• En 27 entidades del país se han solicitado declaratorias de Alerta de Género, asegura Inmujeres

• Detalla que Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua y Morelos concentran el mayor número de feminicidios

• Uno de cada seis de estos delitos en el país ocurre en Acapulco, Tijuana, Juárez, Ciudad Victoria, Ecatepec y Naucalpan, y las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero

01- 03- 2018.- En las mesas de trabajo del Foro: “Declaratoria de Alerta de Género ¿Y luego qué?”, la diputada María Candelaria Ochoa Avalos (MC) planteó crear un grupo de trabajo entre la Conavim, Inmujeres y la Cámara de Diputados, para dar seguimiento a las acciones realizadas por las entidades para proteger a la población femenina.

Destacó que los estados del país que tienen declaración de Alerta de Género deben realizar una acción extraordinaria y emergente para detener los asesinatos de mujeres. “Esa es la función de este mecanismo de atención”, aclaró la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género.

Indicó que la Cámara de Diputados tiene aún propuestas pendientes, como la facultad de declarar una Alerta de Género.

Estimó necesario que todos los estados posean el mismo protocolo para atender los feminicidios y realizar campañas contra los estereotipos, a fin de no revictimizar a las mujeres, y que las alertas sean emitidas y canceladas en tiempo y forma.

Recordó que en esta legislatura se han logrado reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para combatir el acoso, y el hostigamiento y agresiones en el ámbito político.

Además, resaltó, se encuentra en análisis una iniciativa para incluir el feminicidio en el nuevo sistema penal como delito grave, y que no se admita libertad bajo fianza, a fin de evitar la impunidad de estos casos.

Agregó que toda esta tarea no será posible sin la participación de los hombres. “Necesitamos que ellos nos ayuden a parar la violencia contra las mujeres”.

Por su parte, el representante del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Pablo Navarrete, señaló que en 27 entidades del país se han solicitado procedimientos para protección de las féminas, ya que cada tres horas ocurre un feminicidio, es decir, que al año ocurren alrededor de dos mil 746 fallecimientos por esta causa.

El coordinador de Asuntos Jurídicos de Inmujeres afirmó que existe una situación preocupante de violencia contra las mujeres, ya que de acuerdo a un concentrado de los casos de homicidios cometidos en los últimos 31 años, arroja que 52 mil 210 asesinatos son feminicidios. “Para dimensionarlo, es cinco veces la capacidad del Auditorio Nacional”, resaltó.

Indicó que los estados más violentos contra las mujeres, que concentran el mayor número de feminicidios, son Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua y Morelos. Chihuahua no tiene procedimiento de alerta, es el único en donde no se ha solicitado.

Los municipios en estas mismas circunstancias son Acapulco, Tijuana, Juárez, Ciudad Victoria, Ecatepec, Chihuahua y Naucalpan de Juárez, y las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero. En ellos se registra uno de cada seis feminicidios a nivel nacional.

Ante este panorama, propuso que la emisión de las alerta de género debe dirigirse, por ley, a los poderes Ejecutivo, Legislativo Judicial y al gobierno municipal y cualquier otro ente gubernamental que esté involucrado con el cumplimiento de estas medidas.

Edna Guzmán, representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), sostuvo que la alerta no ha tenido los efectos deseados o no se han monitoreado correctamente; sin embargo, agregó, ha ayudado a generar una coordinación interinstitucional cuando antes no existía, y a crear un diálogo con las asociaciones civiles para visibilizar la problemática y colocarla en las agendas estatales.

Jesús Morales Gil, subdirector de Asistencia Jurídica y Psicológica del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social del Estado de México, informó que de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Toluca, Tlalnepantla, Chimalhuacán, Naucalpan, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli se emitieron Alertas de Género el 31 julio del 2015, a fin de que adoptaran las medidas de seguridad, justicia y cero tolerancia de la violencia hacia las mexiquenses.

Explicó que la entidad ha impartido a 60 mil 304 mujeres talleres y estrategias en materia de prevención de violencia familiar y en el noviazgo, trata de personas, derechos de las mujeres y ciberacoso, entre otros temas. También se les ha auxiliado por medio de una línea telefónica y a través de redes comunitarias, con apoyo de las sociedades civiles; igualmente, se propuso la impartición de justicia con perspectiva de género en el Poder Judicial, para que las sentencias se den con este enfoque.

Mirna Cordero, representante de la dirección general del Instituto de la Mujer de Morelos, dijo que para dar cumplimiento a la Alerta de Género, la entidad ha creado Centros de Atención Especializada, con el propósito de atender a las víctimas de violencia, de manera regional.

Denunció que existen municipios que no dan cumplimiento a las recomendaciones y que la transversalización de la perspectiva de igualdad de género no es una realidad, por lo que consideró necesario capacitar al personal de primer contacto para que se garantice la impartición de justicia adecuada.

Ana Luisa Rodríguez Gómez, directora de Perspectiva de Género y Participación Política, de la Secretaría de Desarrollo de Empoderamiento de las Mujeres de Chiapas, indicó que en noviembre del 2017 se implementó la Alerta de Género en Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de la Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez, Villaflores y 17 municipios más de la zona alta del estado, con el objetivo de frenar la violencia psicológica, sexual y física de la que es víctima esta población.

Detalló que el gobierno del estado ha realizado campañas interculturales a través de las redes sociales y spots para declarar cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres; además, se han creado 15 Centros de Desarrollo para este sector y capacitado a los funcionarios en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

El titular de la secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, Arturo Ojeda Becerra, expresó que con esta alerta se logró la transversalidad, por lo que “lo ideal es que desde la norma jurídica, cuando se declare la alerta se indique no sólo al titular del Ejecutivo, sino alguna recomendación de que quién será el que lleve a cabo esa responsabilidad.

Sugirió que no sólo los institutos, sino desde otros niveles del Estado, se trabaje en la alerta para que haya políticas que atenúen está problemática. Las áreas que se deben analizar e incluir en la normatividad, afirmó, son la transversalidad, los plazos, visibilizar los presupuestos con perspectiva de género para atender las alertas y que en la reglamentación se precisen los rubros que debe comprender el reporte final. “Hay que crear metodología, no sólo lineamientos”.

Patricia Colorado Martínez, analista de proyectos del Instituto Veracruzano de las Mujeres, apuntó que la Declaratoria de Género no debe satanizarse porque es una oportunidad para revisar la práctica gubernamental, evitar el protagonismo institucional y fragmentar la realidad social.

Entre los desafíos, están los de tener acceso a cifras oficiales sobre violencia, sentenciar a inculpados, fortalecer la alfabetización jurídica para la práctica gubernamental, voluntad política de funcionarios, institucionalización de la perspectiva de género y protocolos que se traduzcan en servicios, a fin de que el eje sea la dignidad humana de las mujeres. La violencia contra ellas exige trabajo sinérgico, oportuno e inmediato que posicione sus derechos humanos y la perspectiva de género; ese es el gran reto.

Armida Zepeda Mesina, secretaria Ejecutiva del Consejo de la Comisión de los Derechos Humanos de Colima, apuntó que esta entidad tiene declaratoria de Alerta de Género para los municipios Coquimatlán, Cuauhtémoc, Colima y Villa de Álvarez.

Destacó que la declaratoria de Alerta de Género fue desfasada cerca de 30 meses, lapso en que se incrementó la violencia feminicida, pues en muchos casos se catalogaron como homicidios dolosos, todas vez que “las autoridades declararon que las muertes con arma de fuego son autoría de la delincuencia organizada”.

Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, dio a conocer que del año 2011 al 2015 se documentaron cerca de 151 casos de feminicidios, lo que alentó la emisión de Alerta de Genero para varias zonas de la entidad.

En ese estado del país se ha manifestado que el reto es fortalecer la solicitud de la Declaratoria de Alerta de Género, ya que ante la ausencia de sanciones hay apatía de los municipios por pretexto de falta de presupuesto para robustecer la seguridad; además, se investiguen todas las muertes de mujeres como feminicidios, homologar el delito en todo el país y que exista cero tolerancia a la violencia en contra de este sector.

Juan Carlos Rico Díaz, director del Consejo Estatal de Población de Sonora, expuso que la entidad ha trabajado para reconocer los dilemas acerca de la legislación, con el propósito de crear políticas públicas eficientes, donde se capacite a jueces y servidores públicos en materia de perspectiva de género.

“Una ley que no sanciona es muy posible que sea vulnerada; por ello, es fundamental que la tarea de gobernanza se enfoque al diálogo para que se lleven a cabo cambios efectivos, donde los sistemas estatales cuenten con los insumos suficientes para la atención, prevención y erradicación de las violencias de género y la política.

La directora general del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Silvia Damián López, dijo que el mecanismo de la alerta ha sido fundamental para su estado, porque ha acelerado la implementación de programas y acciones encaminados al fortalecimiento y respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, generando una mayor concientización social en la atención y prevención de este fenómeno.

Desde el nivel de gobierno se debe garantizar que todos los funcionarios de alto nivel, titulares de los tres poderes, secretarios, subsecretarios, coordinadores, diputados, presidentes municipales, cuenten con una certificación en materia de derechos humanos de las mujeres para garantizar que se diseñen políticas públicas en los ámbitos posibles con un enfoque de género.

La representante del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Paulina Hernández, comentó que en 2016 se logró que se decretara la alerta de género de violencia contra las mujeres en su entidad misma que no especifica solamente la violencia feminicida, sino todas las violencias y “por ello nos enfocamos en la prevención”.

Señaló que se emprendieron acciones y estrategias como la creación del centro de justicia para la violencia y que este año se tiene programado instalar dos unidades; una sobre atención a violencia sexual y otra como apoyo del análisis de riesgo y seguimiento de las órdenes de protección.

Reyna Araceli Tirado Gálvez, directora general del Instituto Sinaloense de las Mujeres, mencionó que las medidas que ha tomado la entidad es explicar la Alerta de Género a la sociedad para que participe de manera activa.

Se trabaja en la creación de dos reglamentos: uno de igualdad y otro para prevenir la discriminación, revisado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. A su vez, se están fortaleciendo los centros para las mujeres en los municipios que tienen declaratoria de Alerta de Género, detalló.

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