• Economía mexicana, una de las 15 más grandes del mundo, pero con el menor ingreso per cápita en la OCDE, señalan

• Coneval comparte informes de pobreza con coordinaciones de campañas de candidatos para que elaboren propuestas

30-05-2018.- El diputado Carlos Quinto Guillén (PRI) inauguró el foro “La pobreza y su entorno socioeconómico en el México del siglo XXI”, organizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), donde se destacó que la economía mexicana es de las 15 más grandes del mundo, pero tiene el menor ingreso per cápita entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el evento, en el que participaron representantes del Inegi, Coneval, OCDE-México, investigadores del CIDE e instituciones académicas, se dio a conocer, a través de un video elaborado por el CESOP, que en México, de acuerdo con la última Evaluación de la Pobreza del Coneval, el 43.6 por ciento de la población vive en pobreza moderada, es decir, 53.4 millones, y el 7.6 por ciento, equivalente a 9.4 millones, en pobreza extrema.

Quinto Guillén reconoció la importancia del foro, ya que acerca herramientas de gran valía para el quehacer legislativo, sobre todo cuando se trata de fundamentar iniciativas y fortalecer dictámenes.

Enrique Esquivel Fernández, asesor general del CESOP, afirmó que la realidad del país exige cambiar de estrategia, para pasar de un desarrollo económico convencional a otro sustentable y de largo plazo, que trascienda planes sexenales. “México debe alzar la vista y apostar por una estrategia de inclusión, desarrollo y progreso permanente”, comentó.

Propuso privilegiar la inversión en educación, salud y alimentación; impulsar una agenda social que incluya políticas de género y una política de cohesión social; consolidar el Estado de derecho mediante la legitimación de la transparencia y rendición de cuentas, y fortalecer la vocación institucional de un manejo responsable de fianzas públicas.

Asimismo, combatir la corrupción y la impunidad en la esfera de los gobiernos federal, estatal y municipal; fortalecer el Estado de derecho preservando la seguridad pública con prevención del delito; impartición y procuración de justicia, y la readaptación social.

En la primera mesa “Trayectoria y evaluación de la pobreza y el crecimiento económico de México 2000-2018”, Octavio Heredia Hernández, director general adjunto de Encuestas Sociodemográficas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que a partir de agosto próximo efectuará la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018 con la visita a 87 mil viviendas, muestra que garantiza mantener niveles de precisión.

En la agenda futura, explicó, se planea evolucionar la ENIGH al 2024, con registros administrativos, a fin de que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) empiece con las discusiones de la nueva metodología para medir la pobreza en México y evalúe los programas y políticas sociales del gobierno federal.

Apuntó que el Inegi realiza “radiografías estadísticas de las circunstancias del país”, de acuerdo con las necesidades de cada sector productivo, económico, social, educativo, del empleo y salud, para ofrecer las mejores mediciones que contribuyan a planear una estrategia colectiva que atienda y resuelva problemas concretos.

Ricardo César Aparicio Jiménez, director general adjunto de Análisis de la Pobreza del Coneval, indicó que este organismo comparte sus informes sobre pobreza con los equipos de desarrollo social y las coordinaciones de campañas de todos los candidatos y coaliciones, a fin de vincular el fenómeno con las propuestas de las diversas plataformas políticas.

“Se trabaja en una visión progresiva para erradicar la pobreza extrema en el país y fomentar al bienestar económico y social; es una oportunidad histórica para que en los próximos seis años se logre el objetivo”, porque después de tres sexenios de transición democrática, prevalecen la desigualdad e injusticia social y económica, subrayó.

Sostuvo que las políticas públicas no han integrado la inclusión productiva y la generación de ingresos a los hogares más pobres y en general a la población trabajadora. Propuso una estrategia integral y una mayor asignación de recursos para garantizar, a quienes sufren pobreza, un mínimo de bienestar. “Se habla de que México gasta mucho en el sector social, pero en realidad es un Estado que gasta poco”.

En 2017, de cada 10 personas, seis habitan en zonas urbanas y cuatro en rurales, cuyo ingreso laboral no fue suficiente para adquirir la canasta alimentaria. “Ese es el tamaño del reto que enfrentamos como país”, indicó.

Las brechas de pobreza prevalecen 10 veces más entre las mujeres indígenas, en comparación con los hombres; la desigualdad, apuntó, no sólo es social sino territorial. “Estamos muy lejos de ser un país que brinde oportunidades de participación y libertades y ejercicio de derechos iguales. La política pública tiene que atender el origen estructural y ancestral, más allá de la retórica de disminuir desigualdades”, estimó.

John Roberto Scott Andretta, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que, por la coyuntura electoral, se necesita un cambio de visión, sin importar quién gane la presidencia. “Realmente se requieren repensar las acciones que se han implementado hasta la fecha para atacar los niveles de desigualdad y pobreza en México”.

Afirmó que ha habido mucha inercia y continuidad en las políticas públicas sociales. “Sólo se aplica “una reinvención cosmética; se cambian los nombres, como Progresa, luego Oportunidades y Prospera, pero el programa es el mismo”. Reconoció en este caso éxito en la aplicación; sin embargo, los sistemas de seguridad y protección social no se han reformado desde el cardenismo, señaló.

Aseveró que “sí se necesita una visión transexenal más ambiciosa para resolver la pobreza, de lo que desafortunadamente se ve ahora en la competencia electoral; realmente ese fenómeno y desigualdad en el país es de tal magnitud que requiere un esfuerzo concentrado y dedicado con un enfoque integral, a través de políticas económicas, sociales y de seguridad pública para que todo confluya a solucionarla, porque es el origen de los otros problemas que tiene México”.

La informalidad es de las carencias sociales más altas y persistentes, sólo se puede eliminar con un sistema de protección social universal no contributiva, financiada con impuestos generales, sin excluir a nadie, para asegurar un mínimo de protección. Es el esquema que han seguido con éxito países europeos como Inglaterra, sin generar colapso económico ni populismo, explicó.

Durante la Mesa 2, “Implicaciones económicas, financieras y sociales de la pobreza en México”, Antonio Molpeceres, coordinador presidente del Sistema de Naciones Unidas indicó que las políticas deben dirigirse no sólo a sacar a las personas de esta situación y no vuelvan a presentar carencia de recursos.

El también representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, subrayó que la “Agenda 2030” impulsada por este organismo tiene como uno de sus objetivos eliminar la pobreza extrema para el año 2030.

“Se estima que en América Latina y el Caribe entre el 2000-2013, alrededor del 13 por ciento de la población cayó en pobreza extrema, mientras que en México existen 10 millones de personas en esta condición, lo que representa llenar 50 veces los estadios de Monterrey, Chivas y el Azteca”.

La pobreza se acentúa cuando se suma la característica de vulnerabilidad; por ejemplo, el 10 por ciento de la población se encuentra en pobreza extrema, 34.5 por ciento de este total son indígenas y el 45 por ciento son mujeres. Además, uno por ciento de los habitantes posee el 43 por ciento de la riqueza.

En contraste, añadió, de acuerdo con la revista Forbes, existen 16 multimillonarios en México, “lo curioso es que esta cifra no ha aumentado, pero si la riqueza que han acumulado; por ejemplo, cuatro personas en el año 2003 representaban el dos por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y para el 2014 son el nueve por ciento”, es decir, es un país con gran desigualdad.

Vicente Manuel Ramírez Casillas, investigador de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), mencionó que una manera de reducir la pobreza es fomentando la economía social solidaria; solicitó a los legisladores políticas públicas que no agredan a estos proyectos, pues en la actualidad criminaliza las redes de cajas de ahorro.

Dentro de este modelo económico existen cerca de 47 mil entidades financieras, las cuales integran el 18 por ciento de la población y alrededor de cinco mil 148 empresas, que representa entre el 12 y 14 por ciento del PIB.

Héctor Juan Villarreal Páez, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, señaló: las políticas públicas para mitigar la pobreza tienen un alcance limitado y esto puede empeorar porque el gran paliativo de la pobreza en la vejez es la seguridad social.

En 1990, aproximadamente, una de cada 20 personas era mayor de 65 años; en el 2030 será una de cada 10, y entre 2030 y 2040, una de cada seis personas. El tipo de política pública que se requiere para enfrentar esto es completamente diferente a lo que se hace en la actualidad.

Subrayó que la transición demográfica siempre trae de la mano una transición epidemiológica y se pasa de enfermedades contagiosas a crónico-degenerativas que “son carísimas”. Y no se está haciendo ninguna reserva financiera para atender esto, el gasto en salud es sumamente pequeño en este país.

Gabriela Barajas Martínez, profesora e investigadora del departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, indicó que de 9.4 millones de personas en pobreza extrema, 4.9, se encuentran en zonas rurales, a pesar de que la población del campo sólo representa el 23 por ciento de la total del país. “El agro mexicano está azotado por el problema de la pobreza pero también por la desigualdad”.

Algunas problemáticas en el medio rural son el desplazamiento forzoso interno producto de la violencia del crimen organizado, la instalación de megaproyectos, violencia política, conflictos territoriales, crisis ambiental y fuertes presiones para que los campesinos cultiven droga, ya que del 2014 al 2015 aumentó en 53 por ciento el número de hectáreas cultivadas con amapola.

Sostuvo que los campesinos se enfrentan a las dificultades y fracaso de la política de seguridad pública y se tiene una política de atención al sector estancada. Planteó que el Poder Legislativo revise el sistema de evaluación del desempeño para incidir en el diseño y ejecución de las políticas públicas, y tomar en cuenta las observaciones de las evaluaciones para asignar el presupuesto.

Adriana Montejano González, coordinadora de Asuntos Públicos de la OCDE, expuso que entre las recomendaciones de este organismo a México para elevar el crecimiento incluyente está el fortalecer la calidad y equidad del sistema de educación, así como el desarrollo y adaptación de competencias durante la vida laboral, ampliar el acceso a los beneficios sociales, promover una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral e impulsar un servicio de calidad en el sector salud.

Al participar en la mesa “Prioridades estratégicas para el desarrollo y crecimiento incluyente en México”, resaltó que el balance entre vida y trabajo es muy deficiente, debido a que México tiene el segundo número más alto de empleados que trabajan 50 horas o más a la semana, mientras que en el tema de la pobreza sigue rezagado en cobertura de salud, con solo el 92.3 por ciento en comparación a otros países de la OCDE que alcanzan el 97.9 por ciento.

Señaló que pobreza extrema es cuando el ingreso de las familias no garantiza una nutrición adecuada. La medida multidimensional de la pobreza, considera el ingreso además de las dimensiones de bienestar como el acceso a seguridad social, educación básica, servicios de salud, alimentación, y la calidad, el espacio y los servicios básicos dentro de la vivienda.

Montejano González afirmó que “hay mucha evasión fiscal” y es necesario recaudar mayores impuestos porque eso garantizaría tener más dinero para los programas sociales. “Y una vez que los ciudadanos vean los resultados en una política social acorde con las necesidades del país, con calidad en la educación y en los sistemas de salud, la perspectiva será distinta.

Señaló que Prospera es un ejemplo de modelo para muchos países en el mundo y la OCDE está convencida de que es un buen mecanismo, pero el problema está en la dispersión de programas sociales. Recomendó una evaluación y seguimiento puntual de estos apoyos y su impacto real.

Ricardo Fuentes Nieva, director ejecutivo de la Confederación de Organizaciones contra la injusticia (OXFAM México), afirmó que a pesar de que el Estado ha destinado al combate de la pobreza alrededor de 952 mil millones de pesos entre 1997-2016, los impactos han sido muy pequeños.

Agregó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en México existen más de seis mil programas sociales, de los cuales el 90 por ciento no tiene reglas de operación; por tanto, no pueden ser evaluados.

“Se gasta muchísimo dinero en programas que no se sabe cuál es su impacto, es decir, la política social es asistencialista, pues no está basada en la garantía de los derechos, sino en prebendas para ganar adeptos y proveer favores. Por ello, es fundamental que las autoridades tomen con responsabilidad la ejecución del gasto público”.

El embajador de la India en México, Shri Muktesh K. Pardeshi, expresó que entre las naciones emergentes, su país es el que tiene el mayor crecimiento con una tasa del 7 por ciento. “Hemos crecido así por los últimos 20 o 25 años; ha sido de gran ayuda para reducir el nivel de pobreza. En la actualidad, el 22 por ciento de los habitantes están por debajo de la línea de pobreza de un total de 1.3 mil millones”.

Al impartir la conferencia “La experiencia de la India en el combate a la pobreza”, indicó que esta situación se debe a una óptima tasa de crecimiento, asegurar mayor empleo, control de la inflación y que el ingreso sea distribuido de manera equitativa para que aquellos que están por debajo de la línea de pobreza, puedan tener los beneficios del crecimiento y, de esta manera, “ayudar a los pobres, a quienes están en situación marginal y en secciones más débiles de la sociedad”.

La política económica de la India, afirmó, está centrada en el crecimiento inclusivo; por ello, el gobierno ha retomado algunos de los esquemas que lideran la inclusión financiera de la gente. Se le ha dado identidad digital a todos sus ciudadanos, con la finalidad de reconocer los beneficiarios, mejorar los programas y dar transparencia; se otorgó acceso a los sistemas bancarios, para evitar intermediarios; se creó infraestructura en las comunidades, dando facilidades de agua, centros de salud, escuelas y electricidad, y se ha apoyado a las mujeres a través de microcréditos.

Adicional a las intervenciones, se proyectó un video en el que se indica que el ingreso económico es factor importante para medir la pobreza, pero hay otras variables que explican la complejidad del fenómeno, como el trabajo, educación, alimentación, salud y vivienda.

Muestra resultados de la Encuesta CESOP Pobreza en México 2018, donde se revela que ser pobre, de acuerdo con los entrevistados, es no tener empleo, falta de recursos para salir adelante, no tener para comer, casa, servicios médicos ni educación. El 93 por ciento consideró que los pobres existen porque el gobierno no funciona bien; 45 por ciento, dijo que la gente no trabaja suficiente y 29 por ciento lo atribuyó a que la educación es insuficiente.

En la encuesta CESOP Situación Económica Nacional 2018, 67 por ciento de los interrogados consideró que en los últimos tres meses la condición económica en México empeoró mucho; 15 por ciento respondió que ha mejorado mucho; 58 por ciento indicó que no puede adquirir con su trabajo todos los productos de la canasta básica, y 38 por ciento dijo que sí.

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