• De noviembre a la fecha se han atendido 4 mil 778 expedientes, precisa

• Necesaria, una reforma constitucional de comunicación directa con las víctimas; el modelo de 1999 está agotado

22-01-2020.- La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), María del Rosario Piedra Ibarra, manifestó que entre el 15 de noviembre de 2019 y el pasado 21 de enero, se recibieron 5 mil 398 expedientes, de los cuales se han atendido 4 mil 778, y emitido 52 medidas cautelares.

Al presentar su informe de actividades 2019 ante el Pleno de la Comisión Permanente, afirmó que el modelo de derechos humanos implantados con la reforma constitucional de septiembre de 1999 está agotado y se debe crear algo mejor, por medio de la apertura y el diálogo permanente para lograr una reforma que exige comunicación directa con las víctimas y todas las contrapartes.

Resaltó la necesidad de armonizar la normativa de la CNDH con los principios constitucionales e internacionales, a fin de evitar todo tipo de discriminación. Además, apuntó, se buscará incidir en políticas públicas para armonizar leyes y reglamentación secundaria de todo el país.

“Estoy convencida de que se puede iniciar una etapa mejor para la protección y defensa de los derechos humanos. Estamos conscientes de la magnitud de la tarea”, recalcó.

Piedra Ibarra subrayó que desde su creación la CNDH ha sido débil, cuando no omisa, en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los mexicanos. “Se consideró que la comisión no debía asumir un papel activo en la garantía de la salud, la vivienda, educación o la cultura, pero es prioritario defender esos derechos”.

Señaló que por años se ha mantenido una baja emisión de recomendaciones, con inadecuada o insuficiente investigación de los casos, lo cual debe revertirse, además de promover comunicación directa y permanente con los colectivos comprometidos en la causa y las cámaras del Congreso, de manera que el resultado sea una CNDH más eficaz y fortalecida.

Precisó que en la actualidad se buscan los mecanismos para que haya un acercamiento de la CNDH y las víctimas, así como módulos a fin de dar plena accesibilidad, sobre todo en torno a la protección de las mujeres, periodistas, defensores de derechos humanos, migrantes y pueblos indígenas.

Parte importante de la violencia que vivimos, estimó, tiene origen en la desigualdad. Ello, indicó, ha dado lugar a que personas defensoras hayan sido atacadas.

Hay estudios que han demostrado que el presupuesto de la Comisión se incrementó desproporcionalmente desde su creación, lo que hizo de la oficina del ombudsperson la más costosa de América Latina, y con los resultados más decepcionantes y pobres.

Mencionó que no se necesita un inmenso aparato burocrático ni cuantiosos recursos, sino someterse a la Ley de Austeridad Republicana. Detalló que la propuesta conlleva un ahorro de 30 por ciento en las visitadurías y la Dirección General de Quejas. Además, es necesario fortalecer el Consejo Consultivo y potenciar su papel.

En su administración, afirmó, se venderán los autos blindados y de lujo y no habrá privilegios de cualquier índole. “A nuestra llegada se retabularon los sueldos de altos mandos; ahora nadie gana más que el salario presidencial, y se quitaron bonos, primas, ayudas, falsos estímulos, celulares, y se retiró una plaza de chef”.

Indicó que tampoco habrá gastos en eventos, viajes al extranjero, salvo los que redunden en el beneficio real para las víctimas. Queremos que la CNDH sea la más eficiente en su tarea, porque desde hace años se ha cuestionado su operación y gasto, y se ha planteado una reestructuración.

Añadió que hay que poner fin a los gastos onerosos, pero mejorar la capacidad preventiva de la CNDH en materia de atención a periodistas, tortura, desapariciones, violencia feminicida, migrantes, trata de personas y explotación de mujeres.

Sobre el caso de Ayotzinapa, expuso, los puntos recomendatorios no se pueden calificar en su estado o nivel de cumplimiento, porque la oficina especial de ese suceso determinó una forma diferente de clasificarlo, distinta a lo establecido por el reglamento interno de la CNDH. “Por eso tendremos que valorarla junto con los familiares de los desaparecidos y encontrar la mejor forma de avanzar a sus demandas”.

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