01-03-2018.- Diputados del PRI, PAN, PRD, Morena, PVEM, MC, NA y PES, presentaron 14 iniciativas para reformar diversos ordenamientos legales en materia de derechos de autor, aduanas, comercio exterior, residuos peligrosos, telefonía móvil, impacto ambiental, falsificación de monedas, caminos y carreteras, cine y servicio eléctrico.

Regular con precisión el pago de regalías y derechos de autor

La diputada Lorena Arroyo Bello (PRI) planteó reformas al artículo 150 de la Ley Federal del Derecho de Autor para derogar el inciso IV de este ordenamiento, el cual establece actualmente que no causará regalías por la ejecución pública cuando el receptor sea un causante menor o una microindustria.

Le legisladora señaló que es “necesario regular con precisión y atendiendo a su naturaleza jurídica, el pago de regalías y de derechos de autor, lo que permitirá atender la relación de los prestadores de servicio que sí lucran con las obras y pagar lo que es debido a los autores y compositores”. Se envió a la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Autoridades aduaneras no podrán iniciar un procedimiento de suspensión provisional

La diputada Claudia Sánchez Juárez (PAN) presentó siete iniciativas que modifican tres leyes. La primera reforma el artículo 167 de la Ley Aduanera para establecer que las autoridades aduaneras no podrán iniciar un procedimiento de suspensión provisional en el desarrollo de las operaciones del despacho aduanero.

Asimismo, cuando se trate de causales de cancelación, las autoridades ordenarán el procedimiento de suspensión provisional con excepción de las operaciones realizadas en el desarrollo de las operaciones del despacho aduanero. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Eliminar obligación de conservar en papel el valor de las operaciones de comercio exterior

La segunda reforma la fracción III del artículo 59 de la misma Ley, con el fin de eliminar la obligación de conservar en papel y en original con firma autógrafa la manifestación de valor por cada una de las operaciones de comercio exterior que realice el importador, sustituyendo dicho documento por uno electrónico que pueda formalizarse y transmitirse a través de la firma de la corporación de que se trate o del importador en el caso de personas físicas. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Derogar artículo 59-A de la Ley Aduanera

La tercera iniciativa deroga el artículo 59-A de la Ley Aduanera la cual establece que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional para ser destinadas a un régimen aduanero, están obligados a transmitir mediante documento electrónico a las autoridades aduaneras la información relativa a su valor y, en su caso, demás datos relacionados con su comercialización.

La propuesta considera innecesario seguir elaborando este tipo de documento electrónico dada su duplicidad en la declaración aduanera y dado el riesgo que les representa a los importadores o agentes aduanales, al imponerles sanciones cuantiosas en caso de presentar errores en su llenado. Para su análisis se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Instituir que mercancías excedentes o no declaradas se podrán regularizar previo pago de contribución

La iniciativa cuarta presentada también por la diputada Claudia Sánchez Juárez modifica el artículo 101 de la citada Ley a fin de instituir que las personas que tengan mercancías detectadas como excedente o no declaradas durante el reconocimiento aduanero, podrán regularizarlas importándolas definitivamente previo pago de las contribuciones que correspondan. Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Reducir de cuatro meses a 60 días plazo para que autoridades aduaneras dicten resolución definitiva

La quinta iniciativa de la legisladora reforma el artículo 153 también de la Ley Aduanera. Tiene por objeto reducir de cuatro meses a 60 días el plazo que tendrán las autoridades aduaneras para dictar resolución definitiva sobre el embargo precautorio de una mercancía, cuando no se presenten las pruebas que acrediten su legal estancia o tenencia. Se envió a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Obligar a poseedores de residuos peligrosos contratar a empresas autorizadas para su manejo

La sexta iniciativa reforma el artículo 42 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos con el fin de establecer que será obligación de los generadores y poseedores de residuos peligrosos el contratar servicios de manejo de los mismos a empresas o gestores autorizados.

El documento señala que la Ley prevé que los generadores de residuos peligrosos y domiciliarios instrumenten planes de manejo al respecto, con fines de reciclado, tratamiento o disposición final ambientalmente, lo que no ha venido funcionando en la totalidad debido a que el artículo 42 lo señala de manera potestativa, a pesar de los daños que genera a la salud, por lo que se propone que la norma sea imperativa para que de esta manera se cumpla. Se envió a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Recargas de telefonía móvil podrán ser reversibles

Con el fin de establecer que la venta por recargas para telefonía móvil podrá ser reversible, la diputada Claudia Sánchez Juárez (PAN) pidió modificar el artículo 15 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

La iniciativa considera que con esto no se afectará a la prestadora del servicio, dado que actualmente las recargas de telefonía celular que se realizan cuentan con una caducidad de un año; sin embargo, de no usarse el saldo durante este tiempo, se congela hasta efectuar otra recarga, por lo que las compañías celulares disponen del recurso, convirtiéndose en una práctica abusiva. Se turnó a la Comisión de Comunicaciones para dictamen.

Impacto ambiental

Por su parte, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) planteó modificar diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de establecer que quienes pretendan llevar a cabo obras de aeropuertos, puertos y marinas tendrán que requerir previamente la autorización en materia de impacto ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

También se define como evaluación del impacto ambiental al procedimiento preventivo a través del cual la Semarnat identifica, describe, valora, y evalúa de forma apropiada, los impactos ambientales de una obra. Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Imponer hasta dos años de prisión a quien haga uso de moneda falsa y no sea coautor en su producción o almacenamiento

El diputado Jesús Emiliano Álvarez López (Morena) presentó una iniciativa que reforma el Código Penal Federal para derogar el último párrafo del artículo 234 y de este modo eliminar que a quien cometa el delito de falsificación de moneda, se le impondrá pena de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días multa.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Justicia, también adiciona un artículo 234 Bis para que se impongan de seis meses a dos años de prisión a quien haga uso de moneda falsa, cuando no se trate de delincuencia organizada, quien realice la conducta no sea coautor o copartícipe en la producción o almacenamiento y por las circunstancias especiales del caso pueda establecerse que se trata de un hecho ejecutado para la realización de un pago u operación lícita.

Establecer medidas tendentes a prevenir el suicidio

Por el PVEM, la diputada Lorena Corona Valdés propuso adicionar el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de incluir que las autoridades de todos los ámbitos se coordinen en establecer medidas tendentes a prevenir el suicidio de los menores y la detección temprana del riesgo suicida.

El documento refiere que en México, el suicidio en adolescentes y jóvenes va en aumento, ya que en 1990 en hombres representó una tasa de 4 por cada 100 mil adolescentes y en mujeres de 1.4, mientras que para 2011 fue de 10.8 y 4.7 por 100 mil adolescentes, respectivamente. Se envió a la Comisión de Derechos de la Niñez.

Construcción y conservación de caminos y carreteras incluyan adopción de pasos de fauna

El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (MC) planteó cambios a los artículos 2 y adicionar el 25 Bis a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, con el objetivo de definir como Paso de Fauna a la estructura transversal al camino o carretera que permite la continuación del hábitat existente en ambos lados de la vía y con ello el libre desplazamiento de la fauna y flora silvestre que lo habita.

Asimismo, establecer que en el diseño, construcción y conservación de los caminos y carreteras se incluya la adopción de pasos de fauna, así como un plan de conservación. Además, que la SCT observe la protección y conservación de los ecosistemas mexicanos en el desarrollo de nuevos caminos y puentes federales, así como el acondicionamiento de los existentes y procure el desarrollo y ejecución de políticas que favorezcan la construcción de pasos de fauna. Se envió a la Comisión de Transportes.

Incorporar acciones de restauración al marco regulatorio que rige la cinematografía

A la Comisión de Cultura y Cinematografía se remitió la iniciativa de la diputada Melissa Torres Sandoval (NA) que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía, a fin de incorporar las acciones de restauración al marco regulatorio que rige a este sector.

También se busca establecer que la Secretaría de Cultura incluya de manera expresa la restauración de películas, así como de sus negativos, en el ejercicio de sus atribuciones para el fomento de la investigación y estudios en materia cinematográfica. Asimismo, que los restauradores sean considerados fideicomisarios del Fidecine y uno de sus representantes forme parte de su Comité Técnico.

Servicio eléctrico básico preferencial a usuarios con discapacidad

En tanto, la diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) propuso adicionar el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica, para que Comisión Reguladora de Energía (CRE) establezca medidas que aseguren un servicio eléctrico básico preferencial a usuarios con discapacidad, cuyo consumo es originado por aparatos permanentes para su evidente supervivencia o que garanticen su inclusión social.

La iniciativa, remitida a la Comisión de Energía, refiere que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, los hogares con personas con discapacidad reportan porcentajes más altos de gasto en alimentos, vivienda y, sobre todo, en cuidados a la salud, por lo que es necesario apoyar a este sector de la población.

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