• La única manera de tener reactivación económica es fomentando la competencia: diputado Galindo Favela

• Empresarios plantean que el tema amerita una discusión nacional

15-06-2020.- La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad se reunió con integrantes de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), a fin de analizar el “acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, el cual, aseguraron, afectará la competitividad y generará aumento de tarifas.

El presidente de esta instancia legislativa, diputado Fernando Galindo Favela (PRI), destacó que “estamos viviendo la peor crisis económica de la historia derivada de la fragilidad que venía teniendo la economía de nuestro país y por el impacto del coronavirus a nivel internacional”.

Precisó que a nivel nacional se han perdido más de un millón de empleos y la producción industrial, en el último dato de abril, cayó casi 30 por ciento; “la única manera de salir, de reactivar la economía es a través de un respeto estricto a la ley y, sobre todo, a los contratos anteriores”.

Resaltó que no hay forma de generar incentivos sin respetar el Estado de derecho y que la única manera de reactivar la economía es fomentando la competencia y fortaleciendo las instituciones estatales, pero con eficiencia.

Opinión de diputadas y diputados

La diputada María de los Ángeles Ayala Díaz (PAN) consideró que este acuerdo muestra de la aversión del gobierno por la inversión privada, pues limita su participación en la generación de energías limpias, lo cual elevará las tarifas debido a los costos de producción; es decir, representa un retroceso a la transición energética, vulnera los derechos a la competencia, a la salud, al medio ambiente y a los tratados internacionales.

La diputada Soraya Pérez Munguía (PRI) resaltó que la inversión privada genera empleos y “eso es lo que hoy más que nunca se necesita” porque se han perdido más de 8 mil trabajos formales en lo que va de la pandemia y, de acuerdo con el Inegi, la cifra llega a más de 12 millones, incluyendo a los informales. Señaló que las medidas publicadas “están matando y cancelando el mercado eléctrico nacional”.

Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya subrayó que el acuerdo busca la modernidad de abajo hacia arriba, por lo que aseguró: “es una mentira que se esté cerrando la puerta al impulso de energías limpias”; por el contrario, se pretende ordenar y garantizar la continuidad del servicio al ampliar el uso de las centrales y optimizar los permisos para plantas eólicas y solares.

La diputada Geraldina Herrera Vega (MC) compartió la preocupación de los empresarios y el impacto que puede tener en la salud el no invertir en la energía. Además, dijo, se deben cumplir los compromisos de desarrollo sostenible con la ONU, la agenda 2030 y los acuerdos de París, “porque puede impactar y afectar los acuerdos con el T-MEC y los tratados con la Unión Europea”.

La diputada Silvia Garza Galván (PAN) lamentó que no se respeten los tratados internacionales. “Como país tenemos que respetar los acuerdos; los inversionistas no tienen la culpa de qué partido gana la Presidencia, pero los acuerdos se honran”, precisó.

La diputada Yolanda Guerrero Barrera (Morena) aseguró que el gobierno federal no es ningún improvisado porque trabajó por muchos años en la creación del Proyecto Alternativo de Nación con los elementos suficientes para revisar el tema de los energéticos en nuestro país. “No estamos en contra de la inversión privada; estamos porque se regule”.

La diputada Melba Nelia Farías Zambrano (Morena) mencionó que el gobierno está a favor de las energías limpias y lo que se plantea es regularlas bajo situaciones de suficiencia y seguridad. “Estamos en condiciones de hacerlo, porque los contratos eran leoninos al cien por ciento”.

Acuerdo del sector eléctrico afectará el mercado

El presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger González Lau, señaló que este acuerdo del sistema eléctrico nacional tendrá una afectación en el mercado, toda vez que su criterio es que las centrales de menor costo sean las primeras que operen y las de mayor queden al final, lo que dañará la competitividad.

Aclaró que cualquier administración tiene derecho a definir sus políticas públicas, pero no se puede afectar a aquellos que cumplieron con las reglas anteriores, por lo que, afirmó, el tema amerita una discusión nacional.

El presidente de la Comisión de Enlace Legislativo de la Concamin, Juan Pablo García, dijo que el documento en análisis originará un impacto en el costo de la energía y en la generación de empleos, pues se afectan proyectos en 20 entidades y soslaya la oportunidad de aprovechar el potencial que se tiene en energía eólica y solar. “Impulsar a la CFE no debe chocar con los proyectos de fuentes renovables”, sugirió.

El presidente Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolex), Héctor Olea, exigió la modificación de esta política porque, de lo contrario, no habrá condiciones de inversión, ni certidumbre. “El gobierno, si bien tiene derecho de modificar la política energética, no tiene derecho que sea de manera retroactiva y sobre todo ir en contra a los lineamientos que marca la Constitución y las leyes que emanan desde el Congreso”, subrayó.

Por su parte, el director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, Julio Valle, consideró que se pone en riesgo el cumplimento de las metas de la política climática, los proyectos de generación eléctrica y todos los relacionados con energías renovables. “El sector de generación eléctrica es piedra angular en todas las economías del mundo para cumplir con las metas de cambio climático que se han impuesto en los órganos legislativos”.

El vicepresidente de Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex), Sandy Cassab Harari, dijo que las medidas incidirán en el costo de la energía para las empresas. “Si a eso le sumamos la violentación al Estado de derecho en donde se aplican cosas retroactivas y se desincentivan las inversiones, nadie querrá invertir y se ahuyentará la inversión privada”, advirtió.

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