• El tema: Reformas en Materia Fiscal

• Las aportaciones de expertos, especialistas y cámaras industriales se integrarán al dictamen: diputada Terrazas Baca

24-11-2020.- Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y la de Trabajo y Previsión Social analizan la iniciativa presidencial sobre subcontratación laboral (outsoucing), con propuestas de empresarios y especialistas, las cuales se insertarán en el dictamen, afirmó la diputada Patricia Terrazas Baca.

La diputada del PAN, quien es presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, agregó que no se afectarán los derechos de los trabajadores y el cumplimiento de las empresas.

Durante la mesa 3 “Reformas en Materia Fiscal”, del Parlamento Abierto de análisis a la iniciativa presidencial en materia de outsourcing explicó: “Hay que revisar los temas inconstitucionales. El Código Fiscal de la Federación abre una nueva definición del esquema agresivo cuando ya hay conductas calificadas”.

El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, de Encuentro Social, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, celebró que con este tipo de reuniones se buscará el bien de todos y se protegerán los derechos de los trabajadores sin violentar “los derechos de los de enfrente”.

“Pasaremos al análisis de la iniciativa para sacar un dictamen en beneficio de México”, reiteró.

El diputado Marco Antonio Andrade Zavala (Morena), secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, destacó la importancia de analizar y discutir esta iniciativa del Ejecutivo, ya que hay voces que piden cambios, pero se debe ver hasta qué punto se pueden hacer las modificaciones. “Se avanzará en una iniciativa que beneficie a los trabajadores, pero que no perjudique a empresarios”.

Terminar con la defraudación

El procurador fiscal de la Federación, Juan Carlos Romero, explicó que la evasión implica una distorsión del sistema tributario; por ello, se busca terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación, que es el caso de la subcontratación de personal, y la simulación de prestaciones de servicios especializados.

“Esto trastoca los derechos fundamentales de los trabajadores y simultáneamente ocasiona graves perjuicios al fisco”, subrayó.

Dijo que más de 6 mil empresas de subcontratación ilegal evaden al fisco por 21 mil millones de pesos al año. Mil 200 empresas manejan el esquema de subcontratación ilegal y concentran a 862 mil 489 trabajadores que son afectados en sus derechos laborales.

Es por eso, explicó, que con esta propuesta legislativa no se combate la auténtica y verdadera profesionalización de servicios especializados, ni el sano desarrollo del mercado; enfrenta a quienes ilegalmente ponen en desventaja a los verdaderos oferentes de servicios especializados.

“Es nuestra responsabilidad exigir una competencia leal en todos los aspectos del comercio y sólo a través de estas exigencias estaremos fomentando la inversión en nuestro país”, aclaró.

Participaciones

Al continuar con los trabajos del Parlamento Abierto, especialistas, académicos, organizaciones, cámaras empresariales e investigadores formularon comentarios sobre la iniciativa e hicieron sus aportaciones de modificación.

Representantes de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de la Comisión Fiscal del propio organismo y de la Comisión de Enlace Legislativo de este Consejo, manifestaron que entre sus preocupaciones están los temas de vigencia y registro, lo que causaría inseguridad jurídica. Pidieron que la reforma entre en vigor hasta el 2022 y no tenga el calificativo de delito. Lamentaron la falta de deducción y acreditamiento del IVA de estas actividades.

Por su parte, la Comisión Fiscal de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, el Comité de Derecho Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México de ANADE, y la representación de Thompson & Knight, señalaron que la propuesta coloca candados y no evita la evasión, cuando lo que se debe atacar es el outsourcing ilegal, aligerar la documentación, así como verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, por lo que pidieron evitar la sobrerregulación.

Representantes de AP Fiscal Consultores, la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, especialistas laborales y consultores fiscales indicaron que la propuesta desconoce beneficios de la subcontratación; se enfoca en los abusos de contratantes y en el abaratamiento del trabajo, por lo que es necesario modificar la reforma y no dejar lagunas que afecten a contribuyentes o al sector privado, combatiendo de manera efectiva la defraudación fiscal.

El director de consultas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Jesús García Piedra, explicó que la iniciativa obedeció al resultado de operativos de distintas instancias que encontraron esquemas de subcontratación agresivos y abusivos; “no busca prohibir la subcontratación por completo, simplemente se establece qué tipo va a estar prohibida”.

Representantes de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales consideraron que en la iniciativa debe prevalecer la competitividad y la productividad, además de erradicar las malas prácticas.

La Confederación Patronal de la República Mexicana lamentó que no se haya presentado con anticipación la iniciativa, por lo que no logrará su propósito de combatir las malas prácticas; por el contrario, provocará merma en las arcas públicas y en los derechos laborales.

A su vez, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación estimó que debe hacerse una disposición transitoria en todos los temas fiscales con un régimen ordenado, porque los cambios de manera abrupta afectarán los intereses de los trabajadores.

Representantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos precisaron que es conveniente un periodo de transición, porque de lo contrario habrá consecuencias no deseadas, incluso para el propio Ejecutivo y hacia las empresas porque tendrán que modificar su modelo de negocios.

Se subrayó que la iniciativa es necesaria para erradicar la subdeclaración, la simulación y la evasión fiscal; sin embargo, el outsourcing es legal. Prohibir una figura que es usada internacionalmente nos pone en desventaja competitiva.

Es necesario garantizar los derechos de trabajadores, toda vez que podrían haber 4.5 millones de despidos potenciales, se dijo.

Participaron representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, así como de la Cámara Nacional del Cemento, quienes se pronunciaron por una regulación adecuada de esta industria, dado los impactos fiscales que conlleva, que dé seguridad jurídica y acabe con esquemas abusivos.

Además, integrantes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de despachos consultores y empresas como Rolling Personnel y Adecco- AMECH se pronunciaron por mantener el Registro Patronal Nacional, dar incertidumbre jurídica a inversionistas, impulsar el desarrollo de la economía formal, proteger al trabajador, asegurar el cumplimiento del empleador y fomentar el cumplimento de la ley aplicable a estas empresas.

Se indicó que la legislación vigente ya regula la subcontratación y garantiza el cumplimiento de obligaciones obrero-patronales y si se busca sancionar el ámbito tributario es pertinente ceñirse a lineamientos fiscales y penales, además de fortalecer la supervisión.

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