• La dimisión a cargos públicos de mujeres es una clara manifestación de violencia política, sostienen legisladoras
• En pasadas elecciones, todas las entidades federativas presentaron al menos un caso de violencia política de género

11-09-2018.- La Cámara de Diputados aprobó exhortar al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de Chiapas, a investigar la renuncia de mujeres a cargos de elección popular, ocurrida el pasado 1 de julio, para que sus puestos fueran ocupados por hombres.

Lo anterior, a efecto de cumplir con el mandato constitucional de paridad de género y de respeto a los derechos y prerrogativas electorales de las mujeres, indicó.

Asimismo, los diputados exhortan a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno de Chiapas a solicitar una opinión a ONU Mujeres con respecto a las posibles violaciones de los derechos humanos de las mujeres en la entidad.

El documento destaca que desde que entró en vigor el principio de paridad salieron a la luz pública casos como los de María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, alcaldesas de municipios indígenas de Chiapas que fueron amenazadas y obligadas a renunciar en 2015.

Este fenómeno se agravó en el pasado proceso electoral en el que, 17 candidatas perdieron la vida y todas las entidades federativas presentaron al menos un caso de violencia política de género.

Precisa que en Chiapas, donde al menos 30 candidatas obtuvieron cargos públicos mediante votación popular, renunciaron ante el órgano local electoral, para que un hombre ocupara su puesto, como sucedió en los municipios de Mapastepec y Tuxtla Chico.

Al presentar el punto de acuerdo, la diputada del PRI, Ximena Puente de la Mora, dijo que, desafortunadamente, a medida que aumenta la participación política de las mujeres, también se ha comenzado a visibilizar el fenómeno de la violencia política electoral por razones de género.

Este fenómeno, sostuvo, impacta de manera directa los derechos humanos de las mujeres, específicamente los cívicos y políticos, como el de ejercer su voto y participar de manera libre en la vida política del país.

Comentó que la paridad de género que se estableció en la Constitución es una acción que permite garantizar las condiciones de igualdad que posibilitan que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres a acceder a las funciones públicas de México.

En este sentido, enfatizó, la renuncia de candidatas electas en Chiapas “es una violación clara a los derechos humanos de las mujeres, toda vez que los cargos están siendo ocupados por hombres, lo cual vulnera lo que consagran las leyes en la materia, respecto a garantizar la participación en igualdad de condiciones”.

“Si bien respetaron las reglas de la paridad en el marco de las elecciones, el derecho se vulneró al momento de iniciar el cargo, lo cual revela la discriminación que la mujer continúa viviendo”, afirmó.

La diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM) afirmó no estar de acuerdo, “bajo ninguna circunstancia, con cualquier manifestación en contra de las mujeres y sus derechos a una vida plena y sin violencia” y se pronunció por impulsar acciones necesarias, a fin de asegurar que la igualdad de género se alcance en la vida política y que no sea solo formal, sino “que la letra cobre vida y sea sustantiva”.

Añadió que se deben garantizar las mismas posibilidades que los hombres para que las mujeres accedan a espacios de toma de decisiones que afectan sus comunidades y las vidas de sus familias. Se pronunció por tomar medidas para evitar que las mujeres sean presionadas a abandonar los espacios ganados de acuerdo a las leyes y con el apoyo de los ciudadanos.

Por el PRD, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, subrayó que todos los logros que hoy tienen las mujeres han sido por su empuje y “no es regalo, no es una concesión, no es el resultado del esfuerzo de un partido político, sino de todas las que desde hace más de tres décadas hemos luchado en todas las trincheras dentro y fuera de los partidos para alcanzar las cuotas hasta llegar a la paridad”.

Las mujeres de Chiapas “no están solas y, de ninguna manera, vamos a permitir que en este 2018 donde hemos alcanzado el 43 por ciento en la Cámara de Diputados, hoy en un estado se violenten los derechos políticos de las mujeres. No más simulaciones, no más torcer la ley, no más torcer la Constitución. Vamos a exigir que se cumpla la paridad”, expresó.

La diputada Fabiola Loya Hernández (MC), afirmó que sin mujeres no hay democracia y el caso de las 43 electas en Chiapas, sólo es la punta del iceberg de la violencia de género que existe en nuestro país y, este caso, “no puede pasarse por alto ni puede quedar impune”. En la construcción de una sociedad democrática, no puede haber cabida para acciones que vayan en sentido contrario a los principios de igualdad y no discriminación.

Se pronunció a favor del punto de acuerdo y pidió emitir medidas cautelares necesarias para proteger los derechos políticos de las afectadas; realizar todas las investigaciones pertinentes que esclarezcan las presiones ejercidas contra de ellas y, en su caso, sancionar a los responsables.

Del PT, la diputada Maricruz Roblero Gordillo, señaló que la paridad de género sintetiza la lucha de las mujeres a lo largo de muchos años para obtener el pleno reconocimiento de sus derechos políticos. Asimismo, lograr la plena igualdad en los ámbitos laborales, académico y de todo tipo.

Las mujeres en el país conformamos más del 52 por ciento de la población nacional y tenemos capacidad e inteligencia para cumplir con los compromisos del pueblo. Por ello, “repudio la práctica que se ha dado en Chiapas en la cual mujeres que han sido electas para distintos cargos de elección popular, han sido obligadas a renunciar con el propósito de que hombres se hagan cargo de dicho puesto”.

Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) afirmó que es indignante que las instituciones políticas sean manipuladas para violentar los derechos políticos de las mujeres, por ello, agregó, “el Partido Encuentro Social reprueba que se siga prevaleciendo el interés de grupos políticos que asumen que los hombres deben ocupar cargos de elección popular, ejerciendo violencia política”.

Sería humillante y triste que el Poder Legislativo deje pasar este tema que daña gravemente la democracia del país y los derechos humanos de las mujeres, y exigió al INE y a la CNDH, investigar y sancionar a partidos políticos y sus dirigentes que resulten responsables.

La diputada del PRI, Frinne Azuara Yarzabal demandó a todos los partidos políticos “no recurrir a simulaciones, respetar la paridad de género, proteger los derechos de las mujeres y hacer respetar la voluntad popular”, que eligió a mujeres a cargos públicos. Apuntó que la violencia política se intensificó con la incorporación de la paridad de género en la Constitución.

Llamó a redoblar esfuerzos para mejorar el marco legal y castigar la violencia política que sufren, principal obstáculo que detiene el avance de la democracia porque restringe un trato igualitario en el ejercicio del poder y la toma de decisiones. El reto es combatir este fenómeno en varios frentes porque conjunta la vía cultural, penal, política y electoral.

Del PAN, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez afirmó que “los acuerdos políticos no pueden estar por encima de los principios constitucionales de paridad de género. Es indignante que más de 40 mujeres en Chiapas hayan renunciado a cargos de representación popular a los que fueron electas en ayuntamientos y diputaciones locales, para que los puestos sean ocupados por hombres. Levantamos la voz para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir.

Pidió tomar las medidas necesarias para evitar repetir estos hechos, y para que la violencia política por razón de género se sancione. “No somos juanitas ni manuelitas, somos mujeres con derechos. Ni un paso atrás”. Es momento de combatir las resistencias que de forma velada o abierta, desean revertir los avances a favor del reconocimiento y ejercicio del derecho de las mujeres, lograrlo es responsabilidad de todos no tiene filiación política.

La diputada Lorena Cuéllar Cisneros (Morena), destacó que es vergonzoso que exista este sistema de control que a pesar de dar una cara de equidad, “da la puñalada y hace lo contario”. Por ello, se pronunció por elaborar un andamiaje jurídico sólido en el tema de violencia política de género para dotar a las autoridades de elementos que garanticen la gobernabilidad democrática.

Sólo las mujeres, afirmó, pueden detener estas transgresiones políticas, “no permitiendo que violen nuestros derechos ni que pisoteen nuestra dignidad e inteligencia. Paremos esta falta de respeto. De no hacerlo, vendrán otras víctimas que inclusive pueden perder la vida. Cada una tiene la gran responsabilidad de no permitir por ningún motivo cualquier tipo de violencia y en cada una de nosotras está denunciar y velar por erradicar estas prácticas irracionales”.

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