18-06-2019.- El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, expresó que, si se aprobara la iniciativa que plantea desaparecer los OPLE y sustituirlos por consejos locales del INE nombrados desde la Cámara de Diputados, no sólo generaría problemas operativos, sino habría una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral, a partir de una cooptación política de las autoridades.

Indicó que en términos exclusivamente económicos pueden desaparecer los OPLE, pero eso implica que, si se quiere que el INE lo organice todo, debe transformarse o refundarse, ampliando sus estructuras en los estados, aumentar sus capacidades operativas e incrementando los recursos. “Tal como hoy está diseñado el INE, no puede organizar simultáneamente las 32 elecciones locales y además las federales, como ocurrirá, por cierto, por primera vez en 2021”.

En el marco de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, durante la mesa “Autoridades electorales”, Córdova Vianello subrayó que pensar que las juntas y consejos locales y distritales del INE pueden hacerse cargo enteramente de las elecciones federales, estatales y municipales, no toma en cuenta la geografía que hoy está vigente de 300 distritos federales, que no corresponden territorialmente con los 576 consejos distritales locales, ni con los mil 903 consejos municipales.

En cuanto a la propuesta de desaparecer o reducir la representación proporcional, dijo, es políticamente indeseable e históricamente contradictorio. “Eliminar o disminuir dicho mecanismo mina el carácter incluyente del sistema político y restringe el espacio que deben tener en democracia las minorías para participar en la toma de las decisiones”.

Precisó que si lo que se quiere es reducir costos, propuso modificar la Ley General de Partidos Políticos, en materia de financiamiento público local, para que se multiplique el padrón en cada estado por el 30 por ciento y no por el 65 por ciento como hoy ocurre, de una UMA, y con ello se estarían reduciendo en el plano local casi dos mil 500 millones de pesos al año.

Además, pugnó por el voto en urna electrónica, ya que ahorraría recursos en trabajo de campo, capacitación electoral, integración de casillas, documentos, materiales electorales, PREP y conteo rápido, así como cómputos distritales y recuentos.

Tan sólo en las elecciones federales sería un ahorro de alrededor de cuatro mil 500 millones de pesos. “Estas dos medidas, sin minar el pluralismo y sin desandar el camino democrático, tendríamos ahorros por casi siete mil millones de pesos”.

El titular del INE afirmó que no todo lo que se plantea en las iniciativas de una posible reforma electoral, a partir del paradigma de la austeridad, reduciría costos.

“Al menos no en la disminución sugerida, pero sí todo lo que se propone conlleva alteraciones que podrían, si se hace mal, poner contra las cuerdas nuestro sistema democrático en tres aspectos, en concreto: autonomía de las autoridades electorales, operatividad del propio sistema electoral y el pluralismo político al que hemos avanzado tras décadas de lucha democrática, principalmente desde la izquierda, hoy en el gobierno”, añadió.

El secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, señaló que la concentración del quehacer electoral, tanto federal como local, en una sola autoridad generaría condiciones poco propicias para atender con oportunidad y certeza los resultados de una jornada electoral.

Destacó que la importancia de los OPLE radica en que atienden la especificidad de la norma electoral en cada entidad, permiten ofrecer resultados con oportunidad, operan los diferentes calendarios electorales, consideran la distritación local, además que cubren los ámbitos distritales, locales y municipales.

Estimó que si se quiere reducir costos, se podrían considerar áreas de oportunidad como el voto electrónico, el cual podría significar un ahorro de cuatro mil millones de pesos en cada elección concurrente. La revisión del financiamiento público para la política en el ámbito local, que propiciaría ahorros anuales muy importantes, reducir los tiempos de campañas y eliminar las precampañas, entre otras condiciones.

Reconoció la enorme desigualdad que existe en la sociedad y que nadie puede negarse al ahorro. Sin embargo, “afectar negativamente el sistema electoral sería un gran retroceso en nuestro país”.

Enfatizó que “si bien, la mejora constante refresca el quehacer institucional, cambiar sin un diagnóstico a fondo e integral pone en riesgo un engranaje que no se inventó en un día, que ha sido confeccionado y probado a lo largo de cuatro décadas, brindando estabilidad política al país en los últimos 40 años”.

La consejera electoral, Adriana M. Favela Herrera, resaltó que de 2014 a 2019, los OPLE han organizado diferentes elecciones locales para renovar titulares del Poder Ejecutivo, congresos locales e integrantes de los ayuntamientos, en donde se han elegido más de 20 mil cargos en estos últimos cinco años, y de esa totalidad, solamente en dos entidades federativas el INE ha asumido totalmente la organización de los comicios y fueron de carácter extraordinario.

Mencionó que si desaparecen los OPLE generaría la necesidad de ampliar la estructura del INE para instalar consejos a nivel de los distritos locales, porque actualmente se cuenta con 673, que son la base para elegir a las diputaciones locales y se deberá tener una estructura en cada uno de los dos mil 458 municipios. Además, no sería factible contar con el mismo número de distritos federales y locales y que abarquen el mismo territorio.

Favela Herrera aclaró que no es cierto que se dupliquen las funciones entre el INE y los OPLE, porque están totalmente bien delimitadas. Tan sólo en el proceso electoral 2017-2018 se realizaron tres mil 466 actividades para la organización de los comicios federales y locales, de los cuales el 38 por ciento las desarrolló directamente el INE, 52 por ciento los OPLE y el 9 por ciento se hicieron de manera conjunta. “Hay que revisar esas actividades para tener muy claro qué es lo que hace el INE y qué es lo que hacen los propios OPLES”.

Resaltó que la desaparición de estos organismos implicaría aumentar la estructura del INE, porque “nosotros actualmente no contamos con recursos humanos y materiales para poder realizar las elecciones a nivel municipal y de las diputaciones locales. Entonces, no se estaría dando un ahorro como se está previendo en la propia reforma. Descentralizar la fiscalización podría significar un retroceso para los procesos de revisión y sanción”.

Propuso que desde la Federación se les asignen los recursos que necesitan para su funcionamiento y realización de sus tareas fundamentales. Se debe de tener claro que casi el 50 por ciento del presupuesto que tienen los OPLE corresponde a las prerrogativas que se les tienen que asignar a los partidos políticos; entonces no es tan costoso el funcionamiento del OPLE, añadió.

También planteó reducir el costo en material electoral, con el uso de cartón, remplazar la documentación electoral por urnas electrónicas y homologar sistemas como el PREP o conteos rápidos para que se utilice un sólo esquema y no constituyan un gasto recurrente en cada entidad federativa.

El consejero del Instituto Nacional Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, aseguró que el problema no es la cantidad de recursos que disponen los partidos, sino cómo los emplean. “No disminuyamos el financiamiento a los partidos, sino distribuyámoslos mejor y generemos incentivos para vigilarlos. Mayor equidad y rendición de cuentas contribuyen más a la democracia”.

Condenó la falsa retórica y el falso debate entre reforma electoral o incertidumbre electoral o “la amenaza que si hay cambios llegará al caos”. Consideró que “sólo quienes protegen intereses inconfesables y privilegios no quieren reforma electoral que salga de su control, saben que los cambios pueden alcanzar al INE y demoler intereses y privilegios”.

Subrayó que la urna electrónica no garantiza la transparencia, ni aporta las suficientes evidencias para constatar sus procesos y resultados. “De esta reforma puede y debe surgir un modelo electoral intensivo en tecnología, venimos de un rezago tan profundo en ella que ahora se quieren respuestas fáciles”.

Sostuvo que en esta reforma debe prescindirse de los OPLE, porque “disminuir verdaderamente el costo del sistema electoral pasa necesariamente por contar con autoridades administrativas y jurisdiccionales únicas”.

El presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas, Pedro Zamudio Godínez, advirtió que la desaparición de los institutos no generará en automático un ahorro, pero “entendemos que es un interés legítimo y válido. Ahorrar y erogar menos recursos es una exigencia ciudadana”.

Precisó que en el periodo 2015-2019, los Órganos Públicos Locales Electorales han organizado siete mil 93 elecciones de gubernatura, de congresos estatales y de municipios. Además, afirmar que el INE podría hacerse cargo de las elecciones locales es imposible.

“No somos una caja de dispendio, no somos organizaciones despilfarradoras, somos órganos constitucionales que tenemos legislaciones que cumplir, auditorías qué atender, cada actividad que realiza un Órgano Público Local Electoral debe estar respaldada en su calendario anual de actividades y sólo entonces se pueden erogar recursos. Somos instituciones del Estado mexicano conscientes de la alta responsabilidad que tenemos en nuestras manos”, destacó.

La presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales, Miriam Hinojosa Dieck, resaltó que desaparecer a los OPLE como medida para reducir el costo de las elecciones “es como cortarle la pierna a un atleta para que dé el peso reglamentario en su categoría, se habrá logrado el objetivo inmediato, ciertamente, pero se habrá arruinado la meta fundamental”.

Se pronunció por una reforma profunda, de consenso y que incluya la existencia de instancias locales, “esto porque no hay nada que mejorar, todo lo contrario, porque hay mucho por hacer y aceptamos el reto de lograrlo”.

Propuso que el presupuesto de los organismos locales no dependa de lo que ellos presentan como solicitud al Congreso del estado, sino que haya una ecuación que permita determinarlo en función de la población. Planteó mantener lo que se tiene y funciona, y sólo verificar que no haya traslape y redundancias.

Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y de Participación Ciudadana de Chiapas, resaltó que el modelo se ha encarecido. En el caso concreto del subsistema electoral local, a partir de la reforma de 2014 se tiene un incremento considerable en el financiamiento público a los partidos políticos en los estados.

Consideró que el principio de austeridad se debe valorar en función de otras prioridades, ya que “me parecería muy riesgoso avanzar en una propuesta de esta naturaleza en algunas entidades federativas donde los sistemas de partidos políticos son débiles y disminuirles la financiación pública pudiera, incluso, arriesgarlos más”. Subrayó que México es sumamente diverso y en cada entidad federativa la política se vive de manera diferente y destacó la importancia de considerar el enfoque federalista en el análisis de las prerrogativas locales.

La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, Guillermina Vázquez Benítez, dijo que el alto costo de las prerrogativas de partidos deriva del procedimiento de cálculo planteado en la reforma de 2014, al pasar de 2 mil 507 millones en ese año a 4 mil 840 millones en 2019, lo que representa un incremento de alrededor del 93 por ciento. En la parte operativa, aclaró que las actividades de los OPLE no son limitadas y residuales, sino sustantivas.

Enfatizó que eliminar institutos y modificar procedimientos implicaría desaparecer estructuras para crecer otras, así como trasladar costos, no reducirlos. Resaltó que los esfuerzos que los órganos electorales han realizado en materia de educación cívica y participación ciudadana. “Resultaría irresponsable minimizar estos temas que, además, se requieren fortalecer con políticas públicas transversales”.

Juan Manuel Vázquez Barajas, consejero del Organismo Público Electoral Local de Veracruz, recordó que la reforma de 2014 generó órganos locales huecos respecto a competencias globales y afirmó que la asfixia económica de los poderes ejecutivos a los OPLE es algo que “hemos padecido en los últimos cuatro años, como es violencia política, conflicto y complejidad del diseño jurídico-normativo, estructuras deficientes para la estandarización, subcontratación, múltiples licitaciones a precios diferenciados”.

Indicó que el costo de la Reforma Político-Electoral de 2014 asciende a más de 169 mil millones de pesos que el Estado mexicano ha invertido en los procesos electorales. Añadió que el debate no está en la posición burocrática “que yo tenga como consejero ni tampoco lo que yo considere, sino mi experiencia que me dice que hay duplicidad de funciones. Por ello, se debe reforzar la imparcialidad de los órganos electorales y consolidar su autonomía presupuestal. Además, sí es viable la constitución de un sólo órgano electoral a nivel nacional”.

La consejera del Instituto Estatal Electoral de Sonora, Ana Maribel Salcido Jashimoto, subrayó que en la implementación de la Reforma Electoral durante los últimos cuatro años, la participación e injerencia del INE en la organización de las elecciones locales se ha incrementado significativamente, a través de los más de 500 acuerdos que contienen lineamientos, reglamentos, criterios y otras medidas de aplicación en el ámbito local.

Añadió que desde el INE y el Poder Judicial de la Federación prevalece una visión centralista que ha llevado a tomar decisiones con criterios políticos y pragmáticos. Cuestionó si el INE estaría dispuesto a eficientar su desempeño delegando facultades a los OPLE para cumplir cabalmente con la consolidación de las estructuras electorales en los estados, “honestamente y con todo el optimismo, espero que sí exista esa ineludible voluntad y, de no ser el caso, se debe considerar una reforma legal que involucre desde una moderada restructuración hasta una desaparición de los OPLE”.

El coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), resaltó que lo que se propone es generar ahorros fuera de proceso electoral, “ya que es el periodo más largo”.

En el proceso electoral, dijo, evidentemente los presupuestos de los OPLE y el INE aumentan porque hay erogaciones importantes en material, papelería, personal eventual que se contrata, además se instalan los consejos distritales y locales que no existen. “Esa distinción y análisis tenemos que hacerlo con ese panorama de tres años para ver cuáles son los costos y qué pretendemos abatir”.

El reto, aseguró, está en ver si podemos tener mejores costos fuera del proceso electoral y en él, ver bajo qué mecanismos podemos tener la eficacia necesaria para llevar a cabo el proceso.

El diputado Jorge Arturo Espadas Galván (PAN) reconoció la participación de los consejeros electorales locales y su nivel de profesionalismo. Adujo que el sistema es perfectible “pero la democracia más cara, hablando de austeridad, es la que no se tiene”.

Enfatizó que no se debe ahorrar un peso contra la certeza electoral, “eso debe de prevalecer”. Interrogó cómo se puede fortalecer a los OPLE frente a los estados en el tema presupuestal. Asimismo, cuánto se ahorraría con su desaparición.

Por el PRD, la diputada Verónica Juárez Piña preguntó qué se requiere para implementar la urna electrónica y cuánto tiempo se requeriría, así como si es factible hacerlo en la próxima elección de 2021. En caso de realizar la restructuración en el INE, qué fin tendría el Servicio Profesional Nacional y Local de carrera.

Asimismo, si la autoridad electoral nacional asumiera las atribuciones que ahora ejercen los OPLE, en cuánto tendrían alguna estimación de cuál sería el incremento al presupuesto.

El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) manifestó que pareciera ser que en el marco de estos foros para las reformas se está privilegiando la parte dogmática más que la sustantiva y regulatoria. “Se busca lograr establecer una condición de transición hacia una reforma que se dará en condiciones totalmente diferentes, no sólo a las del 2014, dado que hoy estamos en un proceso de transición verdaderamente de un régimen político”.

Sugirió que la discusión se centre en la parte de los aparatos burocráticos e instancias, por lo que cuestionó desde la perspectiva del INE cuáles serían los grandes retos, más allá de la cuestión presupuestal y conciliatoria con las diferentes fuerzas políticas para garantizar en este proceso de cambio la confianza y credibilidad de los ciudadanos.

Silvano Garay Ulloa, diputado del PT, comentó que, en un estudio, se percibe que los partidos políticos están gastando mucho dinero; sin embargo, no es así, ya que reciben actualmente el 26 por ciento del financiamiento total que se aprobó para el INE.

La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) expresó que el análisis de un diseño institucional de una política pública no pasa primero por el análisis cuantitativo, por lo que es necesario que se aborden los objetivos y las finalidades de esas estrategias para después verificar la proporción entre las acciones, resultados y los costos que tiene.

Por MC, la legisladora Ruth Salinas Reyes manifestó que se debe abundar en cómo podríamos reducir la erogación de los recursos que se necesita en esta reforma. “Invito a que vayamos más allá y no solamente hagamos unos videos, vayamos a tocar piso y tierra; quienes hacemos campaña sabemos lo que exige la ciudadanía, vayamos a tocar piso… lo que exige la ciudadanía”.

El diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) dijo que no comparte la idea de que no hay gobernadores que tienen injerencia en las elecciones estatales a través de los OPLE. Recordó que esa situación de intromisión se dio en 2017 en el estado de México en perjuicio de la candidata de su partido a la gubernatura, Delfina Gómez Álvarez.

La diputada del PT, Ana Ruth García Grande resaltó que la tarea que han realizado los OPLE es indiscutible; sin embrago, es necesario fortalecer los procesos democráticos, a fin de homogeneizar las realidades que vive México. “No se puede subestimar el desafío en el que nos encontramos en materia electoral, por lo que se debe instrumentar un rediseño en su operación”.

Pablo Gómez Álvarez, diputado de Morena, refirió que la reforma no busca ahorrar dinero en materia electoral, pues el planteamiento de austeridad es para todo el Estado, por lo que pidió que se analice la validez de la estructura actual del sistema electoral.

La diputada perredista, Frida Alejandra Esparza Márquez pidió opinar a los consejeros sobre si las designaciones de sus puestos estuvieran a cargo de una votación en la Cámara de Diputados, porque esto podría generar que hubiera tintes políticos.

--ooOoo--