• Otro más, faculta al Congreso a expedir la Ley General de Seguridad Privada

• Reforman varios artículos de la Constitución Política

04-12-2020.- La Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), aprobó tres proyectos de dictamen en materia de inembargabilidad de recursos provenientes de programas sociales, seguridad privada y nacionalidad.

Blindar recursos de los programas sociales

En reunión semipresencial, la diputada Alavez Ruiz explicó que el proyecto de dictamen que adiciona el último párrafo al artículo 4º de la Constitución, en materia de inembargabilidad, busca blindar de embargos, sin previo juicio, a los recursos de programas sociales.

Agregó que la reforma busca evitar que se vulneren los derechos de los beneficiarios, así como los fines del combate a la desigualdad y pobreza que persiguen estos programas.

El dictamen plantea que los apoyos económicos, pensiones no contributivas, becas y demás apoyos para el combate a la pobreza y desigualdad social que entreguen los gobiernos federal, estatal o municipal no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones o embargos de particulares, sino mediante juicio ante los tribunales competentes y bajo procedimientos aplicables.

Aprobado en lo general y en lo particular con 17 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

Discusión

Al adelantar su voto en abstención, el diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN) mencionó que su grupo parlamentario todavía no define su posición. Agregó que están consultando a las autoridades municipales y estatales porque en diversas ocasiones arbitrariamente la autoridad judicial embarga cuentas de los ayuntamientos o gobiernos estatales lo que hace imposible que este recurso llegue al beneficiario.

El diputado Héctor Jiménez y Meneses (Morena) destacó la importancia del dictamen porque no se podrían embargar los bienes de los programas sociales, los recursos que la gente recibe, salvo, como lo dice el texto, mediante juicio; sin embargo, pidió agregar la frase: “el que se haya dictado sentencia ejecutoriada”.

A su vez, el diputado Marco Antonio Gómez Alcantar (PVEM) consideró que no solamente se habla de la inembargabilidad de cuentas; lo que se está impidiendo es que no puedan darlas en garantía y, con ello, se va a limitar la capacidad económica para adquirir bienes. “Es algo a considerar, por eso me abstendré porque necesito tener una mayor reflexión sobre el tema”.

La diputada Martha Tagle Martínez puntualizó que Movimiento Ciudadano coincide en la necesidad de generar mecanismos para que los apoyos sociales sean inembargables; no obstante, agregó, tenemos la duda de que es un tema que se tenga que respaldar en la Constitución. “Se tiene que revisar a fondo porque puede terminar siendo contraproducente para los beneficiarios. Vamos a votar en abstención porque revisaremos la propuesta”.

El diputado Pablo Gómez Álvarez (Morena) afirmó que sí debe estar en la Constitución porque todo es embargable y retenible. “Se trata de fortalecer un sistema para que todos los subsidios tengan una protección extraordinaria, que nadie pueda deducirlos. Establecer una coraza especial para estos programas permitirá que tengan un mayor desarrollo”.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Lidia García Anaya puntualizó que si se quiere que los programas sociales sean inembargables es importante modificar las leyes secundarias. Propuso que el texto específico del dictamen sólo se quede hasta: “que son inembargables”.

El diputado Ernesto Palacios Cordero (Morena) dijo: “Estamos estableciendo derechos y las garantías para su cumplimiento, a fin de que no haya malas interpretaciones”.

También de Morena, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero expresó que lo único que hay que agregar a la propuesta es la expresión: “sentencia ejecutoria”, porque los bancos se cobran a lo “chino”, haya o no haya razón. “Es correcto que sea una reforma constitucional porque eso abarcaría todas las leyes secundarias. Es una protección necesaria”.

Facultan al Congreso a expedir la ley de seguridad privada

El segundo proyecto de dictamen, que reforma el artículo 73 de la Constitución en materia de seguridad privada, tiene el objetivo de facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Seguridad Privada y homologar los requisitos y procedimientos para las empresas que se dediquen a esta actividad.

También adiciona una fracción XXIII Bis al citado artículo, a fin de que en la Ley se establezcan las reglas y la autoridad facultada para autorizar y regular a los prestadores de servicios de seguridad privada en todo el territorio nacional y fije las reglas de coordinación entre las personas autorizadas a prestar los servicios de seguridad privada.

Esta coordinación se debe dar con la Federación, las entidades federativas y los municipios para la efectiva organización y funcionamiento de los prestadores de estos servicios como auxiliares de la seguridad pública.

Así como entre esos prestadores con las instituciones de seguridad pública en situaciones de emergencia y desastre, además de prever aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías complementarias.

El proyecto de dictamen se aprobó con 20 votos a favor, dos en contra y una abstención. Se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

La diputada Aleida Alvavez Ruiz aclaró que la facultad concedida al Congreso de la Unión, de ninguna manera implica la posibilidad de autorizar la prestación de servicios a particulares que ofrezcan asistencia y asesoría militar.

“El mando supremo del Ejército y la Fuerza Aérea corresponde al Presidente de la República, quien lo ejerce por sí, o a través del secretario de la Defensa Nacional”, agregó.

Discusión

Al hablar en contra, el diputado José Elías Lixa Abimerhi (PAN) consideró que hacer una reforma constitucional que atribuya todas las facultades de regulación al Congreso vulnera la capacidad que tienen las entidades federativas. “Si bien es cierto que hay entidades federativas en donde hay descontrol, no podemos dejar de lado que hay otras en donde la regulación para la seguridad privada sí funciona”.

El diputado Ernesto Palacios Cordero (Morena) dijo que el objetivo es establecer una política de Estado para la seguridad, ya que es un tema que preocupa a los ciudadanos y al Gobierno. “Hemos coincidido en una reforma constitucional muy importante y, desde luego, constituye un marco básico”.

De Morena, el diputado Pablo Gómez Álvarez sugirió que el texto se trabaje más a fin de hacerlo claro porque, aseveró, es repetitivo. “Creo que si se va a dar una ley general expedida por el Congreso hay que establecer el marco básico. Propondría hacer un enunciado a fin de evitar repeticiones e integrar algún concepto que no está. Hay que precisar la redacción”.

Por su parte, la diputada Adriana Medina Ortiz (MC) agradeció la apertura para analizar la reforma y trabajarla en consenso. Consideró que se pueden hacer las modificaciones pertinentes a fin de perfeccionar el artículo 73.

La diputada Aleida Alavez Ruiz aclaró que siempre se somete un texto como dictamen a consideración de los diputados, una vez que ha sido lo suficientemente revisado. “No hacemos redacciones que no satisfagan. Como Comisión hicimos un trabajo que rescató todas las inquietudes”.

Proteger el derecho a la identidad

El tercer dictamen con proyecto de decreto reforma la fracción II del inciso A del artículo 30 de la Constitución Política en materia de nacionalidad. Se aprobó por unanimidad de 22 votos. Fue enviado a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

El cambio tiene el propósito de reconocer el derecho a la nacionalidad mexicana de las hijas e hijos de padres mexicanos, o de madre o padre mexicanos, sin importar que hayan nacido en territorio nacional o extranjero, protegiendo con ello su derecho a la identidad, el cual incluye el nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo y nacionalidad.

La diputada Aleida Alavez Ruiz informó que la minuta respectiva la envió el Senado de la República a la Cámara de Diputados el 24 de noviembre de 2020, y se remitió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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