04-09-2019.- Diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, se reunieron con el secretario del ramo, Víctor Manuel Toledo Manzur, quien señaló que actualmente en México se tiene un registro de 122 asesinatos de ambientalistas, “lo que los pone en la misma dimensión de los periodistas y de los defensores de derechos humanos”.

Durante una reunión de trabajo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el funcionario precisó que, de acuerdo con la organización Witness International, México ocupa el cuarto o quinto país más peligroso para la defensa del ambiente.

El presidente de la instancia legislativa, diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (PVEM), consideró que se deben unir esfuerzos para construir una política pública con visión ambientalista, que involucre a todas las dependencias federales, estatales, municipales, legislativas, judiciales y cuerpos policiacos.

Es necesario que en todo el territorio nacional se tenga la misma visión y se avance de manera más efectiva, para que lo que se haga, entregue y construya vaya de la mano con el medio ambiente, sostuvo.

Se pronunció por una política ambiental que “nos ayude a ponerle un alto inmediato al deterioro que generan los aspectos del cambio climático, que se respeten las regulaciones ambientales y que México cumpla y sea un ejemplo en la implementación de la Agenda 2030”.

Por ello, expresó su interés por conocer la aplicación y la visión ambiental en el gobierno federal porque como “uno de los mayores orgullos que tenemos de ser mexicanos es nuestra biodiversidad y naturaleza ambiental que nos hace ser únicos en el mundo”.

Durante los cuestionamientos, la diputada Irma Juan Carlos (Morena) consideró urgente atender la agenda ambiental y que sea parte de los temas prioritarios para el bienestar de los mexicanos. Destacó la importancia de atender los conflictos ambientales, que en su mayoría se encuentran en pueblos indígenas y comunidades rurales.

Inquirió cuál es el diagnóstico de los conflictos ambientales en todo el país y la estrategia para atenderlos; cómo la Semarnat visualiza que la política ambiental sea transversal.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Rosa María Bayardo Cabrera dijo que uno de los grandes retos para México y esta secretaría es transitar de una política depredadora con el medio ambiente a una de tipo ambiental incluyente. Destacó el caso de la termoeléctrica de Manzanillo, a la que se le han establecido varias multas por la generación de emisiones, y preguntó cuál es la estrategia para que esta planta use gas natural.

Por su parte, la diputada Isabel Margarita Guerra Villarreal (PAN) expresó su interés por conocer en qué consiste el plan de manejo para la atención de especies exóticas-invasoras en las áreas naturales protegidas del Parque Nacional Cumbres de Monterrey.

Pidió conocer si se tienen fechas para la revisión de la actualización de las normas mexicanas 021, 023 y 026 relativas a la calidad del aire y su impacto en la salud de las personas. Asimismo, requirió la opinión del funcionario respecto al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

La diputada Silvia Guadalupe Garza Galván (PAN) pidió mandar una nueva inspección al Centro de Manejo Integral de Residuos Industriales Peligrosos en Coahuila, ya que no existe información alguna así como conocer el destino de los 80 millones de pesos otorgados a la entidad para la compra de filtros precisamente para atacar las altas concentraciones de arsénico en la laguna.

“Obviamente no está el dinero, no sé dónde quedó la bolita, hay muy pocos filtros. Me gustaría que nos apoyara en abrir esta investigación”.

Del PRI, el diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez resaltó que el presupuesto disminuyó un 17.5 por ciento, por lo que faltó personal y acciones para combatir la problemática que se vivió este año debido a los incendios en toda la República y la mala calidad del aire.

Preguntó qué se piensa hacer para aumentar el presupuesto de diversas áreas y cuál es el avance en el diseño de la política ambiental, como el tema de la tasa cero de deforestación, el sistema de alertas para reducir la vulnerabilidad ante eventos extremos del clima y adopción de tecnologías alternativas, entre otras.

Dijo que su grupo parlamentario buscará mejorar el presupuesto para reforzar las acciones hacia el medio ambiente y así atender los 17 objetivos establecidos en la agenda 2030, a fin de responder a las necesidades que hay en los estados del país en esta materia.

El diputado Armando González Escoto (PES) consideró que hay muchas tareas pendientes y cada entidad tiene su propia problemática. Estimó que el marco normativo es muy grande y el problema es que “muchos de esos ordenamientos son letra muerta; no se cumplen”.

Pidió hablar sobre el presupuesto y las políticas que se van a seguir, a fin de “coordinarnos para que juntos podamos resolver la problemática que existe”.

También del PES, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, dijo que actualmente el arrecife está sufriendo de manera importante, ya que hasta el 50 por ciento los corales están dañados, lo cual va avanzando con gran rapidez. “Me gustaría mucho saber en qué va la investigación; cómo vamos a resolverlo”.

La diputada Clementina Marta Dekker Gómez (PT) señaló que los humedales ayudan a mitigar el cambio climático, por lo que es de vital importancia detener el deterioro que sufren estas áreas y “pareciera que hay un cierto vacío en su protección”.

Preguntó cuáles son las estrategias implementadas para contrarrestar el impacto de las acciones humanas sobre los humedales y qué acciones se han realizado para asegurar la conservación de estos ecosistemas como patrimonio natural nacional.

Advirtió que la selva Lacandona ha sido deforestada de manera muy muy preocupante y no se ha detenido la comercialización y extracción de todos esos recursos maderables, lo que ha repercutido de manera directa en las comunidades indígenas. “Estamos implementando penas y sanciones por todos lados y con el tema de delitos graves que se aumenta el catálogo de delitos”.

En tanto, la diputada Ana Priscila González García (MC) refirió que desde finales de los años 70 la contaminación del Río Santiago ha ido en aumento debido a diversos factores, como el vertimiento de residuos químicos sin tratamiento especial, la descarga de aguas residuales derivadas de la producción agrícola y ganadera, así como “la falta de control y sanción por parte de las autoridades correspondientes”.

Cuestionó qué sucede en el proceso de actualización de NOM- 001-Semarnat-96 y la NOM-003-Semarnat-97, ya que “han pasado más de 20 años sin que sean actualizadas, constituyendo una franca violación a la ley. Han quedado rebasadas y no ayudan a proteger la vida acuática y la salud de los habitantes”.

Se pronunció por trabajar en conjunto con la Conagua y la Secretaría de Salud. Puntualizó que se tienen que reducir emisiones, derivado de los acuerdos de París en 2015, cuando “el gobierno mexicano se comprometió a una reducción voluntaria de gases de efecto invernadero para el 2030, al menos un 22 por ciento”.

La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez (PRD) cuestionó de qué manera la secretaría orienta las políticas públicas del sector con la Agenda 2030 y en qué medida y con base en qué indicadores el gobierno está cumpliendo con su responsabilidad de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, en particular los relacionados con el medio ambiente y cómo mejorar la producción y el consumo eficiente de recursos.

También preguntó por el programa Sembrando Vida, cuyo objetivo es contribuir al bienestar social de los sujetos agrarios y localidades rurales e impulsar la participación efectiva en el desarrollo rural integral. De qué manera se coordina con la Secretaría del Bienestar para que durante la operación de este programa no se violen diversas normas, como la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, cuestionó.

Consideró que en el informe 2018-2019 hay una omisión total del proyecto Tren Maya, un plan que será uno de los principales en cuestión de infraestructura, desarrollo económico y turismo. “Tendrá hasta 150 mil millones de pesos con un impacto significativo en el medio ambiente de la zona”.

El diputado Jesús Carlos Vidal Peniche (PVEM) subrayó que una de las principales preocupaciones es la reducción del presupuesto al rubro de medio ambiente en el presente año y el común denominador es la incertidumbre que representa la implementación y continuidad a las acciones que se llevarán a cabo en los siguientes años.

Preguntó cuáles son los avances alcanzados hasta el momento con el programa Sembrando Vida y si se considera que pondrá un alto definitivo a la tala ilegal con fines agrícolas, uno de los factores más importantes que dan origen a la deforestación y vulneración de las especies de la fauna endémica.

De la misma bancada, la diputada Zulma Espinoza Mata señaló que el rubro medio ambiental sufrió una disminución del 32.6 por ciento del presupuesto en comparación al año inmediato anterior, lo que puede representar incertidumbre sobre la continuidad de la agenda ambiental. “Ante esta situación como diputados debemos situar a la protección ambiental como uno de los rubros fundamentales”.

Enfatizó que hay enormes oportunidades para mejorar el desempeño de las instituciones y las prácticas de gestión ambiental a través del ejercicio de los recursos públicos con más eficiencia, austeridad y honestidad, por lo que pidió al funcionario precise cuáles son las acciones que se tienen planeadas para dar cumplimiento a las tareas, cómo se continuará fortaleciendo a las instituciones y qué proyección de recursos consideran necesarios.

El secretario Toledo Manzur detalló que en México se tienen registrados 560 conflictos socioambientales, fundamentalmente con la industria minera, hídricos y expansión de la industria energética. Los estados con mayor número de conflictos mineros son: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua y Colima.

En el tema del manejo del agua, fundamentalmente presas, hay problemas en Jalisco, Estado de México, Chihuahua y Puebla. Detrás de cada conflicto, continuó, hay poblaciones locales, municipales, especialmente en las zonas indígenas, que luchan por defender sus territorios, añadió.

En términos de presupuesto, también la Semarnat sufrió una caída del 56 por ciento de sus recursos entre 2015 hasta la actualidad. También se perdió de 2018 a 2019, al pasar de 37 mil millones a 31 mil millones y también hubo congelamiento por parte de Hacienda, que “nos dejó hoy en día con algo más de 28 mil millones de pesos”.

Para el 2020 la Secretaría de Hacienda “no nos baja el presupuesto más que mínimo de uno por ciento a la política ambiental”, indicó.

Señaló que el descenso de presupuesto afecta la presencia de la secretaría y la atención a las problemáticas ambientales en todo el país. Sin embargo, dijo, en tres meses se han atendido 18 conflictos de todo tipo, incluyendo el interés por tener una opinión sobre los dos grandes megaproyectos: Tren Maya y el Tren Transístmico.

Comentó que se están trazando cinco proyectos estratégicos. Tenemos que hacer la transición agroecológica, la producción de alimentos sanos; la transición energética, dejar el petróleo y entrar a una fase nueva; el rescate de ríos y cuerpos de agua; el tema del agua para todos; y la educación y cultura ambiental.

“Vamos a necesitar muchísimo del trabajo conjunto y de nuevas leyes, el país requiere de nuevas leyes para ponerse a la altura de la problemática ambiental nacional y global”, puntualizó.

Precisó que las principales cuencas del país, los ríos Atoyac, Lerma, Papaloapan, Sonora, y los cuerpos de agua son “un verdadero desastre, convirtiendo los principales ríos en verdaderas cloacas y afectando la salud de miles o millones de mexicanos”. Reconoció que el Río Santiago es otro de los gran contaminados y se conoce la descarga que hacen alrededor de 300 empresas en él.

La Semarnat, anunció, entrará a revisar y hacer un inventario cuidadoso de las industrias que están contaminando los principales ríos. “No es posible que en nuestro país estemos viviendo en esa situación y esto fue producto del relajamiento que tuvo Semarnat y la política ambiental en los últimos 25-30 años”.

El funcionario consideró que la Agenda 2030 es “una propuesta más de Naciones Unidas para seguir otra vez dando vueltas sin llegar al fondo de las cosas”. Y el fondo de las cosas, continuó, es que la “crisis ambiental es un problema de visión, de civilización, que tiene que ver con la manera como se concibe; por ejemplo, hay una incompatibilidad intrínseca entre la idea del crecimiento económico y la salud ambiental”.

Resaltó que la destrucción del medio ambiente es fundamentalmente surgida del papel que juegan las corporaciones y también las empresas públicas; por ejemplo, el caso de petróleo, el cambio climático lo producen 90 empresas petroleras energéticas, privadas y estatales, incluyendo Pemex. “Eso nunca se dice”.

El secretario reconoció que este año los incendios forestales han estado un poco por arriba de la media; destacó la labor de los mil 700 guardias forestales, la mayor parte voluntarios, que son los que entran a apagarlos. “Efectivamente, la baja del presupuesto podría afectar esto”.

Enfatizó que la defensa del medio ambiente es un derecho a la vida, así como el derecho a tener acceso a energías limpias en donde México tiene un potencial enorme. Respecto al tema del Tren Maya señaló que no va a tener problema su construcción. “El problema viene por lo que va a desencadenar después, pues en cada estación habrá un polo de desarrollo y debemos precisar qué énfasis se les va a dar”.

En el tema de las refinerías, precisó que nuestro país compra la mayor parte de las gasolinas, por lo que la construcción de una nueva planta y el relanzamiento de las ya existentes es una estrategia de soberanía.

Sobre la tala ilegal aseveró que este problema tardará mucho tiempo en resolverse, aunque ya se están comenzando con un programa para evitar esta práctica; además, se lanzará un programa para que industriales consuman madera legal, aunque aclaró, se debe revisar el código penal.

En cuanto al blanqueo de los arrecifes de coral, puntualizó que en octubre se declarará una emergencia y se realizará un cierre escalonado de zonas turísticas. Sobre las causas de los incendios, dijo que este tema ya se atiende.

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