• El 48 por ciento de los presuntos culpables de violencia de género se encuentran laborando actualmente
• Se modificó la Ley General de Responsabilidades Administrativas

26-02-2020.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez (PT), aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para que sea falta administrativa grave el hostigamiento y el acoso sexual.

El documento precisa que México tiene históricamente un problema de violencia de género que durante muchos años ha reforzado entre sus habitantes actividades discriminatorias que han propiciado actitudes machistas.

Menciona que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el 48 por ciento de los presuntos culpables de violencia de género se encuentran laborando en la actualidad; hay carpetas abiertas hasta por 358 funcionarios públicos.

El dictamen incluye una fracción XIV al artículo 7, para establecer que los servidores públicos deberán prevenir, sancionar y erradicar en el ámbito de sus competencias, y en su actuar, cualquier acción que propicie violencia de género, justificando en todo momento sus acciones con un enfoque de perspectiva de género.

Adiciona el artículo 64 ter, para establecer que será responsable el servidor público que valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, realice actos de hostigamiento y acoso sexual.

Se entenderá por hostigamiento o acoso sexual, lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones llegaran a advertir actos u omisiones que pudieran constituir hostigamiento o acoso sexual, serán castigados en los mismos términos cuando realicen deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.

También, agrega el artículo 64 quáter, el cual precisa que tendrá responsabilidad administrativa el servidor público que dilate, obstaculice o impida de manera injustificada la implantación de la alerta de género, en términos de Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez (Morena) precisó que este dictamen deriva de dos iniciativas de Morena, una del PRI y otra del Congreso de Durango, y su propósito es que la violencia de género sea expuesta; es decir, que el problema sea visibilizado y difundido.

Gloria Romero León, diputada del PAN, expresó que el dictamen recoge cuatro iniciativas para ampliar el tema de cómo se defiende y protege la vida de las mujeres, en particular de las que son víctimas de violencia de género.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) resaltó que estas iniciativas hacen evidente la necesidad de dar elementos jurídicos para atender de manera urgente la violencia de género en todos los ámbitos. “Están normalizado las conductas machistas en los servidores públicos y es necesario evidenciar la violencia de género”.

José Luis Montalvo Luna, diputado del PT, dijo estar a favor de este dictamen que le hará justicia a muchas mujeres trabajadoras del país, que acudían ante una autoridad o una instancia a demandar a su jefe inmediato “y recibían el comentario de que no había figura ni delito qué perseguir”.

Armonizan la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

De igual modo, la comisión aprobó el dictamen que reforma los artículos 201 y 214 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de armonización legislativa, y así cambiar la denominación de Salario Mínimo General Vigente, por la de Unidad de Medida y Actualización.

La intención es desligar el salario mínimo de cualquier unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones o como unidad de referencia en la economía, de tal forma que el concepto de salario se refiera única y exclusivamente a la remuneración mínima que debe percibir un trabajador, siendo suficiente para la atención de sus necesidades básicas, en sintonía con el texto constitucional.

Reforma al Poder Judicial

En asuntos generales, el diputado Rubén Cayetano García (Morena) indicó que uno de los principales lastres que tienen los tribunales de México, después del nepotismo y tráfico de influencias, es la corrupción.

Por ello, pidió que esta instancia legislativa juegue un papel activo, participativo y protagonista en el análisis de la iniciativa del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. “Que no nos quedemos sólo como Cámara revisora y participemos en toda la ruta en el Senado de la República”.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Óscar González Yáñez, resaltó que se buscará una comunicación con las comisiones de la colegisladora, encargadas de la dictaminación de esta propuesta.

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