reducidos, por lo que hoy la mejora regulatoria cobra especial importancia como palanca para liberar recursos y potencializar el crecimiento económico.

Aunado a ello, inhibe fenómenos de intermediarismos y corrupción; de acuerdo a la experiencia internacional, nos muestra que potencializa otras políticas con una naturaleza regional como son el desarrollo de cluster y sistemas de innovación, señaló.

Reiteró que es necesaria una Ley de Mejora Regulatoria para consolidar e institucionalizar los avances logrados en la materia y generar una política de estado; consolidar a los diferentes órdenes de gobierno e involucrar a las entidades federativas en políticas de mejora regulatoria y para facilitar la participación ciudadana en estos ámbitos por medio de un observatorio nacional.

De acuerdo al panorama de política regulatoria publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (OCDE), México logró avances notables en su gestión regulatoria, colocándolo en primer lugar entre los 35 países miembros de esta organización en cuanto al uso de la consulta para conocer la opinión de diferentes actores respecto a las propuestas de regulación.

Asimismo, lo colocó en segundo lugar respecto a la aplicación de análisis regulatorio, herramienta para analizar los potenciales impactos, costos y beneficios de las propuestas regulatorias. México es el único país de América Latina que hace un uso consistente de ambas herramientas y ahora uno de los grandes retos es lograr su implementación en los órdenes estatal y municipal.

Alejandra Palacios Prieto, presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) destacó el apoyo a la mejora regulatoria y a esta iniciativa. El objetivo es aportar propuestas para que el proyecto sea funcional y adecuado; al ser una ley general, es importante que adopte los principios de desregulación a la realidad operacional de cada institución, que se convierten en sujetos obligados, explicó.

Pidió que se aclare la función de la Cofece al regular insumos esenciales, ya que el proyecto de ley señala que antes de la emisión de cualquier regulación, los sujetos obligados deben dar a conocer a la autoridad de mejora regulatoria estas disposiciones para que se realice en análisis, revisión y consulta pública de la misma.

Consideró que falta claridad en las funciones de cada institución. Recomendó revisar cuidadosamente las actividades del Consejo Nacional de Mejorar Regulatoria, que debe liderar el proceso de transparencia y respetar el ámbito de facultades de cada sujeto obligado.

Sobre las acciones de verificación, dijo que el proyecto de ley contempla un Registro Nacional de Visitas Domiciliarias e identificación de los servidores públicos encargados de realizarlas. “Habrá que cuidar que para las autoridades que hacen labores de investigación, este registro no sea público para no poner en riesgo a funcionarios que realizan esa inspección, y prevalezca una estricta secrecía”, propuso.

Mario Emilio Gutiérrez Caballero, director general de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, aseguró que se han aplicado principios y herramientas que permitieron avanzar en la disminución de la carga regulatoria a partir de diciembre de 2012, en donde esta era equivalente al 4.25 por ciento del PIB, cerca de 502 mil 476 millones de pesos.

“La meta era reducirlo en 25 por ciento para llegar al 3.15. Al día de hoy estamos en el equivalente del 2.63 por ciento del PIB, un ahorro de casi 200 mil millones de pesos”, destacó.

Mencionó que en diciembre había ahorros comprometidos por 30 mil millones de pesos, pero al día de hoy hay ahorros de las distintas dependencias federales para eliminar obligaciones regulatorias en el orden de 266 mil millones de pesos.

Precisó que en el diagnóstico que realizaron se identificó un sistema complejo con 150 mil regulaciones y más de 130 mil trámites, una gran cantidad de reguladores desconocidas, avances desiguales, lo que ha impedido la creación de un sistema regulatorio congruente, eficaz y eficiente.

Misha Leonel Granados Fernández, consejero jurídico del Ejecutivo federal, mencionó que la ley general busca crear un Sistema Nacional de Mejora Regulatoria y un Catálogo Nacional para que los trámites y servicios sean coordinados los tres órdenes de gobierno, a fin de definir los requisitos de manera conjunta.

Refirió que lo que se desea es eliminar la existencia de una ventanilla por cada trámite con distintos criterios por parte de los servidores públicos, por lo que se plantea crear un catálogo específico para que las gestiones a nivel nacional sean homologas y accesibles, lo cual contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho y a cumplir con la máxima transparencia.

Además, se brinda certeza jurídica no solo a los particulares, sino a las inversiones, ya que genera una política pública clara a favor del fortalecimiento institucional, con normas específicas simples y procedimientos transparentes, pues esto genera seguridad y la creación de empleos.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), afirmó que para impulsar el crecimiento económico es impostergable tener una Ley General de Mejora Regulatoria, que aliente la competitividad y reduzca los costos de operación, porque se podrían lograr ahorros superiores a 150 mil millones de pesos en México, que significarían reducir costos, inversión, competitividad, consumo, crecimiento, empleos e impulsar a los emprendedores para abrir más negocios y fortalecer a las empresas existentes.

“El sector privado está interesado y comprometido a contribuir, no para dejar de ser regulados, sino para tener un marco legal que propicie cumplir sencillamente, emprender y continuar las actividades económicas de pequeños, medianos y grandes empresarios. La iniciativa del Ejecutivo responde a las demandas y propuestas del sector empresarial en los últimos años”, aseguró.

Mejorar la regulación es un camino hacia la productividad y evitar la informalidad y corrupción. Por ello, pidió a los diputados tener como prioridad esta ley general en el actual periodo legislativo.

Ante la coyuntura actual como nación tenemos dos opciones: quedarnos estancados en las condiciones actuales o innovar los procesos productivos, a través de agilizar los trámites burocráticos. Sobre todo porque el crecimiento que ha tenido México en los últimos 25 años no ha sido suficiente y falta mucho por hacer.

Refirió que para abrir un negocio en el país se requiere en promedio 6 trámites que deben gestionarse en más de 6 días; en naciones de ingresos altos ese proceso requiere sólo la mitad de requisitos y tiempo, y el costo es cuatro veces menor.

En México existen 150 mil regulaciones que implican costos elevados para las empresas, provocando que la economía cayera once lugares en el ranking de los mejores países para hacer negocios, ya que en los estados sólo se tiene un avance de 35 por ciento. Nada más ocho entidades tienen una política de mejora regulatoria sustentada en su Constitución.

Al participar, Alexander Elbittar, profesor de la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que México necesita conformar un sistema regulatorio que promueva el crecimiento económico en lugar de limitarlo.

“Un buen sistema de administración regulatoria es parte importante del buen gobierno. La capacidad del Estado para proporcionar una regulación eficiente, efectiva, depende de que las instituciones sean un factor determinante y de cuán bien funcionan los mercados y la economía, es decir, la competencia”.

Indicó que las mejoras regulatorias permiten el crecimiento económico y el desarrollo de los mercados y que va acompañado del desarrollo de las instituciones; contribuyen a reducir costos de transacción y a perpetuar el orden y la seguridad en un mercado y la sociedad, pero deben acompañarse de una administración eficaz con principio de sencillez, pues el exceso en la emisión de normas y regulaciones puede entorpecer el crecimiento de los mercados.

El presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), José Domingo Berzunza Espínola, señaló que hay una exigencia del sector privado para fortalecer la mejora regulatoria en todos los ámbitos y órdenes de gobierno y hay un amplio interés del sector público para que la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria alinee los esfuerzos en todo el país en esta materia.

Reconoció la importancia de la política pública en la materia, como detonante del desarrollo económico y social. Reiteró el compromiso de la AMSDE para apoyar la promulgación de la Ley de Mejora Regulatoria y dar total seguridad jurídica y transparencia a la población y a las empresas respecto a sus obligaciones regulatorias.

Refirió que actualmente 30 estados cuentan con una ley relacionada a la mejora regulatoria; 11 estados incluyeron la política pública en esta materia en sus constituciones locales y “gracias a los trabajos de autoridades estatales y federales de mejora regulatoria, cuatro han aprobado instrumentos legales que incluyen los principios y prácticas vertidos en la iniciativa de la Ley General de Mejora Regulatoria que actualmente discute la Cámara de Diputados.

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