11-09-2018.- Concluyen diputados, luego de tres rondas de posicionamientos, el análisis de Política Interior del VI Informe de Gobierno. Aunque admitieron logros, destacan marginación e inseguridad como principales pendientes de la administración saliente.

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) afirmó que en las últimas administraciones se agudizó la crisis en materia de derechos humanos, pues dejaron regiones y ciudades enteras con los estragos de la violencia, inseguridad, homicidios, desapariciones forzadas y violaciones. “Dejan un país empobrecido, una realidad que se sacude por sus extremas desigualdades, falta de oportunidades, la crueldad de los crímenes””.

Dijo que desde hace 50 años ningún periodo de gobierno ha estado exento de casos tortura, desaparición forzada, impunidad o represión a movimientos sociales. “Por ello, respaldaremos a la próxima administración en la decisión de que nunca más el Ejército reciba órdenes de reprimir al pueblo Compartimos el compromiso con la verdad, la moral, la memoria, la justicia, los derechos humanos y la reconciliación nacional”.

Indicó que en este sexenio termina un gobierno que ignoró su responsabilidad con los derechos humanos, pues se volvió recurrente el hostigamiento y persecución de defensores de derechos humanos, se acentuó la degradación de la vida pública de México, además de la monstruosa cantidad de feminicidios y la violencia desenfrenada contra niñas, niños y adolescentes. Denunció la incapacidad de las instituciones para detener la ola de crímenes contra periodistas y evitar la migración por razones de violencia.

Ratificó su compromiso con el caso de los 43 estudiantes desparecidos de la Normal “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa; exigió su esclarecimiento y que se garantice la justicia. “Pero el reclamo se extiende también al caso de Chalchihuapan, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán”; además, manifestó su respaldo a los estudiantes que luchan por sus derechos para desterrar agresiones y violencia.

Por Acción Nacional, el diputado Óscar Martínez Terrazas precisó que la inseguridad, corrupción, más deuda y homicidios son la herencia del gobierno. Pidió juzgar la corrupción que costó dinero y vidas en referencia a la ruptura de tuberías que provocaron el hundimiento del Paso Exprés, en Morelos, donde murieron dos personas.

Señaló la falta de diálogo institucional en el sexenio que está por terminar y carencia de estrategias para fortalecer la democracia. “Seis años de gobiernos frívolos enfocados en gastar en su propia imagen y en vidas excesivas, de gobernantes corruptos. La exigencia es que a esos a los que tanto daño le han hecho a nuestro país se les castigue y persiga”.

Los problemas los sabemos todos, pero las soluciones las seguimos esperando. Queda claro que no hay voluntad para resolverlos. “Es urgente que el Estado garantice la gobernabilidad democrática. No podemos seguir como hasta ahora”, expresó.

Aseguró la disposición de su grupo parlamentario al diálogo constructivo con las fuerzas políticas y el Ejecutivo para construir una Política Interior fortalecida. Cuestionó el nombramiento de funcionarios en los estados del país para ejercer presión o tener control desde el gobierno central; “no son figuras funcionales”, aseguró.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) dijo que en este sexenio una de las prioridades de la actual administración fue transformar y modernizar la procuración de justicia en nuestro país, transitando de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio y oral.

Manifestó que en el ámbito legislativo se han creado o reformado 21 leyes federales y se modificaron más de 350 locales; entre ellas destaca el Código Nacional de Procedimientos Penales que permitió homologar la manera de juzgar los delitos en todo el país, atendiendo los principios de presunción de inocencia, publicidad e igualdad entre las partes.

Indicó que se combatió a los grupos del crimen organizado con sistemas de inteligencia y con el uso legítimo de la fuerza, además de que se impulsó una estrategia nacional y una mayor coordinación entre las dependencias gubernamentales en la lucha contra la delincuencia.

Agregó que plantean trabajar para impulsar la creación de un Código Penal Único que contenga entre su catálogo de delitos, el de feminicidio y violencia política de género, y que permita tener los mismos tipos penales en todo el territorio nacional.

Jorge Arturo Argüelles Victorero (Encuentro Social) expresó que “no comprendemos cómo en el Sexto Informe de Gobierno se exponen cambios estructurales que han ampliado los derechos de las personas, cuando en los hogares se vive una gran incertidumbre que deteriora el tejido social”.

Afirmó que la ciudadanía no está en paz y mucho menos segura, y quedó demostrado con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Inegi, que refiere que 75.9 población considera inseguro vivir en su ciudad.

Asimismo, 75.7 por ciento se siente insegura en el transporte público; 66 por ciento de los encuestados ha sido testigo de algún robo, y 88 por ciento de los hogares han tenido alguna experiencia de hurto o extorsión.

El legislador subrayó que el Informe entrega “cifras alegres que agravian a la sociedad y son palabras vacías. La meta de plan de desarrollo del gobierno saliente se debe considerar no como una asignatura no atendida, sino como no aprobada”.

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) manifestó que “no se puede decir exitosa una administración, cuando la mitad de la población del país vive en miseria absoluta. Son 54.3 millones, los mexicanos que se encuentran en pobreza, de los cuales 9 millones sufren carencia absoluta, sin los mínimos servicios a los que tiene derecho un ciudadano”.

Señaló que la actual administración tiene los peores resultados en materia de seguridad y altos niveles de impunidad. Las prácticas autoritarias permanecen, así como la violación sistemática a los derechos humanos; ejemplo de ello, dijo, es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Afirmó que la violencia en contra de periodistas, los feminicidios y la crisis humanitaria padecida por los menores no acompañados, son algunos de los saldos de la actual administración. La estrategia de seguridad fracasó y “el Ejecutivo reconoce el repunte de la violencia al cierre del sexenio y su incapacidad para alcanzar el objetivo de dar paz y tranquilidad a los mexicanos”.

“Presumen que se neutralizó a 110 de los 122 objetivos relevantes de narcoviolencia, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que en el primer semestre del 2018, se registraron 15 mil 980 asesinatos, cifra más alta en últimas dos décadas”, comentó.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, en voz del diputado Mario Alberto Ramos Tamez, expresó que el Sexto Informe de Gobierno muestra el fracaso del gobierno federal próximo a concluir. Ejemplo de ello, añadió, es que el pasado proceso electoral fue el más violento de la historia de México, tuvo un saldo de 152 políticos asesinados, de los cuales 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular.

Recordó que en 2014 se reformó la Constitución para crear la Fiscalía General de la República con autonomía e independencia para desvincular el ministerio público de la subordinación del Poder Ejecutivo y evitar el uso faccioso de la procuración de justicia; sin embargo, cuatro años después la Fiscalía General en su plena autonomía sigue en el limbo.

“Por ello, la sociedad civil y los diputados de Movimiento Ciudadano, estamos planteando la necesidad de avanzar en el diseño institucional para reformar el artículo 102 Constitucional y crear una Fiscalía que sirva, porque no vamos a acabar con la impunidad, simulación, violencia y miedo, sin una Fiscalía verdaderamente funcional, capaz de tomar decisiones con seriedad y autonomía”, subrayó.

Afirmó que este gobierno convirtió al país en tierra fértil para el crecimiento de organizaciones delictivas que tomaron el control del territorio nacional. “El fracaso del sistema de seguridad y la procuración de justicia no se pueden entender sin señalar que en gran medida la impunidad es propiciada por los gobernantes, pues la falta de autonomía en las procuradurías y fiscalías estatales han permitido que estas instituciones estén al servicio del gobernador o del crimen organizado que los tiene cooptados”.

La diputada del PRD, María Guadalupe Almaguer Pardo, destacó que el combate a la corrupción es uno de los principales anhelos de la ciudadanía y, probablemente, sea el mayor reto del gobierno electo, ya que “el sexenio de Enrique Peña Nieto quedará señalado por escándalos como el de la Casa Blanca, la Estafa Maestra, Odebrecht y el caso de Elba Esther Gordillo”.

Dijo que hoy en día “no hay ni una sola investigación al respecto, tampoco un solo proceso penal o sanción a algún funcionario por tales casos; incluso, el de Odebrecht únicamente causó la destitución del fiscal y el congelamiento de la investigación”.

Asimismo, sostuvo que en el caso de la Estafa Maestra no existe reporte alguno, ni siquiera se sabe de la apertura de alguna carpeta de investigación, a pesar de que se desviaron miles de millones de pesos. “Esto, refuerza nuestra convicción de la imperiosa necesidad de que no exista nunca más un fiscal carnal”.

Ante ello, hizo un llamado al Presidente electo a no buscar salidas fáciles ni engañosas y que su representación legislativa tome las decisiones que beneficien al país. “Ni un fiscal de transición ni uno que dependa del Ejecutivo ayudará a México a superar la grave crisis humanitaria que hoy vivimos, se trata de que iniciemos la construcción de instituciones integras y confiables”, exclamó.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar, del PVEM, aseguró que en materia de corrupción nunca antes hubo una administración que pusiera tras las rejas a funcionarios públicos que violaran la ley, además que hubo un impulso para que el Ejecutivo, junto con los partidos políticos y actores sociales, crearan los Sistemas Nacionales Anticorrupción y de Transparencia.

Otro logro en la materia, continuó, fue la reforma que establece un nuevo régimen legal e institucional para prevenir actos indebidos en el servicio público, el cual también promueve la ética y la honestidad, estableciendo penas para burócratas y particulares que incurran en malos actos.

“Con estas acciones se han sancionado a lo largo del sexenio a más de 46 mil servidores públicos por conductas indebidas, y se han recuperado recursos del erario por más de 10 mil millones de pesos”.

Se dijo a favor de la austeridad para evitar los excesos, pero no para afectar el ingreso justo de profesionales del Estado mexicano, que tienen un nivel de especialización y experiencia que debe ser dignificado a partir de un salario acorde a su responsabilidad y debe determinarse por valores de mercado y no “por capricho”.

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