• También, procura el interés superior de la niñez

• Aprueba cambios a la Ley Nacional de Ejecución Penal

15-10-2020.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por consenso, en lo general y en lo particular, con 278 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen que garantiza el respeto a los derechos de las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario y el de los menores de edad en reclusión.

Con estas reformas a diversas disposiciones de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades carcelarias deberán ser capacitadas en materia de igualdad sustantiva y perspectiva de género para dar atención psicopedagógica a los menores de edad en reclusión.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, detalla que las mujeres privadas de su libertad en un centro penitenciario tendrán derecho a conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años, siempre que no contravenga el interés superior de la niña o el niño.

Resalta que en el momento en que las hijas o hijos de mujeres privadas de la libertad alcancen la edad máxima de estancia dentro del centro, la autoridad penitenciaria deberá implementar una separación sensible y gradual.

13 mil 893 mujeres están en reclusión

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Justicia, la diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (Morena) comentó que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019, en México hay un total de 13 mil 893 mujeres en reclusión.

Indicó que muchos de los establecimientos de ejecución de penas tienen desventajas para las mujeres: no existe una atención sensibilizada en materia de igualdad sustantiva, y diversos locales que previamente funcionaron como centros de reclusión para varones no están correctamente adaptados para albergar a mujeres y a sus hijas e hijos.

Conforme a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no reúnen las condiciones mínimas requeridas para atender las necesidades básicas para su efectiva reinserción social, agregó.

Señaló que la situación de la población penitenciaria femenina que convive con sus hijas e hijos en reclusión dan cuenta de la magnitud de la problemática que se quiere atender; por ello, el dictamen establece el deber de las autoridades de capacitar a su personal en materia de igualdad sustantiva, perspectiva de género y atención psicopedagógica.

Proteger la integridad de las reclusas

La promovente, diputada Olga Patricia Sosa Ruiz (Encuentro Social) expuso que el dictamen es producto de cuatro iniciativas que abonan al respeto de los derechos humanos de las mujeres reclusas, ayuda a proteger su integridad, evita el pago de una doble condena y preserva el interés superior de la niñez.

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario estatal de 2017, se documentó que hasta 2016 existían 542 menores que vivían con sus madres en prisiones estatales y el 41 por ciento tenía menos de un año.

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