• Presupuesto de ese Instituto es prudente y acorde a la realidad del país: diputado González Yáñez

• El reto para 2021 es promover la transparencia proactiva y el gobierno abierto

22-10-2020.- La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, presidida por el diputado Óscar González Yáñez (PT) se reunió con el presidente y comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), a fin de conocer su propuesta de presupuesto para 2021.

En el encuentro virtual, González Yáñez reconoció que el Inai es el único instituto que no impugnó la determinación de salarios; “eso es entender la prudencia de la nueva realidad, pues consideran la autonomía en función de sus facultades y en la relación de la sociedad con las autoridades”.

Indicó que es prudente el presupuesto que solicitan, porque se adapta y no se rompe la ley en el ámbito de salarios. Hacen recortes en áreas que no son fundamentales; es decir, está acorde a la realidad y a las circunstancias que enfrenta el país.

La diputada Gloria Romero León (PAN) comentó que el incremento presupuestal del Inai va acorde con el tema de austeridad, con 41 millones y el Órgano Interno de Control se mantiene con 19 millones. Sin embargo, dijo, se le disminuyó al rubro de tecnología y desarrollo, por lo que pidió saber qué tanto afectará en el trabajo a distancia.

También del PAN, la diputada María Marcela Torres Peimbert destacó el trabajo del Inai en estos tiempos en donde el tema de adquisiciones ha dado pasos hacia atrás. Las adjudicaciones directas han aumentado y es necesario contar con información oficial y transparente.

Comisionados del Inai

El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña Llamas, destacó que el trabajo con la Comisión de Transparencia es cordial, pues siempre reconocen y ponderan la labor de promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del Gobierno a la sociedad.

Resaltó que este organismo autónomo sirve a más ocho mil sujetos obligados de los estados y municipios, por lo que solicitó atender sus necesidades presupuestales, las cuales prevén contribuir con el avance del país “a pesar de las pruebas que la pandemia nos ha puesto”.

La comisionada Blanca Lilia Ibarra señaló que las tareas del Inai no únicamente se circunscriben a resolver recursos de revisión, también tiene que promover la cultura de transparencia y la de protección de datos personales, así como mantener un acompañamiento con los sujetos obligados para que éstos, a su vez, puedan cumplir con las obligaciones de ley.

Afirmó que el proyecto de trabajo del Instituto para 2021 enfrentará retos y desafíos impuestos por la crisis de salud, “porque el derecho a saber permite generar conocimiento a la población y en momentos de crisis sanitaria el conocimiento puede salvar vidas”; por ello, es necesario fortalecer la cultura de los datos personales y su derecho a saber.

El comisionado Óscar Guerra Ford precisó que el presupuesto del Inai para 2020 fue 877 millones de pesos y para el 2021 se están solicitando 918 millones de pesos, lo que implica en términos nominales un crecimiento del 4.7 por ciento. Explicó que este incremento es para recuperar un poco el presupuesto dadas sus necesidades.

Destacó que el Instituto se ha alineado a la nueva realidad de la austeridad y sus unidades administrativas han elaborado un presupuesto que contempla recursos mínimos indispensables para el desarrollo de sus actividades sustantivas y de los proyectos especiales.

Comentó que para el próximo año se estima recibir más de 400 mil solicitudes de información realizadas a los sujetos obligados en el ámbito federal, 350 mil sobre información pública y 80 mil en términos de datos personales.

La también comisionada del Inai, Josefina Román Vergara, mencionó para 2021 este órgano elaborará un archivo histórico, a fin de cumplir con la Ley de Archivos. Además, promoverá la transparencia proactiva y el gobierno abierto.

Agregó que el reto es la aplicación, en su totalidad, de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, desde la perspectiva del titular de los datos, pero también de todas las personas físicas y morales del sector privado que manejan bases de datos.

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