23-01-2019.- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, afirmó que la propuesta de la Guardia Nacional, aún con el mando administrativo civil planteado, es una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo que generaría el riesgo de vulnerar garantías constitucionales, además de que no garantizaría terminar con la impunidad.

Al presentar el Informe de Labores 2018 de la CNDH en la Cámara de Diputados, subrayó que expandir la esfera de influencia de las fuerzas armadas a tareas de seguridad pública es una apuesta riesgosa para la democracia.

Además, dijo, se contravienen sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, ya que no se proporciona certeza alguna sobre la temporalidad forzosa que tendría el inicio del repliegue militar y su sustitución por policías civiles.

Asimismo, precisó que en 2018 la CNDH emitió 101 recomendaciones. Fueron 90 ordinarias, ocho por violaciones graves de derechos, y tres generales. Sobre las graves, detalló, seis se dirigieron a la Procuraduría General de la República (PGR), y las secretarías de la Defensa Nacional y Marina con tres casos cada una.

Las ordinarias fueron dirigidas a 78 autoridades, entre las cuales está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 21 casos; la PGR, 13; la Comisión Nacional de Seguridad, 10; la Fiscalía General de Chiapas y la Secretaría de la Defensa Nacional, cinco casos cada uno; y los gobernadores de Chiapas y Veracruz, la Secretaría de Educación Pública, la SEMAR y la SEMARNAT, con cuatro, respectivamente. Del conjunto de recomendaciones ordinarias emitidas en 2018, al concluir ese año solamente una recomendación había sido cumplida en su totalidad.

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, destacó que el gran mérito de la CNDH per se, es que tiene autoridad moral, conocimiento de las cosas y va en el buen camino con los instrumentos que están a su disposición.

En su intervención, la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) subrayó que su grupo parlamentario reconoce la importancia de participar con las instituciones de derechos humanos para coadyuvar en el entendimiento sobre los problemas que trastocan la dignidad humana.

Añadió que ante la crisis de seguridad que atraviesa el país, se comprometen a que el cumplimiento de los derechos humanos sea una realidad. “Reconocemos su importancia como el eje rector de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas en nuestro país, por ello nos comprometemos a garantizar seguridad y paz con pleno respeto a los derechos humanos”.

La diputada María Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) coincidió con la preocupación de la CNDH respecto de las quejas presentadas por la actuación de militares y marinos durante las Audiencias Públicas sobre la Guardia Nacional.

“Consideramos que ahora que fue aprobada por la Cámara de Diputados, dicha minuta amerita el escrutinio en las sucesivas fases de discusión y en la eventual constitucionalización de las tareas castrenses en materia de seguridad”.

Del PRI, el diputado Héctor Yunes Landa, afirmó que la construcción de la paz y la reconciliación en México atraviesa por el diálogo plural y franco entre las distintas fuerzas políticas, debido a la transparencia del ejercicio de gobierno, la comunicación entre poderes, así como el respeto al equilibrio constitucional de la federación con estados y municipios.

“Insistimos en que en el respeto de los derechos humanos no podemos dar ni un paso atrás. No queremos un país de disculpas, queremos uno de libertades, respaldados por una institución autónoma, como la CNDH, la que siempre encontrará el apoyo de nosotros como representantes populares cuando ustedes cumplan eficazmente su responsabilidad, aunque también hallará en nosotros nuestra crítica y llamada de atención cuando su desempeño así lo amerite”.

La diputada Claudia Domínguez Vázquez (PT) expresó que en este gobierno la prioridad es el respeto a la ley y a los derechos humanos de los gobernados; sin embargo destacó que hay delitos, como el feminicidio y los derechos de grupos vulnerables, en donde la CNDH tiene que ser muy vigilante y denunciarlos oportunamente.

“Nosotros, como legisladores federales, asumimos el firme compromiso de impulsar medidas legislativas que permitan una eficaz tutela de los derechos humanos en su fase de prevención y sanción. El defensor de derechos humanos tendrá en nosotros un firme aliado para que México vuelva a ser un país donde la vigencia del orden jurídico tenga plena aplicación”, aseguró.

De Movimiento Ciudadano, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla dijo que ante la crisis de seguridad que vive el país se requieren propuestas de carácter integral y fortalecer las capacidades institucionales de todas las policías de las entidades federativas y municipios, y no sólo plantear la Guardia Nacional como la única alternativa para resolver la problemática.

En otro tema, afirmó que desde la Cámara de Diputados trabajarán para que este año se restituya el presupuesto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque ha estado a la altura de las circunstancias de México y se ha convertido en un verdadero contrapeso y referente de su actividad en los poderes públicos.

Por Encuentro Social, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala afirmó que la mayor violación acumulada de derechos humanos es la impunidad, problemática que estará en la agenda nacional hasta que todas y todos tengamos una convicción del Estado de derecho y respeto a los demás. Se pronunció porque la CNDH incremente su colaboración con las instituciones del Estado mexicano para atender este rubro desde la prevención hasta la emisión de recomendaciones.

Propuso instalar una mesa de trabajo donde participen diputados, senadores y la Comisión para atender la agenda legislativa de derechos humanos, ya que la reforma en la materia realizada en 2011 está incompleta. “Convocamos con miras de Estado a que a la brevedad construyamos este mecanismo que aproxime al Ombudsman con los representantes populares”, a fin de edificar una nueva relación entre ambas instituciones, ya que se requieren políticas integrales con perspectiva de derechos humanos. Indicó que está pendiente la reforma relativa a la participación de la CNDH en los órganos de consulta de varias dependencias.

La diputada del PRD, Verónica Beatriz Juárez Piña sostuvo que la violencia desatada por la delincuencia ha aumentado, tanto en ferocidad como en incidencia. “Después de vivir el año más violento, el proceso electoral más violento, vivimos el inicio de sexenio más violento. No podemos seguir conviviendo con ese fenómeno, porque su normalización implica la deshumanización de las mujeres y hombres que habitamos el país”.

Los órganos constitucionalmente autónomos, como la CNDH, son indispensables para la consolidación del Estado de derecho, porque no se encuentran subordinados y es donde radica su importancia. Por ello, se espera que la Comisión siga actuando con principios legítimos que contribuyan a mejorar la calidad de nuestro sistema democrático y se constituya como la piedra angular de la cimentación de la paz en el país.

Del PVEM, la legisladora Beatriz Manrique Guevara indicó que es fundamental actualizar las políticas públicas y armonizarlas con los derechos humanos, a fin de tener una eficiente coordinación que disminuya la violencia criminal, atienda a las víctimas de manera integral y busque la paz como un valor social que debemos alcanzar.

Propuso visibilizar los derechos ambientales reconocidos por la legislación, porque son difusos y difíciles de constatar como algo escandaloso, pero la violación de garantías en materia de medio ambiente es constante, creciente y pone en riesgo a la toda la población.

Comentó que es doloroso escuchar a importantes sectores sociales acusar a cualquier instancia de derechos humanos como defensores de delincuentes. Refleja que todavía se tiene mucho que trabajar en la divulgación de su significado y relevancia para un Estado de derecho y la democracia. Se pronunció en contra de los feminicidios y se sumó a que se emita Alerta de Género en las entidades donde el proceso está abierto. No debe permitirse oscilar entre la ineficiencia y el abuso, ni que se dé lugar a violaciones de derechos humanos por acción u omisión.

En su intervención inicial, el titular de la CNDH dijo que el país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, por lo que reiteró el llamado a que por graves y apremiantes que sean las circunstancias no se renuncie a la institucionalidad civil.

Las conductas ilícitas sujetas a prisión preventiva oficiosa, refirió, contraviene lo previsto por la Constitución que establece que tal medida es de carácter excepcional. La ampliación del catálogo de delitos no garantizaría que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente.

Respecto a lo sucedido en Hidalgo el pasado viernes, destacó que la CNDH “no ha hecho ningún señalamiento, sino la apertura de queja, a fin de llegar a la verdad de lo que pasó”.

Es importante garantizar la instalación y operación de las 33 fiscalías autónomas en el país, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes. “No se trata sólo del perfil o capacidad de quienes encabecen dichas instituciones; se requiere generar el andamiaje normativo necesario y dotar los recursos necesarios para garantizar que puedan operar”.

Apuntó que de contar con instancias de esta naturaleza, la investigación de casos tan complejos ante la percepción pública, las explosiones ocurridas el pasado viernes en el estado de Hidalgo, y otros que han acaparado la atención nacional en los últimos meses, tomarían un curso institucional y la sociedad contaría con la certeza de que se llegaría a la verdad sin condicionarla a intereses políticos o coyunturales de ningún tipo.

Estimó que en 2018 México no pudo superar la crisis que enfrenta en materia de derechos humanos, sino que se acentuó, por ejemplo, en el número de homicidios, cuya cifra representa la más alta en 22 años; fue el año más violento en la historia del país y la mayoría de casos permanecen en la impunidad, advirtió.

Hubo falta de respuestas efectivas ante problemas graves como la desaparición de miles de personas, prevalencia de la tortura, desplazamiento forzado interno, explotación y abuso a migrantes, fosas clandestinas, persistencia de la violencia de género y trata de personas.

Informó que durante 2018, un total de 377 mil 579 personas recurrieron a este organismo para buscar apoyo, atención o asesoría. Además, se recibieron 44 mil 274 escritos que derivaron en la apertura de 25 mil 889 nuevos expedientes. De ese total, 9 mil correspondieron a quejas; 7 mil 855 a orientaciones directas; 8 mil 395 remisiones y 637 inconformidades. “Tan sólo estos asuntos implicaron la atención de un total de 77 mil 404 personas agraviadas”.

Detalló que cinco gobiernos estatales tuvieron el mayor número de recomendaciones: Guerrero, con 109; Chiapas, 76; Oaxaca, 59; Tamaulipas, 76, y Coahuila, 55. Añadió que hay cinco casos de recomendaciones emitidas por esta Comisión Nacional que llevan más de 10 años sin que se cumplimenten.

Como consecuencia de las recomendaciones emitidas, continuó, en 2018 la CNDH presentó 46 denuncias por responsabilidad penal y 146 administrativa de servidores públicos. Se impusieron sanciones administrativas a 89 servidores públicos y sentencias condenatorias a nueve servidores públicos en cinco procesos de orden penal. Además, la CNDH promovió 53 acciones de inconstitucionalidad.

También se emitieron seis informes especiales, mediante los cuales se pusieron de manifiesto problemáticas vinculadas a los derechos humanos, tales como la relativa a los derechos de las personas con discapacidad; los centros penitenciarios de baja capacidad; la asignación y contratación de publicidad oficial; la situación de los migrantes haitianos y centroamericanos, así como de las caravanas migrantes; además, la problemática inherente al seguimiento de las recomendaciones ordinarias.

Precisó que el número de hechos denunciados por presuntas violaciones a derechos humanos involucraron a las siguientes autoridades: IMSS, 2 mil 532 casos; el ISSSTE, mil 215; la SEP, 746; el Instituto Nacional de Migración, 587; la Sedena, 382; la PGR, 375; la Policía Federal, 356; la Secretaría de Desarrollo Social, 311; la Semar, 284, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 212 casos. Agregó que esas mismas autoridades han permanecido en los últimos años como las más denunciadas.

Mencionó que en el tema de violencia contra la mujer se iniciaron 30 procedimientos sobre alerta de género en 27 estados, y la CNDH es “férrea defensora para que ese instrumento sea eficaz”. Dijo que no se tiene uniformidad y las formas para identificación son complicadas en materia de feminicidio. Otro tema sensible es la protección a periodistas y defensores de derechos humanos.

Resaltó la falta de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH, las cuales se aceptan, pero en los hechos presentan grados considerables de incumplimiento; es un campo en el que podría actuar el Legislativo, sugirió.

En el ámbito legislativo, puntualizó, si bien se registraron algunos avances en materia normativa, con frecuencia esas disposiciones no repercutieron de forma práctica al haberse formulado bajo un enfoque parcial, que sin considerar la integralidad de los problemas o materias que intentaban atender, entraron en conflicto con otros instrumentos jurídicos o no contemplaron las condiciones administrativas y presupuestales para su aplicación.

Estimó que el ejercicio democrático llevado a cabo el 1 de julio de 2018 y los cambios en el poder, más allá de una alternancia política, deberían abrir la oportunidad de que desde las distintas instancias del Estado, incluido el Poder Legislativo, se trabaje para abatir las violaciones a las garantías fundamentales.

Concluyó que a pesar de que la reforma constitucional de 2011 implicó un gran avance en el reconocimiento de derechos, a casi ocho años de distancia no se han concretado avances. “Los derechos enunciados en las normas no se materializan en el día a día de las personas, ni las autoridades cumplen su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”.

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