25-04-2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar los artículos 4° y 123 de la Carta Magna, para precisar el derecho de las y los trabajadores a contar con un día laboral por cada año, con goce de salario, a fin de practicarse estudios médicos preventivos.

Se busca, con el documento avalado en lo general, con 411 votos en pro y 2 en contra, garantizar que toda persona tenga derecho al acceso al más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y el tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales o de otra índole.

El dictamen remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, señala en el artículo Segundo Transitorio: las instituciones de salud federales, locales y municipales deberán desarrollar de un sistema preventivo y un incremento gradual de la cobertura hasta universalizar su accesibilidad en el país.

Con 406 votos a favor, uno en contra y una abstención, se aprobó en lo particular, la reserva al artículo tercero transitorio, impulsada por el diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN), para incluir la palabra gradual, y con ello, los gobiernos federal, estatal y municipal tengan la posibilidad de destinar en programas multianuales recursos a largo plazo para hacer efectivo el derecho a la prevención.

Al fundamentarlo, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN), expuso que se busca incrementar y mejorar las políticas públicas en materia de prevención de la salud, para establecerla como prioridad, por encima de la atención reactiva.

Es necesario establecer el derecho a favor de las trabajadoras y los trabajadores para contar con un día laboral libre al año, con pleno goce de sueldo para que acudan a la realización de las evaluaciones diagnósticas de su salud.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2000, México tenía una esperanza de vida promedio de 74 años, mientras que en la actualidad es de 75. Es decir, “en casi 20 años se pudo ver que el aumento es mínimo, reflejo de la falta de creación de políticas públicas en materia de salud preventiva”.

Expuso que si esta estadística se compara con información de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se advierte que la esperanza de vida de las y los mexicanos es cinco años menor al promedio, que en la actualidad es de 80 años.

Las principales causas de esa diferencia son las enfermedades susceptibles de ser atendidas efectivamente, con una detección y tratamientos oportunos, pues en el país la atención a la salud es reactiva. “Se atiende cuando ya se ha producido una afectación en el individuo y la persona asiste ante los servicios para su curación o tratamiento, por lo que es indispensable generar políticas públicas de salud integral, que incluyan en su diseño la prevención”.

Rodríguez Rivera expresó que para el Estado mexicano es una obligación adecuar su orden jurídico a los estándares internacionales en materia del derecho a accesar al más alto nivel de salud, a través de la adopción de medidas legislativas a grado constitucional que produzcan efectos en el resto de los ordenamientos nacionales.

Con estas reformas se armoniza el texto constitucional con los preceptos de los estándares internacionales en materia del derecho a gozar de salud. “Esto contribuiría a la eliminación de uno de los obstáculos sociales y económicos por los que la población participe activamente en la prevención, como un incentivo a los trabajadores para acercarse a los servicios”.

En los posicionamientos, la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña (Morena) afirmó que la reforma es importante porque el sistema de salud ahorrará miles de millones de pesos los cuales pueden invertirse en rubros como infraestructura, educación y cultura; también porque es necesario incorporar al texto constitucional una disposición que derribe los obstáculos que impiden a trabajadores acudir al médico a realizarse estudios clínicos.

De la misma fracción parlamentaria, el legislador Sergio Carlos Gutiérrez Luna, subrayó que acompañarán la propuesta porque es compromiso de Morena priorizar los temas de importancia y trascendencia para los ciudadanos, y porque se adecua la normatividad a los estándares internacionales para acceder al más alto nivel de salud.

El diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN), promovente de la iniciativa, afirmó que se beneficiará a empleadores porque al garantizar el acceso a la prevención se reducirán las prolongadas incapacidades o enfermedades. “Falta mucho por hacer, nos quedarán las leyes secundarias, la Ley de Salud, pero es importante dar un paso estructural y cultural, en el que absolutamente nadie tenga que sentir que tiene que pedir permiso para atenderse la salud”.

Por el PRI, la legisladora Frinné Azuara Yarzábal mencionó que incluir en la Constitución la salud preventiva como obligación del Estado genera bienestar a mediano y largo plazo y mejora la calidad de vida. “Estamos convencidos de la necesidad de actualizar el andamiaje jurídico con el objeto de armonizar el texto del artículo 4º a los estándares internacionales”.

El legislador Javier Julián Castañeda Pomposo (PES) dijo que desafortunadamente la cultura preventiva está lejos de tener estándares de calidad y eficiencia debido a que constitucionalmente no se reconoce un modelo de salud en esta materia; por ello, es importante garantizarla y promoverla, “Encuentro Social se pronuncia a favor de incrementar los niveles de salud de los ciudadanos en el país”.

Francisco Favela Peñuñuri, diputado del PT, señaló que en promedio los mexicanos, “sólo asistimos a 2.7 consultas médicas al año, mientras el promedio de OCDE es de 6.9; nos queda claro que sin la asistencia al médico no podemos esperar contar con diagnósticos oportunos que atiendan prontamente las enfermedades de la ciudadanía. “Nos obligaremos a garantizar los recursos presupuestarios necesarios a fin de dar cumplimiento a este principio de prevención”.

La diputada Lourdes Celenia Contreras González (MC) puntualizó que la iniciativa abonará a la construcción de un sistema integral de salud pública, donde se conjuguen y complementen los servicios médicos, tanto preventivos como reactivos. Llamó a sumar esfuerzos para plasmar, en esta legislación, la demanda histórica de contar con un sistema universal de acceso incluyente y centrado en las personas.

Frida Alejandra Esparza Márquez, legisladora del PRD, mencionó que apoyan la propuesta pero resaltó que la administración tiene que comprometerse a diseñar e implementar programas de calidad en materia de prevención y hacer uso estricto de los recursos económicos, “el gasto en salud no es opcional, es deber del Estado, y el acceso a la salud en la máxima calidad posible es un derecho de todos”.

El legislador Emmanuel Reyes Carmona (sin partido) destacó la importancia del dictamen, y consideró que para lograr un México saludable se requiere implementar estrategias que fortalezcan y amplíen la lucha contra riesgos sanitarios, la cultura de la salud y el desarrollo de oportunidades a fin de prevenir y reducir los niveles de mortalidad.

A su vez, el diputado José Luis Montalvo Luna (PT) aseguró que el dictamen busca que las instituciones de salud del Estado mexicano adopten un enfoque preventivo que permita garantizar el más alto nivel de bienestar posible para las y los mexicanos. “Al otorgarles a los trabajadores, regulados por el apartado A y B del artículo 123 de la Constitución, el derecho a un día al año con goce de sueldo para la revisión preventiva de su estado de salud, se abona a la maximización del bienestar de las y los mexicanos”, subrayó.

La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado (MC) explicó que el dictamen incorpora expresamente la exigencia de que el Estado garantice el acceso a la población al más alto nivel posible de salud física y mental, a través de la prevención y tratamiento de cualquier padecimiento de carácter endémico, profesional o de cualquier otra índole como una herramienta para garantizar este derecho.

Marcela Guillermina Velasco González, diputada del PRI, sostuvo que el derecho a la protección de la salud es una de las principales funciones del Estado mexicano, que por su relevancia, constituye un elemento indispensable para el desarrollo individual y colectivo.

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