28-02-2018.- El diputado Juan Romero Tenorio (Morena), presidente de la Comisión Especial para Combatir el Uso de Ilícitos en los Procesos Electorales, inauguró el foro “Reforma laboral para todos y todas”, con el fin de analizar la ley secundaria desde la perspectiva de género, para que sea inclusiva y contribuya a fortalecer el Estado de Derecho y el desarrollo.

El diputado aseguró que falta perspectiva de género que reconozca los derechos de las mujeres y restituya los agravios que se han generado.

Consideró que este evento marcará los lineamientos que impulsen propuestas que rescaten la dignidad de las mujeres y, consecuentemente, de los hombres “porque no podemos caminar si no están ellas caminando junto con nosotros”.

Se congratuló por la lucha histórica que ha realizado la mujer en defensa de sus derechos, así como su perseverancia y persistencia para que se reconozca la perspectiva de género en la justicia laboral y cotidiana.

En su oportunidad, Inés González, de la Fundación Friedrich en México, afirmó que no es posible tener una ley que sólo ubique a los hombres como actores del trabajo; por ello “queremos una ley que recoja de forma transparente y clara nuestros derechos. Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar cómo es la ley que queremos”.

Consideró que una justicia que se aplique por igual a todos es desigual, es injusta, porque “las mujeres atravesamos particularidades tan sólo por nuestra condición y no deberíamos ser castigadas, pero sí debemos tener derechos para poder ejercer un desarrollo pleno como cualquier ser humano”.

Recordó que a través de los años, las mujeres trabajadoras y sindicalistas, han luchado por tener una ley federal que incorpore añejas demandas.

Afirmó que la reforma laboral secundaria es un asunto de todos y de todas. Desde la creación de la Ley Federal del Trabajo, los derechos de las trabajadoras no fueron incorporados plenamente, la legislación apenas abordó aspectos sobre la maternidad.

Agregó que en 2012, fue añadido el principio de la igualdad sustantiva y con la reforma Constitucional decretada el 24 de febrero de 2017, solo se adicionaron algunos temas como justicia, democracia y libertad sindical; sin embargo, subrayó, se abrió la oportunidad de una reforma legal con perspectiva de género, que tome en cuenta la actual realidad del mundo laboral.

Páneles de trabajo

Al participar en el Panel I, Justicia laboral y Estado de Derecho, Luisa María Alcalde Luján, abogada laborista, indicó que de los 7.5 millones de jóvenes que no estudian y tampoco trabajan, 75 por ciento son mujeres; de ellas, la gran mayoría no está disponible para laborar por estar al cuidado de niños, niñas, enfermos, personas de la tercera edad o con discapacidad.

La ex legisladora señaló que se debe buscar una propuesta que respete la Constitución, con las aportaciones de expertos, trabajadores, sindicatos, empleadores, por supuesto, “y proteger que no se dé marcha atrás a los avances. En eso no estamos dispuestos a ceder”.

Consideró necesario impulsar mejores puestos y condiciones de empleo como una prioridad, pues los niveles de desigualdad y pobreza “a los que hemos llegado” son producto de haber apostado al empleo a través de grandes empresas transnacionales, pues se deterioró al campo hasta el punto en que no se puede subsistir en él y a tener los salarios más bajos y los empleos más precarios en América Latina.

En materia de género, señaló que la legislación debe incluir la paridad en la contratación colectiva “para avanzar en luchas que no se ha ganado en congresos”. Precisó que existen diferentes normas vinculadas con el acoso y la discriminación pero que no se aplican porque no hay inspección para identificar violaciones a la ley.

Enseguida, la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, Quetziquel Flores, indicó que se requiere una reforma democrática que establezca mecanismos para que los empleadores especifiquen políticas internas de igualdad sustantiva; de inspección del trabajo para transversalizar cuestiones de género y de revisión salarial, jornada de trabajo, descanso y seguridad.

Asimismo, se deben plantear mecanismos estatutarios para que los sindicatos establezcan medidas proporcionales de representación de las mujeres.

A su vez, Montserrat Rizo Rodríguez, visitadora de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, indicó que “la reforma laboral debe garantizar los derechos humanos de todas y todos los trabajadores”.

Refirió que existen propuestas que contienen disposiciones que son un retroceso a los derechos humanos laborales y elimina conquistas de los trabajadores, sin considerar principios constitucionales de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De ahí la importancia de impulsar espacios de reflexión, análisis y discusión para tener mejores guías para la reglamentación e implementación de las reformas.

En el segundo panel titulado “Hacia el fortalecimiento de las instituciones laborales”, Edith Ramírez, feminista laboralista y activista por los derechos de las mujeres trabajadoras, habló sobre la libertad y democracia sindical.

Dijo que para lograr más participación de la mujer en la vida sindical, es necesaria una política de estado que propicie la colaboración de éstas. También se debe vigilar que en los estatutos sindicales no se establezcan disposiciones que contengan cuestiones de discriminación y violencia.

La participación de la trabajadora en las organizaciones, agregó, se dará con una nueva legislación que obligue una representación de género, impidiendo el lenguaje sexista en los contratos colectivos y obligando a las empresas a destinar recursos para su desarrollo.

“Es importante el voto libre, personal, universal y secreto, porque la vida sindical permite a las y los trabajadores ejercer su derecho y libertad para decidir”, consideró.

En representación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Selene Isela Campos López, secretaria auxiliar del servicio público de conciliación, abordó el tema del organismo público descentralizado, en materia de mecanismos alternos para la superación de conflictos.

Consideró que los principios que deben contener estos mecanismos son que la conciliación y mediación laboral deben utilizarse racionalmente cuando se advierta relación de sometimiento y ponga en riesgo de agresión a alguna de las partes.

Propuso que la ley secundaria debe establecer en qué hipótesis es necesario prohibirse la conciliación y mediación y en su caso, únicamente otorgar la constancia de agotamiento de conciliación para que pueda acudir directamente al órgano jurisdiccional.

Asimismo y de conformidad con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, es necesario establecer que en estos procesos se aplique la perspectiva de género.

Al hablar sobre el presupuesto para la transición de la justicia, Ofelia Mendieta, abogada postulante y consultora independiente, dijo que el éxito de esta reforma depende de que la instrumentación de leyes secundarias que tengan como objetivo la eficacia de la justicia laboral atendiendo los derechos humanos.

“Si no existe voluntad política en la que se dote de suficiente presupuesto para lograr una verdadera transformación en esta materia, la reforma no servirá de nada, será letra muerta”, agregó.

Consideró que para lograr el fortalecimiento de las instituciones laborales se requiere contar con recursos financieros amplios. “El presupuesto que se otorgue debe ser suficiente y en proporción a las cargas de trabajo, ya que se requerirá de instalación de inmuebles, la profesionalización del personal, presupuesto para cuestiones de equidad y género”, finalizó.

Propuestas de la UNT

En su oportunidad Martha Heredia, Vicepresidenta de Igualdad de Género, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), reconoció que aunque se han tenido avances legislativos en algunos aspectos, en otros hay retrocesos.

Señaló que la reforma laboral debe contener principios de equidad de género, garantías y mecanismos para dar consecución a la igualdad sustantiva y tutelar derechos reproductivos y de protección a la maternidad, como el permiso por paternidad.

Además, prohibir toda forma de violencia contra las trabajadoras mediante mecanismos que la prevengan y la sancionen; implantar acciones afirmativas que transformen las oportunidades de las mujeres; ampliar su acceso a la impartición de justicia laboral con procedimientos libres de criterios sexistas e instancias especializadas en discriminación y violencia de género.

“Los principios rectores a integrarse en esta reforma nos colocarían en mejores condiciones, por lo que debe ser una legislación incluyente y democrática que garantice, además, el trabajo digno con salario remunerador, seguridad social y negociación de contratos colectivos con perspectiva de género”, subrayó.

Enfatizó la importancia de potenciar la contratación colectiva. “La ley Federal del Trabajo es el piso mínimo de nuestros derechos y necesitamos privilegiar la contratación colectiva” con la participación de todas y todos los trabajadores, con consenso, propuestas y votar un anteproyecto previo a la negociación y posterior a ella.

Campaña de la Reforma Laboral para Todos

Posteriormente, Gabino Jiménez, coordinador de Reforma Laboral para Todos, presentó una campaña de información para dar a conocer propuestas de organizaciones de la sociedad civil, académicos y personas que reconocen la importancia y la necesidad de impulsar un debate sobre esta legislación.

Planteó que este espacio de información debe dar elementos para que sociedad civil, sindicalistas e investigadores puedan conocer y acercarse a la discusión de esta reforma.

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