17- 10- 2018.- Al instalar formalmente la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, su presidente, diputado Óscar González Yáñez (PT) aseveró que se tiene que desterrar la corrupción de México a través de la transparencia. “Combatirla es una responsabilidad de todos: del que ejerce el poder y el que lo vigila”.

Señaló la necesidad de diseñar un marco jurídico que garantice que el servidor público ayude a la sociedad y no se aproveche de ella, además dotar a las instituciones encargadas de atacar ese flagelo, de instrumentos legales suficientes para que realicen sus funciones.

La corrupción lacera la vida social y política porque hay muchos hechos y perversidades que nos duelen, ya que los servidores públicos se han convertido en entes que se sirven de la sociedad.

Propuso que el pueblo se convierta en el gran juzgador, a través de la información y la transparencia, ya que no tiene partido. Para lograrlo, “hay que disminuir la clasificación de la información, porque si no se va a estar en opacidad y eso no le ayuda a la nación”.

Por ello, señaló que hace falta un andamiaje legal que asegure que el funcionario que maneje instrumentos de poder y recursos no va a hacer mal uso de ellos.

González Yáñez invitó a hacer una reflexión profunda de lo que debe ser la sociedad, a todos duele y hiere que México esté por encima del lugar 130 de los países del mundo, al carecer de transparencia y sea considerado uno de los más corruptos.

Asimismo, convocó a la autocrítica sin que sea necesario que nadie haga señalamientos y cada quien resuelva su problemática, para para llegar con las manos más limpias y sin grilletes, a fin de responderle a la ciudadanía mediante estas Comisión, lo cual es responsabilidad de los diputados para fortalecer las instituciones que se tienen.

Al participar, la legisladora del PRD, Luz Estefanía Rosas Martínez indicó que se requiere una normatividad simple y congruente para combatir la corrupción, e incorporar tecnología para detectarla. Resaltó la necesidad de sumar a la sociedad civil en las decisiones de gobierno, a fin de estar vigilantes de todos los procesos para atacar ese flagelo.

Por MC, el legislador Juan Carlos Villarreal Salazar afirmó que antes los cambios que vive el país se requiere un enfoque proactivo en materia de transparencia y apertura gubernamental, mediante la rendición de cuentas e información abierta. Se pronunció por un marco legal que aliente la denuncia contra servidores públicos que actúen irregularmente, para castigarlos de forma efectiva, mediante “la muerte civil”.

Del PT, el diputado José Luis Montalvo Luna destacó que la corrupción debe tener punto final en el sexenio que inicia en diciembre próximo, porque ha deteriorado la confianza en las instituciones y es obstáculo para el desarrollo económico del país. En 2017, la corrupción registró un costo de 7 mil 218 millones de pesos. Urgió a una nueva política de Estado y cultura de la legalidad.

Por el PRI, la legisladora Ximena Puente De La Mora apuntó que corresponde al Poder Legislativo continuar los esfuerzos para fortalecer el andamiaje legal que termine con las lagunas de opacidad y garantizar el acceso a la información en derechos humanos y programáticos. Destacó el rol central que juegan los medios de información y la sociedad civil organizada en la transparencia y concientizar a los ciudadanos, mediante un Parlamento Abierto para prevenir y sancionar la corrupción sistemática que daña la credibilidad.

De Acción Nacional, la diputada Martha Elisa González Estrada sostuvo que impunidad, corrupción y transparencia son temas pendientes en la agenda pública porque han ofendido a la sociedad y lastimado al país, al disminuir la confianza en las instituciones y credibilidad en el sistema de Derecho, además la caída en la productividad y competitividad, persistencia de la desigualdad y el incremento de la inseguridad. Propuso reformar el marco jurídico para fortalecer a las instituciones que combaten esos flagelos.

El diputado de Morena, Jaime Humberto Pérez Bernabe resaltó que los ciudadanos exigen acabar con la corrupción e impunidad, ya que la clase política se ha vuelto multimillonaria y vergonzosa en detrimento de la ciudadanía. Se pronunció por una nueva relación con la sociedad basada en la transparencia, legalidad y “cero influyentismo y amiguismo. Basta de lo mismo de siempre, para trazar un nuevo rumbo de transparencia y anticorrupción”.

El legislador priista, Cruz Juvenal Roa Sánchez llamó a construir acuerdos parlamentarios en favor de los mexicanos para crear Sistemas Municipales Anticorrupción en más de 2 mil 500 alcaldías, “es ahí donde se tiene que atacar la corrupción porque lacera a la sociedad con contratos, licitaciones, nepotismo y compadrazgos”.

De Morena, la diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez sostuvo que la gran burocracia existente es la que fomenta la corrupción, porque es casi imposible obtener información y encubre irregularidades de los servidores públicos, a los se les llamará a rendir cuentas, porque sin el más sentido de ética han dañado a los mexicanos.

De la misma bancada, el legislador Manuel Gómez Ventura apuntó que la corrupción es un cáncer extendido a todos los rincones sociales, y de alguna forma hemos participado, generando impunidad, inseguridad, pobreza y desigualdad. Propuso encaminar la función legislativa en apoyo a la sociedad y dejar a un lado interés políticos y personales.

La diputada panista, María Marcela Torres Peimbert aseveró que la corrupción equivale al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por eso es importante abatirla si queremos que el país crezca y se desarrolle. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) quedó trunco, se requiere trabajar con intensidad para que cristalice en resultados. Externó su compromiso por trabajar conjuntamente con todas las fracciones parlamentarias, para que no sea una vergüenza ser un funcionario público.

Del mismo grupo parlamentario, la legisladora Gloria Romero León afirmó que los mexicanos estamos cansados de que haya impunidad, y por eso, se tiene que trabajar para castigar a los que desvían recursos. Esta debe ser la motivación de la Comisión. “Ya no queremos que se usen los recursos públicos para que se enriquezcan unos cuantos”. Más allá de las diferencias ideológicas, se deben sumar acciones en contra de la corrupción.

La diputada Margarita García García (PT) señaló que los acuerdos de impunidad no se deben dar en el Congreso, ni que las fracciones parlamentarias escondan los escándalos de corrupción que se han dado. Se tiene que trabajar con la ley en la mano y no por consigna. Pidió sacudirse esos vicios para aplicar la transparencia.

La legisladora priista, María Alemán Muñoz Castillo solicitó conducirse con madurez política; consensar la forma para blindar a la sociedad mexicana de la corrupción e impunidad, porque ninguno sale librado.

Josefina Salazar Báez, diputada del PAN subrayó que el principal reto de la Comisión es reglamentar la declaración 3de3 de todos los servidores públicos para que se conozca; además, el registro patrimonial, de interés e impuestos, para que la ciudadanía sepa cómo entró y salió el funcionario después de su encargo.

Durante la reunión, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez González, afirmó que es imperante mantener una sinergia dinámica, abierta y respetuosa con los poderes Ejecutivo y Judicial, así como con todos los sectores sociales para garantizar que los principios de integridad, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana sigan siendo ejes rectores del actuar del Estado.

Expresó su certeza de que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción encaminará, con las mejores prácticas de Parlamento Abierto, las voluntades para generar ideas innovadoras que contribuyan a luchar contra la corrupción y consolidar los engranajes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que como toda medida nueva requiere perfeccionarse a lo largo del tiempo sin perder de vista sus objetivos.

Aseguró que el SNA está en marcha, y aunque se deben solventar algunos pendientes, el Comité Coordinador y las instancias que los conforman, y los demás órganos que lo constituyen, “hemos trabajado arduamente con la finalidad de cumplir con nuestro mandato legal y frenar la corrupción”.

Apuntó que las reformas constitucionales de 2014 y 2015, en materia de transparencia y de combate a la corrupción, fueron una transformación de orden jurídico y de profundo impacto institucional en el país, en respuesta categórica del Poder Legislativo ante la exigencia social de combatir ese flagelo, cuya naturaleza multidimensional debe enfrentarse de manera conjunta entre todos los actores interesados con herramientas diversas y desde distintos ángulos.

Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), apuntó su convicción que “no podrá haber anticorrupción sin transparencia, y tampoco, no podrá haber austeridad sin transparencia”.

Por ello, destacó la importancia de que la Comisión de Transparencia y Anticorrupción impulse el Parlamento Abierto, como un elemento fundamental para la toma de decisiones de la Cámara de Diputados.

Refirió que el SNA está detenido en sus funciones operacionales completas por la ausencia todavía, a la fecha, del nombramiento del fiscal anticorrupción y de los magistrados necesarios para la Sala y Tribunal de Justicia Administrativa.

Señaló que la instancia legislativa y el INAI tendrán una estrecha vinculación por la materia de sus funciones, en favor de la transparencia y contra la corrupción.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que los diputados juegan un papel fundamental para atender la prioridad de acabar con la corrupción e impunidad, las cuales son un círculo vicioso y perverso.

Para lograrlo, dijo, que se requiere el acceso a la información pública de los diferentes poderes y órdenes de gobierno, así como mantener una relación permanente y estable con la Cámara de Diputados, con el objetivo de simplificar y coadyuvar a la homologación legislativa en los estados, ya que la sobreregulación es un incentivo a la corrupción, porque encarece e incrementa la fiscalización, con resultados negativos.

Destacó que gracias a las reformas se puede auditar prácticamente todo en tiempo real sobre el ejercicio de los recursos públicos y desempeño de la función gubernamental. Es importante prevenir conductas irregulares para combatir la corrupción. Adelantó que a final de mes presentará el Segundo Informe Individual de la Cuenta Pública 2017.

Marco Alejandro Hernández Lagazpi, director general de Vinculación Institucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirmó que la corrupción afecta la economía y los derechos humanos, ya que frena el desarrollo social de los países. “El dinero robado mediante esta práctica sería suficiente para alimentar 80 veces a la gente que muere de hambre en el mundo”. México cayó 28 posiciones en la percepción sobre corrupción en 2016, “es la apropiación de lo público para fines privados”.

Se informó a los integrantes de la instancia, que el próximo 23 de octubre, a las once horas, en el salón Legisladores de la República, se realizará la comparecencia de la titular de la Secretaría de la Función Pública, Arely Gómez González, en comisiones, junto con la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

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