• El cambio debe ser profundo en el modelo de desarrollo, afirma el diputado Mario Delgado

17-06-2019.- El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, expresó que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, cuyo contenido es amplio, refuerza el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 del gobierno y lo enriquece, y “por eso, lo vamos a aceptar”.

En la reunión con representantes del sector empresarial, como parte del análisis del PND, organizada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Muñoz Ledo señaló que combatir la impunidad y la inseguridad son los temas más importantes para todos los mexicanos.

Indicó que se requiere de un Consejo Económico Social, ya que por diversas razones no se ha logrado establecer y se necesita una reglamentación. “Yo lo veo con los mejores ojos”.

Relató que en 2002 le tocó lanzar esta idea, porque entró dos años antes en vigor el Tratado entre México y Europa, y se tenían que tener dos organismos que en nuestro país no existían: el Comité Territorial de Europa y el Consejo Económico Social, “más o menos sacamos lo del Comité Territorial y armamos un buen comité que se llama ahora Conago, antes Anago. En cambio, el Consejo Económico Social no, por muchas razones”.

Muñoz Ledo expuso que en ese momento se emprendió una reunión en Europa de Consejo Económico Social, pero inventado y, en Bruselas, llegaron empresarios, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, “pero esto hay que regularizarlo, así es que cualquier iniciativa en este lado, en este punto, es bienvenida”.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Mario Delgado Carrillo, señaló que el proceso de análisis y discusión del PND está generando material que va a ser integrado y entregado al gobierno de la República durante la dictaminación que esta Cámara de Diputados tendrá la próxima semana, en donde estamos convocados a un periodo extraordinario el 27 y 28 de junio para el análisis y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo.

Recordó que el PND es el mapa de ruta de un país para los siguientes seis años en materia de desarrollo económico y siempre despierta inquietudes e ideas de cómo lograr el avance “que para el país ha sido insuficiente en los últimos años, y máxime que en esta ocasión el Presidente de la República nos ha lanzado un gran desafío, pues no se trata de un PND más, sino es un plan que refleja la voluntad de cambio manifestada el primero de julio pasado, donde el país o la gran mayoría de los votantes se manifestó por un cambio”.

El planteamiento que el Ejecutivo hace es que ese cambio debe ser profundo y en el modelo de desarrollo económico. “Está claro que en los últimos 30 años el crecimiento económico ha sido insuficiente, ha aumentado el número de pobres, la polarización del ingreso en su distribución es todavía más grave que la que hace cien años y estamos sumergidos en una ola de violencia”.

Delgado Carrillo subrayó que el cambio de destino del país y los resultados incluye transformar el modelo de desarrollo, donde el objetivo fundamental sea el bienestar de la mayoría. “No es menor el desafío, por eso hemos hecho este proceso de parlamento abierto para discutir las propuestas que ha hecho el gobierno para lograr este modelo alternativo”.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, expuso que el país está urgido de grandes soluciones y hay gran expectativa, porque por primera ocasión esta Cámara de Diputados tendrá esa valoración del PND, pero los retos son muy grandes. “El Ejecutivo nos envía un documento que difícilmente reúne los requisitos de objetivos, metas, indicadores y otros ingredientes de la propia planeación”.

Añadió que toda planeación debe ser indicativa, flexible, autocrítica, prospectiva y eminentemente participativa y aunque el Plan Nacional de Desarrollo sólo obliga al Ejecutivo federal, se van a desdoblar posteriormente documentos importantes, como los programas sectoriales y los especiales.

Se van a tener que atender tres aspectos que preocupan de manera preponderante: Estado de derecho; contrapesos republicanos de colaboración de poderes y fortalecer a toda la sociedad civil. “Creemos en la doctrina solidaria y subsidiaria, tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Este país es nuestro y es de todos y tenemos que construir las páginas de manera compartida”.

René Juárez Cisneros, diputado coordinador del PRI, señaló que si el Plan es una hoja de ruta y es la respuesta a lo que determinó la sociedad el uno de julio, “si entendemos que ese mandato es para lograr un cambio, cuidemos que no sea para retroceder o estancarnos. Que sea para avanzar; el desarrollo de un país requiere necesariamente de la inversión pública y privada, conjuntamente. El gobierno generando la infraestructura que acompañe las decisiones de inversión privada, para que estas puedan tener éxito y lograr el objetivo de contribuir al crecimiento y a la justicia social”.

Agregó que si no hay observancia plena del Estado de derecho, confianza, certidumbre, reglas claras y estímulo, a nadie se le puede obligar a que ponga en riesgo su capital. “Se requiere, cuando menos, que el gobierno garantice estas variables. Una visión que busque la justicia social, la equidad a partir de la dádiva, del regalo, de lo que no se está produciendo, sino que es el resultado del esfuerzo acumulado de millones de mujeres y de hombres a través de muchos años, es una visión miope”.

El PND, expuso, tiene que ser un instrumento que guíe el desarrollo, oriente el quehacer público, defina lo que es la convicción, voluntad y visión política de un gobierno, pero tiene que ser incluyente, escuchar todas las voces. “Es fundamental para este gobierno que entienda de una vez por todas que todos somos México y queremos contribuir a que le vaya bien al país, y que nadie, ni el propio Presidente de la República, tiene la verdad absoluta. La voz de ustedes es fundamental, debe ser atendida, recogida e incorporarse”.

Por el PES, su coordinadora, diputada Olga Juliana Elizondo Guerra, señaló que su grupo ha tenido la oportunidad de hacer y señalar lo que “hemos visto que no está contemplado. Si bien viene connotado de manera porcentual, lo que sí debemos exigirnos entre todos es ver cuál es la dinámica, el cómo y los porqués para llegar a objetivos muy claros”.

Encuentro Social, dijo, ha participado en cada una de las comisiones y hecho sus aportaciones, porque creemos que hay algunas faltantes. Sin embargo, dijo, “estoy de acuerdo en que la dinámica del Presidente es que se conjuguen las voces de todos los mexicanos y por eso hoy nos reúne aquí el interés, en forma privada, de las inversiones, de cómo exigirnos entre la sociedad, el gobierno y cada uno de las órdenes”.

Pugnó por políticas públicas con una sociedad responsable en donde todos participen. “Deseo encontremos en estas conclusiones una participación importante para que sea incluyente, inclusiva, con un razonamiento en lo positivo que encamine al país de manera puntual y que México siga siendo un país pujante y de grandes oportunidades”.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo parlamentario del PT, subrayó que el documento enviado a esta Cámara se debe construir sobre la base del consenso. “Es tiempo que asumamos con pragmatismo que la inversión pública es absolutamente complementaria e impulsora de la privada. La productividad y competitividad se crean sobre la base de inversión productiva, con investigación y desarrollo, mejorando prácticas administrativas de gestión empresarial y, sobre todo, innovando”.

Consideró innegable la necesidad y complementariedad de la inversión pública. “Ante el drástico descenso de ésta, particularmente a partir del 2015, donde se encontraba cerca del 4 por ciento del PIB, hasta alcanzar niveles debajo del 3, a finales del año pasado, la inversión privada como porcentaje del PIB ha pasado del 19.8 al 19 del PIB. Invitamos a que en conjunto trabajemos para contrarrestar esta tendencia perniciosa, para la salud de la economía mexicana y que atenta contra la generación de oportunidades rentables para la industria y la población en general”.

Se manifestó por trabajar en conjunto para solucionar la informalidad laboral, convertida en una de las válvulas de escape durante las recientes décadas y que, desafortunadamente, se ha extendido como práctica al interior de las empresas formalmente constituidas, así lo revela el Inegi, que señala que el 37 por ciento de los trabajadores remunerados no tienen acceso a las prestaciones que la ley estipula.

El coordinador de MC, diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, expresó que por primera vez se presenta un nuevo planteamiento al PND, “el cual tiene que ver con una crítica a lo que se denomina el modelo neoliberal y las limitaciones de desarrollo que ese modelo trajo al país durante los últimos 30 o 40 años”.

Pugnó para que el gobierno haga lo que tenga que hacer; el sector público lo suyo y el Poder Legislativo emprenda leyes que contribuyan a lograr la aspiración de los mexicanos, que es el desarrollo económico y social, y que los gobiernos municipal, de las entidades federativas y el federal cumplan con lo que les corresponde en materia de derechos constitucionales: educación, salud, trabajo y vivienda.

El único objetivo, dijo, es tener crecimiento. “Si no lo hay, no hay nada que distribuir; no hay nada que permita al gobierno la captación fiscal para tener el gasto en la tarea que le corresponde; no hay un crecimiento del empleo y tampoco un crecimiento del salario. Nuestro trabajo deber ser dirigido a que el PND pueda aportar los elementos para tener crecimiento económico, así como de la productividad, del empleo y de la innovación”.

Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada coordinadora del PRD, señaló que es dialogando y proponiendo como se puede construir. Pero debe existir la voluntad de asumir que algunas propuestas deben sumarse o, de lo contrario, “el ejercicio del parlamento abierto quedaría solamente en eso”.

El Plan Nacional de Desarrollo, resaltó, es la hoja de ruta y deben definirse los objetivos y las políticas generales del desarrollo; es decir, el camino del desarrollo del país durante los próximos seis años, así como sus respectivos programas sectoriales; sin embargo, dijo, lo que se presentó es difuso en la articulación y entre los objetivos y estrategias, fundamentalmente, en lo referente a los recursos presupuestales para solventar la gestión y la ejecución.

Argumentó que si hay crecimiento se tendrá desarrollo. “Estamos ante una oportunidad para que, con todo y las divergencias, las diferencias y el debate que existe en torno a lo que será la hoja de ruta, todos los sectores, y a partir de la función y la responsabilidad que se tiene desde el Legislativo, podamos abonar para encontrar el mejor Plan Nacional de Desarrollo”.

El diputado Arturo Escobar y Vega, coordinador del PVEM, expresó que en el PND no se preveía el fenómeno migratorio, pues no se entendía o no se sabía que había la obligación de mover recursos económicos multimillonarios para tomar una postura –que creo fue positiva- por parte del gobierno mexicano, anticiparse de lo que venía en relación con Estados Unidos-

Dijo que hay acciones hechas por este gobierno que preocupan, como es la cancelación del aeropuerto, pero hay otras que se deben de reconocer. “Se ha reaccionado de forma responsable ante aquello que ha costado mucho tiempo construir, como es tener niveles de estabilidad macroeconómica que le den funcionalidad al país”.

Los grandes temas, añadió, son la inseguridad y el crecimiento. Además, expresó, como parte del Estado este poder “está obligado a construir las bases legislativas y legales para tener una plataforma atractiva que genere certidumbre y permita fomentar el empleo y, en consecuencia, el crecimiento económico”.

El diputado de Morena, Pablo Gómez Álvarez, subrayó que el PND 2019-2024 expresa una ruptura de la estrategia económica, social y política que existe hasta ahora, y aunque se parte de una situación muy complicada, conforme pase el tiempo, el plan se podrá ajustar y mejorar.

Explicó que contiene, además del reconocimiento de derechos sociales, la reorientación y rearticulación del gasto público, aumentar la eficiencia recaudatoria. “Se requiere desmantelar la corrupción y construir un Estado de derecho, así como superar la crisis delincuencial”.

Añadió que un tema relevante “es la crisis que habrá, en unos dos años, en el sistema de pensiones; habrá que sentarnos con los empresarios especialmente, para ver cómo se va a sortear esa crisis, porque no habrá suficiente fondo para una pensión garantizada”.

Juan de Dios Barba Nava, presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático de Coparmex, pidió a la Cámara de Diputados que en términos del Plan Nacional de Desarrollo también se den las bases para reconsiderar los grandes proyectos de infraestructura.

“Queremos que los grandes proyectos, los que ya existían y los que propone el gobierno, sean exitosos, pero no puede abonarse al éxito de uno si no están todos los permisos, los estudios y los análisis de viabilidad económica, técnica y ambiental. Primero son los estudios y después la ejecución de los proyectos. Para combatir la pobreza hay que generar riqueza, no quitarles a unos para darles a otros; es necesario fomentar el crecimiento económico”.

Resaltó que las empresas son quienes generan la riqueza del país, el empleo y las que pagan los impuestos que después el gobierno utiliza para el presupuesto. “Nos preocupa que en aras de una austeridad se esté afectando la eficacia y eficiencia del Estado. Se esté lastimando la efectividad de los negociadores internacionales y estemos perdiendo presencia internacional en el tema comercio y de economía”.

Planteó que la Cámara de Diputados revise las acciones conducentes para ampliar el plazo de la discusión, aprobación y rectificación de un PND que hoy es deficiente; establecer acciones hacia el fortalecimiento del Estado derecho, el combate a la impunidad y la inseguridad; reconsiderar los grandes proyectos de infraestructura para que antes que todo cumplan los requisitos indispensables de viabilidad y estudios.

Sugirió promover la creación de un Consejo Económico y Social de México, donde de manera institucional los diferentes sectores de la sociedad, la academia, los sindicatos, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y el sector empresarial, “podamos ponernos de acuerdo de antemano en cuáles son los proyectos y las ideas a desarrollar para el país”.

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, resaltó que es fundamental que en este Plan Nacional Desarrollo pueda estar definido el modelo económico “que se va a seguir y hasta dónde va a llegar la rectoría estatal”.

Se manifestó por una sociedad más participativa y dijo que el Plan propuesto por el Poder Legislativo, después de haberlo recibido del Ejecutivo y consultado a la sociedad, debería marcar cuáles son los límites para la rectoría estatal y qué alcances puede tener la sociedad civil y los sectores productivos.

En materia de finanzas públicas, dijo, el PND debería contribuir a marcar el modelo de administración, lo que es la burocracia del país, ya que la percepción que se tiene con los recortes presupuestales, la austeridad republicana, la cancelación de secretarías y de direcciones, así como las modificaciones que se han hecho, “pueden ser muy optimistas pero quisiéramos que la austeridad no incidiera en la funcionalidad, eficacia y productividad que se requiere para acompañar los modelos de crecimiento a los que aspiramos”.

López Campos sugirió clarificar los lineamientos en materia de seguridad social y de salud y que bajo esta base también se hable de lo que es el federalismo fiscal. Se debe apoyar más a la innovación y tecnología, fomentar el emprendedurismo, así como invertir para cambiar el modelo de crecimiento, y eso va a ir ligado a la educación, aseveró.

La Cámara de Diputados requiere analizar este Plan para efectuar las modificaciones necesarias de acuerdo con las principales propuestas que han recibido de la sociedad civil y de los sectores productivos en su conjunto. Las aportaciones del sector empresarial van en el sentido del respeto al Estado de derecho, movilidad social, uso de tecnología, cuidado de las finanzas públicas, preservación del ambiente y participación ciudadana, lo que contribuirá a la construcción de un país próspero, justo y equitativo.

Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario de México (CNA), puntualizó que el campo y la producción de alimentos son parte fundamental del desarrollo, y el sector agropecuario representa el 8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), se genera el 14 por ciento de los empleos formales, se producen más de 290 millones de toneladas de alimentos y se exportan alrededor de 35 mil millones de dólares.

Consideró que el PND 2019-2024 necesita reflejar la prioridad que tiene para el Ejecutivo el campo mexicano y la importancia de la producción de alimentos como elemento básico y fundamental del desarrollo. Requiere objetivos concretos, acciones específicas, una dirección clara y precisa de cómo lograrlo.

Externó su preocupación que dentro de la propuesta se hace un diagnóstico del sector agrario en donde se señala que ha sido de los más devastados por las políticas neoliberales, que se destruyeron mecanismos fundamentales para el desarrollo, que se orientó el apoyo público a la manipulación electoral y propició el alejamiento poblacional del agro, y que las políticas oficiales han favorecido a las agroindustrias y megaproyectos condenando al abandono a comuneros, ejidatarios y pequeños propietarios.

México, relató, importa casi la mitad de los alimentos que consume, así la mayor parte de los insumos, maquinaria, equipo y combustible hacia la agricultura son importados. “Reconocemos que existe un campo asimétrico y que hay un gran segmento de productores, particularmente pequeños y medianos que siguen enfrentando rezagos.

Afirmó que el éxito de las políticas públicas y del Plan Nacional de Desarrollo deben derivarse de la participación. “Todos queremos un México más próspero, deseamos un país seguro y de mayores oportunidades; un México con menos pobreza y menor desigualdad, y con mayor bienestar para todos los que habitamos en él. Esperamos que el PND refleje verdaderamente el rumbo, las acciones y las metas que deseamos”.

El director general de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Luis Hernando Cervera Mondragón señaló que lo que el sector privado ha estado buscando es el bienestar, en donde se ha hallado la forma y la puerta de tener una nueva manera de acercamiento con el sector público.

“Cuando hablamos de la industria pensamos siempre en los grandes autos, en el acero, cemento, etcétera, pero también hay que voltear a las cámaras de los que son Pymes, de lavanderías, de tortillerías, panaderías, estéticas, que finalmente forman esta gran masa de lo que somos”, abundó.

Hizo votos para trabajar con certeza jurídica en el tema de la sobrerregulación y de los mecanismos que permitan la inversión. “En el Plan que se presentó hace más de un mes es de preguntarnos cómo alcanzamos, inclusive a ese 30 por ciento más del PIB para poder llegar a la expectativa de crecimiento que se tiene, cómo hacemos que el contenido nacional se refleje realmente y eso es finalmente teniendo en la mesa a los que estamos produciendo en el país”.

Javier Treviño Cantú, director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), subrayó que México requiere de esfuerzos conjuntos entre los sectores público y privado, para impulsar el crecimiento económico, la competitividad y la generación de empleos, e indicó que la mejor vía para lograrlo es el diálogo permanente, a efecto de encontrar coincidencias y acordar los métodos eficaces que permitan encauzar esas coincidencias y uno de esos métodos es el parlamento abierto, agregó.

Resaltó que el sector empresarial ha hecho propuestas en materia de política económica, energética, medio ambiente y cambio climático, política social, salud, ciencia, tecnología o innovación, educación, así como en las áreas hacendaria y presupuestal, en todas las comisiones legislativas.

El CCE, dijo, entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados un documento que condensa las opiniones de las diferentes comisiones y grupos de trabajo del Consejo Coordinador Empresarial, “algunas ya han sido incorporadas en la opinión y otras no. Ese documento no se trata ni de una aprobación ni de una ratificación ni de un endoso, se trata realmente de las propuestas del sector empresarial y de nuestro compromiso”.

Treviño Cantú argumentó que el acuerdo firmado la semana pasada entre el Ejecutivo y CCE se inscribe en las coincidencias que tienen el sector empresarial, en lo general con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

“Hay temas que plasmamos en el documento que acabamos de entregar a la Jucopo, en donde nos hubiera gustado ver avance en temas, como las zonas económicas especiales o estrategias concretas para el abatimiento de la inseguridad, en el corto plazo”, agregó.

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