20-06-2019.- El magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jorge Sánchez Morales, consideró que la reforma electoral debe garantizar la independencia y autonomía de las autoridades, y redundar en elecciones libres y auténticas.

A fin de reducir los costos excesivos durante las elecciones propuso utilizar materiales económicos; “esto debe ser resultado de la voluntad y esfuerzo de los legisladores, autoridades y partidos políticos para que en conjunto podamos hacer cambios significativos”, sostuvo.

Respecto de la designación de consejeros y magistrados, planteó la necesidad de una reforma con reglas claras para lograr una verdadera desvinculación de los partidos políticos e instituciones.

Se pronunció por adecuar los modelos de participación al Internet, es decir, apostar por el voto electrónico. “Esto hará más eficiente la recepción del sufragio, precisión en el escrutinio, rapidez para conocer los resultados, y generaría ahorros, eliminando el sistema que provee los resultados preliminares de las elecciones y los conteos rápidos”.

En la mesa “Nueva reforma electoral” de los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral, el coordinador del Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), llamó a reflexionar si al eliminar los OPLE será más caro el sistema, y pidió distinguir entre un año electoral del que no lo es, ya que el INE tendría que aumentar su presupuesto.

Consideró que los estados deben asumir sus costos, ya que la Federación no va a seguir pagándoles la impresión de boletas para elegir a un gobernador, pero sin tener estructura permanente que organice la elección para poner a disposición del ciudadano esa boleta, porque hay una estructura, que es el INE.

Samuel Herrera Chávez, diputado de Morena, expresó que se deben hacer reformas electorales, conforme a experiencias estatales y nacionales, ya que se requiere dar certeza y legitimidad a los procesos locales, dado que “es donde hay más intereses de los gobernadores, e incluso se vive un clima de violencia”.

Por el PRD, la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña sostuvo que a través de las reformas se ha dado garantía al voto y fortalecido a las instituciones para tener reglas claras. Externó su inquietud sobre las nuevas tecnologías, la cultura política, la construcción de la ciudadanía y participación de la población.

El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) expuso que los sancionados por interponer quejas “frívolas” de fiscalización son los partidos. Añadió que la gran cantidad de juicios en materia electoral son de las propias instituciones por su alto grado de discrecionalidad al aplicar criterios garantistas en las sanciones y en los procesos administrativos y de fiscalización.

Alejandro Viedma Velázquez, diputado de Morena, cuestionó cómo fortalecer a las fiscalías electorales locales, ya que algunas son agencias del Ministerio Público y con poca fuerza. “Podríamos pensar en un ente que concentre todas estas atribuciones, o en su caso, fortalecer la capacidad de investigación”.

Del PT, la diputada Ana Ruth García Grande consideró que se requiere analizar los ejes que permitan ajustar a los OPLE; la eficiencia de la Fepade, la viabilidad de que los resultados de la Fiscalía sean vinculantes a los de una elección, así como el derecho electoral.

Su compañero de bancada, diputado Reginaldo Sandoval Flores señaló que México tiene una crisis de representatividad y credibilidad muy grande. “Debemos encontrar mecanismos para superar eso y que la gente sí crea en sus representantes y en las elecciones”.

El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), John Mill Ackerman Rose, planteó prohibir la contratación de propaganda en internet y redes sociales. “Existen capitanes de troles ordenando a internautas que produzcan memes, sin límites de dinero, incluso, 50 mil pesos por trabajo. No es censura, es lo contrario, es generar un espacio seguro y equitativo para el desarrollo de campañas políticas”.

Es necesario acabar con la compra y coacción del voto. En ello, el Instituto Nacional Electoral se tendría que convertir en una especie de Ombudsman, protector y defensor del pueblo para la denuncia y vigilancia. Es importante, agregó, cambiar la forma de nombramiento de los consejeros electoras a fin de evitar la politización y permitir la amplia participación de la ciudadanía.

El consultor político, César Faz, aseguró que en las consultorías políticas, en los últimos años se armó una red de tráfico de influencias donde funcionarios, ex funcionarios y gobernadores triangulaban recursos para un grupo de consultoras, generándose una simulación democrática; es importante repensar cómo hacer las campañas, agregó.

El expresidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora, Francisco Javier Zavala Segura, planteó erradicar del sistema electoral la excesiva influencia de los gobiernos estatales y grupos económicos de poder que lo secuestran y perjudican. “Debemos fortalecer e impulsar un organismo que ha funcionado a nivel nacional y demostró fortaleza en épocas de crisis. Federalicemos las elecciones y reforcemos al INE como una autoridad autónoma federal que brinde certeza y legalidad”.

El director de Estrategia Electoral, Arturo Espinosa Silis, consideró que es posible la austeridad inteligente sin romper con los costos intangibles del sistema electoral democrático. Para conseguirlo, agregó, hay que robustecer al INE, reducir el financiamiento público y revisar el modelo de comunicación política porque es muy costoso. “El INE es la agencia de medios de comunicación más grande del mundo, monitorear y pautar más de dos mil 500 medios, 24 horas al día, implica un dineral”.

Héctor Díaz Santana, extitular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), señaló que en México existen condiciones subjetivas de la competencia electoral, pues hay temas de compra y coacción del voto, clientelismo y financiamiento irregular. Se necesita una campaña fuerte sobre cultura política y construcción de ciudadanía. Que se eduque desde la familia y escuelas.

Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Imer Flores Mendoza resaltó que la votación electrónica es una forma de reducir costos, y pugnó por establecer una segunda vuelta y que al PREP se le quite la idea de que es preliminar.

El tema de candidaturas independientes, añadió, debe tener un piso más parejo y afirmó que la revocación es un mecanismo de las minorías. “Es peligroso que pongamos en un texto constitucional la revocación de su propio mandato; es contrario a toda lógica, ya que es alguien más el que lo exige, no uno mismo”.

Dora Martínez Valero, especialista en derecho electoral, planteó fijar una fiscalización de los recursos en las redes sociales, ya que tan sólo en el pasado proceso electoral los partidos reportaron alrededor de 203 millones de pesos en propaganda en Internet. “No se debe restringir su uso, estoy a favor de la libertad de expresión, pero debemos cuidar su gasto”.

Urgió a buscar un mecanismo para que la fiscalización de Internet sea más eficiente. “Hay que ir por el dinero, no hay que callar a la gente. Ni Facebook, ni Twitter, ni YouTube e Instagram están hoy en el Registro Nacional de Proveedores del INE; ninguno y todos venden, y todos los partidos compran a través de intermediarios. Solamente Google está registrado”.

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