28-06-2019.- La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) para quedar como Ley Orgánica del Banco del Bienestar. Se envió al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

El dictamen, aprobado en lo general con 268 votos a favor y 48 en contra, sustituye la denominación “Banco del Ahorro Nacional y Servicio Financieros” por “Banco del Bienestar”, el cual tendrá el objetivo de realizar funciones de banca social para promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento en condiciones equitativas, la inclusión financiera, y el uso y fomento de la innovación tecnológica, a fin de procurar mejores condiciones a los integrantes del sector.

Con 207 votos a favor, 65 en contra y 10 abstenciones, se avalaron en términos del dictamen las reservas presentadas para su discusión en lo particular, al título de la ley y a los artículos 2, 3 y 25, así como los transitorios Tercero, Séptimo y Octavo; además de la adición de un 27 Bis; 36 y Segundo Transitorio.

El documento señala que el Banco del Bienestar habrá de impulsar la utilización de productos bursátiles que atiendan las necesidades del sector y que promuevan la adopción de modelos de negocio y tecnologías financieras innovadoras que impacten el desarrollo.

Deberá dispersar los recursos destinados a subsidios y programas sujetos a reglas de operación de las dependencias y entidades. También impulsará la adopción de modelos novedosos en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

Además, el Banco del Bienestar tendrá que suscribir convenios de coordinación para incluir servicios financieros de los programas y productos diseñados por la propia institución.

Precisa que se fomentará el crédito de consumo, considerando condiciones financieras óptimas que permitan tener alcance y apoyo para el sector, con el propósito de cumplir con la inclusión financiera. De igual manera, actuará como fiduciaria en fideicomisos emisores de certificados bursátiles.

El dictamen establece que a través de publicidad y propaganda se difundirán los distintos productos financieros del banco.

La reforma precisa que el director general, así como los funcionarios de los dos niveles jerárquicos inferiores, podrán expedir certificaciones de los documentos existentes en los archivos de las direcciones a su cargo.

En los artículos transitorios se refiere que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proveerá los recursos necesarios para la modernización del Banco del Bienestar de acuerdo a la disponibilidad, ampliaciones y adecuaciones presupuestarias previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Al fundamentarlo, el diputado Marco Antonio Medina Pérez (Morena), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señaló que con la aprobación de este dictamen se alinea la participación del sector público en el sistema financiero mexicano, de conformidad con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, dado que se busca bancarizar de inmediato a grandes segmentos de la población que se encuentran marginados y en situación de pobreza.

Las reformas, continuó, están diseñadas para que la bancarización se desarrolle y profundice con los servicios más modernos y eficientes que permita la tecnología de la información.

“Con esta propuesta se fortalece la presencia del Estado mexicano en el sistema financiero nacional y se da un paso muy importante para reorientar el desarrollo económico y social de nuestro país”, sostuvo.

Precisó que la inclusión financiera que se llevará a cabo por medio del Banco del Bienestar, atacará las desigualdades sectoriales como la que existe entre el campo y la ciudad, así como entre la micro, pequeña empresas y la gran empresa: enfrentará las desigualdades regionales como las que existen entre el norte y el sur, incluyendo a las comunidades indígenas y zonas rurales que adolecen de accesos y caminos.

Afirmó que será un mecanismo importante para enfrentar las desigualdades sociales que excluyen del desarrollo a las personas de la tercera edad, a los discapacitados, a los jóvenes sin trabajo, sin estudio, y a estudiantes que por primera vez accederán al sistema bancario.

El diputado Humberto Pedrero Moreno (Morena) dijo que votaría a favor del dictamen porque amplía la oferta de productos y servicios en condiciones equitativas para quienes no tienen acceso; el Banco del Bienestar operará como institución fiduciaria moderna, participando en la emisión de certificados bursátiles.

Ofrecerá servicios a beneficiarios de programas sociales y eliminará el manejo de dinero en efectivo y la dispersión de recursos, con lo que se eliminarán prácticas corruptas o de clientelismo en el manejo de estos apoyos. Además, dispersará esos apoyos por medios de pago modernos y generará nuevos recursos y productos.

De la misma bancada, el diputado Marco Antonio Andrade Zavala resaltó que la nueva política social busca construir un país con bienestar, desarrollo sostenible, derecho a educación y salud; mediante los programas orientados para adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes, desarrollo urbano y vivienda. “Con el cambio de denominación se refleja el compromiso del nuevo gobierno, ser eficaz y ligero, sin tanta burocracia y costos excesivos”.

Apuntó que esta reforma fortalecerá las facultades que en la actualidad tiene Bansefi y dotará de mayor capacidad de operación, especialmente, en otorgar los recursos que se suministran por medio de la política social del bienestar y permitirá incorporar a las personas que no tienen acceso a los productos financieros y se elimina la posibilidad de prácticas corruptas o clientelares.

Del PAN, diputada Patricia Terrazas Baca se pronunció a favor de la inclusión financiera; sin embargo, expresó estar en contra del dictamen, pues el Banco del Bienestar es “un verdadero insulto para la inteligencia de esta soberanía y un engaño al pueblo de México, toda vez que se está pensando en un esquema clientelar con uso de tarjetas electrónicas para los beneficiarios de programas sociales”.

Resaltó que la bancarización de la política social sin regulación hace tanto daño a los beneficiarios como a los operadores políticos, porque propicia la discrecionalidad y la opacidad. Añadió que “tan sólo uno de los nuevos programas está sujeto a reglas de operación y al menos 13 operan con lineamientos fuera de la ley, amparando para 2019 a 20.3 millones de beneficiarios con un monto aproximado de 119 mil millones de pesos”.

El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal, del PRI, dijo que con el fin de proteger a esta nueva institución, propondrán acciones que garanticen su financiamiento, capitalización y operación. “Nos preocupa que las decisiones que se están tomando en el gobierno no atienden la realidad, experiencia, ni aspectos técnicos, sólo atienden la lógica electoral”.

Aseguró que su respaldo no es un cheque en blanco, lo dan porque en el PRI saben que el acceso a servicios de ahorro, inversión y financiamiento son condiciones indispensables para el desarrollo nacional. “Les decimos que vamos a dar puntual seguimiento para que la dirección del banco cumpla a cabalidad con el mandato legal y no ponga en riesgo la estabilidad nacional y el patrimonio de los ciudadanos”.

Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz (PES) afirmó que crear el Banco del Bienestar permitirá atender e incorporar a grupos y sectores sociales históricamente desatendidos; será el eje central de una nueva estrategia económica que promueva y facilite el financiamiento, estimule el uso de la innovación tecnológica y mejore las condiciones de vida de esos grupos que no tienen acceso a la banca.

Puntualizó que a su fracción parlamentaria le interesa recuperar la banca de desarrollo y que en el país todos tengan igualdad de condiciones en el acceso a los servicios financieros.

El diputado Óscar González Yáñez (PT) manifestó que a través de la tecnología que usará el Banco del Bienestar se busca que el apoyo llegue directamente a quien lo requiere y se evite el mal uso que se le ha dado históricamente.

Indicó que la creación de este banco es una gran fortaleza para el sistema financiero y evitará que la banca comercial y extranjera saquee a nuestro país. “La banca que está en México no ha desarrollado la economía de nuestro país”.

El diputado Higinio Del Toro Pérez (MC) comentó que esta propuesta nunca llegó acompañada de un estudio presupuestal y no se sabe cuánto va a costar, cómo se va a llevar acabo y con qué suficiencia monetaria se debe contar para ello. “Estamos de acuerdo que el dinero para financiar la banca social tiene que salir de algún lado, pero en el dictamen no se presenta qué implicaría para el erario público esta modernización del Banco del Bienestar”.

“Quién pudiera ir en contra de que casi la mitad de los municipios de este país no cuentan siquiera con un cajero bancario o de que un banco amplíe los servicios para que las personas mayores de 18 años pudieran ser beneficiarias de una tarjeta y participar formalmente de la banca comercial, porque se tendría que empezar por lo básico y no por cambiar el nombre del banco”.

El diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) se manifestó en contra porque se construye una institución para disfrazar y proteger un programa político electoral hacia la elección de 2021. Dijo que a 2018 son 17 millones de beneficiarios de los programas; se ampliará a 20 millones en 2020 y a 24 o 27 para 2021; por medio de 14 programas van a repartir dinero sin recurrir a tiendas de conveniencia o a bancos, a lo cual van a destinar 50 mil millones de pesos anuales.

Preguntó quién puede competir en igualdad de condiciones con una estructura financiada con esos recursos. Las “prácticas clientelares que tanto daño le hicieron a la democracia en otros años se quedan chiquitas ante la deformación y la ambición de poder”. Además, esta ley generará amparos e inconformidades, porque el gasto público está restringido y no se puede invertir en el fortalecimiento del banco del gobierno; ni establece restricciones para generar una cultura de transparencia y terminar con figuras de opacidad, como los fideicomisos.

Al hablar en contra, la diputada Sylvia Violeta Garfias Cedillo (PAN) expuso que el dictamen “no debe llamarse de la Banca de Bienestar sino la nueva banca nacional para la compra de conciencias o de votos; eso es lo único que se pretende hacer. No se puede combatir la corrupción con más corrupción”.

Lourdes Erika Sánchez Martínez, diputada del PRI, resaltó que con la reforma, el Banco del Bienestar seguirá siendo el principal organismo financiero dispersor de los recursos de todos los programas sociales; es imperativo garantizar condiciones adecuadas para que estos servicios se lleven a cabo con transparencia, efectividad, control y certidumbre jurídica. “No queremos que se convierta en un instrumento de promoción electoral”.

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) indicó que México tiene una enorme tarea en la búsqueda de la inclusión financiera funcional para impulsar el crecimiento y desarrollo, “lo cual no se pudo lograr con la reforma financiera del 2014; se necesita potencializar la función de la banca de desarrollo, dando especial atención a las necesidades sociales y el empleo”.

Por el PAN, el diputado José Elías Lixa Abimerhi precisó que al actual gobierno federal “lo ha seducido el amor por lo monetizable y hoy lo hacen patente, a través de un sistema bancario gubernamental, al que en cualquier parte del mundo se le conoce como dádiva”.

La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz (Morena) argumentó que la reforma amplía el abanico de productos que actualmente se ofrecen y da impulso y soporte a quienes más lo necesitan, dado que el abandono a la banca de desarrollo en el periodo neoliberal provocó que la inversión y el ahorro público se desplomaran y que el acceso a los servicios financieros fuera inequitativo.

De la misma bancada, la diputada Rosalinda Domínguez Flores dijo que la reforma prevé que el nuevo banco financie proyectos en condiciones de equidad, fomente el uso de productos y servicios financieros y, principalmente, disperse los apoyos otorgados a través de los programas sociales del gobierno federal. Al hacer accesible los servicios bancarios se cerrará la brecha entre los más necesitados y aquellos que cuentan con las condiciones para satisfacer sus necesidades.

En tanto, la diputada Lourdes Celenia Contreras González (MC) anunció que su grupo parlamentario votaría bajo criterios y análisis individuales. Además, estará vigilante de que la operatividad del Banco del Bienestar sea conducida por estrictos lineamientos de transparencia, sin caer en fines clientelares. “Debemos recordar que nuestro país ha vivido un largo periodo de lucha contra estas malas prácticas y sería lamentable repetir la historia”.

Del PAN, el diputado Raúl Gracia Guzmán enfatizó que se le quieren regalar a los más marginados y desprotegidos “dádivas” y el mexicano quiere políticas públicas de calidad, un país con crecimiento económico e inflación baja. En este dictamen, “este banco de asistencialismo da un crédito al consumo. De qué sirve un crédito al consumo cuando la inflación se dispara”.

La diputada Alejandra Pani Barragán (Morena) enfatizó que los productos y servicios financieros que pondrá a disposición el Banco del Bienestar se encontrarán cimentados en los principios de transparencia, honestidad y honradez. Motivará la obtención del crédito al consumo, beneficiando directamente al crecimiento del país. Afirmó que estas acciones estimularán la inclusión y educación financiera, pero, sobre todo, beneficiarán a los que menos tienen.

Posteriormente, la vicepresidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, dio por concluido el periodo extraordinario de sesiones; no obstante, informó que en virtud de los asuntos no atendidos y detallados en la convocatoria de la Comisión Permanente a la Cámara de Diputados el pasado 12 de junio, esta instancia legislativa se mantendrá atenta a la construcción de los consensos necesarios para que, en su caso, sean desahogados posteriormente.

Enseguida se entonó el Himno Nacional; se acordó notificar por escrito al Ejecutivo federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente, que esta Cámara de Diputados ha declarado formalmente terminados sus trabajos, y se dio por leída y aprobada el acta de la sesión.

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