25-09-2018.- La Cámara de Diputados se pronunció por que las autoridades de los tres niveles de gobierno garanticen, en el ámbito de su competencia, los derechos de los familiares de personas desaparecidas a la justicia y a la reparación del daño.

También, planteó que den a conocer en todo momento los resultados de las investigaciones y la verdad de los hechos, de conformidad con la Constitución Política y en los Tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte.

El acuerdo de la Junta Coordinación Política (Jucopo) exhorta a las autoridades federales, locales y municipales a que, bajo los esquemas de colaboración establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, realicen las acciones conducentes en las entidades y municipios que presenten un número significativo de desapariciones de personas y de personas fallecidas no identificadas, así como ante los recientes acontecimientos en el estado de Jalisco.

Pide a las 32 entidades federativas a que en el marco de sus atribuciones hagan pública la información que sea posible, respecto del número, depósito, preservación, traslado y registro de los cadáveres no identificados y no reclamados bajo su resguardo, en los términos de cooperación establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Previamente, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, informó que a solicitud del diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), la Mesa Directiva, en reunión el día de mañana, a las 10:00 horas, analizará lo referente al cumplimiento del artículo 126 del Reglamento de la Cámara de Diputados por parte del secretario de Desarrollo Social.

Esta Mesa Directiva recoge la petición del diputado Fernández Noroña, a la cual se sumaron varias diputadas y diputados, y se analizará en el marco de lo dispuesto en el artículo 20, numeral 2 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en consulta, o tomando en consideración la opinión de la Junta de Coordinación Política, a efecto de determinar un procedimiento a seguir en relación a lo que dispone el Reglamento de esta Cámara, en su artículo 126, precisó Padierna Luna.

El citado artículo, que fue leído en el Pleno, señala: “Cuando alguno de los servidores públicos a que hacen alusión los artículos 69 y 93 constitucionales no acuda a la Cámara o no conteste satisfactoriamente los cuestionamientos y dudas de los diputados y diputadas, éstos podrán solicitar al presidente de la Mesa Directiva, que se dirija en queja al Titular del Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo a lo dispuesto por la ley, respecto a las comparecencias de los servidores públicos”.

Después, se levantó la sesión y se citó para la que tendrá lugar el jueves 27 de septiembre, a las 11:00 horas.

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