• Lograrlo requiere de renovar el orden jurídico

18-02-2019.- El coordinador de la subcomisión de Transparencia y Anticorrupción de la Comisión de Puntos Constitucionales, Héctor Jiménez y Meneses (Morena) dijo que a fin de contribuir en la transformación del país y concretar los cambios que Estado y sociedad requieren y exigen, es necesario renovar el orden jurídico en materia de combate a la corrupción.

Durante el foro “Análisis sobre iniciativas en materia de transparencia y anticorrupción”, el diputado afirmó que la exigencia social por alcanzar la plena democracia obliga a realizar un análisis minucioso y objetivo de las leyes en la materia que sirvan para equilibrar el ejercicio del poder público y el respeto de los derechos sociales.

Recordó que en 1977, con la reforma constitucional al artículo 6º, iniciaron los cimientos en materia de transparencia; sin embargo, la construcción del orden jurídico no ha logrado materializar sus objetivos en todos sus aspectos, por lo que resulta necesario continuar en esta ruta.

Mencionó que a la subcomisión se turnaron, para su análisis, iniciativas de reforma a los artículo 108, 109, 110 y 113 de la Constitución; del artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, presentadas en la LXIII legislatura en materia de que las personas y entidades que manejan fondos y recursos públicos presenten su declaración fiscal, patrimonial y de intereses.

También sobre las responsabilidades de las entidades por el hecho de corrupción y determinación oficiosa de afectación patrimonial, del sistema nacional anticorrupción y carácter vinculante de sus recomendaciones.

Asimismo, respecto de la formación de un comité ciudadano para la supervisión del gasto público, recaudación de ingresos, prestación de servicios públicos, programas y acciones de gobierno, además en lo que se refiere a la actuación y desempeño de servidores públicos.

Jiménez y Meneses estimó que el encuentro con especialistas es relevante porque sus aportaciones y conocimientos abonarán a tomar decisiones legislativas de manera objetiva y que contribuyan a la transformación de la nación.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el combate a la corrupción no es solamente tema académico, sino exigencia ciudadana y en esta LXIV Legislatura tendrá que estar a la altura de ese posicionamiento social.

“En la Comisión de Puntos Constitucionales hemos tomado la decisión, por convicción, de meternos a analizar las iniciativas, establecer todas y cada una de las conexiones posibles y abrir, como se está haciendo en el caso de la reforma al artículo 19 constitucional, en materia educativa, y lo mismo que sucedió con la Guardia Nacional, a escuchar todas las voces”.

Agregó que los posicionamientos, sugerencias, bagaje teórico y estudio previo que se tienen coadyuvarán para que los dictámenes que se discutan y eventualmente sean aprobados en la comisión lleven la recuperación de todas aquellas voces de expertos y ciudadanos.

“Que en este país la Constitución se convierta de una vez por todas en esa Carta Magna a la que todos tenemos que subordinarnos”.

Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se refirió al caso de Odebrecht, del que la institución recibió un segundo amparo, notificado el viernes pasado, para no abrir la información. “La respuesta de la Fiscalía es de lo más inaudita. Es un tema de puntos de vista institucional, que no culpó ni al fiscal ni a la Fiscalía, ellos tendrán su razón, la están defendiendo, y el INAI defiende sus atribuciones, instancias y competencias”.

“No se va a transgredir una orden de ese tipo”, porque de hacerlo el riesgo es ir a un juicio político, que marca la Constitución, y no se va a hacer. “Es un tema del Poder Judicial en que se tiene que determinar”. Aclaró que no es ninguna confrontación con la Fiscalía, porque también defienden sus intereses institucionales. “Ellos lo que tienen es ir a platicarle al señor Presidente cómo está todo para que lo determinen y vean qué es lo que van a hacer. Lo viable, sería: aquí está la información”.

Expresó su preocupación por la rendición de cuentas del dinero público que reciben los sindicatos, del cual se debe tener claridad de cómo y en qué se gasta. “Es urgente que los líderes sindicales tengan declaraciones sobre sus patrimonios y determinen los conflictos de intereses que tengan”.

Aseguró que los sindicatos han cumplido con este requisito, menos el de Pemex. Apenas hace unas semanas fueron al INAI a solicitar apoyo para formar su Comité de Transparencia, ya que tienen la responsabilidad de tener una página electrónica para que se conozcan sus gastos; sin embargo, la empresa no otorgó recursos para hacerlo.

El abogado penalista y maestro en ciencias penales, Ulrich Richter Morales, señaló que cualquier iniciativa en el tema de anticorrupción no es suficiente para paliar la problemática de México y que dejó el gobierno saliente. Aplaudió estas propuestas, pero ante los retos del país se quedan cortas, “serían una aspirina”.

Indicó que el gran problema es que no se aplica la ley, pues si bien se creó un sistema anticorrupción y modificó la Constitución, ésta requiere un código penal y una ley en la materia, ya que en el pasado sólo se ha jugado a hacer un sistema.

De modificarse la Carta Magna, dijo, “estas iniciativas quedan cortas, porque sólo dan pinceladas, cuando lo que se necesitan son reformas de gran calado y con más dientes y facultades para el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Richter Morales llamó al rescate de los valores de la sociedad, por el grado de su deterioro. “Mientras no se logre tener la calidad de ciudadanos republicanos no va a haber manera de cambiar, ni con este tipo de leyes; la virtud cívica es que no seas corrupto”.

El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ernesto Villanueva Villanueva, señaló que se logrará un verdadero sistema anticorrupción y de transparencia a través de la educación. “Tenemos que establecerlo en los libros de texto gratuito, en las normales y en la universidad pedagógica nacional; es un tema de mediano y largo plazos”.

Destacó el hecho de que en esta comisión se discutan en público las iniciativas presentadas sobre la materia, porque es una práctica novedosa. “Anteriormente se quedaban en lo que se denominaba la congeladora y no pasaba nada”, por lo que es bueno que en esta ocasión se abran a la discusión.

Dijo que la declaración patrimonial a quienes ejerzan recursos públicos es un asunto que tendría que verse y resolverse caso a caso. Asimismo, las organizaciones sociales o de la sociedad civil reciben la menor parte de apoyos del gobierno, la mayor parte es de fundaciones internacionales y de la cooperación internacional; “es un asunto que es complicado, por ello, creo que ahí sí es necesario pedirles transparencia”.

México está en primer o segundo lugar con la mejor ley de transparencia; pero es inversamente proporcional a su eficacia, advirtió.

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