17-07-2019.- En reunión con diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, Karime Suri Salvatierra, visitadora adjunta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), señaló que es apremiante armonizar la legislación en materia de Igualdad, a fin de derogar leyes discriminatorias, avanzar en el combate al feminicidio y evitar la violencia contra las mujeres en el ámbito político, obstétrico y mediático.

Durante la reunión del Grupo de Trabajo del Mecanismo de Seguimiento al Cumplimiento de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en materia legislativa, la funcionaria propuso reformar el artículo 73 de la Constitución con el objetivo de que el Congreso cree un Código Penal Nacional.

Expresó que en materia de acceso a la justicia para las mujeres existe un vacío entre lo dispuesto por la ley y su ejecución. Asimismo, solicitó establecer un mecanismo de denuncia judicial en caso de discriminación y revisar los protocolos para abrir una denuncia y capacitar a los ministerios públicos, “pues hay quienes hacen una labor para que las mujeres no denuncien”.

Añadió que las observaciones fueron emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CoCEDAW) de las Naciones Unidas, donde se sugiere a México que cada entidad federativa reconozca la discriminación por orientación sexual e identidad de género y crear políticas en materia civil con el fin de permitir el acceso al matrimonio a todas las personas mayores de edad, el matrimonio igualitario y la erradicación del matrimonio infantil.

Relató que este organismo pidió analizar el mecanismo de Alerta de Género (AVGM), el sistema de justicia, el funcionamiento y presupuesto de las fiscalías especiales y de los centros de justicia, así como la participación de las mujeres en la vida política y pública con el propósito de prevenir, atender y erradicar la violencia política por razones de género, puesto que no existe una ley en la materia.

Refirió que otro aspecto a analizar es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya que a pesar de ser uno de los marcos normativos más reformados no se ha podido presentar un avance significativo, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, siete de cada 10 mujeres han sufrido violencia por parte de su esposo, pareja o novio.

Destacó que la CoCEDAW ha invitado al país a garantizar los derechos humanos de las mujeres reclusas, así como a sus hijas e hijos, a través de políticas de seguridad que permitan que permanezcan en el Centro de Reinserción Social más cercano a su lugar de residencia.

En el tema de las defensoras de derechos humanos y periodistas, resalto que la CoCEDAW sugirió que es conveniente que se aplique la ley en la materia federal y estatal, a fin de garantizar la vida, libertad e integridad, a través de un enfoque de género y atención psicosocial específica.

Subrayó que la CNDH considera necesario impulsar una campaña pública en materia de reconocimiento y no estigmatización del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, a efecto de sensibilizar a la población en general y a los servidores públicos, además de atender las solicitudes de medidas cautelares de protección a este sector.

En educación, resaltó la importancia de establecer medidas para prevenir, castigar y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas en las instituciones educativas públicas y realizar revisiones en los centros escolares con el objetivo de asegurar que las instalaciones sean adecuadas para ejercer, de forma sana y segura, su derecho a la enseñanza.

Destacó que en materia de salud es fundamental poner en marcha una política pública gineco-obstétrica que evite la violencia en esta área y coloque a las mujeres como protagonistas, con un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad.

Apuntó que también es preciso atender a las mujeres con discapacidad. Para ello, propuso interactuar con el Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para capacitar y actualizar al personal de instituciones públicas con el objetivo de garantizar la accesibilidad y movilidad de este sector.

Invitó a las diputadas a que el presupuesto sea diseñado con perspectiva de género alineado con la Agenda 2030 y dar prioridad a los derechos humanos y el desarrollo sostenible.

La diputada de Morena, María Eugenia Hernández Pérez expresó que para lograr el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y garantizar su ejercicio efectivo, se requiere la participación de todas las instancias del Estado para hacer posible la defensa de estas garantías.

Indicó que existe una agenda de género que se debe impulsar en todos los ámbitos de la vida pública nacional: en el Congreso de la Unión, en la administración pública, el Poder Judicial, en los gobiernos de los estados y en los municipios, “ya que de ese modo tendrán vigencia sus derechos humanos y avanzaremos hacia la igualdad sustantiva”.

Se requiere identificar cuáles son las reformas legislativas que se deben llevar a cabo, así como los procesos de armonización para garantizar los derechos y las libertades de las mujeres. La agenda que hoy se da a conocer, dijo, permite avanzar en el logro de la igualdad, respeto a la dignidad humana de esta población y abatir la discriminación por cuestiones de género.

Hernández Pérez hizo mención a casos que requieren de la defensa de los derechos humanos de mujeres. El primero, sobre dos que fueron accidentadas por una pipa de gas en el estado de México, quienes recibieron una pensión vitalicia, pero con el actual gobernador se les retiró. El segundo, el de una mujer que denunció agresiones físicas dentro de un penal. “A las mujeres que están en la cárcel se les sigue torturando y violentando todos sus derechos; ahí debemos trabajar las legisladoras”.

Se pronunció para que lo emprendido en materia de paridad de género se traduzca en resultados, “porque nosotras hemos visto que llegan a cargos públicos, pero no son ellas las que toman las decisiones, sino los hombres que están atrás determinándolas. Debemos asumir el control y la responsabilidad a través de una mayor preparación”.

De esa misma bancada, la diputada Laura Martínez González señaló que durante años se ha luchado sobre la igualdad de género y lo que se debe hacer es armonizar los derechos humanos en el ámbito nacional, “ya que faltan algunas entidades”.

Mencionó los temas de las mujeres privadas de su libertad y la trata de personas, en donde Tlaxcala y Puebla destacan como las entidades donde el fenómeno está a profundidad, “yo creo que tenemos mucho trabajo para sensibilizar a los estados y emprender acciones en estas problemáticas”.

Su correligionaria, Beatriz Rojas Martínez, agradeció la presencia de la doctora Karime Suri Salvatierra y dijo que esta visita les permite ver las responsabilidades que tiene la comisión. Señaló algunos puntos de importancia, como el trabajo para activar las alertas de género; la asignación de presupuesto con perspectiva de género y analizar las leyes secundarias de la paridad de género.

Finalmente, Beatriz Santamaría Monjaraz, coordinadora de la Unidad para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, señaló que es importante trabajar en el folleto de difusión del mecanismo de seguimiento de la CEDAW.

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