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Bolet√≠n N°. 3957 En septiembre, un marco jur√≠dico m√°s contundente contra la corrupci√≥n: Gonz√°lez Y√°√Īez
  • Se realiz√≥ el tercer parlamento abierto para analizar las leyes de adquisiciones y de obras p√ļblicas

 

 

  • Infracciones, sanciones y soluci√≥n de controversias, algunos de los temas

 

30-07-2020.- Con el objetivo de continuar el an√°lisis de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P√ļblico, y la de Obras P√ļblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Comisi√≥n de Transparencia y Anticorrupci√≥n, presidida por el diputado √ďscar Gonz√°lez Y√°√Īez (PT), realiz√≥ el tercer parlamento abierto en torno a esos ordenamientos legales.

 

A través de una plataforma digital se analizaron los temas: infracciones, sanciones y solución de controversias.

 

En su participaci√≥n, el diputado √ďscar Gonz√°lez confi√≥ que en septiembre estar√° listo un marco jur√≠dico m√°s robusto para combatir la corrupci√≥n.

 

‚ÄúEl compromiso es que una vez terminando este parlamento se hagan las adecuaciones necesarias para que en septiembre tengamos un marco jur√≠dico y normativa que garanticen el combate a la corrupci√≥n, porque es un eslab√≥n importante en la cadena del funcionamiento del gobierno con la sociedad‚ÄĚ.

 

 

Participación de diputadas y diputados

 

Al detallar las propuestas de modificaci√≥n a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P√ļblico, la diputada Beatriz Rojas Mart√≠nez (Morena) dijo que est√°n encaminadas a brindar mayor seguridad jur√≠dica para regular el procedimiento de contrataci√≥n.

 

De la misma fracci√≥n parlamentaria, la legisladora Lidia Garc√≠a Anaya coment√≥ que el objetivo es fortalecer la fiscalizaci√≥n, la transparencia y rendici√≥n de cuentas. Respecto de las adjudicaciones y evitar favorecer a alg√ļn particular propuso que, por lo menos, haya de manera previa dos procedimientos de licitaci√≥n p√ļblica declarados desiertos.

 

La legisladora Ruth Salinas Reyes (MC) expuso que las reformas tienen el fin de que los ‚Äútestigos sociales‚ÄĚ puedan estar en todas las licitaciones p√ļblicas, sin importar el monto, y fortalecer la imparcialidad con la que se manejan al aumentar a tres a√Īos el tiempo en que dejaron de ser servidores p√ļblicos y poder ser registrados en ese cargo.

 

La diputada Gloria Romero Le√≥n (PAN) mencion√≥: ‚ÄúNosotros no votamos a favor porque no podemos estar de acuerdo en ir contra la industria nacional; no podemos coincidir en que vayamos a comprar a otros pa√≠ses cuando muchos mexicanos despu√©s de esta crisis econ√≥mica generada por la pandemia se han quedado sin trabajo‚ÄĚ.

 

Planteamientos de expertos

 

César Chávez Flores, de la Confederación de Cámaras Industriales, dijo que presentaron un documento donde exponen cuál de las hipótesis de sanción están en la ley de adquisiciones, y se plantea el problema de constitucionalidad que, de no atenderse, generaría impunidad ante resoluciones adversas en tribunales.

 

Del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), Josefina Román Vergara, comentó que en los artículos 59 y 70 se estima pertinente que se relacionen con el capítulo relativo a actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves, a que se refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas porque hay que establecer congruencia.

 

Gustavo Santillana, de la Asociaci√≥n Mexicana de Industrias de Investigaci√≥n Farmac√©utica, indic√≥ que no se debe perder de vista que las adquisiciones son de medicamentos e insumos, ‚Äúestamos hablando del derecho humano a la salud, por lo que es necesario se tenga la certeza de que se van a cumplir los requisitos de seguridad y eficacia que mandata la Ley General de Salud‚ÄĚ.

 

De Transparencia Mexicana, Carla Crespo consideró que es necesario que se defina cuáles son los requisitos que deberán atender las unidades compradoras para que este supuesto que se acaba de incorporar en la ley sea procedente y también que se destine un responsable para su autorización y se determinen mecanismos de seguimiento a la ejecución de los contratos o convenios que se firmen.

 

Luis Manuel de Acha, experto independiente, se√Īal√≥ que hay empresas ‚Äúfantasma‚ÄĚ cuya vocaci√≥n, m√°s que evadir impuestos y desviar recursos p√ļblicos, es lavar dinero; tambi√©n se utilizan para tr√°fico de armas y personas. Por ello, falta establecer una consecuencia en la ley en relaci√≥n con este tema.

 

Jos√© Antonio Oloarte Atanasio, experto independiente, manifest√≥ que la parte fiscal es importante, por lo que plante√≥: ‚ÄúA quien se le cancele una cuenta debe demostrar para qu√© es todo ese dinero, si es para pagar salarios, comprar inventarios y con eso se desinhibe la parte corruptora‚ÄĚ.

 

También experto independiente, Víctor Manuel Pérez Martínez dijo que es rescatable que se haya volteado a ver este tema de las prácticas monopólicas absolutas, pero que si se revisa la iniciativa presentada podrían darse una idea de cómo regular un poco mejor o armonizar leyes.

 

√ć√Īigo Solana Riverol, de la compa√Ī√≠a Intel, dijo que hay que reconocer un esfuerzo por parte del gobierno federal, a trav√©s de la Secretar√≠a de la Funci√≥n P√ļblica: el lanzamiento de este padr√≥n de integridad empresarial, ‚Äúes una herramienta fundamental para las empresas que quieran acceder y tengan la oportunidad de competir y participar en los procesos de licitaci√≥n‚ÄĚ.

 

En representaci√≥n del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusi√≥n de las personas con Discapacidad, M√≥nica Duhem, directora general de HearColors, consider√≥ fundamental tomar en cuenta la Norma de Tecnolog√≠a Accesible en el an√°lisis de la reforma de ley de Adquisiciones. ‚ÄúIncluir esta norma ser√° un motivador para las empresas que desarrollan productos de tecnolog√≠a accesible‚ÄĚ.

 

Alejandro Galv√°n Llanes, del grupo de Investigaci√≥n, An√°lisis y Opini√≥n de la Comisi√≥n de Transparencia y Anticorrupci√≥n, propuso ‚Äúarmonizar los textos normativos haciendo una clara revisi√≥n entre la Ley General de Responsabilidades, de Adquisiciones y de Obras P√ļblicas, y dejar en √©stas la parte meramente contractual; evitar el choque de normas, as√≠ como ampliar la aplicaci√≥n de sanciones‚ÄĚ.

 

La presidenta del Colegio de Testigos Sociales AC, M√≥nica Mar√≠a del Rosario Barrera Rivera, puntualiz√≥ que la propuesta de sustituir la figura de ‚Äútestigos sociales‚ÄĚ por la de ‚Äúrepresentantes sociales‚ÄĚ no es justa ni equitativa, por lo que ‚Äúno la compartimos‚ÄĚ. Sugiri√≥ la participaci√≥n de un solo testigo social y no tres por cada procedimiento de contrataci√≥n de obra p√ļblica.

 

De la Confederaci√≥n de C√°maras Industriales, Sergio Huacuja Betancourt, propuso que las empresas acrediten contar con una pol√≠tica de integridad empresarial eficiente con anterioridad a la convocatoria respectiva, porque ‚Äúno se vale‚ÄĚ, a√Īadi√≥, inventar programas de integridad para cumplir con un requisito o exculparse de una eventual responsabilidad por un acto contrario a la legislaci√≥n.

 

El presidente del Instituto Farmacéutico México, José Carlos Ferreyra, sugirió comprar medicamentos nacionales porque son más baratos y de mayor calidad; también garantizar que a los derechohabientes nunca se les exija un co-pago por altos precios en el exterior, garantizar el inventario, transparentar la investigación de mercados al asignar fallos, respetar los 18 meses de caducidad y no comprar saldos.

 

El acad√©mico de la Universidad Nacional Aut√≥noma de M√©xico, Marco Romero, consider√≥ que la propuesta de iniciativa debe ver con mayor agresividad la soluci√≥n de controversias y salir del esquema conservador que priva en la Ley de Adquisiciones y en la de Obras P√ļblicas, ‚Äúporque las p√©rdidas en las contrataciones p√ļblicas las paga la sociedad‚ÄĚ.

 

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