• No alcanzó la mayoría calificada requerida al ser una reforma constitucional

12-12-2019.- La Cámara de Diputados desechó el dictamen que reformaría el artículo 41 de la Constitución Política, la cual pretendía la reducción del financiamiento público que se les otorga a los partidos políticos, luego de que no alcanzó la mayoría calificada, al recibir 274 votos a favor, cero abstenciones y 207 en contra.

La Presidenta de la Mesa Directiva, diputada Laura Angélica Rojas Hernández, señaló que de conformidad con lo que establece el artículo 232 numeral I del Reglamento, “al no alcanzarse la mayoría calificada se tiene por desechado, como lo dispone la fracción g) del artículo 72 constitucional”.

El documento planteaba que el financiamiento público para los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

El 30 por ciento de la cantidad que resulte, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

En la fundamentación, la Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Miroslava Carrillo Martínez, hizo un reconocimiento a las y los autores de las iniciativas que motivaron el análisis de un tema que constituye un reclamo social desde hace décadas, ya que son coincidentes en disminuir el financiamiento público.

Destacó que en todas las propuestas persiste la preocupación del buen uso del dinero del erario nacional, así como maximizar la transparencia, la fiscalización y el monitoreo de los recursos públicos que otorga el Estado a los partidos políticos.

El tema que hoy se discute, expuso, no es menor. “Si bien es cierto que los partidos políticos juegan un papel fundamental e importante en los regímenes democráticos, también existen múltiples opiniones que señalan los altos costos que representan para la sociedad en general”.

Consideró imperativo generar alternativas que sensibilicen a disminuir considerablemente el monto de los recursos públicos otorgados a las organizaciones políticas y destinarlos a la consecución de otros fines más apremiantes y redituables para el pueblo de México.

Carrillo Martínez resaltó que para nadie es ajeno que el modelo de financiamiento imperante es el resultado de una serie de reformas constitucionales realizadas sobre la base de un sistema con un partido dominante y en el contexto de una naciente oposición partidista.

Dicho modelo tiene su origen en la reforma política constitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias.

En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas, y entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en el financiamiento, del 25 por ciento en términos reales para actividades ordinarias y específicas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana.

Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Añadió que en la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos en el ámbito federal, mismo que provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local.

De este modo, explicó, hoy se tiene un sistema de financiamiento mixto; es decir, los partidos pueden recibir prerrogativas del Instituto Nacional Electoral como financiamiento público, y privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

En lo que respecta al financiamiento público directo, existen tres vías para otorgarlo: por actividades ordinarias, por gastos de campaña en año de elecciones y por actividades específicas.

Las actividades ordinarias, que son motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, añadió, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática, sólo por mencionar algunas.

El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30 por ciento se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante, de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior.

Mencionó que el problema no es que exista financiamiento público, sino que las erogaciones por este concepto representan un alto costo para la ciudadanía, lo que genera un incremento del descontento social y acentúa la falta de confianza en estas entidades de interés público.

En el ámbito mundial el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países como Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos.

Carrillo Martínez subrayó que votar en favor significa hacer un uso racional de los recursos y rescatar la confianza ciudadana. “Se busca un sistema electoral que se adecue más a la realidad económica del país. Tenemos una oportunidad inigualable, rediseñemos el modelo de fiscalización de los partidos políticos, incentivemos la transparencia, erradiquemos los vicios de la democracia y honremos la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros. Reivindiquemos el quehacer político”.

Posicionamientos

La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) señaló que ésta es una oportunidad histórica para terminar con el dispendio de los partidos. Dijo que es necesario hacer del gasto público una herramienta de transformación social y que los recursos recaudados se dirijan al pueblo y a la atención de sus necesidades.

Por el PAN, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera señaló que su bancada reconoce la necesidad de reducir el costo de los partidos políticos y del sistema electoral, pero lo que se debe de analizar a fondo es cómo se lleva a cabo dicho reajuste. Planteó que la disminución sea considerando un uso racional de los recursos. “Si se reduce el financiamiento público habría que explorar el aumento del privado y ahí se entraría en un terreno riesgoso”.

Dulce María Sauri Riancho, diputada del PRI, refirió que de ser aprobada la reforma, afectaría al sistema político electoral en su conjunto, porque el financiamiento es un componente fundamental. El riesgo más grande que se enfrentaría, dijo, es la destrucción de la democracia. “Aprobar el dictamen de manera precipitada es de enorme riesgo a la democracia del país”, sostuvo.

El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) afirmó que su fracción parlamentaria no duda en apoyar las políticas de austeridad y que éstas deben llegar a los partidos políticos; sin embargo, estamos en contra de la demagogia, la retórica y despolitización; es un error plantear la desaparición del financiamiento público. “Nuestro planteamiento es reducirlo al 60 por ciento y al 100 por ciento el privado”.

Jacobo David Cheja Alfaro, diputado de MC, puntualizó que su fracción ha impulsado la eliminación al cien por ciento del financiamiento, pues esos recursos deben destinarse al gasto social, a proyectos que generen empleos, para así contribuir a sentar las bases de un nuevo proyecto de nación. “Apoyamos un nuevo modelo en donde todos los partidos por igual tengan únicamente los recursos mínimos para realizar sus principales actividades”.

De Encuentro Social, el diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz mencionó que es el momento de decir basta a tanto dispendio, corrupción e irresponsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos. El dictamen, dijo, se queda corto, pues el ideal es, “cero financiamiento a los partidos políticos; que esos 5 mil millones de pesos se destinen a combatir la inseguridad, a promover el turismo, a fortalecer el nuevo sistema universal de salud, a seguir impulsando los empleos y los ingresos que demandan las familias”.

Marco Antonio Gómez Alcantar, diputado del PVEM, sugirió replantear la fórmula de financiamiento y pasar de la equidad en la repartición de prerrogativas a la competencia en condiciones de igualdad y sin distinción. “No tiene sentido seguir preservando una fórmula que le da todo a un partido cuando gana. Una distribución igualitaria permitirá que los partidos tengan los mismos recursos para armar estructuras internas y promocionar el voto”.

La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, coordinadora del PRD, consideró indispensable la instalación de una mesa de trabajo que analice una posible reforma electoral de manera integral consensuada “y no por parches unilateralmente aprobados por una mayoría. Con esta propuesta el partido mayoritario obtendría una ventaja indebida en las futuras elecciones con los partidos diferentes que debilitarán al reducir su financiamiento público. La pretensión, es eliminar toda competencia electoral para quedar como único y poderoso actor electoral”.

A favor y en contra

La diputada de MC, Julieta Macías Rábago, externó su voto en contra porque el dictamen es una simulación y no atiende de fondo la discusión sobre los esquemas de financiamiento, ni presenta una solución a largo plazo para reducir el costo de la democracia; afirmó que transitar hacia un modelo transparente, austero y equitativo requiere analizar y revisar el modelo de comunicación electoral y la distribución de recursos.

Para hablar a favor, el diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) se pronunció por la austeridad republicana, se aplique al financiamiento público a partidos políticos, y asumir la responsabilidad de que cuesten menos, que se concentren en estar más cerca de la gente. Pidió hacer un uso responsable del dinero de los ciudadanos, porque “les debemos representación efectiva y austera; resultados, no excesos”.

Del PAN, el diputado Marcos Aguilar Vega señaló que si realmente se quiere una reforma en materia de reducción de financiamiento se debe convocar a un Parlamento Abierto y fortalecer el financiamiento privado y el autofinanciamiento, por lo que pidió no aprobar este dictamen.

La diputada de Encuentro Social, Olga Patricia Sosa Ruiz, apuntó que con esta reforma se podrá hacer política con las manos y no con el dinero. Dijo que se debe cumplir con la palabra brindada a la sociedad de “cero financiamientos a los partidos políticos” y generar un México limpio y con candidatas y candidatos de a pie.

Juan Carlos Villarreal Salazar, diputado de MC, aclaró estar de acuerdo en acabar con el dispendio de los partidos, pero “vamos poniéndole financiamiento cero a los partidos”. Enfatizó: “vamos sin simulaciones” y que la distribución de las prerrogativas para los procesos electorales sea de forma equitativa.

El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez (Morena) aseveró que la virtud de la reforma es que, si bien se disminuye considerablemente el gasto del Estado en actividades político-electorales, también garantiza una distribución proporcional del dinero público asignado a la vida partidista y a las actividades de obtención del voto.

Al hablar en contra, el diputado Santiago González Soto, del PT, mencionó que esta propuesta es conservadora, por lo que planteó un proyecto para que la reducción baje a dos mil 95 millones de pesos, es decir, 524 millones de pesos menos, además que el 50 por ciento del monto se reparta de forma igualitaria entre los partidos, para que cada uno reciba 150 millones de pesos, lo que daría “piso parejo”.

La diputada de Morena, Simey Olvera Bautista, aseguró que “la sociedad quiere dejar de pagarle a los partidos”, por lo que este dictamen brinda esa certeza a la ciudadanía, porque es una propuesta “del pueblo”. Sugirió retomar las contiendas con ideales y no por dinero, así como ayudar a dignificar la política. “Debemos consultar con la gente, sus electores y la conciencia; en los nuevos tiempos la política significa austeridad”.

El diputado Arturo Escobar y Vega (PVEM) dijo que tiene que ser una reforma integral y que tome en cuenta lo que está pasando en el INE o el Tribunal Electoral. Asimismo, acortar los tiempos de campaña, que haya más debates, menos spots, pero también que los espacios en la radio y la televisión se puedan dividir para que todos los partidos tengan la misma posibilidad.

Francisco Javier Saldívar Camacho, diputado de Encuentro Social, señaló que con la reducción del 50 por ciento del financiamiento público se da un paso firme al cambio verdadero. “Nuestra bancada ha buscado y seguirá planteando el financiamiento cero a los partidos, ya que no deben recibir recursos de las y los mexicanos para su funcionamiento”.

En contra, por el PAN, el diputado Armando Tejeda Cid planteó trabajar en una reforma de mayor calado. “La ruta no es desmantelar las instituciones que han dado certeza al país para tomar decisiones”. Invitó a pensar en el sistema plural y participativo que necesita México para dar equidad política.

A favor, el diputado de Morena, José Guadalupe Ambrocio Gachuz, afirmó que reducir este financiamiento público es congruente con la política de austeridad para transparentar y hacer más eficiente el gasto, porque la confianza de la gente no se gana con dinero, sino con honestidad.

El diputado Alan Jesús Falomir Saenz (MC) mencionó que su bancada está en contra del dictamen porque se debe de contemplar una propuesta real, como el cero financiamiento. Exhortó a los diputados a sumarse a la propuesta de eliminar el 100 por ciento del recurso a partidos pues, dijo, es la principal exigencia de los ciudadanos.

--ooOoo--