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Bolet√≠n N°. 4058 Diputadas y especialistas analizaron el rumbo del Sistema Penal Acusatorio
  • Falta un esquema de justicia penal que funcione bien: Ortega Mart√≠nez

 

 

  • La justicia es uno de los grandes retos que tiene M√©xico: Lorena Villavicencio Ayala

 

04-09-2020.- Durante el foro ‚ÄúSistema Penal Acusatorio: ¬ŅHacia d√≥nde vamos?‚ÄĚ, convocado por la Comisi√≥n de Justicia, diputadas afirmaron que atender a las v√≠ctimas es una asignatura pendiente, en tanto que especialistas propusieron otorgar un presupuesto suficiente, humanizar la justicia y que las reformas jur√≠dicas se ci√Īan a la Constituci√≥n.

 

La presidenta de la Comisión, diputada María del Pilar Ortega Martínez (PAN), consideró que en el ánimo de frenar la impunidad se pone en riesgo un sistema de libertades, democrático y de garantías.

 

‚ÄúClaro que queremos combatir la impunidad y se puede hacer con investigaci√≥n, con un trabajo bien hecho de los operadores, un sistema penitenciario sin corrupci√≥n y un sistema de justicia penal que funcione bien‚ÄĚ, apunt√≥.

 

Consideró oportuno que los integrantes de la Comisión sean sensibles ante este tema tan delicado para colocarlo en el centro del debate, con las aportaciones de especialistas.

 

La participación de las víctimas en el proceso es un derecho

 

La diputada del PRI, Mariana Rodr√≠guez Mier y Ter√°n, secretaria de la Comisi√≥n, apunt√≥ que atender a las v√≠ctimas es una asignatura pendiente y una deuda hist√≥rica del sistema de justicia, pues son las m√°s afectadas y ofendidas, y su participaci√≥n en el proceso penal es fundamental; ‚Äúes su derecho, no es ning√ļn favor‚ÄĚ.

 

Destac√≥ que es importante que las v√≠ctimas tengan una representaci√≥n jur√≠dica y legal adecuada en los procesos penales, sobre todo para que la reparaci√≥n del da√Īo sea una realidad no s√≥lo en el √°mbito jur√≠dico, sino en el aspecto psicol√≥gico, lo que no se ha logrado, advirti√≥.

 

La justicia, de los grandes retos que tiene México

 

 

Por otra parte, durante la mesa ‚ÄúSistema Penitenciario: el eslab√≥n pendiente‚ÄĚ, la diputada Lorena Villavicencio Ayala asegur√≥ que el tema de justicia es uno de los grandes retos que tiene M√©xico.

 

Preguntó cuántas de las personas encarceladas son realmente culpables, si tienen una defensa adecuada y se cumplen cada uno de los preceptos que sustenta el sistema penal acusatorio, como la presunción de inocencia.

 

‚ÄúSer joven en este pa√≠s te hace culpable, adem√°s de invisibilizarte, de estigmatizarte, adem√°s de no tener el ejercicio pleno de tus derechos y no tener derecho a la justicia y a la propia defensa. Las c√°rceles lamentablemente se han convertido en espacios que acumulan diferentes tipos de discriminaci√≥n, es la constataci√≥n de la renuncia del Estado de garantizar plenamente los derechos humanos‚ÄĚ, asegur√≥.

 

Falta un sistema de justicia pronto y expedito

 

 

En el tema ‚ÄúLa participaci√≥n de las v√≠ctimas en el proceso penal‚ÄĚ, Alejandra Ramos Dur√°n, jueza de Garant√≠as del Distrito Judicial Morelos en el estado de Chihuahua, propuso tomar en serio las medidas de protecci√≥n a las v√≠ctimas y no alargar tiempos, porque en m√°s del 95 por ciento de los casos de violencia familiar, los agresores est√°n en la calle y la agredida se ve desprotegida. Critic√≥ la inoperancia de la orden de comparecencia, embargo precautorio e indemnizaci√≥n compensatoria.

 

Javier Cruz Angulo, del Centro de Investigaci√≥n y Docencia Econ√≥mica (CIDE), reconoci√≥ que la seguridad p√ļblica le falla a las v√≠ctimas. ‚ÄúHay una ley con palabras muertas en donde no est√°n comprometidos los ministerios p√ļblicos, no hay investigaci√≥n, no hay una actuaci√≥n pronta, no hay restituci√≥n y no hay justicia procedimental‚ÄĚ.

 

Jaime Rochin del Rincón, especialista en derecho, dijo que todas las victimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo. Sin embargo, agregó, siguen siendo un testigo mudo, son vistas con inferioridad en todo el proceso, son el eslabón más débil del proceso, por lo que los legisladores tienen una tarea enorme.

 

Por su parte, Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro AC, asegur√≥ que en M√©xico no hay sensibilidad, ni en la sociedad ni en el Poder Judicial, para la atenci√≥n a las v√≠ctimas. Afirm√≥ que ‚Äúnos enfrentamos a la Suprema Corte de Justicia en donde se llevan a cabo criterios que lejos de beneficiar a la v√≠ctima la perjudican‚ÄĚ. Sostuvo que por m√°s reformas que se han hecho en el Congreso, no hay leyes que se hagan realidad; todo queda en letra muerta.

 

Estefan√≠a Medina Ruvalcaba, especialista en Sistema Penal Acusatorio, explic√≥ que hace falta un sistema de valuaci√≥n; no hay eficacia en la gesti√≥n; existe corrupci√≥n en los procesos; se tienen perfiles de baja calidad y sin asesor√≠a puntual a los perjudicados. Las victimas necesitan justicia y reparaci√≥n del da√Īo y esto no se puede conseguir si los procedimientos son ineficaces, acot√≥.

 

Lilia M√≥nica L√≥pez Ben√≠tez, magistrada del S√©ptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dijo que se debe dar oportunidad al sistema acusatorio, porque empieza a dar se√Īales alentadoras. ‚ÄúCorregir y atender temas que posiblemente lo debilitan, es cierto, pero no podemos renunciar a un modelo que est√° en v√≠as de consolidaci√≥n y donde hemos invertido tiempo y recursos de todo tipo‚ÄĚ.

 

Miguel √Āngel Aguilar L√≥pez, magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de M√©xico, indic√≥ que llegar a un √≥ptimo sistema de justicia penal a trav√©s de un debido proceso implica la responsabilidad de los operadores en todas las sedes. ‚ÄúDebemos dejar de buscar responsables e integrarnos a cada una de nuestras responsabilidades para lograr un sistema eficiente‚ÄĚ.

 

Ana Katiria Su√°rez Castro, abogada litigante en materia penal, urgi√≥ a ‚Äúhumanizar la justicia‚ÄĚ, porque son vidas de personas, no s√≥lo tecnicismos jur√≠dicos. Sugiri√≥ alejarse de ‚Äúser leguleyos para ganar un caso con medidas oscuras y corrupci√≥n, sin fabricar ni presentar pruebas il√≠citas, ni lesionar a la sociedad para evadir responsabilidades‚ÄĚ. Destac√≥ la importancia de respetar la dignidad humana.

 

Durante la mesa ‚ÄúDefensa adecuada y tutela judicial en el procedimiento penal‚ÄĚ, Rodolfo F√©lix C√°rdenas, exprocurador General de Justicia del Distrito Federal, lament√≥ que los ministerios p√ļblicos hoy en d√≠a sigan atentando contra el derecho de defensa, restringen la libertad de las personas y limitan la posibilidad del trato razonable.

 

Pablo Hern√°ndez Romo Valencia, abogado litigante en materia penal, se√Īal√≥ que las propuestas de reformas legales deben ce√Īirse a lo que establece la Constituci√≥n, pues s√≥lo respetando estos preceptos se puede lograr una defensa y proceso adecuados, aunque critic√≥ la mala redacci√≥n porque no coinciden la exposici√≥n de motivos con las modificaciones.

 

Horacio Benjam√≠n P√©rez Ortega, socio fundador de Carpel SC, mencion√≥ que se tiene que analizar el sistema jur√≠dico penitenciario. En el tema de los penales, mencion√≥ que persiste la violaci√≥n de derechos humanos para las personas privadas de la libertad y el personal penitenciario. ‚ÄúExiste corrupci√≥n en este sistema‚ÄĚ, se√Īal√≥.

 

Enseguida, Jos√© Manuel Toral, especialista de datos del Consejo de la Judicatura Federal, expuso que las iniciativas en la materia suelen salir del discurso pol√≠tico o de conceptos meramente pol√≠ticos y hay poca demanda para analizar los datos disponibles. ‚ÄúLos especialistas deben acercarse m√°s a los datos para darle una mejor fundamentaci√≥n a su trabajo‚ÄĚ.

 

Daniela Ancira Ruiz, directora de la agrupaci√≥n La Cana, se√Īal√≥ que en las c√°rceles se cobra todo: el agua para ba√Īarse, la llamada del abogado, salir al patio. ¬ŅDe d√≥nde obtienen el dinero los internos si no hay trabajo en prisi√≥n?, pregunt√≥. Pues de vender drogas, llamadas de extorsi√≥n y, en el caso de las mujeres, de prostituirse en el penal de hombres, denunci√≥.

 

Lizbeth Padilla Sanabria, consultora en derecho, coment√≥ que el problema en nuestras prisiones es que no funciona el sistema penal y la corrupci√≥n en ellas es grande. ‚ÄúNo es posible que utilicen la norma jur√≠dica constitucional para privar de la libertad a personas que no est√°n por delincuencia organizada en centros especiales de detenci√≥n‚ÄĚ.

 

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