30-10-2019.- El secretario de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriú, afirmó ante diputados de los diversos grupos parlamentarios, que para este año se autorizaron 70 mil 800 millones de pesos, de los cuales están comprometidos 59 mil 952; es decir, el 85 por ciento y está ejercido el 46 por ciento, pero a finales del año no se tendrá ningún subejercicio.

Sobre la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, afirmó que la razón no fue la corrupción, “si ese fuera el motivo hubiéramos cancelado todas las obras, con todo respeto a esta soberanía. La corrupción no se tomó en cuenta para la cancelación de la obra”.

Recordó que el motivo de su cancelación fue porque el financiamiento era muy caro; los trabajos que se hicieron fueron improvisados. En el mes de octubre del año pasado las empresas que estaban haciendo la terminal y contaban con un contrato de 84 mil millones de pesos demandaron al Grupo Aeroportuario Mexicano, ya que no se poseía la información de detalle y se tenía un avance del 20 por ciento. Además, se poseían problemas ecológicos al destruir las minas de basalto y tezontle, no se tenía resuelto el agua.

En cuanto al tema de seguridad del aérea, detalló que México dejó de ser un referente, “tuvimos incluso descalificaciones de los organismos internaciones por el abandono, encontramos un sector desprotegido, por lo que hemos creado una Agencia Federal de Aviación Civil, para atender este asunto”.

Sobre la investigación del accidente donde perdió la vida la gobernadora de Puebla, indicó que esta fue tomada por la Fiscalía del estado y después se abrió para que participarán los expertos de Estados Unidos, Canadá, Italia y la Comisión Europea de Accidentes, las cuales han hecho todas las pruebas que tiene que ver con el helicóptero, eso es lo que nos compete y lo hemos informado todo. El mes próximo se espera tener un dictamen al respecto.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Víctor Manuel Pérez Díaz (PAN), externó su preocupación por la deficiencia que hay en el sector, que a todas luces demuestra inoperancia para atender los asuntos estratégicos.

Enfatizó que lo que debió ser una plataforma de lanzamiento para la recuperación de la confianza a lo largo de un año, está en una espiral negativa en los procesos de las tomas de decisiones, lo cual refleja la falta de coordinación en la secretaría.

Ante ello, pidió al secretario de Comunicaciones y Transportes procurar tarifas justas para usuarios del transporte de carga, terrestre, aéreo y marítimo.

Que la Marina Mercante tenga mayor dinamismo y certidumbre jurídica, quw los empresarios del transporte tengan una buena infraestructura carretera y que estas vías de comunicación cobren lo justo y sean revisadas a fondo, con el objetivo de evitar corrupción.

Mencionó que el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya no tienen la suficiente solidez en la planeación y realización; además, la inversión física disminuyó este año 15.2 por ciento, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Respecto de la infraestructura, manifestó que ha disminuido lo cual genera falta de conectividad, mayores costos en el transporte y hace deficiente el movimiento de bienes y servicios.

La cancelación del nuevo aeropuerto, sostuvo, le costó al país alrededor de 150 mil millones de pesos, entre la construcción ya realizada, pagos a tenedores de bono de financiamiento y la indemnización por la recisión de contrato.

Subrayó que en lo que va de la administración se tiene el reporte de nueve mil robos al transporte de carga, de acuerdo con datos del Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que hay incertidumbre en todas las carreteras del país.

La diputada de Morena, Yolanda Guerrero Barrera preguntó al titular de SCT qué acciones ha tomado para revertir los escandalosos niveles de corrupción heredados, y qué mecanismos jurídicos han sido implantados para exigir las responsabilidades de quienes cometieron el desvío de los recursos entregados para el proyecto del Tren Interurbano México-Toluca y a cuánto ascienden los subejercicios, dónde se ejercieron y si existen aún disponible.

El diputado Carlos Elhier Cinta Rodríguez (PAN) señaló que las carreteras son las venas de México, por eso la indignación ante las deficiencias, omisiones y negligencias de decisiones tomadas dentro de la secretaría. El tema de la cancelación del aeropuerto es y seguirá siendo uno de los temas más opacos de esta administración, “es el gran error del sexenio”, agregó.

El diputado priista, Pablo Guillermo Angulo Briceño destacó que la infraestructura carretera, aérea, ferroviaria y marítima portuaria representan factores determinantes para el desarrollo nacional y elementos fundamentales para propiciar el crecimiento económico y el mejoramiento en la calidad de vida, de ahí la importancia que esta administración adopte un mecanismo que potencialice las ventajas frente a las naciones y atienda a las regiones marginadas.

Del PT, el diputado Armando Reyes Ledesma (PT) apuntó que las pasadas administraciones otorgaron 28 tramos carreteros a particulares con una longitud total de mil 649 kilómetros. No podemos dejar de recordar que de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondiente a 2019, la deuda del rescate financiero carretero, mediante el Fideicomiso para el Rescate de Autopistas Concesionadas era de dos mil 247 millones de pesos; pidió ampliar la situación que guarda este pago y el resultado del fondo.

El diputado Jorge Alcibíades García Lara (MC) manifestó su preocupación por la difícil situación en la que está el sector de la inversión para la infraestructura en el país; enfatizó que es riesgoso politizar este tema, pidió defender las grandes obras de estas presiones, a fin de tener proyectos exitosos en el ámbito.

En su posicionamiento, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, de Encuentro Social, mencionó que es necesario aumentar las inversiones de conectividad carretera, aérea y naviera; sin embargo, se ha observado que la secretaría sólo se ha priorizado la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. “Las obras relevantes sólo son para las grandes capitales y no para las pequeñas ciudades”.

La diputada Erika Marian Rosas Uribe (Morena) destacó que el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, servicios de radiodifusión y telecomunicaciones como la banda ancha e Internet, representan un derecho, que de acuerdo con el texto constitucional, debe garantizar el Estado a las y los mexicanos. “Combatir la brecha digital que aún existe en importantes segmentos de la población, es uno de los objetivos del actual gobierno”.

Del PRD, la diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora refirió que la secretaría ha sido siempre una dependencia gubernamental que aporta para la construcción del futuro nacional. Desde hace varios años es uno de los motores del desarrollo y es detonante de la actividad. Preguntó la causa por la que se ha disminuido el presupuesto para las necesidades a la infraestructura aérea, carretera, ferroviaria, portuaria y en telecomunicaciones.

El diputado sin partido, Carlos Alberto Morales Vázquez dijo que de acuerdo con lo que han observado diversas organizaciones y cámaras, la situación en materia de infraestructura es alarmante. El presupuesto planteado en el PEF 2020 en Comunicaciones y Transportes, en el Ramo de Infraestructura, tiene cifras de inversión que se destinaban en 2017, y son similares desde hace más de 12 años, apuntó.

En sus repuestas, Javier Jiménez Espriú explicó que la obra del Tren Toluca-México se recibió inconclusa, cuyo presupuesto original estaba estimado entre los 32 mil millones de pesos, no obstante, hoy lleva una inversión de 65 mil millones de pesos y faltan 25 mil millones de pesos más; es decir, que costará más de tres veces lo proyectado y que será puesto en función hasta 2023.

Apuntó que entre las observaciones que se realizaron fue que se adquirieron 30 trenes, se diseñó una infraestructura para un tren de alta velocidad, cuando no tiene estas características, se licitó la construcción con información geológica insuficiente, se colocaron cerca de cinco mil apoyos de neopreno, ante estos hechos este proyecto lleva 27 auditorías; se han concluido 15 y 12 están en proceso.

En este sentido, refirió que la Secretaría de la Función Pública tiene 15 procedimientos de responsabilidad administrativa, pliegos de operaciones, solicitud de declaraciones, etcétera.

Agregó que se decidió seguir con la obra, porque tenía un 75 por ciento de avance y era absurdo no seguirla, a diferencia de lo ocurrido con el aeropuerto de Texcoco. “Estamos atendiendo los problemas sociales como los derechos de vía, hemos hecho nuevos estudios de ingeniería y geológicos”.

Esta administración está trabajando para que la iniciativa privada participe con el gobierno en 80 proyectos, cuidando que no haya monopolios en las concesiones ni se dé por toda la vida.

“Hoy el concesionario no podrá ser el constructor de la carretera, tendrá que licitarla para que cueste menos y para que sea menor el tiempo que se requiere para recuperar la inversión”.

Coincidió que el dos por ciento del PIB destinado a este sector no es suficiente para lo que se requiere; por eso se incorporará al sector privado para que participen en la construcción de infraestructura.

También refirió que las acciones que toma la SCT para terminar con la brecha en telecomunicaciones: se ha modificado el Contrato de la Red Compartida, el cual tenía como objetivo llegar al 85 por ciento de las comunidades y al siete por ciento de las zonas marginadas, ahora se revirtió este procedimiento.

“Hemos logrado que haya siete mil 207 sitios públicos en operación en localidades de alta y muy alta marginación; el monto invertido es alrededor de los 250 millones de pesos en los últimos meses.

Finalmente, relató que la dependencia a su cargo ha realizado un cambio total en la estructura, se profesionalizó, hoy son ingenieros los que ocupan el lugar de los ingenieros, como debe ser; es decir, se tiene un equipo especializado y una plantilla de honestidad.

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