18-06-2019.- El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, se manifestó porque la reforma electoral respete la autonomía judicial. “Sería inaceptable cualquier intromisión de un poder hacia otro, pues esto rompe el sistema de pesos y contrapesos que dicta la Constitución”.

En los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, consideró que la propuesta de reforma para modificar la composición de la Comisión de Administración del Tribunal, es innecesaria y podría atentar contra la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, si no cuenta con un diseño adecuado.

Precisó que esta propuesta es que la Comisión cambie su nombre por el de Consejo de Vigilancia y se integre por el magistrado presidente y un magistrado, ambos de la sala superior; un magistrado de sala regional por insaculación, pero, dos consejeros independientes que nombrará la Cámara de Diputados.

Durante la mesa “Reestructuración y vigencia de autoridades jurisdiccionales”, Fuentes Barrera hizo votos para que haya coherencia, uniformidad y certeza en la justica electoral de México. Se puede alcanzar si se establece un Código Nacional en donde se definan las reglas procesales comunes de aplicación para todos los Tribunales Electorales del país; es urgente la actualización de la Ley de Medios de Impugnación vigente, pues ha sido rebasada, advirtió.

Propuso crear un sólo juicio para combatir actos y resoluciones electorales, pues la diversidad que existe en la actualidad genera gran confusión que atenta contra el recurso judicial efectivo; se debe aprovechar las innovaciones tecnológicas y crear el juicio electoral en línea, lo que permitirá aplicar la austeridad, integrar y resolver con mayor rapidez los juicios, ahorrar recursos materiales y humanos, facilitar a la ciudadanía el acceso real y efectivo a la justicia, y transparencia total del expediente.

Puntualizó que la imparcialidad, independencia y la autonomía judicial tienen una especial relevancia para los Tribunales Electorales. “De nada sirve un sistema de normas constitucionales y legales si orientan y limitan la actividad del poder público, si en la etapa de aplicación del derecho los actores políticos influyen en la resolución de los litigios. El Tribunal Electoral se legitima a partir de la percepción de los ciudadanos de que actuamos con independencia e imparcialidad protegiendo los derechos, principios y valores tutelados en la Constitución”.

En el avance democrático del país, expuso, el Tribunal Electoral “ha desempeñado un papel de primer orden; sus aportaciones pueden valorarse en el número y la calidad de sus resoluciones. La justicia electoral es relevante en la vida política del país porque genera estabilidad y previsibilidad en las decisiones judiciales y, con ello, se facilita el adecuado acceso al poder público”.

Desde su creación, expuso, el Tribunal ha resuelto más de 200 mil juicios. Tan sólo, entre noviembre de 2016 y diciembre de 2018 se han resuelto cerca de 29 mil asuntos. Lo que es un promedio de 255 por semana. Las sentencias han sido en el sentido de darle la razón por igual a los diversos partidos políticos, sin importar quiénes fueron parte de los juicios sino sólo se tomen en cuenta los argumentos de derecho y las pruebas ofrecidas; debemos conservar los avances conseguidos”.

Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subrayó que es necesario derogar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque data de 1996 y no ha tenido mayores reformas, no es acorde con el paradigma de justicia abierta, ni responde a las nuevas ideas de derechos humanos y de justicia incluyente. “Es una ley vieja”.

Planteó crear un nuevo ordenamiento de enjuiciamiento electoral y responder a cuatro paradigmas: justicia simple, ciudadana, moderna e incluyente. “Hoy tenemos un sinnúmero de recursos y juicios, sería mejor hacer una justicia fácil de entender para los ciudadanos”.

Además, dijo, debe mejorar el sistema de nulidades de elección, pues no está previsto el tema de violencia política de género y otras causales, como es la violación al principio de la Iglesia y del Estado. “Es prioritario tener una justicia ciudadana; regular las audiencias públicas y hacer síntesis de las sentencias. Al sistema le faltan medidas reparatorias y medidas de no repetición”.

Mónica A. Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisó que el modelo de juicio en línea permite que las sustentaciones completas de los mecanismos de defensa se lleven a cabo a través de esta modalidad y facilitando que las partes involucradas puedan consultar en tiempo real la documentación.

Se busca acercar la justicia electoral a la ciudadanía, pues ha implementado herramientas para maximizar el ejercicio de una tutela judicial efectiva. “Me parece que sí podemos seguir avanzando a un establecimiento en la ley para que se garantice el acceso, el cual va fortalecido con los avances de la tecnología en los órganos de impartición de justicia”.

Añadió que un juicio de línea debe contemplar que la presentación sea optativa y no dejarlo a una obligatoriedad; se especifique que la interpretación y presentación de toda promoción deba contener la firma electrónica; favorecer y permitir adjuntar archivos; establecer un sistema de notificaciones, así como implementar un expediente físico y alterno al electrónico. “El juicio en línea es una opción tecnológica que está dando resultados positivos y evita un cargo extra; en materia electoral, permitirá a las mujeres presentar las demandas que aduzcan violencia política por razón de género”.

El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Jaime Vargas Flores, planteó que los supuestos en que procede el juicio para la protección de derechos políticos del ciudadano, contemplado en la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, se resuelva a favor de los tribunales locales; lo que, agregó, redundará en que el ciudadano tenga acceso de primera mano a la impartición de justicia constitucional, sobre todo, en casos promovidos por un elector con intereses jurídicos para hacer valer presuntas violaciones a su derecho político electoral, así como de votar y ser votado.

Consideró oportuno que los tribunales electorales estatales atiendan temas reservados al ámbito federal. Es indispensable transitar al esquema básico mediante competencia local para que se conozca de manera directa del juicio ciudadano en los tribunales locales a fin de que, eventualmente, las salas regionales se conviertan en revisoras de sentencias.

La magistrada del Tribunal Estatal Electoral de Sonora, Carmen R. Salazar Campillo, puntualizó que se debe impulsar el federalismo judicial a fin de fortalecer a los tribunales locales, porque es importante que el juez esté cerca de la gente porque al conocer la idiosincrasia de los justiciables podrá resolver mejor sus asuntos.

Subrayó que es fundamental fortalecer a los tribunales locales como organismos autónomos porque inciden directamente en la consolidación de la democracia.

El magistrado del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, José Ramírez Salcedo, llamó a terminar con las lagunas electorales en términos de propaganda. “Creo que las únicas lagunas que se deben de secar son las mentales y jurídicas; en este sentido, podríamos hablar de desecar algunas como son, la necesidad de legislar sobre lo que no se ha hecho en términos de propaganda electoral, porque, al no estar legislado correctamente, nos limitan y obligan a quedar fuera”.

Asimismo, se unió a la exigencia de conservar la autonomía, independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Agregó que la participación ciudadana y el federalismo son una realidad que expresa demandas claras e impostergables. “Estoy convencido de que los gobernantes, legisladores, juzgadores y todos los servidores públicos debemos estar conscientes y al pendiente de no confundir la opinión pública con la opinión publicada y darle a cada una de ellas su debida ponderación”.

Armando Hernández Cruz, presidente de la Asociación de Magistrados y Magistradas, propuso la creación de un sistema nacional de justicia electoral, el cual considere tanto a la Sala Superior, las regionales y a las de las entidades federativas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y opere por medio de un solo código que regule los procesos electorales jurisdiccionales.

Añadió que es preciso incorporar criterios de ética judicial y justicia abierta, ya que si bien los modelos actuales garantizan la ética de funcionarios, hay necesidad de establecer modelos de designación.

César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de Chihuahua, expresó que los organismos locales son las autoridades judiciales más cercanas a la ciudadanía y salvaguardan el derecho político-electoral. “Estamos conscientes que los cambios son necesarios, pero hay modificaciones que deben realizarse antes que intentar desaparecer un pilar democrático, por qué desaparecer, cuando se puede fortalecer”.

Resaltó que de los tribunales de las entidades federativas, el 70 por ciento actúa como autoridad primaria y única; es decir la ciudadanía cree y apoya sus determinaciones y del 30 por ciento restante que es impugnado ante la sala regional o superior, se posee una confirmación de 93.9 por ciento y el porcentaje de efectividad aumenta hasta un 98 por ciento cuando se va a juicio de inconformidad o nulidad de votación o elección.

La diputada Dulce Alejandra García Morlan (PAN) señaló que es indispensable fortalecer la autonomía y división de los poderes del Estado, y expresó que es el Poder Judicial quien, a lo largo de los últimos años, a través de la justicia electoral ha sido garante de los derechos de ciudadanos.

“Velar por su independencia en las resoluciones debe ser obligación de nosotros, quienes desde el Legislativo construimos el andamiaje jurídico para que las instituciones funcionen de la manera correcta”, añadió.

Una propuesta, dijo, podría ser garantizar no sólo su autonomía en la ejecución de su presupuesto, sino también en la planeación y construcción.

La diputada del PRI, Claudia Pastor Badilla, apuntó que la Cámara de Diputados tiene el compromiso de lograr una legislación que mejore el derecho político-electoral. “Hoy existen interrogantes sobre la viabilidad de los cuatro días de impugnación y de la homologación del calendario de votaciones local y federal”.

Por el PT, la diputada Ana Ruth García Grande coincidió que en el proceso de análisis de la reforma electoral se debe garantizar la autonomía financiera de los tribunales electorales y evitar que se inhiba su independencia técnica.

El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) indicó que la reforma electoral busca fortalecer la justicia local y federal, hay muchos temas que mejorar, como la ley procesal. “Lo que deseamos es realizar una norma inclusiva; es decir, que se incorporen las opiniones de los involucrados en este ámbito”.

Verónica Beatriz Juárez Piña, diputada del PRD, expuso que su fracción está a favor de todas aquellas medidas que faciliten y garanticen el acceso a la justicia electoral, por ello pidió revisar las sugerencias de desaparecer los OPLE y los Tribunales Electorales Estales, ya que argumentan que con ello se evitaría que quedaran sujetos a los gobernadores.

El diputado Alejandro Viedma Velázquez (Morena) mencionó que hay distintas voces que sugieren que si los OPLE desaparecen también los tribunales locales deberían hacerlo y, dijo, por su experiencia “sí estaría a favor de su desaparición”. Pidió conocer más sobre la propuesta de un solo juicio y cuáles serían los beneficios.

Jorge Arturo Espadas Galván, diputado del PAN, preguntó sobre la eficacia de las resoluciones locales, al considerar que “no es todo lo que se debe valorar”, pero es un elemento importante para contar con un indicador que permita conocer si estas resoluciones tienen calidad jurídica y técnica.

El diputado Silvano Garay Ulloa (PT) consideró que es importante avanzar para que un conflicto entre militantes de un partido, exista la etapa de mediación o conciliación.

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