13- 03- 2019.- David Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), afirmó que “no podemos ser realmente efectivos en la lucha contra la corrupción con el estatus en que muchos estados han mantenido a sus auditorías superiores, por la evidente vinculación política que existe, la dependencia para financiarlas y los obstáculos para mantener en los cargos a los auditores cuando hay un cambio de gobierno, sin importar el color del partido que llegue”.

El problema no es medir la corrupción, ya sabemos que existe, está bien tener indicadores adecuados, pero lo fundamental es encontrar mecanismos de coordinación, intergubernalmental, interinstitucional entre poderes para combatirla con eficacia. Fortalecer y dar autonomía a las auditorías superiores de los estados es el reto que consolide este proceso y prevenir malos manejos del gasto público, apuntó.

Durante el Foro Internacional “Mejores Prácticas en Materia de Fiscalización”, organizado por la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores Locales, de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Colmenares Páramo apuntó la conveniencia de federalizar a las auditorías superiores de los estados y darles autonomía.

La mayoría de los funcionarios estatales piensan que tener un contralor o auditor a modo les ayudará a hacer las cosas mejor, finalmente tenemos que entender que cuando las cosas fallan no se pueden ocultar. “El que la hace la paga, tarde o temprano”, sostuvo.

Colmenares Páramo destacó la conveniencia de diseñar la cultura del cumplimiento en el pago de impuestos, porque muchos presidentes municipales argumentan que no cobran el impuesto predial porque tendrían un costo político, pero ese costo es precisamente no cobrar y no trabajar bien.

Señaló que Chile recauda por ese concepto 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), Argentina 0.5; Colombia 0.4, y 0.1 México. Por ello, los alcaldes tienen una función primordial en la prevención de la corrupción, así como las auditorías superiores de los estados, los órganos de control y transparencia, los sistemas estatales anticorrupción y los congresos locales; en el ámbito federal, el Congreso, que da fortaleza a la ASF para que se desempeñe.

Robustecer las funciones de las auditorías superiores estatales forma parte de un paquete de cambio, junto con las actividades de la ASF, de la Secretaría de la Función Pública y de contralores en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.

El titular de la ASF refirió presiones a auditores en diversos estados de la República, mediante la retención de recursos presupuestarios y la realización de fiscalizaciones personales; hay casos en donde no renunció el auditor y desaparecieron la auditoría de esa entidad y crearon un organismo con otro nombre, a quien critica lo acusan de fraude y lo meten a la cárcel.

“La fiscalización sobre el ejercicio de los recursos públicos es un trabajo difícil por las presiones que reciben los auditores en los estados, entonces sólo con la coordinación institucional entre los auditores y el apoyo que ofrezca la Cámara de Diputados se podrán consolidar las acciones”, afirmó.

Dijo que se evita la corrupción en el manejo del gasto público con el conocimiento de las normas, aplicación de criterios y si se sabe el destino de los recursos, para identificar en qué y cómo se gasta.

Estos foros coadyuvarán a mejorar la comunicación y coordinación, a fin de encontrar estrategias de fortalecimiento institucional para lograr eficacia y prevenir corrupción e impunidad.

Al inaugurar el Foro Internacional, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, sostuvo que la tarea de esta instancia legislativa es crear mejores estructuras y fortalecer los sistemas de fiscalización y el Nacional Anticorrupción, la ASF y la Secretaría de la Función Pública.

El legislador resaltó que a través de la práctica del parlamento abierto se busca recabar la información de investigadores de los organismos especialistas en la ruta de generar productos legislativos eficaces.

Apuntó que las recomendaciones referentes al análisis jurídico de las auditorías superiores locales permitirán emprender coordinación con los entes locales enfocadas a cerrar los recovecos que las leyes tienen y fortalecer los nuevos sistemas de transparencia y rendición de cuentas.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), coordinadora de la subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores Locales, destacó que la importancia de este foro es analizar la estrategia de cómo abatir uno de los problemas que más lacera al país, la corrupción.

Indicó que durante años en diversas mediciones realizadas en organismos internacionales, México ocupa las peores calificaciones respecto de este flagelo, que ha impedido el desarrollo y prosperidad de los ciudadanos.

Detalló que ante este panorama, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación creó la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorias Superiores Locales, a fin de reconocer los aspectos de la fiscalización en el ámbito local y, en su momento, considerar la elaboración de una ley general en la materia que establezca principios y criterios a esta importante función.

Rosa María Cruz Lesbros, representante del Banco Mundial, afirmó que las entidades de fiscalización deben contribuir a la fortaleza de las finanzas públicas. “No son un órgano que golpeen políticamente a nadie”.

Resalto que el Sistema Nacional de Fiscalización está bien articulado, pues coloca en el mismo nivel a la Secretaría de la Función Pública, lo que promueve la coordinación orientada al mejor uso de recursos públicos.

Enfatizó que para tener una adecuada fiscalización en el país no se requiere llenar las cárceles, sino que todo servidor público y ciudadano se comporte en acato a la transparencia y rendición de cuentas del gasto.

En este sentido, pidió a los legisladores analizar si se quiere prevenir o cazar corruptos, toda vez que en la pasada administración la Secretaría de la Función Pública poseía 237 contralores, de los cuales 66 eran contadores y 124 abogados; es decir, se tenía un enfoque punitivo y no preventivo.

Karla Fernanda Barrera Caballero, representante de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito, informó que México fue auditado en 2017 en materia de fiscalización, rendición de cuentas y gestión de la Hacienda Pública, en donde se hizo las observaciones respecto de que se debe fortalecer con transparencia las fuentes de los ingresos públicos del orden federal y local.

Asimismo, reforzar el régimen de elaboración y supervisión de las licitaciones donde interviene el Estado; es decir, que las dependencias gubernamentales se coordinen con el sector empresarial y las organizaciones civiles para identificar el beneficiario final de una empresa o los activos y, con ello, evitar empresas fantasmas.

Además, elaborar políticas eficaces contra la corrupción, a través de la coordinación en los tres niveles de gobierno, se garantice el examen interno de todos los procesos de contratación pública y ofrecer la posibilidad de reclamar si existiera alguna inconformidad en los procedimientos de adjudicación directa.

De igual manera se solicitó que México refuerce las medidas de cooperación entre los organismos de investigación de actos de corrupción entre sector público, privado y sociedad civil.

Barrera Caballero expuso que el país puede seguir simplificando sus procedimientos administrativos, al proceder con la publicación periódica de la información del gasto público, a fin de evitar riesgos de corrupción.

Jacobo Pastor García Villarreal, especialista senior en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), expresó que para cambiar la tendencia negativa de México en las evaluaciones de percepción de corrupción, se debe trabajar en el ámbito local, ya que “son la primera ventanilla para los ciudadanos”.

En su ponencia “La contribución de las instituciones de fiscalización superior a la buena gobernanza: La experiencia internacional”, indicó que la rendición de cuentas, no sólo debe llevarse más allá del ejercicio de los recursos públicos sino hacia resultados de las políticas públicas; es decir, “hacer más con menos y generar mayor eficiencia, y estar seguros que en donde se invierte el presupuesto se están generando resultados”.

Mencionó que en las cuentas públicas se ha visto que las entidades de fiscalización son una de las instituciones clave para la gobernanza de un país; sin embargo, “este rol ha venido evolucionado, sin demerito de las actividades de vigilancia y control de las tareas que realizan las entidades de fiscalización, pues ya no es sólo la vigilancia la única manera como estas entidades contribuyen a una buena gobernanza, ya que pueden aportar información”.

García Villarreal sostuvo que cada vez hay una mayor demanda ciudadana por la rendición de cuentas y transparencia. Agregó que un Estado estratégico requiere de actividades de consulta, información, evidencia y actividades de perspectiva que incluyan el análisis de tendencias y monitoreo de la evaluación de los programas. “Los gobernantes deben darse cuenta que un auditor a modo no sirve; uno que hace bien su trabajo le es útil al gobierno para generar información, evaluar su actuar y preparar el futuro”.

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