03-04-2019.- La Comisión de Hacienda y Crédito Público, presidida por la diputada Patricia Terrazas Baca, aprobó con 21 votos, el acuerdo por el que se ratifica a María de los Ángeles Jasso Cisneros, como administradora general jurídica del Servicio de Administración Tributaria (SAT), en su calidad de empleado superior de Hacienda.

El documento se turnó a la Junta de Coordinación Política, en términos del propio acuerdo, y obedece a la facultad que la fracción III del artículo 74 de la Constitución Política le otorga a la Cámara de Diputados.

Por su parte, María de los Ángeles Jasso Cisneros subrayó que en materia de corrupción “lo que menos queremos es que se tomen decisiones de manera discrecional; promovemos un sistema jurídico en donde todo sea medible y tenga indicadores para tener mayor control, porque entre menos facultades dejemos a los servidores públicos, se bajará el índice de corrupción”.

Como parte del combate a la corrupción, continuó, se han ido individualizando los agravios encontrados y se les ha dado seguimiento pertinente. “El trabajo se realiza de manera coordinada con las entidades federativas; además llevamos a cabo leyes modelo para que la recaudación de cada uno de los estados se vea beneficiada”.

Continuaremos la lucha de actos deshonestos, comenzando por detectar dónde están sucediendo. Mencionó que de manera recurrente “perdemos juicios porque no se entregan notificaciones o no se corrigió un formato”.

Otro punto importante, dijo, es modificar marcos legales en torno a operaciones simuladas, a fin de aplicar de mejor forma las facultades del SAT. “En este tema requeriremos el apoyo de los legisladores”.

Respecto a simplificación de trámites, apuntó, es imperante que las reglas del SAT sean entendibles. “Buscamos un lenguaje más cercano al ciudadano y que su cumplimiento sea efectivo”.

Explicó que hoy en día el cumplimiento ante el SAT es mucho más sencillo, además que el padrón de contribuyentes se ha incrementado. “Lo que se busca en el SAT es acercarse a los emprendedores y mostrarles que hay una cultura de fiscalización, de pago de impuestos y que no les dé miedo este tipo de regímenes, que más bien otorgan beneficios hasta por diez años”.

El objetivo de esta dirección, afirmó, es la emisión de lineamientos claros respecto de qué y cómo deben cumplirse las normas. Añadió que se elabora un proyecto de reglamento interior del SAT para ponerlo a aprobación de la Procuraduría Fiscal de la Consejería y, posteriormente, del Presidente de la República.

Al emitir interrogantes, el diputado Carlos Alberto Puentes Salas (PVEM) pidió saber cómo se pretende mejorar la recaudación del país e impulsar a las entidades que menos recolectan para que lo hagan, pero sin afectar sus participaciones federales.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD), secretario de esta Comisión, indicó que hay más de 1.6 millones de contribuyentes con créditos que deben ser recuperados, y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que no se conocerían los datos personales de quiénes eran, “hay billones de pesos que se pueden recuperar de los viejos contribuyentes con créditos fiscales”, por lo que preguntó si hay un plan para ello.

El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla (MC) dijo que la evasión fiscal en 2016 representó poco más de 510 mil millones de pesos, por lo que preguntó si se tiene un diagnóstico de las causas jurídicas de la evasión y por qué se ha presentado históricamente de esta manera tan relevante y cuáles medidas implantaría para que disminuya. Preguntó qué medidas de promoción se tienen para fomentar la formalidad y cómo se mejorará el indicador de los juicios ganados por el SAT.

En tanto, la diputada Adriana Lozano Rodríguez (PES) comentó que un grupo importante de contribuyentes acuden con frecuencia a esta administración para solicitar la autorización de donatarias autorizadas y el trámite resulta complejo realizarlo “aparte de que el SAT lo extiende de una manera inaudita”, por lo que consideró importante revisar este tema.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal (PRI) expresó su convicción por fortalecer al SAT, a fin de que responda a los intereses de todos los mexicanos. Pidió la opinión de la funcionaria sobre las principales problemáticas y retos que enfrenta la administración tributaria del país y qué alternativas propondrán para atender esta situación. Asimismo, qué buenas prácticas internacionales conoce, qué hallazgos pueden ser de utilidad para México y cuáles cambios sugiere a fin de controlar la evasión en todos los ámbitos.

Cecilia Anunciación Patrón Laviada, diputada del PAN, externó su preocupación ante los indicadores presentados por la Secretaría de Hacienda e interrogó sobre el plan de acción para evitar la enorme corrupción en el sistema aduanero, la estrategia jurídica ante la caída de la recaudación fiscal, las áreas de oportunidad o lagunas en la legislación aduanera y fiscal respecto de la simplificación de trámites y cómo se hará llegar los conocimientos a la población sobre los riesgos al no cumplir con los requerimientos del SAT.

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona (Morena) resaltó que la emisión de resoluciones ajustadas a derecho reflejará una nueva administración pública para México. Afirmó que la salvaguarda de los derechos de los contribuyentes no se ha podido consolidar, a pesar de la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, “en virtud de que las autoridades los priorizan y generalizan como incumplidores del pago de los impuestos”.

En su intervención inicial, María de los Ángeles Jasso Cisneros, destacó que su objetivo es que el SAT mantenga su alto nivel de servicio, porque “queremos que los contribuyentes noten una simplificación y facilitación de sus trámites fiscales”.

El planteamiento, continuó, es contribuir a la eficiencia recaudatoria, a través de un sistema normativo y entendiendo al área jurídica del SAT como el eje garante de la legalidad, prevención y defensa de la correcta recaudación y combate a la impunidad.

“El contribuyente debe ser escuchado para ayudarle a cumplir con sus obligaciones, con trámites ágiles, seguros y transparentes. Asimismo, tener los delitos fiscales muy bien monitoreados, a fin de evitarlos y consolidar el área como soporte del SAT.

Agregó que se buscará trabajar en forma coordinada con la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República. “El planteamiento es ayudar al que se porte bien, pero iniciar acciones penales contra quien cometa delitos”.

Explicó que a su llegada al SAT se encontró con 11 mil recursos de revocación en 2018, de los cuales el 77 por ciento resultaron favorables; es decir, es un recurso que ha ido a la baja.

Además, hubo 18 mil sentencias de juicios de nulidad en 2018, con 8 mil de ellas favorables, lo que significó un saldo a favor de 108 millones de pesos de 145 en total. “Hay alta eficiencia en la administración jurídica del SAT y por eso la propuesta es que esta área ayude en el proceso de recaudación, mediante juicios de fondo”.

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