09-04-2019.- La C谩mara de Diputados aprob贸 con 450 votos, el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, a fin de establecer mecanismos que coadyuven en la prevenci贸n y combate de estos il铆citos.

El documento, remitido al Senado de la Rep煤blica para sus efectos constitucionales, precisa que en casos de presunci贸n de la comisi贸n de un delito por un franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor se le impondr谩 como sanci贸n el decomiso en los t茅rminos del C贸digo Nacional de Procedimientos Penales, as铆 como la inhabilitaci贸n para solicitar un nuevo permiso para la realizaci贸n de la actividad objeto de la sanci贸n por un periodo que no ser谩 menor de tres meses ni mayor de 15 a帽os.

Si el sujeto activo no es franquiciatario, asignatario, contratista, permisionario o distribuidor se le impondr谩 como sanci贸n la inhabilitaci贸n temporal para solicitar un permiso para la realizaci贸n de la actividad objeto de la sanci贸n por un periodo que no ser谩 menor de tres meses ni mayor a ocho a帽os.

Para garantizar el 茅xito de la investigaci贸n, el juez de control podr谩 solicitar a la Comisi贸n Reguladora de Energ铆a (CRE) la suspensi贸n temporal del permiso y, en su caso, la interrupci贸n del o los procedimientos iniciados para el otorgamiento de alg煤n permiso de las actividades reguladas por el T铆tulo Tercero de la ley de Hidrocarburos, a petici贸n del Ministerio P煤bico o cuando lo considere procedente.

La CRE deber谩 publicar en su p谩gina oficial el listado de aquellas personas, f铆sicas o morales cuyo permiso o procedimientos se hubieren suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutoria.

Adem谩s, como medida de prevenci贸n, los titulares de permisos de distribuci贸n y transporte de hidrocarburos, petrol铆feros y petroqu铆micos, tendr谩n la obligaci贸n de incorporar un sistema de geoposicionamiento en todas las unidades vehiculares utilizadas en el desarrollo de sus actividades.

En la fundamentaci贸n, la presidenta de la Comisi贸n de Justicia, diputada Mar铆a del Pilar Ortega Mart铆nez (PAN), expres贸 que en fechas recientes, uno de los problemas que se ha visibilizado con mayor amplitud es el robo de hidrocarburos, o delitos cometidos en relaci贸n a esta circunstancia.

Indic贸 que es un problema que afecta directamente a las finanzas del Estado, ya que se ha creado un mercado paralelo al que est谩 legalmente establecido y se ha enraizado en la cultura popular del pa铆s, 鈥渁l grado de que palabras como huachicol o huachicolero ya son parte de la conversaci贸n cotidiana y un tema permanente en la agenda p煤blica nacional鈥�.

El problema de robo de hidrocarburos no es nuevo, pero ha crecido de manera exponencial. De acuerdo con estimaciones de Petr贸leos Mexicanos (Pemex), durante los 煤ltimos 10 a帽os este hurto aument贸 en 868 por ciento.

Hace 10 a帽os se detectaba una toma clandestina diaria, y actualmente son 20. Entre 2013 y 2017 se descubrieron 28 mil 76 en el pa铆s, en contraste con las encontradas en 2018 que ascendieron a 12 mil 581. Tan s贸lo las de 2018 representan poco m谩s del 40 por ciento de las reportadas en 4 a帽os.

Ortega Mart铆nez mencion贸 que el robo de hidrocarburos ha diversificado sus m茅todos y alcances. Una de las actividades il铆citas que han surgido como consecuencia es la compra de expendedores que adquieren grandes cantidades de combustible robado a un precio menor, afectando a la industria legalmente establecida y al erario p煤blico.

Subray贸 que el desarrollo de las distintas actividades que forman parte de las 谩reas estrategias de la naci贸n, como compra, enajenaci贸n, comercializaci贸n o negociaci贸n de hidrocarburos petrol铆feros o petroqu铆micos, ameritan especial protecci贸n jur铆dica, porque su adecuado ejercicio constituye un 谩rea fundamental no s贸lo para la econom铆a, sino para la seguridad nacional.

Las modificaciones, afirm贸, significan una medida de apoyo a la labor investigadora de la Fiscal铆a General de la Rep煤blica y que cuente con m谩s herramientas para integrar evidencias contra quienes comenten estos il铆citos, y coadyuvar a desincentivar el crecimiento de este fen贸meno delictivo.

En los posicionamientos, el diputado Marco Antonio Medina P茅rez (Morena) expres贸 que desde hace dos d茅cadas el robo de hidrocarburos, conocido como huachicoleo, pas贸 desapercibido por los gobiernos. De acuerdo con cifras de Pemex, en 1999 ya se reportaban 189 tomas clandestinas en el pa铆s, 鈥減ero nadie hizo nada. Fue un monstruo que dejaron crecer鈥�.

Puntualiz贸 que el dictamen fortalece la lucha contra el huachicoleo y combate los lastres que de ah铆 se derivan. 鈥溍塻ta es la oportunidad para solidarizarme con el llamado del presidente a los concesionarios, para actuar con responsabilidad y revisar los m谩rgenes de utilidad para ayudar a reducir el costo de los combustibles. No es posible que haya medidas buenas y resultados malos. No al huachicoleo, pero tampoco a beneficiarse artificialmente aprovechando el incremento a los est铆mulos fiscales a las gasolinas y al gas LP鈥�.

Su compa帽era de bancada, diputada Nayeli Arlen Fern谩ndez Cruz se帽al贸 que el robo de hidrocarburos no 煤nicamente afecta al mercado formal y la correcta comercializaci贸n del combustible, sino tambi茅n a la industria y al erario p煤blico. Seg煤n algunas estad铆sticas, en promedio por cada 2 horas y aproximadamente a cada 3.5 kil贸metros de los ductos, los delincuentes perforan para extraer gasolinas, di茅sel, gas, crudo o petroqu铆micos, comercializados a trav茅s del mercado negro.

Mencion贸 que este dictamen refuerza las estrategias contra el robo de hidrocarburos, ya que la actualizaci贸n del marco jur铆dico en la materia facilita el combate eficiente del delito por parte de las autoridades encargadas de la procuraci贸n de justicia. 鈥淓l sector de hidrocarburos es de suma importancia para las finanzas p煤blicas, la generaci贸n de empleos, el desarrollo econ贸mico y la seguridad energ茅tica del pa铆s鈥�.

De esa misma fracci贸n, el diputado Luis Enrique Mart铆nez Ventura destac贸 que es imprescindible blindar a Pemex en sus actividades, porque lo que explota y distribuye es la riqueza del subsuelo que es de todos los mexicanos. 鈥淪in lugar a dudas hay c贸mplices dentro de la empresa que deliberadamente por acci贸n y omisi贸n no presentaron oportunamente las denuncias penales correspondientes鈥�.

A帽adi贸 que es fundamental que el nuevo gobierno combata la delincuencia organizada y a quienes lucran con la pobreza y marginaci贸n de la gente para obligarlos a delinquir. 鈥淓s tiempo de que se tomen las medidas que resulten m谩s apropiadas para evitar estos robos que corresponden aut茅nticamente a la delincuencia organizada鈥�.

Por el PAN, la diputada Mar铆a del Rosario Guzm谩n Avil茅s expuso que no se puede combatir la corrupci贸n y todas las secuelas del fen贸meno delincuencial conocido como huachicol, en tanto no haya sanciones en contra de quienes ponen a la venta el combustible robado. 鈥淓n el PAN creemos que se trata de un delito que hay que cortar de ra铆z. Pero de nada servir谩n estos esfuerzos, mientras haya autoridades coludidas con los grupos delincuenciales鈥�.

A帽adi贸 que ser谩 insuficiente establecer sanciones en las leyes si las autoridades de los distintos 贸rdenes de gobierno no ponen de su parte para combatirlo, dado que le cuesta miles de millones de pesos a todos los mexicanos. 鈥淗oy no vemos una estrategia clara y no vemos c贸mo, en el corto plazo, las autoridades de los tres 贸rdenes de gobierno participen de forma coordinada para combatir este lastre que involucra a poblaciones e intereses econ贸micos鈥�.

Enrique Ochoa Reza, diputado del PRI, se帽al贸 que con este dictamen se fortalece la ley, para que cuando una empresa sea detectada que participa en el robo de hidrocarburos, el juez de control pueda someter a la Comisi贸n Reguladora de Energ铆a la solicitud para que se ponga en pausa el permiso de operaci贸n.

Reconoci贸 la estrategia del gobierno federal contra el robo de hidrocarburos; sin embargo, lament贸 el plan ante el desabasto de combustible 鈥減or una serie de errores producto de decisiones no acertadas. Se estima que el costo fue cercano a los 40 mil millones de pesos, el cual afect贸 a productores, comerciantes, transportistas y al turismo. La compra en Estados Unidos de los autotanques por adjudicaci贸n directa, ascendi贸 a 92 millones de d贸lares鈥�.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (PES) destac贸 que de acuerdo con un reporte de Pemex, en los 煤ltimos 37 meses se han detectado 32 mil 604 tomas clandestinas, de las cuales, el 80 por ciento se concentran en siete estados: Hidalgo, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz, M茅xico y Tamaulipas. Tan s贸lo el a帽o pasado Pemex perdi贸 alrededor de 60 mil millones de pesos.

Ante esa realidad, afirm贸, resulta urgente modificar los tipos penales de los delitos de hidrocarburos, a efecto de que el Ministerio P煤blico pueda investigar y perseguirlos. 鈥淭enemos la obligaci贸n de llenar los vac铆os legales que ocasionan altos niveles de impunidad; es necesario contar con los tipos penales que permitan perseguir y enjuiciar a delincuentes, dado el alto robo de combustibles鈥�.

De MC, el diputado Jacobo David Cheja Alfaro, precis贸 que es indispensable exigir a los trabajadores de Pemex compromiso y lealtad a M茅xico; al gobierno federal, que deje de utilizar a los combustibles como productos a los cuales se les gravan impuestos especiales; al Poder Judicial todo el peso de la ley, no 煤nicamente para quienes extraen los combustibles de los ductos, sino tambi茅n a funcionarios y l铆deres sindicales que causan da帽os irreversibles, y a la CRE la cancelaci贸n de las concesiones involucradas en el huachicol.

Nosotros, dijo, debemos exigirnos, sin ning煤n tinte partidista, adecuar el marco jur铆dico a la realidad. Por ello, se le dotan de mayores facultades a los Ministerios P煤blicos y a la CRE, para la suspensi贸n de los permisos a franquiciatarios, asignatarios, contratistas o distribuidores de hidrocarburos que hayan participado en la comisi贸n de alguno de estos delitos. 鈥淣uestro voto es para evitar que se siga robando el combustible de todos los mexicanos鈥�.

La diputada M贸nica Bautista Rodr铆guez (PRD) argument贸 que las cifras de tomas clandestinas han crecido a la sombra de la impunidad y de manera alarmante en la administraci贸n pasada, pues las actividades delictivas que se desarrollaron en torno al robo de combustible han lastimado y dejado da帽os irreparables a la sociedad y deteriorado las finanzas p煤blicas.

鈥淟os mexicanos deben conocer todo lo que no se hizo en gobiernos anteriores, para frenar al robo de combustible y que permiti贸 que creciera; sin embargo, tambi茅n exigimos al gobierno federal que se transparenten las acciones que est谩n siendo tomadas para abatir la impunidad en estos delitos鈥�, afirm贸.

Al hablar a favor, el diputado de Morena, Ra煤l Eduardo Bonifaz Moedano destac贸 que ahora el Ministerio P煤blico y el poder jurisdiccional podr谩n definir si el acto que se le imputa a alguna persona, sea f铆sica o moral, debe ser acreedora a una sanci贸n, que inclusive, puede propiciar la anulaci贸n de permisos que se hayan otorgado para explotar, transportar o comercializar el hidrocarburo.

Por MC, la diputada Martha Tagle Mart铆nez mencion贸 que esta reforma es parcial e insuficiente, porque atiende solamente una parte del problema que tiene que ver con los permisionarios y con las personas que transportan el combustible, 鈥測 si bien es ah铆 una parte donde se da justamente el robo de combustible, es solamente una parte de la cadena de corrupci贸n鈥�.

Claudia P茅rez Rodr铆guez, diputada de Morena, resalt贸 que el robo de hidrocarburos existe desde hace m谩s de 20 a帽os. Por ello, dijo, 鈥渄ebemos seguir dotando de herramientas al gobierno federal para fortalecer el combate contra el huachicoleo, as铆 como endurecer las sanciones contra los permisionarios que realicen sus actividades con combustibles de procedencia il铆cita, inclusive suspenderles o revocarles sus permisos鈥�.

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