• Legisladoras indican que es fundamental incluir en el PEF a las mujeres rurales

31-10-2019.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que el Anexo 13 (Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres) tiene un aumento muy importante del 50 por ciento.

En particular, precisó la vinculación con las secretarías de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social y de Bienestar, entre otras, donde se incorpora el Sistema Nacional de Becas, Jóvenes Construyendo el Futuro, y el Programa de Adultos Mayores.

Al participar en el quinto “Parlamento Abierto rumbo al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020” en la temática Presupuesto con Perspectiva de Género, reconoció que en muchos programas sustantivos vienen disminuciones.

“Hablar de un Anexo 13 con poco más de 100 mil millones de pesos y con un incremento del 50 por ciento, yo creo que también nos obliga a una revisión puntual, a la definición de criterios y reglas de operación de aquellos programas y dependencias responsables, que impactan realmente en la igualdad de género”, añadió el legislador.

Precisó que se está haciendo un esfuerzo porque el aumento de 11 mil millones de pesos a la propuesta del Ejecutivo en materia de ingresos, también se complemente con nuevas reasignaciones. Se buscará una solución a aquellos problemas que se derivan de disminuciones y que pueden afectar funciones sustantivas.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño Zuloaga (Morena), resaltó que el presupuesto a los programas de bienestar integrados al Anexo 13 serán ejercidos por medio de reglas de operación que garanticen la disminución de las brechas de desigualdad.

Manifestó que es fundamental incluir a las mujeres que han vivido en pobreza y han sido invisibilizadas, lo cual es un mandato del Ejecutivo, al expresar que “primero los pobres”, por lo que se debe revisar la legislación del campo para quitar la visión clientelar.

Dijo que para poder garantizar mejores condiciones para las niñas, adolescentes y mujeres, se requiere de un presupuesto adecuado que permita ejecutar las políticas públicas que las beneficie y se logre realmente una transformación social progresista y equitativa.

La diputada Mariana Rodríguez Mier Y Terán (PRI) afirmó que es primordial que en el presupuesto destinado al Anexo 13 se incluya a las mujeres rurales, con el objetivo de procurar su empoderamiento que les permita alimentar a sus familias y con ello llevarlas a un nivel mayor de igualdad con los varones. “Las mujeres no están pidiendo dinero para su manutención, sino impulso para proyectos productivos”.

Su correligionaria, la diputada Sara Rocha Medina expresó que las mujeres rurales deben ser visibilizadas, porque ellas son clave para el desarrollo del sistema alimentario del país. El PEF, a pesar de que establece en su Anexo 13 apoyos a este sector de forma transversal, éste no se cumple, por lo que propuso incluir el Programa de Fomento a la Agricultura, el cual contribuirá al impulso económico de las campesinas.

Celia Aguilar Setién, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), aseguró que hay una oportunidad para adecuar el presupuesto e implantar los instrumentos para que haya recursos en los programas para mujeres. “Los lineamientos dan pauta de ver cómo implementar, dar seguimiento y fiscalizar los montos etiquetados para la igualdad entre mujeres y hombres”.

La titular de la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Claudia Corichi García, argumentó que la igualdad es un tema fundamental y hoy se acepta, tan es así que por primera ocasión en la institución fiscalizadora se tiene un comité de igualdad de género.

Añadió que los resultados de las actividades de la institución, si se saben usar, contribuyen al mejoramiento de las políticas públicas y al uso eficiente de los recursos. “Cada vez es mayor el consenso sobre la necesidad de afianzar la capacidad institucional para que la aplicación transversal de la perspectiva de género sea una realidad para las categorías del gasto, el ciclo presupuestal y las fases de la política pública. Se debe legislar para fiscalizar con esta perspectiva”.

Laura Liselotte Correa de la Torre, de Oxfam México, consideró necesaria una revisión puntual de la política en materia de igualdad para que los objetivos, estrategias y líneas de acción tengan recursos presupuestales en el anexo de erogaciones para la igualdad, así como identificar dentro del presupuesto público qué asignaciones se alinean a los objetivos planteados.

Lucía Pérez Fragoso, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, propuso exigir que haya perspectiva de género dentro de los programas que no la incluyan. “Se debe hacer un esfuerzo porque hay muchos recursos, pero se pierden entre los 108 componentes del Anexo 13; no se vale tener un rubro grande sin recursos específicos para la igualdad”.

En su turno, Teresa Corona Chávez, integrante del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, citó que los países y empresas que promueven la igualdad de género avanzan más lejos y mejor. Propuso generar más políticas públicas con perspectiva de género, especialmente para mujeres rurales, dado que el proyecto del PEF 2020 no considera apoyos hacia este sector de la población. De acuerdo con la ONU, las mujeres realizan el 66 por ciento del trabajo en el ámbito mundial; producen el 50 por ciento de los alimentos; provén el 10 por ciento de los ingresos y poseen sólo el uno por ciento de la propiedad, refirió.

Silvia Hernández Hernández, integrante de la Organización Civil Mira Pensadoras Urbanas México, dijo que la política presupuestal que garantice la igualdad sustantiva de las mujeres, requiere componentes que están disponiendo en su entramado institucional; se tiene que transitar a una política integral de igualdad de género para lograr una sociedad en paz. “Esto es una corresponsabilidad de tres ámbitos: el gobierno, las empresas y las familias”, aseguró.

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