• Aprobó la Cámara de Diputados reformas a la Ley General en Materia de Delitos Electorales

• Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales

28-11-2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que la violencia política en razón de género sea delito electoral, para imponer multas de 100 a 400 días y prisión de uno a tres años, a quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres.

El dictamen fue avalado por 417 votos a favor, en lo general y en lo particular, para adicionar el artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Se establece prisión de seis meses a tres años a quien emita propaganda política o electoral con elementos denigrantes en contra de una precandidata, candidata o de una mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación familiar, vida en común o lazos afectivos.

Asimismo, de cuatro a siete años de prisión si en la comisión de las conductas prohibidas se empleare violencia física, sexual o amenazas. Además, en caso de que se trate de funcionarios partidistas, candidatos o precandidatos, la pena se incrementará hasta en un tercio de la que se imponga.

La sanción se incrementará hasta en una mitad, se destituirá e inhabilitará para el desempeño de cualquier cargo o empleo, si se trata de un servidor público quien intervenga en estas conductas.

Al argumentar el dictamen, la diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, destacó la importancia de que sea un delito electoral, la violencia política contra las mujeres, para erradicar jerarquías eminentemente masculinas, una especie de minusvalía femenina y la marginación en este ámbito.

Refirió que en la elección de 2018 se perpetraron al menos 237 agresiones a quienes ejercían actividad política o contendían por cargos de elección popular, 27 culminaron en feminicidios. Las medidas para paliar este tipo de violencia no han sido suficientes, es necesario que el Estado garantice el libre acceso a la política sin contrapisas ni violencia.

La diputada Zulma Espinoza Mata (PVEM) mencionó que es necesario que la legislación establezca como delito la violencia política de género y que esta pueda ser perseguida y sancionada por las autoridades especializadas en materia penal. Es fundamental trabajar en políticas públicas que vayan en contra de la “normalización” de esta práctica, ya que esto minimiza sus consecuencias.

La legisladora priista María Lucero Saldaña Pérez resaltó que con esta reforma se cumple con la lucha del sector femenino y se favorece a la democracia. “Hoy México se encuentra entre los 20 países que más violenta a las mujeres, el Estado debe garantizar una vida libre de vulneraciones que permita desarrollarse profesionalmente a quienes aspiramos a ser candidatas o servidoras públicas”.

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