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Boletín N°. 1718 Privilegia política social del PND 2019-2024 a los más pobres para lograr el bienestar de la población

27-05-2019.- El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, diputado Miguel Prado de los Santos, afirmó que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) enviado por el Ejecutivo pone énfasis en los más pobres, a través de la inclusión, el acceso efectivo a los derechos humanos y la participación de la población en las políticas que impulsa el Estado.

 

Al inaugurar el foro “Parlamento abierto para la discusión y análisis del PND 2019-2024. Política social”, el diputado de Morena, aseguró que otros aspectos fundamentales en este documento están delineados por los principios de honradez, respeto a la legalidad y a la veracidad, a fin de lograr el bienestar de la sociedad y preservar la paz.

 

Enfatizó que la tarea de la Cámara de Diputados es abrir paso a la nueva política del bienestar que demandan y merecen pueblos indígenas, jóvenes, adultos mayores, campesinos, productores y todas las personas vulnerables, con alguna discapacidad o quienes enfrentan por alguna desgracia o calamidad.

 

En el foro organizado por las comisiones de Educación, Salud, Deporte, Protección Civil y Prevención de Desastres, Vivienda, Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social y de Desarrollo Social participaron diputados de los diversos grupos parlamentarios, funcionarios y especialistas.

 

En la primera mesa, en la que analizaron los temas de bienestar, desarrollo social, protección civil, vivienda y deporte, el diputado por Morena, Javier Ariel Hidalgo Ponce planteó enriquecer el plan, porque tiene elementos en lo particular que requieren nutrirse con el debate y discusión de los diputados, porque el formato no responde a la realidad que se vive y es la primera vez que se presenta. Aunque consideró que en lo general el PND es muy bueno.

 

El diputado Lucio Ernesto Palacios Cordero (Morena) señaló que es momento en que el Poder Legislativo asuma su responsabilidad histórica y revise los indicadores planteados en el PND, para asegurar que sean una medición más real y se avance en dignificar la vida de las personas. Reconoció la universalidad de los derechos presentados en el plan, esa dirección “marca una ruptura con los planes anteriores que se enfocaron única y exclusivamente a mantener la estabilidad macroeconómica”.

 

El diputado Ricardo Aguilar Castillo (PRI) mencionó que el PND es un documento de buenas intenciones, pero no tiene metas, alcances y no hay estructura programática, de ahí la importancia de escuchar a los especialistas para saber cómo enriquecer este plan.

 

Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) coincidió que la participación de expertos en este foro es primordial para enriquecer el documento, a fin de que logre concretar el pleno desarrollo de la ciudadanía.

 

La diputada Margarita García García (PT) pidió que las mesas que se realizan en estos foros no se conviertan en simulación, ya que los diputados están comprometidos para que nunca más se lleve a cabo una ley a espaldas del pueblo de México.

 

La diputada Liduvina Sandoval Mendoza (PAN) destacó que en el caso de protección civil y prevención de desastres de las 64 hojas que integran el Plan sólo una línea se refiere al programa de reconstrucción, por lo que se deben tomar acciones para un tema tan importante.

 

La diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena) aseguró que el Plan está elaborado para que toda la población pueda leerlo y en el anexo se plantean las rutas de cada tema. “No podemos permitir que nos califiquen de autoritarios, así se hace la política, se le designa al gobernante un plan y los foros se integran para considerar todas las opiniones o sugerencias que se integran al documento final”, explicó.

 

La diputada Dionisia Vázquez García (PT) consideró que el PND se puede fortalecer en lo particular en materia de protección civil y desastres, pues no existe ninguna mención a la cultura de prevención, por lo que pidió que el gobierno federal fomente la revisión integral de los instrumentos jurídicos en materia de riesgos, cultura de la prevención y resiliencia.

 

Su compañera de bancada, diputada Ana Karina Rojo Pimentel, dejó en claro que estos foros de parlamento abierto son de discusión del Plan Nacional de Desarrollo. “Todo el pueblo está revisando el PND, así que es necesario unirnos para gobernar y diseñar mejores condiciones para la ciudadanía”.

 

La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández (PES) exhortó a trabajar hacia el mismo fin. “Considero que estamos trabajando para hacer un país preventivo, no reactivo”.

 

El diputado sin partido, Emmanuel Reyes Carmona apuntó que si bien el PND posee cosas buenas y destacables, aún es necesario hacerle mejoras con el propósito de construir un proyecto que realmente beneficie a la sociedad.

 

La diputada Claudia López Rayón (Morena) indicó que la actividad física es la pieza que puede generar seguridad y justicia al país, por lo que es oportuno que este tema se vea como un eje primordial en el plan.

 

La diputada María Isabel Alfaro Morales (Morena) celebró que incluya la activación física, los elementos de deporte para todos y apoyo a los atletas de alto rendimiento. “Es importante que retomemos nuestros espacios que se han perdido, sabemos que tenemos una labor en cuanto a la recuperación en infraestructura; sin embargo, creo que si nosotros trabajamos en estos ejes fundamentales lo podemos lograr”.

 

Su correligionaria, diputada María Chávez Pérez dijo que se está en el derecho de presentar propuestas dentro del Pleno se conocerán las reservas que así se consideren. “El fortalecimiento se tiene que dar en infraestructura; no obstante, son los municipios quienes tienen esa facultad”.

 

La diputada Julieta Macías Rábago (MC) indicó que éste es un ejercicio de parlamento abierto donde lo que se pretende es escuchar comentarios, observaciones y opiniones tanto de expertos, academias y sociedad civil porque la intención no es nada más criticar el plan sino mejorarlo.

 

La diputada Adela Piña Bernal, presidenta de la Comisión de Educación, destacó la inclusión de la educación física y el deporte en la recién aprobada reforma educativa, a fin de que se reincorpore en los programas de estudio; son conceptos diferentes y están bien definidos, precisó.

 

La legisladora de Morena, Carmen Medel Palma pidió incluir la movilidad en los centros de trabajo para evitar el sedentarismo y establecer hasta 30 minutos diarios a fin de que los empleados hagan ejercicio y abatir los índices de obesidad.

 

En su ponencia, Araceli Damián González, directora general del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social (Evalúa) del gobierno de la Ciudad de México, expresó que el PND no contempla el derecho al acceso a la seguridad social ni a condiciones laborales decentes, ni define los derechos económicos, sociales y culturales, y ni qué se entiende con una vida digna.

 

Se pronunció para que los apoyos únicos y los créditos a pequeños y medianos productores tengan un impacto social positivo; planteó la creación de un fondo para el rescate de las pensiones y aplaudió que se haya universalizado el Programa para la Pensión de Adultos Mayores de la Ciudad de México y el de las Personas con Discapacidad en todo el país, “aunque preocupa que en este último el apoyo se retire a los 30 años; se recomienda que sea de por vida”.

 

Enfatizó que no se pueden apoyar a las afores, porque no son sistemas de seguridad social y de continuar se logrará la meta que el Ejecutivo se impuso para que los adultos mayores, puedan jubilarse con una pensión digna. “Las afores, si bien les va, constarán de un salario mínimo y el Estado lo tendrá que pagar, pues no alcanzarán los ahorros de los trabajadores”.

 

Planteó impulsar en materia de política social, el principio rector de la universalidad con bienestar y dignidad. Para ello se debe reforzar la capacidad recaudatoria del Estado. “No basta la austeridad y eliminar las condonaciones fiscales, debe llevarse a cabo una reforma fiscal progresiva; es injusto que las mineras paguen tan poco destruyendo el medio ambiente y obteniendo ganancias”.

 

Externó su inquietud de que se contemple al medio ambiente en la política social, “como si fuera únicamente responsabilidad de los ciudadanos, cuando la degradación y la contaminación ambiental tiene su raíz en la estructura productiva y condiciones de operación y comercialización de empresas públicas como Pemex y CFE, y privadas, como la minería”. Por ello sugirió, dada la urgencia de atender el cambio climático y la contaminación, que el medio tenga su propio eje general.

 

Julio Boltvinik Kalinka, investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, dijo que el PND no incluye el fin del proyecto nacional respecto a la distribución de la riqueza y el ingreso. Asimismo, no contiene que la rectoría del desarrollo nacional corresponde al Estado.

 

Dijo que la seguridad social quedó excluida del plan debido a que no está como una línea de política clara a desarrollar. Mientras que en el tema de agua y saneamiento dentro de las viviendas no se garantiza que sea salubre.

 

“Al analizar el eje general de bienestar resalta que los indicadores adoptados para la línea base y las metas son en general contrarios al cumplimiento de los derechos humanos; es decir, que su diseño viola estas garantías y que muchas de las metas adoptadas, en lugar de aspirar a una mejoría acelerada, reflejan un conformismo inexplicable cercano a mantener casi igual la situación actual”, agregó.

 

La directora Ejecutiva de Líneas de Negocio, Riesgos y Desarrollo del Sector en Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AC, María de los Ángeles Yáñez Acosta, expresó que México enfrenta riesgos públicos que ponen en peligro el bienestar social, pues la exposición al riesgo sin protección económica es de 22 mil millones dólares, lo que significa que, al no haber mecanismos de administración de riesgos, las personas y el Estado deben asumir el costo de los daños causados.

 

Mencionó que la población está en plena transformación demográfica y epidemiológica. Esto es, enfrenta un mayor número de adultos mayores con enfermedades crónico-degenerativas que son más costosas que las transmisibles, situación que conlleva retos en materia de pensiones y servicios de salud. En 2050, habrá diez millones de mexicanos mayores de 65 años y se estima que al momento de su retiro los trabajadores reciban entre el 26 y 30 por ciento del salario que percibían.

 

Para alcanzar una pensión del 50 por ciento de salario, la OCDE señala que se requiere una aportación promedio entre el 13 y 18 por ciento durante 40 años; con ese escenario, 6.8 millones de mexicanos no contarán con pensión. “Se requiere incrementar el nivel de ahorro para el retiro y tener acceso a instrumentos que al momento del retiro garanticen que se contará con esos ingresos de por vida”.

 

Expuso que en México los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte entre el grupo de 5 a 34 años: cada día se viven mil accidentes viales, 44 víctimas mortales y 369 heridos. En promedio, un accidente de tránsito cuesta 11 mil pesos. Además, se manifestó por alinear filas para reducir el robo de autos.

 

Yáñez Acosta se pronunció por una política de aseguramiento, pues es la herramienta efectiva para garantizar que los recursos asignados a los programas sociales no se vean mermados ante la ocurrencia de riesgos públicos de gran impacto. “Una política social debería fijar entre sus objetivos el incrementar el bienestar social de las y los mexicanos y garantizar la exitosa ejecución de los programas del gobierno vinculados a los jóvenes, adultos mayores y pobres”.

 

José Luis Hernández Dehesa, ex director del Atlas de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México, pidió a los diputados que el PND 2019-2024 considere que el riesgo en materia de protección civil puede deberse a un asunto no resuelto del desarrollo; por lo que la reducción y control de la construcción de vulnerabilidad permitirán reducir los futuros daños asociados al impacto de diversos fenómenos naturales o por los embates ocasionados por el hombre.

 

Añadió que en el PND se deben definir perfectamente el marco general de gobernabilidad, con el objetivo de considerar el caso de riesgo de desastres, preparar políticas de respuesta y planificar la recuperación.

 

De igual manera, sugirió que la gestión integral del riesgo de desastres tendrá que ser un eje estratégico y fundamental del PND, por lo que es preciso desarrollar conceptos con metas y alcances acordes con la realidad del país que garantice la salvaguarda de la ciudadanía.

 

El investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, Raymundo Giovanni Jiménez Bustos, puntualizó que el PND es una consecuencia de que, a partir de 1980 el país creció dos por ciento, pero “no ha sido para todos los sectores y empresas”.

 

Indicó que, de acuerdo con datos de 2018, en 20 años sólo tres de cada diez mexicanos ha logrado salir de la pobreza. Agregó que el PND se enfoca en la política de la distribución del ingreso de todas aquellas personas que hoy, el Estado les debe el reconocimiento de su dignidad humana.

 

Los principales problemas que se enfrentarán son: alta informalidad laboral y, con ello, las y los trabajadores no contarán con servicios de salud ni seguridad social, por lo que es probable que lleguen a la vejez completamente pobres. Se necesita una política de vivienda adecuada que contemple servicios dentro de la casa.

 

Jiménez Bustos consideró de vital importancia combatir la informalidad, a fin de que la población pueda acceder a los créditos de vivienda. De acuerdo con la Cámara Nacional de Industria de la Construcción, en el segundo semestre, después de la incertidumbre del cambio de gobierno, esta industria podría tener un crecimiento del 4.5 por ciento. Hizo votos para que PND conlleve un crecimiento incluyente y para todos, y esté alineado a cada una de las estrategias de gobierno en los tres niveles de gobierno.

 

Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de la Asociación de Centrales Energéticas Sustentables AC, dijo que esta corporación ha detectado un entorno físico, químico y sanitario de proyectos de desarrollo que están impactando en materia energética al país. Empero, la política que se está siguiendo conlleva muchos riesgos en materia de lo que es derrame de combustibles y biocombustibles generados.

 

Queremos que nuestra sostenibilidad no afecte a las generaciones futuras y que al rato el índice de gastos en salud que el gobierno tenga que enfrentar sea grande, aunque haya posibilidad financiera de poderlo cubrir cuando se puede prevenir; por ello se debe sistematizar la atención a tiempo para que sea la coordinación de protección civil de cada estado adonde se empiece a tomar cartas en el tema, manifestó.

 

Señaló que todo el daño que se pueda generar a la población ya sea por agua, mal uso de biocombustible y quemarlo, se debe normalizar mediante estaciones de servicio que cumplan con las normatividades. “No queremos más niños y víctimas inmersos en esta situación que vemos en donde hay explosiones y hasta que no sucede se atiende el problema”.

 

Pidió que todo lo que es industria de los biocombustibles se adecue al marco de regulación de protección civil por medio de imposición de sanciones elevadas a quien no lo pueda hacer y no cumpla.

 

En su turno, la secretaria técnica de la dirección general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), María Trinidad González Salinas, expuso que el objetivo del PND es garantizar que existan recursos para impulso de la activación física y la práctica del deporte, con el objetivo de que actúe como medio para el desarrollo de las personas e integridad de las comunidades.

 

Indicó que la activación física, el deporte para todos y de apoyo a los atletas de alto rendimiento son las tres plataformas que integran el PND que serán impulsadas por la Conade, a través de un programa nacional en conjunto con los institutos del deporte estatales.

 

Argumentó que con los ejes diseñados en el PND 2019-2024 se logrará atender la infraestructura deportiva; es decir, se buscará rehabilitar lo existente y con ello eficientar recursos para apoyar a los atletas de alto rendimiento.

 

El presidente de la Confederación Deportiva Mexicana AC, José Amado Aguilar Argüelles, explicó que el trabajo que realizan es coordinar y poner a trabajar, bajo estatutos reales, a todas las federaciones. “La transparencia se tiene que dar en el manejo de recursos”.

 

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