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Bolet√≠n N°. 0923 Presenta titular de la CNDH, Luis Ra√ļl Gonz√°lez P√©rez, Informe de Labores 2018

23-01-2019.- El presidente de la Comisi√≥n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Ra√ļl Gonz√°lez P√©rez, afirm√≥ que la propuesta de la Guardia Nacional, a√ļn con el mando administrativo civil planteado, es una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visi√≥n coyuntural y de corto plazo que generar√≠a el riesgo de vulnerar garant√≠as constitucionales, adem√°s de que no garantizar√≠a terminar con la impunidad.

 

Al presentar el Informe de Labores 2018 de la CNDH en la C√°mara de Diputados, subray√≥ que expandir la esfera de influencia de las fuerzas armadas a tareas de seguridad p√ļblica es una apuesta riesgosa para la democracia.

 

Además, dijo, se contravienen sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales, ya que no se proporciona certeza alguna sobre la temporalidad forzosa que tendría el inicio del repliegue militar y su sustitución por policías civiles.

 

Asimismo, precis√≥ que en 2018 la CNDH emiti√≥ 101 recomendaciones. Fueron 90 ordinarias, ocho por violaciones graves de derechos, y tres generales. Sobre las graves, detall√≥, seis se dirigieron a la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica (PGR), y las secretar√≠as de la Defensa Nacional y Marina con tres casos cada una.

 

Las ordinarias fueron dirigidas a 78 autoridades, entre las cuales est√° el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 21 casos; la PGR, 13; la Comisi√≥n Nacional de Seguridad, 10; la Fiscal√≠a General de Chiapas y la Secretar√≠a de la Defensa Nacional, cinco casos cada uno; y los gobernadores de Chiapas y Veracruz, la Secretar√≠a de Educaci√≥n P√ļblica, la SEMAR y la SEMARNAT, con cuatro, respectivamente. Del conjunto de recomendaciones ordinarias emitidas en 2018, al concluir ese a√Īo solamente una recomendaci√≥n hab√≠a sido cumplida en su totalidad.

 

El presidente de la C√°mara de Diputados, Porfirio Mu√Īoz Ledo, destac√≥ que el gran m√©rito de la CNDH per se, es que tiene autoridad moral, conocimiento de las cosas y va en el buen camino con los instrumentos que est√°n a su disposici√≥n.

 

En su intervención, la diputada Lorena Villavicencio Ayala (Morena) subrayó que su grupo parlamentario reconoce la importancia de participar con las instituciones de derechos humanos para coadyuvar en el entendimiento sobre los problemas que trastocan la dignidad humana.

 

A√Īadi√≥ que ante la crisis de seguridad que atraviesa el pa√≠s, se comprometen a que el cumplimiento de los derechos humanos sea una realidad. ‚ÄúReconocemos su importancia como el eje rector de los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas en nuestro pa√≠s, por ello nos comprometemos a garantizar seguridad y paz con pleno respeto a los derechos humanos‚ÄĚ.

 

La diputada Mar√≠a Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) coincidi√≥ con la preocupaci√≥n de la CNDH respecto de las quejas presentadas por la actuaci√≥n de militares y marinos durante las Audiencias P√ļblicas sobre la Guardia Nacional.

 

‚ÄúConsideramos que ahora que fue aprobada por la C√°mara de Diputados, dicha minuta amerita el escrutinio en las sucesivas fases de discusi√≥n y en la eventual constitucionalizaci√≥n de las tareas castrenses en materia de seguridad‚ÄĚ.

 

Del PRI, el diputado Héctor Yunes Landa, afirmó que la construcción de la paz y la reconciliación en México atraviesa por el diálogo plural y franco entre las distintas fuerzas políticas, debido a la transparencia del ejercicio de gobierno, la comunicación entre poderes, así como el respeto al equilibrio constitucional de la federación con estados y municipios.

 

‚ÄúInsistimos en que en el respeto de los derechos humanos no podemos dar ni un paso atr√°s. No queremos un pa√≠s de disculpas, queremos uno de libertades, respaldados por una instituci√≥n aut√≥noma, como la CNDH, la que siempre encontrar√° el apoyo de nosotros como representantes populares cuando ustedes cumplan eficazmente su responsabilidad, aunque tambi√©n hallar√° en nosotros nuestra cr√≠tica y llamada de atenci√≥n cuando su desempe√Īo as√≠ lo amerite‚ÄĚ.

 

La diputada Claudia Domínguez Vázquez (PT) expresó que en este gobierno la prioridad es el respeto a la ley y a los derechos humanos de los gobernados; sin embargo destacó que hay delitos, como el feminicidio y los derechos de grupos vulnerables, en donde la CNDH tiene que ser muy vigilante y denunciarlos oportunamente.

 

‚ÄúNosotros, como legisladores federales, asumimos el firme compromiso de impulsar medidas legislativas que permitan una eficaz tutela de los derechos humanos en su fase de prevenci√≥n y sanci√≥n. El defensor de derechos humanos tendr√° en nosotros un firme aliado para que M√©xico vuelva a ser un pa√≠s donde la vigencia del orden jur√≠dico tenga plena aplicaci√≥n‚ÄĚ, asegur√≥.

 

De Movimiento Ciudadano, el diputado Tonatiuh Bravo Padilla dijo que ante la crisis de seguridad que vive el pa√≠s se requieren propuestas de car√°cter integral y fortalecer las capacidades institucionales de todas las polic√≠as de las entidades federativas y municipios, y no s√≥lo plantear la Guardia Nacional como la √ļnica alternativa para resolver la problem√°tica.

 

En otro tema, afirm√≥ que desde la C√°mara de Diputados trabajar√°n para que este a√Īo se restituya el presupuesto a la Comisi√≥n Nacional de Derechos Humanos, porque ha estado a la altura de las circunstancias de M√©xico y se ha convertido en un verdadero contrapeso y referente de su actividad en los poderes p√ļblicos.

 

Por Encuentro Social, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala afirmó que la mayor violación acumulada de derechos humanos es la impunidad, problemática que estará en la agenda nacional hasta que todas y todos tengamos una convicción del Estado de derecho y respeto a los demás. Se pronunció porque la CNDH incremente su colaboración con las instituciones del Estado mexicano para atender este rubro desde la prevención hasta la emisión de recomendaciones.

 

Propuso instalar una mesa de trabajo donde participen diputados, senadores y la Comisi√≥n para atender la agenda legislativa de derechos humanos, ya que la reforma en la materia realizada en 2011 est√° incompleta. ‚ÄúConvocamos con miras de Estado a que a la brevedad construyamos este mecanismo que aproxime al Ombudsman con los representantes populares‚ÄĚ, a fin de edificar una nueva relaci√≥n entre ambas instituciones, ya que se requieren pol√≠ticas integrales con perspectiva de derechos humanos. Indic√≥ que est√° pendiente la reforma relativa a la participaci√≥n de la CNDH en los √≥rganos de consulta de varias dependencias.

 

La diputada del PRD, Ver√≥nica Beatriz Ju√°rez Pi√Īa sostuvo que la violencia desatada por la delincuencia ha aumentado, tanto en ferocidad como en incidencia. ‚ÄúDespu√©s de vivir el a√Īo m√°s violento, el proceso electoral m√°s violento, vivimos el inicio de sexenio m√°s violento. No podemos seguir conviviendo con ese fen√≥meno, porque su normalizaci√≥n implica la deshumanizaci√≥n de las mujeres y hombres que habitamos el pa√≠s‚ÄĚ.

 

Los órganos constitucionalmente autónomos, como la CNDH, son indispensables para la consolidación del Estado de derecho, porque no se encuentran subordinados y es donde radica su importancia. Por ello, se espera que la Comisión siga actuando con principios legítimos que contribuyan a mejorar la calidad de nuestro sistema democrático y se constituya como la piedra angular de la cimentación de la paz en el país.

 

Del PVEM, la legisladora Beatriz Manrique Guevara indic√≥ que es fundamental actualizar las pol√≠ticas p√ļblicas y armonizarlas con los derechos humanos, a fin de tener una eficiente coordinaci√≥n que disminuya la violencia criminal, atienda a las v√≠ctimas de manera integral y busque la paz como un valor social que debemos alcanzar.

 

Propuso visibilizar los derechos ambientales reconocidos por la legislación, porque son difusos y difíciles de constatar como algo escandaloso, pero la violación de garantías en materia de medio ambiente es constante, creciente y pone en riesgo a la toda la población.

 

Comentó que es doloroso escuchar a importantes sectores sociales acusar a cualquier instancia de derechos humanos como defensores de delincuentes. Refleja que todavía se tiene mucho que trabajar en la divulgación de su significado y relevancia para un Estado de derecho y la democracia. Se pronunció en contra de los feminicidios y se sumó a que se emita Alerta de Género en las entidades donde el proceso está abierto. No debe permitirse oscilar entre la ineficiencia y el abuso, ni que se dé lugar a violaciones de derechos humanos por acción u omisión.

 

En su intervención inicial, el titular de la CNDH dijo que el país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo, por lo que reiteró el llamado a que por graves y apremiantes que sean las circunstancias no se renuncie a la institucionalidad civil.

 

Las conductas il√≠citas sujetas a prisi√≥n preventiva oficiosa, refiri√≥, contraviene lo previsto por la Constituci√≥n que establece que tal medida es de car√°cter excepcional. La ampliaci√≥n del cat√°logo de delitos no garantizar√≠a que el Ministerio P√ļblico cumpliera con su obligaci√≥n de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente.

 

Respecto a lo sucedido en Hidalgo el pasado viernes, destac√≥ que la CNDH ‚Äúno ha hecho ning√ļn se√Īalamiento, sino la apertura de queja, a fin de llegar a la verdad de lo que pas√≥‚ÄĚ.

 

Es importante garantizar la instalaci√≥n y operaci√≥n de las 33 fiscal√≠as aut√≥nomas en el pa√≠s, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes. ‚ÄúNo se trata s√≥lo del perfil o capacidad de quienes encabecen dichas instituciones; se requiere generar el andamiaje normativo necesario y dotar los recursos necesarios para garantizar que puedan operar‚ÄĚ.

 

Apunt√≥ que de contar con instancias de esta naturaleza, la investigaci√≥n de casos tan complejos ante la percepci√≥n p√ļblica, las explosiones ocurridas el pasado viernes en el estado de Hidalgo, y otros que han acaparado la atenci√≥n nacional en los √ļltimos meses, tomar√≠an un curso institucional y la sociedad contar√≠a con la certeza de que se llegar√≠a a la verdad sin condicionarla a intereses pol√≠ticos o coyunturales de ning√ļn tipo.

 

Estim√≥ que en 2018 M√©xico no pudo superar la crisis que enfrenta en materia de derechos humanos, sino que se acentu√≥, por ejemplo, en el n√ļmero de homicidios, cuya cifra representa la m√°s alta en 22 a√Īos; fue el a√Īo m√°s violento en la historia del pa√≠s y la mayor√≠a de casos permanecen en la impunidad, advirti√≥.

 

Hubo falta de respuestas efectivas ante problemas graves como la desaparición de miles de personas, prevalencia de la tortura, desplazamiento forzado interno, explotación y abuso a migrantes, fosas clandestinas, persistencia de la violencia de género y trata de personas.

 

Inform√≥ que durante 2018, un total de 377 mil 579 personas recurrieron a este organismo para buscar apoyo, atenci√≥n o asesor√≠a. Adem√°s, se recibieron 44 mil 274 escritos que derivaron en la apertura de 25 mil 889 nuevos expedientes. De ese total, 9 mil correspondieron a quejas; 7 mil 855 a orientaciones directas; 8 mil 395 remisiones y 637 inconformidades. ‚ÄúTan s√≥lo estos asuntos implicaron la atenci√≥n de un total de 77 mil 404 personas agraviadas‚ÄĚ.

 

Detall√≥ que cinco gobiernos estatales tuvieron el mayor n√ļmero de recomendaciones: Guerrero, con 109; Chiapas, 76; Oaxaca, 59; Tamaulipas, 76, y Coahuila, 55. A√Īadi√≥ que hay cinco casos de recomendaciones emitidas por esta Comisi√≥n Nacional que llevan m√°s de 10 a√Īos sin que se cumplimenten.

 

Como consecuencia de las recomendaciones emitidas, continu√≥, en 2018 la CNDH present√≥ 46 denuncias por responsabilidad penal y 146 administrativa de servidores p√ļblicos. Se impusieron sanciones administrativas a 89 servidores p√ļblicos y sentencias condenatorias a nueve servidores p√ļblicos en cinco procesos de orden penal. Adem√°s, la CNDH promovi√≥ 53 acciones de inconstitucionalidad.

 

También se emitieron seis informes especiales, mediante los cuales se pusieron de manifiesto problemáticas vinculadas a los derechos humanos, tales como la relativa a los derechos de las personas con discapacidad; los centros penitenciarios de baja capacidad; la asignación y contratación de publicidad oficial; la situación de los migrantes haitianos y centroamericanos, así como de las caravanas migrantes; además, la problemática inherente al seguimiento de las recomendaciones ordinarias.

 

Precis√≥ que el n√ļmero de hechos denunciados por presuntas violaciones a derechos humanos involucraron a las siguientes autoridades: IMSS, 2 mil 532 casos; el ISSSTE, mil 215; la SEP, 746; el Instituto Nacional de Migraci√≥n, 587; la Sedena, 382; la PGR, 375; la Polic√≠a Federal, 356; la Secretar√≠a de Desarrollo Social, 311; la Semar, 284, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 212 casos. Agreg√≥ que esas mismas autoridades han permanecido en los √ļltimos a√Īos como las m√°s denunciadas.

 

Mencion√≥ que en el tema de violencia contra la mujer se iniciaron 30 procedimientos sobre alerta de g√©nero en 27 estados, y la CNDH es ‚Äúf√©rrea defensora para que ese instrumento sea eficaz‚ÄĚ. Dijo que no se tiene uniformidad y las formas para identificaci√≥n son complicadas en materia de feminicidio. Otro tema sensible es la protecci√≥n a periodistas y defensores de derechos humanos.

 

Resaltó la falta de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH, las cuales se aceptan, pero en los hechos presentan grados considerables de incumplimiento; es un campo en el que podría actuar el Legislativo, sugirió.

 

En el ámbito legislativo, puntualizó, si bien se registraron algunos avances en materia normativa, con frecuencia esas disposiciones no repercutieron de forma práctica al haberse formulado bajo un enfoque parcial, que sin considerar la integralidad de los problemas o materias que intentaban atender, entraron en conflicto con otros instrumentos jurídicos o no contemplaron las condiciones administrativas y presupuestales para su aplicación.

 

Estimó que el ejercicio democrático llevado a cabo el 1 de julio de 2018 y los cambios en el poder, más allá de una alternancia política, deberían abrir la oportunidad de que desde las distintas instancias del Estado, incluido el Poder Legislativo, se trabaje para abatir las violaciones a las garantías fundamentales.

 

Concluy√≥ que a pesar de que la reforma constitucional de 2011 implic√≥ un gran avance en el reconocimiento de derechos, a casi ocho a√Īos de distancia no se han concretado avances. ‚ÄúLos derechos enunciados en las normas no se materializan en el d√≠a a d√≠a de las personas, ni las autoridades cumplen su obligaci√≥n de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos‚ÄĚ.

 

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