06-03-2018.- La Cámara de Diputados aprobó, con 337 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, el dictamen de la Comisión de Economía que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que modifica el Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.

Al fundamentar el dictamen, que fue enviado al Ejecutivo para sus efectos Constitucionales, el presidente de la Comisión de Economía, diputado Jorge Enrique Dávila Flores (PRI), refirió que se busca modificar el régimen transitorio del decreto que incorporó la oralidad en materia mercantil en el Código de Comercio, a fin de ajustar su entrada en vigor a las circunstancias que enfrentan los tribunales locales y encaminar la consolidación de la justicia mercantil para que sea depurada y efectiva.

Explicó que el pasado 15 de diciembre, la Cámara de Diputados avaló un dictamen que adicionó el artículo Sexto Transitorio del Código de Comercio para que entrara en vigor seis meses después de los plazos previstos en las disposiciones transitorias 2, 3, 4, y 5. Sin embargo, cuando llegó al Senado, ya había concluido el periodo legislativo, y el primer segmento de juicios orales mercantiles entró en vigor el 16 de enero de este año; por lo tanto, agregó, es necesario adecuar el régimen transitorio.

Expresó que sin la debida implementación de las reformas que incorporan la oralidad al sistema jurídico, la carga de trabajo de los poderes judiciales locales hará que los juicios se alarguen; por tanto, no se lograrían los objetivos buscados en la impartición de justicia, vulnerando los derechos humanos de los gobernados y obstaculizando el objetivo de celeridad.

Comentó que el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, e integrantes de la misma, expusieron ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y diversas comisiones esas preocupaciones, y solicitaron una prórroga para la entrada en vigor de los nuevos lineamientos.

Consideró que para la ejecución exitosa de la justicia oral mercantil, por parte de los poderes judiciales estatales, se debe adecuar la infraestructura inmobiliaria y capacitar a los operadores que participan en el entramado judicial mercantil. “Resultaría incongruente contar con nuevas normas, instituciones y procesos si jueces, peritos, abogados, docentes investigadores y estudiantes de derecho continúan pensando y actuando conforme a la justicia mercantil escrita”.

El diputado del PRI, Alejandro Juraidini Villaseñor, sostuvo que esta reforma brinda mayor tiempo a los Poderes Judiciales para adoptar el sistema oral en materia mercantil, y puedan sortear las carencias e insuficiencias. Las enormes presiones financieras, la capacitación y la formación judicial impiden incentivar su cumplimiento, subrayó.

Apuntó que la propuesta alienta más eficiencia al permitir que los mexicanos tengan acceso a los juicios orales en plenitud. “El compromiso es consolidar este mecanismo para reducir dificultades y contratiempos en su implementación y hacerlos protagonistas del fortalecimiento del sistema de impartición de justicia, pilar fundamental para su crecimiento”, enfatizó.

Del PAN, el legislador Miguel Ángel Salim Alle sostuvo que implementar los juicios orales mercantiles exige de todos los operadores –abogados, jueces y peritos- desarrollar capacidades y conocimientos para incrementar la calidad de la justicia y los niveles de satisfacción social, orden y armonía que conlleva el modelo, con lo que los particulares se beneficiarán con procesos transparentes y expeditos.

Consideró que la transición a este modelo requiere evaluación, calibración y ajuste para su correcta aplicación, así como incrementar los recursos para destinarlos a la capacitación, equipamiento y logística que deben ser oportunos y satisfechos, a fin de adaptarse a la realidad de los órganos jurisdiccionales que desahogarán estos litigios.

Por el PRD, el legislador Erick Arturo Figueroa Ovando indicó que los nuevos plazos y términos para implementar los juicios orales mercantiles darán mayor certeza y seguridad jurídica, ya que otorgará tiempo suficiente para instrumentar la reforma y disponer de los recursos necesarios para llevarla a cabo, como la adecuación de la infraestructura de los tribunales locales y la profesionalización de los impartidores de justicia.

Son esquemas temporales más acordes con las nuevas realidades y se ajusta de mejor manera a los tiempos y circunstancias específicas que enfrentan los tribunales en esta materia, consideró.

El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) señaló que los tribunales federales y locales han sido omisos en cumplir con lo aprobado por el Congreso en 2011, al no implementar los juicios orales en materia mercantil. “No es cuestión de recursos, sino de responsabilidad de los operadores de la ley”, precisó.

Calificó de “absurdo” que se requerirán nueve años para establecer este procedimiento judicial en nuestro país, e indicó que existe confusión respecto a la gradualidad establecida en las tres etapas para atender estos juicios en función de la cuantía.

Por el PVEM, el diputado Cándido Ochoa Rojas dijo que los juicios orales traerán transparencia y rapidez, por lo que se debe tener la madurez para hacer frente a las consecuencias de la celeridad con que se resolverán los mismos.

Precisó que su grupo parlamentario está a favor del dictamen, porque se requiere facilitar a los jueces su trabajo para que los ciudadanos tengan una justicia pronta, transparente y lo más cercano a la realidad de lo que ocurre en su entorno.

La diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) estimó que se requiere la adecuación de la infraestructura de los tribunales locales y la profesionalización de los diversos actores capaces de garantizar la eficacia en la impartición de justicia oral mercantil, para así ganar la confianza de la sociedad.

Anunció su voto a favor del dictamen, “esperando que los encargados de impartir la justicia mercantil sean responsables con la ciudadanía y cumplan con su anhelo de justicia”.

En tanto, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) comentó que uno de los grandes problemas que enfrenta la nación es que la mayoría de los ciudadanos no tiene acceso a la justicia, pues únicamente es para aquellos que la puedan pagar, “y eso, en un país, implica una debilidad institucional enorme”.

Mencionó que una forma de combatir la opacidad, la cual se traduce en corrupción, es hacer que en los juicios, sobre todo en materia mercantil, pueda haber el principio de publicidad, lo que implica que cualquier ciudadano pueda observarlos y saber cómo son. Pidió que se destinen los recursos necesarios para implementar esta reforma.

La diputada Carmen Victoria Campa Almaral (NA) señaló que la finalidad de la modificación es ajustar los tiempos a las circunstancias que enfrentan los tribunales y, de este modo, orientar la consolidación de la justicia mercantil.

Por ello, consideró oportuna la reforma para adecuar los plazos y los términos relativos a la entrada en vigor de los diferentes juicios orales en la materia, y contribuir a que los poderes judiciales de las entidades federativas realicen los esfuerzos necesarios para su correcta implementación.

Votación particular

Las propuestas de modificación del diputado Juan Romero Tenorio (Morena) no fueron aceptadas por la asamblea y, posteriormente en la votación particular, los artículos reservados fueron aprobados en términos del dictamen, por 275 votos en pro, 57 en contra y dos abstenciones.

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