13-03-2019.- Durante la inauguración de la mesa de análisis “Desplazamiento interno forzado en México, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024”, diputados, funcionarios federales y organizaciones internacionales se pronunciaron por crear el marco jurídico y políticas públicas que reconozcan los derechos de estas personas y deje de ser tema invisibilizado.

El presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano (Morena), se pronunció por iniciar el estudio de reformas legislativas que lleven a la toma de decisiones de políticas públicas y hacer una propuesta inmediata, con la participación de organismos internacionales y funcionarios de gobierno.

“Nosotros estamos en la mejor disposición de cooperar con ustedes para que se haga una agenda legislativa a la brevedad y que sea contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo”, afirmó.

La diputada Maricruz Roblero Gordillo (PT), secretaria de la Comisión de Asuntos Frontera Sur, organizadora del encuentro, reconoció que en algunos lugares del país el desplazamiento forzado es una historia que se repite desde hace muchos años, “fenómeno que ha alcanzado niveles alarmantes, por lo que no se puede seguir ignorando o negando el hecho como se hizo en administraciones pasadas”.

Por ello, dijo, este encuentro es un ejercicio de reflexión, con el objetivo de crear las líneas de acción para trabajar en los desplazamientos forzados.

El diputado Óscar González Yáñez, vicecoordinador del grupo parlamentario del PT, destacó la importancia de construir un marco jurídico que propicie que los desplazados sean ciudadanos con los mismos derechos de todos, independientemente de su circunstancia de movilidad.

Resaltó que el desplazamiento no es sólo el espacio físico, sino el de salud, educativo y cultural, “te destroza todo el tejido social de esa comunidad”. Estimó que el Estado debe intervenir para garantizar un espacio físico, que el tejido social se mantenga inerte y que esos ciudadanos puedan vivir en un territorio con todas las garantías. Consideró fundamental crear un marco jurídico que permita garantizarles sus derechos como ciudadanos.

El secretario general del Consejo Nacional de Población, Javier Echarri Cánovas, señaló que este fenómeno ha existido por muchos años, pero no se le había dado la atención merecida. Comentó que quienes optan por el desplazamiento evitan dejar rastro y se refugian en el anonimato como única manera de resguardarse. Hay entre 3 y 4 miembros de una familia que sufren este fenómeno y el tiempo de residencia en un nuevo entorno oscila entre 10 meses a 7 años y hay tres escenarios: el jefe de familia que sale solo; la familia completa, o la madre y los hijos.

Refirió que el censo de 2000 arrojó que 71 mil personas cambiaron de lugar de residencia por violencia y seguridad. Mientras que la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo señaló que entre 2005 y 2013, 123 mil personas migraron por el mismo motivo y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2014 indica que fueron 185 mil.

Resaltó que las pérdidas que provoca este fenómeno son: abandono del patrimonio, disminución de ingresos, desarraigo familiar o territorial, desempleo, daños de salud y vivir en condiciones de cambios bruscos. Se crea una brecha más profunda de desigualdad social, ya que marca la capacidad económica de cada familia para acceder a medios de protección y desplazamiento, además de que se crea una depresión económica general.

Se pronunció por crear estrategias integrales para la restitución de los derechos de esta población; atender de manera inmediata a estas personas y que el acceso a la justicia sea pronta y expedita. Adelantó que la Secretaría de Gobernación enviará al Poder Legislativo una propuesta de reforma a la Ley General de Población para que haya reconocimiento explícito de este fenómeno y tener así la base normativa para la acción.

El representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Arie Hoekman, advirtió que son varias las razones del desplazamiento, pero se espera que haya más por el cambio climático. Explicó que en algunas ocasiones este fenómeno puede ser preventivo, pues se busca evitar los efectos violentos generalmente causados por amenazas, alertas, insultos y ofensas, partiendo de un suceso o conflicto violento previamente acontecido. También, dijo, puede ser reactivo, que generalmente se debe a los daños que ha causado un conflicto de cualquier tipo con violencia.

Algunas razones de su invisibilidad, afirmó, es que el desplazamiento ocurre de forma gradual, lo que dificulta la detección por parte de las autoridades locales, junto con el anonimato que buscan estas personas para evitar caer en manos de sus victimarios. Consideró que dada la complejidad de este fenómeno, su captación en censos y encuestas conlleva grandes retos metodológicos, por lo cual se debe pensar en desarrollar otras fuentes de datos especializadas en seguridad y violencia que permitan mantener una medición real.

Destacó que, agravado por su alta invisibilidad, se considera que estos grupos se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad debido a la falta de protección física, legal o económica; están expuestos a nuevos riesgos y carencia de servicios de salud, vivienda, documentos de identificación, trabajo y educación. Estimó necesario adecuar la Ley General de Población a fin de incorporar este tema y reformular un marco jurídico específico para esta población.

Josep Herreros, en representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, sostuvo que el reconocimiento debe ser el inicio de la garantía de sus derechos y el punto de partida para el desarrollo de políticas públicas preventivas, respuestas y soluciones. Afirmó que se calcula que en el mundo puede haber más de 40 millones de personas desplazadas internamente y “tememos que esto pueda incrementarse en los años que vienen por los fenómenos que están ocurriendo”.

Expresó su disposición para apoyar en un marco legal y programas de prevención, respuesta y soluciones duraderas. Destacó la importancia de reconocer el fenómeno y a las personas en su calidad de víctimas y sujetos de derechos.

Recomendó tener el marco legal que defina la condición de desplazado interno y el marco de derechos de estas personas, en términos de prevención, asistencia, respuesta, protección y búsqueda de soluciones duraderas. Un referente institucional que permita implementar la ley y desarrollo de políticas públicas que hagan efectivos estos derechos.

El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Alfonso Ramírez Silva, señaló que esta reunión es histórica porque “a lo largo de muchos años, a sabiendas de que el problema había tomado una envergadura enorme, simplemente nos hacíamos de la vista gorda y no estábamos queriendo tomar el toro por los cuernos. Hay un clamor generalizado de saber que éste es un fenómeno que está cobrando una dimensión cada vez mayor”.

Se pronunció por una modificación legislativa para que sea la norma que realmente aborde el problema de forma integral y abarque todos los aspectos, en donde también se cree la instancia que se haría cargo, en términos operativos, de este gran desafío, a sabiendas que tiene que haber la concurrencia interinstitucional para el abordaje de esta problemática.

Abundó: tiene que integrarse el marco institucional, las políticas públicas y tener como protagonistas a las víctimas, ya que son quienes conocen los diversos problemas que enfrentan y los desafíos que les aquejan. Anunció que ya se trabaja en la Secretaría de Gobernación para encontrar las fórmulas adecuadas, pero se tiene que laborar con todas las instancias y actores que puedan aportar de manera importante.

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria enfatizó que el Estado tiene una deuda con los cientos de miles de personas desplazadas en este país. “Es vergonzoso que tengamos cientos, si no es que miles de personas en esta condición”. Un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, estima que la población máxima podría llegar a siete millones de personas en este fenómeno. Hay otros análisis que afirman que el número puede ser de 300 mil. “La diferencia es enormemente significativa”.

Sostuvo que es importante que el Plan Nacional de Desarrollo tenga este enfoque porque se tiene una condición de negación. Estimó que se requiere del concurso de la capacidad instalada del Estado mexicano para atender esto, lo que significa la concurrencia de distintos poderes y órdenes de gobierno, porque no es un tema que le corresponda únicamente al Presidente de la República. Afirmó que cualquier proceso legislativo o diseño de política pública debe escuchar a las víctimas.

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