06-02-2019.- Durante la Mesa I “Fundamento constitucional de la prisión preventiva”, diputados y expertos coincidieron, por separado, en que esta herramienta legal, así como el aumento de penas, no contribuirán en la disminución de los delitos que se cometen en el país, pues consideraron que primero se requiere de una profesionalización de policías, Ministerio Público e impartidores de justicia.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) señaló que no se ha demostrado que los delitos que están actualmente en el Artículo 19 Constitucional, hayan tenido una reducción, por lo que se pudiera pensar que aumentar el catálogo no es la solución.

Dijo que si no se ataca la discrecionalidad de los fiscales, “no importa cuántos crímenes pongamos en ese precepto porque ni siquiera se tendrá la oportunidad de aplicarlos”.

En tanto, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez, también del PRI, comentó no estar de acuerdo en que esta prisión preventiva sea algo que solucione los problemas de inseguridad y coincidió en que no se pretenda subsanar las debilidades institucionales con más reformas constitucionales. Interrogó a los especialistas en derechos humanos ¿cuál sería la realidad que plantearían en el caso de que se aprobara esta minuta y qué pasaría con los delitos?

María Rosete, diputada de Encuentro Social, resaltó que la ciudadanía exige pacificar al país, no obstante, no se va a lograr endureciendo las penas. “Queremos saber a dónde se ha ido todo ese presupuesto que se asigna para capacitar a los funcionarios y a todos aquellos que se dedican a administrar la justicia”, exigió.

Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador general de Seguimiento a Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconoció la grave problemática que enfrentan los centros penitenciarios del país, que detectan la incidencia y falta de separación entre procesados y sentenciados. “La CNDH no está en contra de la prisión preventiva, sino en contra de la oficiosa”.

El magistrado Juan José Olvera López, explicó que la prisión preventiva justificada es una buena alternativa, funciona y puede dar mejores resultados con una operación más eficaz de la Fiscalía.

Gabriel Regino, abogado penalista, advirtió que a 100 años de distancia estamos ante un riesgo de que por una percepción de inseguridad se crea que la solución es la prisión. Prueba de ello es que hay casi 220 mil personas privadas de su libertad y muchos de ellos son inocentes.

En su oportunidad, Gonzalo Alanís Figueroa de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, coincidió en la necesidad de una capacitación integral de los agentes del Ministerio Público y de policías, acompañada del uso eficiente de tecnologías de comunicación y de información. “Se tiene que fortalecer la construcción, diseño y operación de las plataformas de comunicación eficientes”.

Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, explicó que la presunción de inocencia, es un derecho de corte fundamental básico en una sociedad democrática. Llamó a mejorar el sistema y abatir los niveles de impunidad. “Aquí el tema sería si valdría la pena incorporar otro tipo de elementos a nivel constitucional para poder tener la prisión preventiva oficiosa y reforzar con un sistema de procuración de justicia, en donde el Servicio Civil de Carrera funcione”.

Por su parte, Arturo Cossío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, se pronunció por la desaparición de la prisión preventiva oficiosa, pues la preventiva es una medida cautelar. Explicó que la Constitución ya la contempla. “No nos oponemos a la existencia de la prisión preventiva, sí a la oficiosa”.

El diputado local del PRI, Bernardo Padilla Muñoz, del Congreso de Baja California, subrayó que tan sólo Tijuana, representa el 10 por ciento de los homicidios de todo el país durante el último año. “Hay una crisis allá afuera, no hay que taparnos los ojos, algo está fallando en el sistema, puede que no sea la solución la reforma al 19, complementemos con darle mayor trascendencia al artículo 16 constitucional.

El representante legal del Colegio de México, Jaime Hugo Talancón Escobedo, destacó la responsabilidad del legislador en una política criminal que brinde las herramientas para que el Ministerio Público y el juez siempre tengan preparación, profesionalización, actualización, compromiso con su nación y tomen en cuenta los principios de proporcionalidad, razonabilidad, individualización y motivación jurídica.

Manuel Munive Páez, de la Escuela Libre de Derecho, indicó que ya existe la prisión preventiva justificada y no se requiere aumentar el catálogo de delitos. “Debe ser bajo unos estándares de racionalidad en casos en donde exista un peligro real de la vida, la libertad, la libertad sexual y seguridad de las personas. Esto ya está establecido por la Corte Interamericana que es derecho interno”.

Sergio López Ayllón, director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguró que “quienes promueven la reforma, olvidan que es un mecanismo que llevará a muchos inocentes y pobres a las cárceles, y no a quienes realmente operan y se benefician de las grandes redes de corrupción y delincuencia organizada”. Resaltó que, de acuerdo con datos del Inegi, al cierre de 2016, el 35 por ciento de los reclusos en prisión están sin sentencia, es decir, “son presuntos culpables”.

El coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, puntualizó que al día se consuman 9.2 feminicidios en México, que se traduce a que cada 2 horas con 38 minutos, se asesina a una niña o a una mujer. “Inmujeres se pronuncia únicamente por la incorporación de este delito al catálogo de crímenes que ameriten la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Jorge Emilio Iruegaz Álvarez, fiscal Anticorrupción de Oaxaca, dijo que el problema de que no se castigue los delitos o que las penas sean bajas no tiene nada que ver con el tema de la prisión preventiva. “Sólo el 2 por ciento de estos crímenes son castigados y de las denuncias presentadas a la Auditoría Superior de la Federación, hasta el 2002, sólo 7 fueron consignadas; reitero, si queremos justamente combatir ese delito, no nos enfoquemos en solo pedir prisión preventiva en automático”.

Francisco Castellanos García, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, pidió apostarle a los derechos y a la garantía, antes que regresar a esquemas que criminalizan de nuevo a la juventud sin haber evaluado antes si realmente el Estado ha garantizado el pleno derecho de los adolescentes.

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