• Sólo seis parlamentos estatales han hecho esfuerzos legislativos para armonizarlo: diputada Beatriz Rojas Martínez
• El 70 por ciento de la incidencia del delito sucede dentro de los hogares, no afuera: diputada María Eugenia Hernández

12- 12- 2019.- La Comisión de Igualdad de Género y la Secretaría de Gobernación (Segob) definirán una línea de trabajo con los congresos locales para homologar la definición del delito de feminicidio y el tipo de sanción en el ámbito nacional, porque el 50 por ciento de los estados no han armonizado el marco jurídico al respecto.

La diputada de Morena, Beatriz Rojas Martínez, coordinadora del grupo de trabajo de la Comisión de Igualdad de Género del mecanismo de seguimiento al cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), lamentó que sólo seis congresos locales (Baja California, Ciudad de México, Michoacán, Tlaxcala, Coahuila e Hidalgo) hayan hecho esfuerzos legislativos para armonizarlo.

En reunión con Carlos de la Portilla Rodríguez, enlace con congresos locales de la Segob, la legisladora externó su preocupación por que el feminicidio haya aumentado de 2015 a la fecha en Veracruz, estado de México, Nuevo León, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Sinaloa, Sonora y Chihuahua, en particular la capital del país considerada como segura para las mujeres, y ahora no.

Rojas Martínez apuntó que la falta de tipificación del feminicidio como un delito grave y la disparidad en los criterios para calificarlo evita que se aplique un castigo ejemplar que lo visibilice, prevenga y reduzca. Propuso observar todas las formas de violencia en el país.

De la misma bancada, la legisladora María Eugenia Hernández Pérez señaló que Ecatepec, estado de México, ocupa el primer lugar en feminicidios, cuyas víctimas son también niñas y adolescentes. Afirmó que el 70 por ciento de la incidencia sucede dentro de los hogares, no afuera, donde los infantes son víctimas y replican las agresiones. Planteó incluir en los libros de texto estos temas.

Propuso utilizar masivamente la tecnología en las escuelas para detectar a través de imágenes interactivas, donde un robot pregunta a los menores su estado de ánimo y cómo se sienten, el tipo de violencia que sufren las niñas y los niños en su casa, con el objetivo de establecer su estado emocional y descubrir el nivel de agresión en que vive, conducta que se refleja con el bullying o acoso escolar.

También de Morena, la diputada Mildred Concepción Ávila Vera resaltó que muchos de los obstáculos para identificar el feminicidio como un delito de género y castigarlo, se encuentran en las fiscalías estatales, donde argumentan que no está tipificado y no lo consideran de forma distinta.

Urgió a conjuntar esfuerzos entre los tres poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) para conjuntar una sola ruta de trabajo en el tema, construir leyes que las apliquen los funcionarios de las fiscalías y garanticen el acceso a la justicia. Propuso apoyar a los congresos estatales para que conozcan la información que tienen el Congreso de la Unión y las autoridades federales sobre la problemática.

La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez (Morena) advirtió: “no se podrá avanzar y abatir el feminicidio por más leyes que tengamos, si no cerramos la pinza con los poderes Ejecutivo y Judicial para que inicien y avancen las investigaciones, porque después de tres o seis meses, incluso años, no se conocen los resultados”.

Planteó construir una sola ley nacional que armonice el marco jurídico en la materia, porque cada quien tiene su normativa y no debe permitirse por más tiempo.

Durante el encuentro, De la Portilla Rodríguez, aseguró que homologar la tipificación del feminicidio es un tema prioritario en la agenda de trabajo de la Segob para el próximo año, porque el 50 por ciento de las entidades no han armonizado nada en la materia, y sólo seis han efectuado un esfuerzo legislativo por actualizar el marco legal.

El resto de los estados están aletargados o han realizado acciones mínimas y no atienden de forma adecuada el problema, mientras que nueve entidades registran aumento en la incidencia. El Instituto Nacional de las Mujeres entregará un informe sobre el tema para remitirlo a los congresos locales, a fin de que tengan una clara visión de la problemática, la analicen y sea sustento en la armonización jurídica que se requiere.

Estimó que el 60 por ciento de las legislaciones estatales deben aclarar los tipos de tortura que sufren las mujeres, porque de manera oculta lo tienen permitido y no reforman ni actualizan sus leyes.

Propuso trabajar con los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública federal y estatales para plantearles la inclusión de temas sobre violencia de género en los libros de texto.

Además, a los secretarios de gobierno de los estados, con el objetivo de que conozcan las acciones y vincularlos al trabajo legislativo del Congreso de la Unión y de los parlamentos estatales para que impulsen la armonización del feminicidio en un marco jurídico que sea vigente en todo el país.

Indicó que algunos estados tienen distintas versiones de lo que es este delito y “en algunos se ha recurrido a mañas para que el tema no se trate como feminicidio. Es una de las cosas que queremos terminar”.

Es un tema de responsabilidad de la Segob, por eso se fortalecerá el trabajo conjunto para lograr la homologación. El estado de México es uno de los congresos más dispuestos para sacar el tema adelante, aseguró.

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