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Boletín N°. 0351 Ramírez Lucero instala Sección Instructora
  • “Hasta el momento, no se tiene, algún asunto para instrumentar procedimientos jurisdiccionales”, señala

 

 

24-10-2018.- Al instalar la Sección Instructora de la LXIV Legislatura, su presidenta, diputada Martha Patricia Ramírez Lucero (Morena), afirmó que “hasta el momento, no se tiene, formalmente, algún asunto que se les haya turnado para instrumentar procedimientos jurisdiccionales”; sin embargo, señaló que los legisladores estarán para cuando se presente.

 

Conforman esta instancia encargada de sustanciar los procedimientos inherentes al Título Cuarto de la Constitución Política y su Ley Reglamentaria, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, sobre Juicio Político y Declaración de Procedencia, los diputados Raúl Gracia Guzmán (PAN) y Juan Carlos Villarreal Salazar (MC), como secretarios, y Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena), como integrante.

 

Los diputados de esta instancia aprobaron dos acuerdos; uno de ellos, autoriza a su presidenta a emitir diligencias de mero trámite que se presenten durante el transcurso de los procedimientos jurisdiccionales que sustancien en esta legislatura y así cumplir con los tiempos. No obstante, se deberá informar a los diputados integrantes.

 

Otro acuerdo, es relativo al domicilio legal de la Sección Instructora, el cual será en el primer piso del Edifico “F” del Palacio Legislativo de San Lázaro, con un horario para la recepción de documentación de las 10:00 a las 15:00 horas.

 

Ramírez Lucero destacó que la Sección Instructora actuará conforme a derecho, como lo marque la normatividad y el marco jurídico que rige al país. “Es lo que se espera de nosotros”.

 

Puntualizó que es prioritario señalar cuál será el domicilio de la Sección Instructora, para que “cuando sea el momento oportuno y haya un espacio formal, recibir cualquier asunto de esta competencia”.

 

El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC) subrayó que su actuar se regirá bajo el principio de legalidad, a efecto de que realice una investigación exhaustiva, donde prevalezca el Estado de derecho y dentro de los marcos normativos, en las actividades de los representantes legislativos.

 

Se pronunció por la no impunidad, con la finalidad de que nadie esté por encima de la ley, ni se permita acto que vulnere la aplicación estricta de la justicia. Además, se manifestó a favor de facilitar la actuación de la procuración de justicia, “si así fuera el caso”.

 

“Movimiento Ciudadano no prejuzga la responsabilidad del diputado –Cipriano Charrez Pedraza-; tendrán que acreditarse los actos y conductas que prevé la legislación y, hasta en tanto no se agoten estas indagatorias, en el trabajo que tiene que realizar esta Sección, conforme a sus términos, no prejuzgaremos la responsabilidad de nuestro compañero”.

 

El diputado Raúl Gracia Guzmán (PAN) expresó que se vive un momento en el que la figura del fuero se ha menoscabado ante la opinión pública, “dejándola de ver como un baluarte democrático del sistema de equilibrio de poderes y convertida en herramienta de impunidad”.

 

Por ello, se tiene la gran responsabilidad de actuar conforme a derecho, pero con la mayor celeridad posible dentro de los plazos legales correspondientes, para que esta figura no pueda ser tomada en consideración como si fuera un mecanismo de impunidad.

 

“La responsabilidad que tenemos es grande y es demostrar, por qué históricamente se instituyó la figura del fuero, por qué es valiosa para la democracia, por qué hay otros países con tiranía que la han quitado y por qué funciona para que haya equilibrio de poderes y nunca haya un tirano desde el Poder Ejecutivo”, añadió.

 

El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena) se comprometió a conducirse con legalidad y en apego al marco constitucional y a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos.

 

“Estamos ante un procedimiento que quizás sea sui géneris; no hay muchos en el país, pues hay tres antecedentes, pero México cambió y vamos a darle los tiempos legales que establecen las leyes; se notificará al inculpado del tema de qué se le acusa, se dará un periodo de pruebas para que las partes puedan aportarlas y tendremos un término de 60 días para emitir un dictamen”.

 

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