02-10-2019.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 413 votos el dictamen que establece que cuando un procesado pertenezca a algún pueblo o comunidad indígena se considere, además de sus usos y costumbres, siempre y cuando no atenten contra los derechos humanos, la dignidad de las personas y se garantice el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El documento que reforma los artículos 52 del Código Penal Federal y 410 del Código Nacional de Procedimientos Penales y enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, fortalece el marco normativo y hace frente a los problemas que enfrentan las mujeres y niñas, sobre todo las pertenecientes a los pueblos indígenas, a consecuencia del índice delictivo que hay en el país y por el cual se vulneran sus derechos.

Al fundamentar el dictamen, el secretario de la Comisión de Justicia, diputado Juan Carlos Villarreal Salazar (MC), señaló que es dura la realidad de los pueblos indígenas, víctimas de un sinfín de abusos derivados de la situación marginal y de vulnerabilidad.

Se necesita una ardua y constante lucha para salvaguardar sus derechos, no sólo por medio de la doctrina internacional vigente, sino también la incorporación de los tratados de derechos humanos, que sienta las bases para eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra la mujer.

Los pueblos indígenas, afirmó, deben gozar de todas las herramientas y mecanismos que garanticen el pleno goce de sus derechos y libertades. “Reconocemos que muchas de estas ocasiones, sus prácticas y costumbres están arraigadas y colocan a las mujeres y las niñas que integran dichas comunidades en una situación muy vulnerable�.

La reforma, indicó, tiene el propósito de que se observe en todo momento que no se atente contra los derechos humanos y la dignidad de las personas, garantizando el interés superior de la niñez y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

El promovente, diputado Juan Francisco Ramírez Salcido (MC) mencionó que la trata de personas es uno de los delitos que más preocupa a los mexicanos, al aglutinar prácticas de esclavitud, explotación sexual de menores, prostitución, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, utilización de menores de 18 años en actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos y tejidos, pornografía infantil y turismo sexual con menores de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho.

Se tiene la responsabilidad de impulsar las medidas necesarias con el objetivo de erradicar todas aquellas prácticas que vulneran los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que resulta necesario armonizar y fortalecer el marco normativo y hacer frente a los problemas de violencia que enfrentan las mujeres y niñas mexicanas pertenecientes a comunidades indígenas.

La intención es dotar de un marco jurídico mucho más sólido a las autoridades que buscan combatir y erradicar los crímenes que atentan e impactan de manera tan grave a la sociedad. “Todo en pro de defensa y protección de los derechos de las mujeres y niñas del país�.

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