• Realizan STRM y Cámara de Diputados, el Foro “Telecomunicaciones para el Desarrollo Nacional”

23-09-2019.- Es necesario desarrollar una política integral para que todos los mexicanos tengan acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y lograr la cobertura universal y gratuita en las zonas de mayor marginación social, afirmó la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena), en el foro “Telecomunicaciones para el Desarrollo Nacional”.

En el evento, organizado el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la secretaria de esta instancia agregó que es indispensable llevar el servicio de telefonía celular e Internet a zonas marginadas para que salgan del aislamiento y sean incluidas en las políticas del desarrollo y bienestar.

Mencionó la importancia de contar con una empresa pública de telecomunicaciones para brindar servicio de telefonía celular e internet en las regiones “donde las grandes empresas no quieren entrar porque no es negocio”.

Sostuvo que la política en materia de telecomunicaciones por parte del Estado y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) debe procurar, en todo momento, que se preserven los derechos de los trabajadores y la viabilidad de las empresas donde trabajan desde hace décadas, incluso antes de la revolución tecnológica”.

Refirió que “la política de regulación, combate a monopolios y empresas preponderantes, requiere atender la voz y demandas de los trabajadores de las empresas de telecomunicaciones, a fin de evitar que las medidas adoptadas, como la de separación funcional en Telmex, tenga como consecuencia el menoscabo de los derechos laborales o la desaparición de sus centros de trabajo”.

Indicó que se deben conocer las necesidades y propuestas del gremio que contribuyan a elaborar una nueva ley general de ciencia y tecnología incluyente, con la cual se impulsen proyectos tecnológicos e iniciativas que ayuden a avanzar con pasos firmes y certeros hacia la digitalización.

Es fundamental, aseveró, un financiamiento suficiente, pertinente y oportuno para la investigación científica, aplicación tecnológica e innovación; fortalecer la vinculación entre academia, industria, iniciativa privada, Estado e instancias involucradas, para incrementar el conocimiento científico y tecnológico, y que el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación coloque a México a la vanguardia de nuevos ecosistemas tecnológicos.

La llegada de tecnologías, como la 5G, en materia de telefonía celular, promete mejorar la calidad y velocidad del servicio; el principal reto, subrayó, es lo incosteable que podría llegar a ser, por lo que la regulación y normatividad son imprescindibles.

En su participación, el secretario del STRM, Francisco Hernández Juárez, expresó que el gobierno debe definir una política de Estado en materia de telecomunicaciones que incluya competencia, conectividad, cobertura e inversiones, pues sólo de esa manera México podría impulsar este sector.

Así, dijo, el Ifetel tendrá un panorama más amplio, desechando el modelo neoliberal, no sólo insuficiente, sino absolutamente equivocado —que plantea la competencia como el único recurso para avanzar— y aplicar un sistema que permita encontrar una salida los problemas de los telefonistas.

Indicó que por la propuesta “de partir en dos a la empresa (Telmex), estamos a cuatro días de entregar la lista de quienes pasan a la nueva compañía. Nos han pedido los nombres de los 28 mil trabajadores, pero ¿cómo se define? No hay ningún voluntario para ir a una entidad que va a subsidiar a la competencia y será desfinanciada de origen”.

Mencionó que este evento presenta un panorama mucho más amplio, a fin de conformar el eje para impulsar el desarrollo de las telecomunicaciones.

Daniel Navarrete Hernández, integrante del Programa de Globalización, Conocimiento y Desarrollo del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expresó que en estos servicios el país está por debajo de la media mundial y en América Latina se ubica debajo de Chile, Argentina y Brasil; por ello, es insoslayable desarrollar esta industria, a través de infraestructura, inversión y capital humano capacitado.

Afirmó que el Estado no sólo necesita dotarse de una fuerte capacidad regulatoria, sino de una estrategia de conducción y gestión del desarrollo, en torno a un nuevo proyecto nacional fundamentado en el aprendizaje, innovación y la inclusión social. Además, requiere la participación de la iniciativa privada y su infraestructura.

Del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Ramiro Tovar Landa, destacó las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información, a la banda ancha y al Internet. “Tenemos un sureste con un crecimiento menor al promedio nacional; hay una diferencia en las redes fijas y móviles a banda ancha; vemos polarización en los servicios y una profunda asimetría en las oportunidades de acceso, independientemente de que sea el área rural o urbana”.

Agregó que, en cuestión de tarifas, México se encuentra en niveles internacionales. Llamó a cumplir lo establecido en la Constitución Política, respecto de garantizar una competencia efectiva, porque los servicios en telecomunicaciones tienen un beneficio social y el Estado debe cumplirlos.

El director general de Digital Policy & Law y doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, Jorge Bravo Coto, resaltó que, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, falta conectar a Internet al 40 por ciento de los mexicanos que requieren acceso y cobertura; señaló que en telefonía móvil México sólo supera a Haití y a Cuba.

Puntualizó que las tecnologías, las telecomunicaciones y la conectividad contribuyen al crecimiento, al desarrollo social y son estratégicos. Se manifestó por garantizar estos derechos a todos, incluidas las personas indígenas y las adultas mayores. “Sacrificamos a muchos sectores si no les damos estas tecnologías habilitadoras del desarrollo”.

Al presentar los puntos de la “Agenda Digital”, el integrante del Comité Ejecutivo Nacional del STRM, Fidel González Bárcenas, dijo que se propone: impulsar la creación de una secretaría de política digital, innovación y TIC’s, así como una iniciativa de ley federal de ciberseguridad, derechos digitales, soberanía digital y propiedad de datos, además de promover la creación de una carrera en seguridad digital; generar la consolidación y programa de digitalización universal, e identificar y superar los obstáculos que inhiben el crecimiento de la red y cobertura.

Asimismo, lograr una equidad regulatoria de telecomunicaciones y radiodifusión; eliminar el IEPS en el sector de telecomunicaciones; respeto a la autonomía del órgano regulador y al marco jurídico; crear un programa digital que promueva las capacidades digitales; impulsar el desarrollo de ciudades inteligentes; imponer tributación a grandes empresas tecnológicas, y restituir al Ifetel la facultad regulatoria del derecho a las audiencias.

El secretario de prensa y propaganda del STRM, Israel Quiñones, expresó que la propuesta “Agenda Digital”, realizada por la agrupación, plantea metas específicas para el desarrollo económico del país; básicamente, agregó, se pretende que las tecnologías de la información y comunicación sean un instrumento para el cambio.

“Estas metas trazadas jamás se podrán cumplir si se consuma la separación funcional de Teléfonos de México, porque para ingresar a las nuevas tecnologías se necesitan, por lo menos, 10 veces más fibra óptica de la que tenemos hoy en día”.

El analista del sector de comunicaciones, Jorge Fernando Negrete, pidió conocer las agendas digitales federal y de sectores especializados. “Nos gustaría conocer la de salud, para la educación, para la ciencia y tecnología, para seguridad, turismo, en las ciudades, estados y municipios”.

“La única manera de saber que los políticos están haciendo su trabajo es con la nueva generación de agendas digitales y éstas se conciben desde la perspectiva de la construcción de una visión de política pública”, concluyó.

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