• Cuestionan al funcionario sobre casos de corrupción y baja evolución financiera

• Se heredará economía resiliente y en crecimiento, responde González Anaya

03- 10- 2018.- Legisladores de todos los grupos parlamentarios cuestionaron al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, sobre actos de corrupción en la actual administración, destino de recursos, transparencia del gasto, crecimiento de la deuda y evasión fiscal.

Al comparecer ante la Cámara de Diputados, en el marco del análisis del Sexto Informe de Gobierno, el funcionario de la SHCP aseguró que la administración que tomará el rumbo de México, a partir del primero de diciembre, heredará una economía resiliente y en crecimiento, que ha reaccionado en forma correcta ante los choques del exterior y tiene una estabilidad bien cimentada en finanzas públicas sanas.

Afirmó que en los últimos seis años México enfrentó un complejo entorno global que pudo haber impactado profundamente en la economía familiar, si no se hubieran manejado las finanzas públicas de manera “prudente y responsable”.

México tomó decisiones difíciles, no siempre populares pero sí responsables y necesarias. A pesar de tener un entorno adverso, el país siguió creciendo y generando más empleos, debido a las reformas estructurales, aprobadas por el consenso y trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Congreso de la Unión, y al buen manejo macroeconómico.

La diputada Sandra Paola González Castañeda (Morena) afirmó que la corrupción, en todas sus manifestaciones, es el principal cáncer que azota al país. Calificó de indignante la complicidad, negligencia e impunidad que emerge desde los actores públicos; por ello, pidió saber las medidas legales que la SHCP ha aplicado en contra de funcionarios de alto nivel que han ocasionado daño al dinero del Estado.

Agregó que la evasión fiscal cuesta al país 5 por ciento del PIB, la recaudación por ISR va a la baja desde 2015, y al final de 2017 se detectaron 70 mil empresas fantasma que han fracturado más de 900 mil mdp. Además, se estima que “el 70 por ciento de usuarios de comprobantes fiscales apócrifos pertenecen al sector público, lo que deja al desnudo la corrupción en el gobierno”.

El secretario González Anaya respondió que la dependencia a su cargo ha actuado al proveer información fiscal y sobre el manejo de recursos en varios casos de funcionarios públicos; además, se han hecho denuncias ante la PGR, institución encargada de la procuración de justicia.

Asimismo, coincidió en que la recaudación es difícil pero constantemente mejora, pues aunque se tienen retos, también hay datos alentadores. “Después de la Reforma Hacendaria aumentó respecto al PIB, de 2.4 a 3.6 por ciento en cuanto a empresas, y de 2.6 a 3.5 en personas físicas”. Añadió que, por el contrario, la evasión ha bajado; de 2012 a la fecha, de 40 a 19 por ciento por ISR; del 39 a 16 por ciento, por concepto de IVA, y de 21 a 8 puntos porcentuales, respecto al IEPS.

El diputado del PAN, Miguel Alonso Riggs Baeza, señaló que la actual administración usó de manera discrecional los recursos presupuestales avalados por los legisladores. “Es el gobierno más corrupto e ineficiente que ha tenido México; en 2017 se gastaron 400 mil millones de pesos (mdp) más de lo aprobado, o sea, más de mil mdp diarios”.

Manifestó que se manipuló el gasto a su arbitrio para decidir qué programas y proyectos impulsar; además, incurrieron en subejercicios, a fin de destinar el dinero a otros intereses. Pidió saber la razón por la que la SHCP decidió otorgar a Chihuahua sólo 61 mdp del Ramo 23, mientras que a otras entidades se les dio mil 23 mdp por el mismo concepto.

En respuesta, el titular de la SHCP explicó que el ejercicio del presupuesto se realizó en estricto apego a la Ley Federal en la materia, y aseguró que, en ocasiones, el gasto se hace por encima de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Agregó que los ingresos excedentes de las distintas entidades, se quedan ahí mismo y otros montos tienen destino específico, pero todo de acuerdo a la ley.

Detalló que hay ingresos petroleros y tributarios llamados generales y se dirigen a gasto no programable y a aumentar las participaciones estatales, las cuales han aumentado de forma considerable, pues al principio de la administración se tenía un fondo de 494 mil mdp, mientras que hoy es de 800 mil mdp.

El diputado Fernando Galindo Favela (PRI) cuestionó sobre ¿qué medidas ha tomado la Secretaría de Hacienda para abrir la información pública a la ciudadanía y cuál ha sido su alcance, qué otra información ofrece su institución a través de sus herramientas de transparencia adicional a la evolución del gasto y cómo pueden los ciudadanos tener elementos para evaluar los programas de gobierno?

Por su parte, la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, de la misma bancada, señaló que se ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en cuestión de transparencia y rendición de cuentas, y se generó un sistema que proporciona mejor información a los mexicanos, de manera más clara y sencilla, donde pueden participar y contribuir activamente en la toma de decisiones.

El secretario José Antonio González Anaya comentó que en el 2012 solo existía una sola plataforma con el avance trimestral del presupuesto y en datos abiertos solo se reportaba lo de la cuenta pública y existía una guía para explicar el tema. Por ello, se han abierto ocho nuevas plataformas para poder monitorear el presupuesto y el desempeño de los programas.

Asimismo, el seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo, el gasto federalizado, la infraestructura educativa, Fuerza México, las contrataciones abiertas, y tener el tema de datos abiertos que nos permite ver el avance trimestral del presupuesto, el sistema de evaluación de desempeño, el avance físico, las licitaciones, incluso los préstamos internacionales. También que se aumenten las visitas al portal presupuestario; “en lo que va de 2018 van más de un millón, lo que permite que los ciudadanos puedan consultar y estar consultando una serie de datos que antes no podían”.

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (PES) indicó que la crisis económica global de 2008 provocó una caída considerable en el monto de las participaciones federales; por ende, estados y municipios recurrieron a opciones de financiamiento distintos, incrementando el nivel de su deuda, y en la mayoría de los casos esos recursos adicionales no se destinaron a inversión pública productiva.

Dijo que de 2012 al día de hoy la deuda subnacional ha crecido en 32 por ciento y el saldo de financiamientos de entidades federativas y municipios es de 570 mil millones de pesos. Por ello cuestionó “¿hasta qué punto la deuda de los estados debería ser una preocupación, si representa un foco de alerta como riesgo macroeconómico para las finanzas del país y qué medidas se han tomado para prevenir un manejo irresponsable de la deuda en entidades y su municipios?”

José Antonio González Anaya señaló que la Ley de Disciplina de las Entidades Federativas y de los Municipios, aprobada por el Congreso de la Unión en el 2016, ha fortalecido el manejo responsable de la deuda y la subnacional como porcentaje del PIB ha disminuido en los últimos tiempos de un 3.1 por ciento a 2.6.

Mientras, la deuda estatal fue de 90 por ciento de las participaciones; este porcentaje ha decaído a 71 por ciento, por ello es importante mantener vigilancia de este tema, porque anteriormente hubo un incremento importante en esta deuda.

Del PT, el diputado Alfredo Femat Bañuelos expresó su preocupación por la situación que viven 10 universidades públicas en el país. Mencionó que la de Morelos lleva ya 14 días en huelga y próximamente la de Michoacán estará en la misma situación. “Estamos preocupados porque no queremos llegar al día 30 de noviembre con una situación donde 10 universidades estén en huelga y más de 600 mil universitarios en la calle”.

“Ahora que usted habla de que la economía está bien y de que hay finanzas sanas, ¿qué certeza tenemos hoy los cerca de 600 mil universitarios de estas 10 universidades de que va a haber respuesta para terminar el año? Estimó que ya no se tiene tiempo con este gobierno para debatir el problema de fondo, pero es necesario que el tema de la educación superior sea parte de la agenda nacional”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público reconoció que es un tema complejo y un problema que debe enfrentarse conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública, los gobiernos de los estados y la SHCP; confirmó que ya se ha iniciado el diálogo. Subrayó que en algunos casos, los gobiernos no han puesto lo que les corresponde, en otros, se han incrementado las plantillas y las prestaciones más allá de la suficiencia presupuestaria.

Mencionó que en cuanto al apoyo a las universidades, el gobierno federal lo realiza principalmente a través de dos programas de dos subsidios. En el 2018, éstos sumaron 153 mil mdp; 81 mil mdp para las instituciones federales como la UNAM, IPN, UAM, y 66 mil mdp para universidades estatales. Este monto aumentó en los últimos años, de 47 mil mdp a 66 mil mdp, es decir, poco más del 40 por ciento.

La diputada Fabiola Loya Hernández (MC) señaló que actualmente, a nivel federal, no se sabe cuántos fideicomisos públicos existen, cuál es el monto del recurso que disponen y quiénes son los beneficiarios. Refirió que según la Auditoría Superior de la Federación, los fideicomisos públicos no cumplen con las obligaciones de transparencia, no definen el objetivo, no cuentan con indicadores para la evaluación de su desempeño y no permiten identificar a la población atendida.

Enfatizó que la operación de los fideicomisos constituye una caja negra, “pues menos del 10 por ciento cuenta con controles de vigilancia, por lo que más del 90 de ellos son creados mediante contratos privados que impiden el seguimiento del manejo de los recursos públicos y el acceso a la información”. Por ello, cuestionó a cuánto asciende el monto total de recursos públicos depositados en los fideicomisos federales, qué monto ejercieron en 2017 y qué instancia los supervisa, audita y vigila el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia.

El funcionario señaló que el propósito fundamental de los fideicomisos es permitir tener dinero de un ejercicio fiscal al siguiente, dedicarles los recursos y que se ejerzan de manera ordenada. Precisó que al 30 de junio, en el segundo informe trimestral, se reportan 338 fideicomisos, que tienen 731 mil millones de pesos, sin estructura orgánica a cargo de las dependencias y entidades.

Indicó que entre los cinco fideicomisos más grandes están el Fondo de Estabilización de Egresos Presupuestarios, el Seguro Popular y el Fondo de Estabilización de las Entidades, los cuales poseen el 70 por ciento de los recursos. Cada fondo tiene procedimientos y reglas muy claras de ejercicio y los contratos son públicos.

Del PRD, el diputado Raymundo García Gutiérrez señaló que se deben implementar medidas para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan subsistir y crecer; recordó que la Reforma Hacendaria buscaba el crecimiento económico y quienes más ganaran más contribuyeran; sin embargo, no se ha logrado y ha generado un déficit para las Pymes, “pues los únicos beneficiarios han sido los grandes monopolios, quienes en muchos casos han logrado evadir sus obligaciones fiscales”. Por ello, inquirió, “¿cuál ha sido la razón de que a cinco años de la implementación de la reforma sólo se ha beneficiado a las grandes empresas sobre el pequeño contribuyente?”

Preguntó la razón del aumento en el costo de peaje en las carreteras y el destino de ese excedente. Además, externó su preocupación por la práctica del outsourcing, pues sólo ha dañado al sector trabajador, dejándolo sin prestaciones; mencionó que miles de empresas se dedican a dar servicios de tercerización, cuando sólo 16 están dadas de alta ante la Asociación de Empresas de Capital Humano. En ese sentido, cuestionó las medidas que tomó la secretaría para combatir la evasión fiscal de las empresas que prestan el servicio outsourcing.

En su respuesta, González Anaya puntualizó que las empresas más grandes hoy contribuyen con el 91 por ciento del ISR empresarial, con lo cual sí se ha logrado aumentar de manera importante la recaudación a estas compañías. Sobre las tarifas en las carreteras, se trata de una actualización del 5.5 por ciento en promedio, para reducir el rezago y se buscó modificarlas por inflación y mantenerlas en términos reales; la tarifa de la red concesionaria, es la más baja del país con 1.56 pesos por kilómetro y la promedio nacional, es de 1.85.

Sobre los esquemas de outsourcing, afirmó que son nocivos y dañan a la recaudación, a las personas y a los trabajadores. Se ha buscado combatirlos, publicando más de 32 empresas, casi 500 auditorías y se han recaudado 1.2 miles de millones de pesos. Además, se detectó a 15 mil personas que han recibido ingresos por asimilados a salarios mayores a 3 millones de pesos y cuyos retenedores no enteraron los impuestos. En ese sentido, el SAT ha presentado 30 denuncias ante la PGR.

Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, expresó su preocupación por los niveles de deuda que tiene el país, y dijo que de acuerdo a diversos medios de comunicación, la deuda durante esta administración se ha duplicado, incrementándose cerca de 4 billones de pesos; preguntó, ¿cuál es la verdadera situación de la deuda en el país y qué indicadores son muestra de que no está fuera de control?

Mencionó que naciones como Japón, Francia y Estados Unidos, así como otras economías desarrolladas tienen deudas cercanas o superiores al cien por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB), lo que genera incertidumbre respecto a la estabilidad macroeconómica. “Nos preocupamos y mantenemos informados acerca del manejo de la deuda pública y la solidez de las finanzas pública, y reiteramos nuestro compromiso de mantener finanzas pública sanas en el país”.

El titular de la SHCP señaló que la deuda está en trayectoria descendiente, tiene niveles sostenibles y razonables, y si se compara, es más baja que la de China, Sudáfrica, India o Reino Unido; es la mitad de la que tiene España y Estados Unidos, y la cuarta parte de la de Japón. Además, su calidad es buena, pues la mayor parte, es decir, el 76 por ciento es moneda nacional, el vencimiento es de más de 8 años y la mayor parte está en tasa fija.

Destacó que esta situación ha permitido que las tres calificadoras más importantes del mundo le den a México la más alta calificación que ha tenido el país de su deuda en la historia, y recalcó que a la mitad del sexenio se estuvo con una perspectiva negativa; sin embargo, por las medidas tomadas, se observa estable. Añadió que la deuda asciende a 10.2 millones de millones de pesos y se espera cierre con el equivalente a 45 por ciento del PIB. “Es una deuda razonable y con una trayectoria sostenible hacia adelante”.

Al iniciar su intervención, el secretario de Hacienda y Crédito Público afirmó que “hoy nuestra estabilidad está anclada en políticas fiscales responsables, y porque en cada decisión siempre se tuvo presente el compromiso de preservarla”. El compromiso fue realizar un proceso gradual de consolidación fiscal que no afectara la macroeconomía o comprometiera el presupuesto destinado a combatir la pobreza.

Las condiciones macroeconómicas dan certidumbre dentro y fuera del país y se “salvaguardan los ahorros y se ofrecen espacios para la inversión”.

Aseveró que el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, actualiza mucho temas y “da certidumbre a exportadores” que cuentan con un mercado donde pueden vender sus productos, y a los consumidores que tienen acceso a bienes a menores precios, “a los inversionistas de que en México hay condiciones para elevar las inversiones”, fundamentales para el crecimiento y generación de empleos.

“Entregaremos una economía que brinda mayores espacios para la inversión, alcanzando casi 200 mil millones de dólares (mmdd) de inversión extranjera directa en los últimos seis años, cifras sin precedentes que cubren por completo la cuenta corriente”, aseguró el funcionario federal.

Precisó que las reservas internacionales, junto con la línea de crédito flexible superan los 260 mil millones de dólares, que cubre toda la deuda pública; un fondo de estabilización que acumula más de 250 mil millones de pesos y supera uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Aseguró que el sector financiero está bien capitalizado con niveles de 15 por ciento, muy por encima del estándar internacional.

González Anaya sostuvo que “reconociendo los retos, la economía es fuerte y sus finanzas públicas son sanas. Entregaremos buenas cuentas y bien las cuentas”.

Afirmó que “en este proceso de transición la economía del país se encuentra sólida”, gracias al trabajo conjunto entre Poderes, ya que la pluralidad de ideas nunca fue un obstáculo para alcanzar los mejores acuerdos para el presente y futuro de la nación.

“Entregaremos un país con las mejores calificaciones crediticias en la historia y con perspectivas estables, de acuerdo a las tres calificadoras más importantes del mundo”.

La economía ha crecido en promedio 2.5 por ciento anual y ha alcanzado un record de 34 trimestres consecutivos de crecimiento sostenido; un mercado laboral que genera más de un empleo formal por minuto, acumulando casi 3.8 millones de plazas más que lo logrado en los dos sexenios anteriores en su conjunto.

México, aseguró, es una potencia exportadora en ascenso, cuyos productos se aprecian más y requieren en los mercados internacionales, con un sinónimo de calidad y competitividad.

Indicó que el país tiene grandes retos y que es inadmisible que el género determine el salario, que el lugar en donde se nace limite la asistencia a la escuela o no, que el dinero que se tenga defina si se tiene acceso a servicios de salud o no. “Tenemos que seguir trabajando para impulsar grandes acciones que permitan cerrar cada una de estas diferencias para que en México el bienestar sea por todos compartido”.

Respecto a la pobreza, el porcentaje de la población que tiene carencias sociales se encuentra en mínimos históricos, se le ha ganado terreno a la pobreza extrema, disminuyéndola de 9.8 a 7.6 por ciento, equivalente a que 2 millones de mexicanos abandonaran esta penosa situación.

“No hay duda, queda mucho por hacer en materia de pobreza. Tenemos que seguir trabajando en erradicarla. Sin embargo, estos resultados son alentadores y apuntan en la dirección correcta”.

El titular de la SHCP afirmó que siempre se protegió el gasto social para que ningún beneficiario de algún padrón se afectara y que los recursos se focalizaran en los programas que han demostrado su contribución para disminuir la pobreza.

México es de los pocos países del G-20 y de América Latina que logró alcanzar un superávit primario y tiene una trayectoria de deuda decreciente como porcentaje del PIB, logrado a través de la reforma fiscal que fortaleció y diversificó las fuentes de ingresos para hacernos menos vulnerables a caídas de los precios internacionales del petróleo.

A principios del sexenio por cada 100 pesos de ingresos públicos, 39 venían del petróleo. Hoy los ingresos tienen origen en fuentes más estables, ya que por cada 100 pesos sólo 17 provienen del crudo, refirió.

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