10-05-2018.- Ante el aumento de solicitudes presentadas por centroamericanos para que México les otorgue refugio, de mil 296 en 2013, a más de 14 mil 596, el año pasado, la diputada María Olimpia Zapata Padilla (PAN) impulsa reformas a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, y a la Ley de Migración.

El objetivo es que la Secretaría de Relaciones Exteriores elabore anualmente una lista de países en los que se observa o es inminente una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias perturbadoras del orden público que amenacen la vida, seguridad o libertad de sus habitantes.

Dicha lista deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación durante los primeros 15 días de enero de cada año, para lo cual plantea adicionar el artículo 23 Bis a la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

La diputada, integrante de la Comisión de Migración, explicó que los extranjeros gozarían de todos los derechos, programas, medidas y garantías en su favor, y no podrían ser puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) en una estancia provisional, ni iniciarse el proceso de deportación, siempre que presenten solicitud formal de reconocimiento a su condición de refugiado dentro de 45 días hábiles siguientes, a partir de que hayan sido sujetos, por primera vez, a un acto de control, verificación o revisión migratorios.

“La sola declaración del extranjero de que su país de origen es uno de los mencionados en la lista más reciente publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sería suficiente para hacer aplicable la presunción de reconocimiento de refugiado, aun cuando no presente pasaporte o documento de identidad y viaje válido conforme al derecho internacional, y que no sea contradictoria con otras declaraciones�, señaló.

Dijo que con frecuencia las personas que escapan de sus lugares de origen viajan con un equipaje indispensable, y por las circunstancias apremiantes de la fuga o las precarias condiciones de subsistencia, les imposibilita prevenirse con documentos aptos para identificarse.

La presunción de internamiento con el propósito de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado se haría extensiva a niños, niñas y adolescentes que hayan ingresado a territorio nacional con el extranjero que la solicite, y los identifique como sus descendientes, y no estaría condicionada a la presentación de pasaporte o documento de identidad y viaje válido conforme al derecho internacional.

Zapata Padilla refirió que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), organismo que recibe y resuelve las solicitudes de refugio, captó en 2013 mil 296: 530 fueron de hondureños; 309 de salvadoreños, y 48 de guatemaltecos, y el resto de otras naciones. El año pasado recibió más de 14 mil 596 peticiones, entre ellas 4 mil 272 de hondureños; 3 mil 708 de salvadoreños, y 676 de guatemaltecos.

La solicitud de refugio, precisó, no sería aplicable a los extranjeros que por sus antecedentes en México o fuera del país, pudieran comprometer la seguridad nacional o pública, ni a los condenados por delito grave conforme a las leyes mexicanas, ni a aquellos para los que ha cesado o ha sido revocado el reconocimiento de la condición de refugiado.

Respecto a la Ley de Migración, la legisladora panista propone modificaciones al artículo 140, para establecer que los servidores públicos del INM deberán informar al extranjero sobre el recurso de refugio, de acuerdo a su país de origen, y serán sancionados por poner a disposición, presentar en una estancia provisional o iniciar deportación a los extranjeros a los que les sea aplicable la presunción de internamiento, con el propósito de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

Destacó la necesidad de esta reforma, que integra una perspectiva humanitaria, porque en 2016 fueron puestas a disposición 188 mil 595 personas, 81 por ciento de origen centroamericano. En el mismo periodo se deportaron 142 mil 949 de esas mismas nacionalidades, por no haber iniciado la solicitud de refugio antes de ser detenido y por no ser informados.

La iniciativa, turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Asuntos Migratorios, subraya que estas modificaciones jurídicas coadyuvan a que México se convierta en un hábitat amable y con expectativas de supervivencia para quienes abandonan sus hogares por estar en riesgo su vida o integridad.

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