20-09-2018.- Durante la sesión de hoy, diputados de los distintos grupos parlamentarios presentaron ante el Pleno 24 iniciativas que buscan beneficios a la ciudadanía en materia de programas sociales, atención de la violencia escolar, elección sindical, seguridad interior, medio ambiente, entre otros temas.

Expedir Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas

El diputado Armando Contreras Castillo (Morena) presentó iniciativa que expide la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, con la que se establecería el derecho de estos ciudadanos de ser consultados a través de sus instituciones y autoridades representativas, cuando el Estado prevea medidas legislativas o administrativas que los puedan afectar o los perturben directamente en sus derechos e intereses.

Los sujetos de consulta serían pueblos y comunidades indígenas, así como grupos afromexicanos que residen en el país en zonas urbanas o rurales, distintas a las de su origen. El propósito es lograr el consentimiento previo, libre e informado a través de acuerdos respecto a la ejecución de obra pública, expropiación de tierras, otorgamiento de concesiones y permisos, programas sectoriales o especiales de atención a los pueblos y comunidades indígenas.

Se excluyen de la consulta las acciones emergentes de combate a epidemias y de auxilio por desastres, así como las Leyes de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Además, se establecen procedimientos de la consulta, garantizando mecanismos de difusión en todas las etapas de la misma. Fue enviada a las comisiones de Gobernación y la de Asuntos Indígenas, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Apoyar en trámites a beneficiarios de programas sociales

Del PAN, la diputada Sonia Rocha Acosta, planteó reformar el artículo 10 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de precisar como un derecho de los beneficiarios de los programas sociales, el recibir ayuda para su incorporación a éstos planes, principalmente en el llenado de solicitudes y trámites de afiliación al padrón.

Indicó que los beneficiarios son personas en condiciones de pobreza y en muchas ocasiones las Reglas de Operación no son lo suficientemente claras para su entendimiento. De ahí que sea necesario evitar requisitos y documentos que compliquen el trámite para el ciudadano o que pueden generar costos gravosos para los solicitantes como son las copias certificadas o constancias de residencia ante las autoridades administrativas, que no son gratuitas.

Las políticas sociales deben ser un instrumento de fácil acceso, trámites sencillos y gratuitos para las personas más necesitadas de obtener beneficios a través de los programas para el desarrollo social. Se canalizó a la Comisión de este ramo.

Implementar programas de orientación vocacional y tutorías

A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se mandó la iniciativa de la diputada Irma María Terán Villalobos (PRI), que adiciona el artículo 14 de la Ley General de Educación, para desarrollar programas de orientación vocacional y tutorías, a fin de apoyar la elección académica y profesional de los estudiantes de secundaria y de enseñanza medio superior.

Estas medidas permitirán ponderar los gustos e intereses de los alumnos, así como habilidades y competencias, aspectos de personalidad, la oferta académica, la dinámica profesional y el campo laboral. “Es primordial instrumentar modelos efectivos de orientación profesional-vocacional, lo que significaría no sólo un ahorro en tiempo, recursos y esfuerzos, sino evitará frustraciones provocadas por la elección equivocada de la carrera”.

Según la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo 2017-2018, un millón 372 mil jóvenes que concluyeron su educación media superior no ingresaron al nivel superior. “Debemos poner énfasis en que estos jóvenes se están enfrentando a un mercado laboral muy competitivo y un alto porcentaje habría de ampliarse en trabajos con una remuneración baja, o bien, caer en el desempleo y optar por actividades delincuenciales”.

Prevención y atención de la violencia en el entorno escolar

La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina (PES) presentó iniciativa que modifica el artículo 14 de la Ley General de Educación, con la intención de facultar a las autoridades educativas federal y locales para capacitar, fomentar y promover lineamientos de participación y seguimiento en la prevención y atención de la violencia en el entorno escolar.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México se sitúa en el primer lugar mundial en acoso escolar en la educación secundaria. Siete de cada 10 niños en este nivel afirman haber sufrido alguna agresión. La Cepal informa que el 11 por ciento de los estudiantes mexicanos de primaria aceptan haber robado o amenazado a algún compañero.

La intención es adoptar la capacitación de los maestros como principal herramienta de trabajo para reducir el acoso escolar. “Hay que prevenir el maltrato en la aulas, a través de acciones, proyectos y programas que fomenten una cultura de paz. Ha llegado el momento de combatir el bullying”. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Reformas en materia de elección sindical

Por el PT, el diputado José Luis Montalvo Luna planteó reformas al artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo, para garantizar que la elección de directivas sindicales y sus miembros, sea de manera personal, libre, directa y secreta, y así fortalecer la representatividad y fomentar la rendición de cuentas sobre cuestiones relativas a los registros de las organizaciones, los contratos colectivos y reglamentos de trabajo.

Con esta medida, afirmó, se garantiza una efectiva democracia sindical y contribuye al combate de prácticas autoritarias que inhiben la libre participación de los trabajadores en la vida interna de sus sindicatos y la defensa de sus derechos laborales. “Buscamos que no haya espacio para la discrecionalidad y que se terminen las prácticas de voto a mano alzada”.

Expuso que al contar con una auténtica representatividad, las dirigencias sindicales podrán responder a las demandas de los trabajadores y serán defensores de los logros históricos del sindicalismo. Además, las modificaciones armonizan la Ley Federal del Trabajo con lo establecido en el artículo 123 de la Constitución. Fue remitida a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Proponen abrogar la Ley de Seguridad Interior

La diputada Ana Priscila González García (MC) presentó iniciativa que abroga la Ley de Seguridad Interior, toda vez que la actual invade esferas de competencia de las fuerzas de seguridad estatales, pues basta que el Presidente de la República autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas Federales, Ejercito, Marina Armada y Policía Federal, sin que medie la solicitud del gobierno estatal.

La legisladora señaló que este ordenamiento es un incentivo perverso para que las instituciones civiles de seguridad de los tres órdenes de gobierno no mejoren sus capacidades de sus policías y sus instituciones civiles de seguridad, particularmente en los municipios y entidades federativas y recurran sistemáticamente a la intervención de las Fuerzas Armadas.

A su vez, propone que el Congreso elabore y apruebe la reforma para el fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de seguridad, considerando esquemas de coordinación efectivos, modelos de mando mixto coordinados, mecanismos de capacitación, evaluación y mejora continua de las instituciones de seguridad pública, así como determinar que “el Ejecutivo ejecute un programa calendarizado para el regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales”. Se turnó a la Comisión de Gobernación.

Proponen reformar Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

Se remitió a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, iniciativa del diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), la cual reforma los artículos 19, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin que el Ejecutivo federal pueda autorizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de Egresos, con cargo a los excedentes, siempre y cuando no rebasen el 10 por ciento del total de la unidad o dependencia.

Además, establece que los ingresos excedentes también se destinarán en un cinco por ciento al Fondo Regional para infraestructura y en un 60 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, mismo que se sujetará a las reglas de operación, de transparencia y rendición de cuentas, que expida el Congreso de la Unión.

Estipula que en caso de que las adecuaciones presupuestarias sean mayores al 10 por ciento del presupuesto total del ramo de una unidad, y provengan de ingresos excedentes, la Secretaría de Hacienda deberá presentar un informe pormenorizado a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Púbica, el cual deberá contener las motivaciones de esta autorización, así como el monto, plazos, operadores.

Utilizar residuos urbanos orgánicos e inorgánicos para producción de energía eléctrica

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) dio a conocer iniciativa reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, con el propósito de estipular la obligación de utilizar los residuos urbanos orgánicos e inorgánicos para la producción de energía eléctrica.

La propuesta enviada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales sostiene que en 2015, México generó 53.1 millones de toneladas de residuos, lo cual representó un aumento del 61.2 por ciento con respecto al volumen generado en el año 2003, es decir, que diariamente se producen 145 mil 479 toneladas de basura.

Afirmó que esta adecuación es fundamental, ya que el país se comprometió a reducir en el año 2030 la emisión de 13.35 millones de toneladas de dióxido de carbono por captura y quema de biogás en rellenos sanitarios, y la mitigación de 0.65 millones de toneladas de dióxido de carbono evitando la quema de residuos a cielo abierto, por lo que se debe trabajar en fomentar la recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos.

Estado debe promover acciones para crecimiento económico sostenido y sustentable de municipios

Se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales iniciativa del diputado Irineo Molina Espinoza (Morena), la cual plantea modificar el artículo 115 de la Constitución Política, a fin de que el Estado realice acciones para promover un crecimiento económico sostenido y sustentable de los municipios, reforzando el apoyo a aquellos en donde exista mayor rezago o con altos índices de pobreza y marginación.

El legislador refirió que estas adecuaciones normativas permitirán sentar las bases para fortalecer al municipio como figura político-administrativa, reconociendo la pluralidad cultural, la organización social, la regionalización territorial, el crecimiento demográfico y demás factores que inciden en el desarrollo y el bienestar social.

“Para alcanzar un Estado sólido, es fundamental garantizar la justicia social que demanda nuestro pueblo, impulsando el crecimiento económico sostenido y sustentable en cada uno de los municipios del país, especialmente en aquellos donde exista una mayor pobreza o un bajo índice de desarrollo humano”, expresó el diputado.

Combatir compraventa de artículos robados

Para combatir el mercado de compraventa de artículos robados, el diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) propuso sancionar a quien compre lo robado sin cerciorarse de su legítima procedencia, con el propósito de frenar este delito, cuyo aumento se debe a la impunidad en el sistema y a no permitir la prisión preventiva. Apuntó que la demanda ciudadana prioritaria es atender la inseguridad que prevalece en el país.

Por ello, presentó iniciativa para reformar el artículo 400, fracción I, y adicionar un tercer párrafo a la misma, del Código Penal Federal, para establecer que el comprador tome las precauciones indispensables, verifique y constate la legítima procedencia de los productos que adquiere, mediante su acreditación con el documento idóneo que señale las características que identifiquen el bien mueble.

El documento deberá cumplir con las disposiciones legales y fiscales vigentes en el momento de su expedición, precisó. Con ello, aseguró que se combatirá el mercado de compraventa de lo robado. “Cerremos este mercado”, convocó. La propuesta se turnó a la Comisión de Justicia para dictamen.

Propone diputada Herrera Anzaldo sancionar construcciones irregulares

La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, presentó iniciativa que adiciona el artículo 420 Quinquies, del Código Penal Federal para establecer que se impondrá pena de dos a 10 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa a quien autorice, ordene, construya, edifique y realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reserva ecológica o en áreas no aptas, de acuerdo con el análisis de riesgo elaborado por la autoridad competente.

Asimismo, a quien lleve a cabo dichas acciones sin contar con la autorización de impacto ambiental; no realice el análisis de riesgo o no cumpla las medidas técnicas correctivas, de prevención o de seguridad necesarias para evitar el daño que la autoridad administrativa o judicial ordene o imponga. También, al que asiente datos falsos en documentos, a fin de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad federal.

La legisladora detalló que, además de las penas previstas, se impondrá la privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, al servidor púbico que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice cualesquiera de las acciones señaladas.

Declarar 3 de febrero como “Día Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas”

El diputado Armando González Escoto (PES) pidió declarar el 3 de febrero de cada año como "Día Nacional de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas". El legislador dijo que la instauración de esa fecha tiene como objetivo realizar actividades para sensibilizar a la opinión pública respecto a una problemática sin resolver, un “asunto importante y pendiente en el país”.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Gobernación, cita que la realización de campañas de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas, coadyuvará en la reconstrucción del tejido social y la pacífica convivencia. Estas campañas de prevención deben de reconocer a las personas consumidoras como sujetos del derecho humano a la protección a la salud, por parte del Estado mexicano.

“Encuentro Social está comprometido con la cuarta transformación que busca la reconciliación y pacificación del país; transformación que implica llevar servicios de salud de calidad a las personas que tienen problemas con el consumo de sustancias psicoactivas, transformación que entiende que más vale prevenir que combatir”, afirmó.

Prohibir uso de colores de la Bandera

Con el fin de prohibir que personas físicas, instituciones, partidos o asociaciones políticas usen los colores de la Bandera, la diputada Ana Gabriela Guevara Espinoza (PT) presentó una iniciativa que reforma los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 32 Bis de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional.

El documento, turnado a las comisiones de Puntos Constitucionales, para dictamen, y Gobernación, para opinión, establece que no se podrá usar la Bandera Nacional para promover imagen, bienes o servicios; también queda prohibido el uso simultáneo de los tres colores de la Bandera Nacional, en cualquier combinación y composición, en sus emblemas, distintivos y símbolos en general.

La legisladora dijo que su propuesta tiene consenso, sentido y la intención de proponer una demanda histórica y convertirla en un mandato constitucional. “Como legisladora del Partido del Trabajo y en alianza con el partido Morena y Encuentro Social, pretendemos refrendar la legítima aspiración a que los colores patrios no sean usados con intención electoral, con pretensión de identidad de un partido con la bandera o los códigos aprobados para el gobierno federal en turno”.

Reformar artículo 108 constitucional sobre responsabilidades de servidores públicos

El legislador Jorge Alcibíades García Lara (MC) planteó modificar el artículo 108 de la Constitución Política, con el fin de agregar a quienes forman parte de los grupos de transición de los gobiernos federal, estatal y municipal, para que presenten, bajo protesta de decir verdad, su declaración fiscal, patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que determine la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La iniciativa señala que también quedan obligados los directivos de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, de partidos políticos nacionales y locales; candidatos propietarios y suplentes a puestos de elección popular y todas las personas y entidades que reciban y/o tengan a su cargo la administración y manejo de fondos y recursos públicos federales, estatales o municipales.

El diputado dijo que debe enriquecerse el Sistema Nacional Anticorrupción con un sólido soporte constitucional, porque sólo desde la ley se podrá allanar el camino para cubrir los huecos que quedaron en las leyes que dan forma al propio sistema. Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Proponen eliminar impuesto a combustibles

La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez (PRD) planteó diversos cambios a las leyes de los impuestos Especial sobre Producción y Servicios, y al Valor Agregado, así como al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de que eliminar el IEPS a los combustibles y castigar de forma más severa las actividades que afectan la distribución de este energético.

La iniciativa deroga la fracción D, así como los numerales 3 y 5 de la fracción H, del artículo 2 y 2 A de la Ley del IEPS, para que no se aplique ninguna tasa y cuota a los combustibles. También se adiciona el inciso j a la fracción I del artículo 2 A de la Ley del IVA, a fin de se calcule aplicando la tasa del cero por ciento, cuando se realicen actos o actividades de enajenación de combustibles automotrices de gasolina menor a 92 octanos y diésel.

Del mismo modo, se adiciona el inciso XII al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se considere como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos. Se envió a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.

Aumentar sanción por delito en materia de hidrocarburos

En su turno, la diputada Beatriz Manrique Guevara (PVEM) presentó una iniciativa para reformar el artículo 20 de la Ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, con el objetivo de aumentar hasta en una mitad la sanción que corresponda, por el ilícito de que se trate, a quien cometa dolosamente algunas de las conductas asociadas al robo de combustible y que ello provoque un daño a la vida e integridad corporal de las personas.

Resaltó que el robo de combustible en nuestro país es muy grave y se requieren penas más severas que contribuyan a inhibir la comisión de este delito, “porque no es sólo la economía, tampoco es sólo el medio ambiente. Cada vez son más las vidas que están en riesgo ante el descontrol de este delito”.

Miles de personas están expuestas a los graves riesgos derivados de incendios y explosiones por la ordeña ilícita de los ductos que transportan combustibles. Se requieren modificaciones legales, “poner un alto a la impunidad, verdadera razón por la cual el problema sigue creciendo, y literalmente nos ha explotado en la cara al país”. Se canalizó a la Comisión de Justicia.

Nuevas tecnologías para actividades empresariales de las Pyme

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) planteó cambios a los artículos 4 y 10 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de fomentar la inversión de capital privado para el desarrollo de la producción empresarial que mejore la rentabilidad en las Pymes consolidando su producción y competitividad a nivel nacional e internacional.

La iniciativa señala que la planeación y ejecución de las políticas y acciones de fomento de las Mipymes, deberá atender los criterios de promover la capacitación para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, con el objetivo de impulsar la producción y la competitividad en las regiones del país.

Asimismo, proponer en coordinación con las dependencias de la Administración Pública Federal, entidades federativas y municipios, programas para la aplicación de tecnologías de la información y comunicación en la actividad empresarial de la micro, pequeña y mediana empresas. Se remitió a la Comisión de Competitividad.

Expedir Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas

La diputada Mariana García Rojas (PAN) presentó iniciativa para expedir la Ley General de Entrega-Recepción de Recursos en las Administraciones Públicas, a fin de que esos procesos se realicen con calidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.

La norma establece que las transiciones deberán hacerse por escrito y mediante acta administrativa. “Se trata de no dejarlo como un acto de buena voluntad, y optar por erradicar prácticas como la desaparición física y digital de información sustantiva”.

Esta ley, dijo, es una herramienta que dará certidumbre a cualquier alcalde, gobernador o servidor público que reciba algún encargo, ya que representa un cimiento de confianza. La propuesta se turnó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción para dictamen.

Mejorar esquema tarifario para energía eléctrica en el sur-sureste

Del PRI, el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño planteó reformar los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de la Industria Eléctrica, para asegurar un esquema tarifario asequible que garantice precios justos por ese servicio en la región sur sureste del país.

La iniciativa, enviada a la Comisión de Energía para su dictamen, destaca la desigualdad que persiste en las distintas zonas del territorio nacional, pues 21 millones de personas en pobreza, viven en los ocho estados del sur sureste de México.

El legislador resaltó la necesidad de garantizar la igualdad de crecimiento a todas las entidades; por ello, se debe cambiar el esquema de tarifas eléctricas de consumo doméstico y permitir que estados como Campeche, paguen menos por el servicio.

Garantizar funcionamiento de sistemas de monitoreo del aire

Ernesto Vargas Contreras, diputado del PES, presentó iniciativa para reformar el artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con el propósito de garantizar el funcionamiento de los sistemas de monitoreo de calidad del aire.

Precisó que existen denuncias de asociaciones civiles que aseguran la permanencia de metales pesados en el ambiente, por lo que resulta indispensable “tener la lectura correcta de lo que respiramos todos días”.

“Vamos tarde en leyes que frenen a empresas irresponsables que atentan contra nuestros ecosistemas. Tenemos la obligación de cuidar la Tierra y sus entornos”. Su propuesta se turnó a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Proponen que organizaciones de la sociedad civil formen parte de la Reunión Nacional de Cultura

La diputada María Teresa Marú Mejía (PT) presentó una iniciativa para reformar los artículos 31, 35 y 38 de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, con el objetivo de que las organizaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales formen parte de la Reunión Nacional de Cultura.

Asimismo, se establece que deberán participar representantes de agrupaciones y/o asociaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales, una por cada estado de la República y de la Ciudad de México, procurando que se representen las diversas disciplinas artísticas.

La Secretaría de Cultura realizará un registro nacional de las organizaciones de la sociedad civil y/o fundaciones culturales, otorgándoles apoyos económicos y estímulos públicos para el cumplimiento de actividades de fomento y difusión de la cultura, de acuerdo a los requisitos que se establezcan en el reglamento respectivo. Se mandó a la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Sanciones severas a quien cometa delito contra servidor público encargado de procurar justicia

De MC, la diputada Carmen Julia Prudencio González planteó reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal, a fin de que se aplique de dos a doce años de prisión, además de la sanción que corresponda, a quien cometa un delito en contra de un servidor público encargado de la prevención y persecución del delito y procuración de justicia en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas.

Las agresiones que sufren estos servidores públicos se han incrementado y su incidencia representa una problemática en el ejercicio de sus actividades, al ser estas consideradas de alto riesgo, en donde permanentemente ellos y sus familias pueden perder la vida, sufrir lesiones o ser privados de su libertad; por lo que se considera necesario sancionar de manera ejemplar estos supuestos.

Es importante dejar claro que los delitos cometidos contra servidores públicos encargados de prevenir y perseguir el delito y procuración de justicia en el desempeño de sus funciones, serán sancionados de manera más severa. Esta propuesta, dijo, es sólo un primer paso para mejorar las condiciones laborales, lo cual tendrá como resultado un mayor compromiso de su parte con su actividad profesional. Se envió a la Comisión de Justicia.

Reducir ISR a personas morales que promuevan nuevos y mejores empleos

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez, del PRD, propuso modificar el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para reducir este gravamen a las personas morales, permitiendo promover el aumento de la inversión privada nacional y extranjera para la generación de nuevos y mejores empleos.

Se establece que las personas morales certificadas como sustentables o ecológicas a través de universidades o escuelas de educación superior con estudios de reconocimiento oficial y calificadoras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otorguen un aumento salarial a todos sus trabajadores en el año fiscal siguiente al que se calcula el ISR equivalente al aumento de la productividad que informen a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, podrán calcular dicho impuesto, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa de 24 por ciento.

La legisladora subrayó que “es tiempo de combatir los privilegios fiscales y la evasión de impuestos e incentivar a las empresas a cumplir con metas vinculadas a la sustentabilidad y el aumento de salarios para que los beneficios sean en pro de la sociedad”. Se canalizó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Impartir de manera obligatoria materia de educación ambiental

La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) presentó iniciativa que modifica la fracción XI del artículo 7 de la Ley General de Educación, para agregar que se debe impartir de manera obligatoria la materia de educación ambiental, dentro de los contenidos y programas educativos, herramienta necesaria para desarrollar conocimientos básicos en el factor ambiental.

La educación ambiental está dirigida a la construcción del conocimiento y su comunicación, representa un reto importante para el educador que debe desarrollar las mejores técnicas pedagógicas para que los estudiantes logren relacionar nuevos conocimientos con aquellos que ya tienen y no habían sido apreciados como parte de una cultura ambiental.

Al paso de las décadas, el daño y deterioro de nuestros ecosistemas se tornan mucho más graves y urgentes de atender, debido al acelerado crecimiento poblacional que trae consigo el crecimiento de las zonas urbanas y por ende la desaparición de espacios verdes, así como el aumento en la generación de residuos y contaminantes. Se turnó a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Comunicaciones

Se mandó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la iniciativa del senador Juan Manuel Fócil Pérez (PRD), que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, para establecer que el gobierno de la República determinará eliminar el adeudo histórico por concepto de energía eléctrica en Tabasco, estableciendo a consideración científica la reclasificación de tarifa a 1 F, así como la implementación del “Programa de Transición Energética Doméstica”.

Este programa prevé, una vez que se haya condonado la deuda y reclasificado la tarifa, dar créditos a los usuarios para la adquisición de productos que coadyuven al ahorro y eficiencia de la energía eléctrica que consumen en sus hogares, lo cual complementa una estrategia integral pensada en el beneficio de los habitantes tabasqueños que incluye la condonación, la reclasificación y un mecanismo de ahorro.

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