• Buscan armonizar códigos Penal Federal y Nacional de Procedimiento Penales con la Ley de Amnistía

• También, que congresos locales tengan una ley en la materia y evitar criminalizar a las mujeres y a la pobreza

26-03-2021.- En las “Conclusiones de trabajo legislativo con Observatorio de Amnistías”, diputadas, defensores públicos y especialistas llamaron a que la justicia sea un derecho y no una herramienta para criminalizar a las mujeres y a las personas en situación de vulnerabilidad; homologar la Ley de Amnistía con los códigos Penal Federal y el Nacional de Procedimiento Penales, y sugirieron que los congresos locales aprueben una ley en la materia, pues la gran mayoría son delitos locales.

Armonizar códigos con la Ley de Amnistía

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, diputada María Wendy Briceño Zuloaga, señaló que este esfuerzo fue para allegarse de las opiniones de personas expertas en materia de derechos humanos y tener una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones a los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales en su armonización con la Ley de Amnistía.

Principalmente en los delitos de aborto, homicidio en razón de parentesco o relación; producción, tenencia, tráfico, proselitismo y otros actos en materia de narcóticos; rebelión, motín, sabotaje, desobediencia, resistencia de particulares y levantamiento de sellos.

El propósito, añadió, es prevenir que personas en situaciones de vulnerabilidad se encuentren privadas de la libertad y que las mujeres en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos sean sancionadas.

Refirió que el 22 de abril de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amnistía, cuyo objetivo es liberar a las personas que se encuentran presas, que hayan sido procesadas o se les haya dado sentencia, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están sentenciadas.

En sus transitorios, dijo, se precisa que dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigor de dicha ley, el Congreso de la Unión realizará un ejercicio de revisión de los delitos a que hace referencia este ordenamiento, a fin de valorar la vigencia de sus elementos configurativos.

Briceño Zuloaga añadió que las legisladoras, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, “hemos analizado diversas disposiciones que son contrarias a lo establecido en la Ley de Amnistía, cuyos elementos de delito están limitados en el ejercicio pleno de los derechos de las personas, principalmente de las mujeres, al tratar de ejercer derechos reconocidos en instrumentos internacionales”.

Afirmó que la intención es la garantía y la ampliación de derechos. “Nuestro compromiso es fuerte, claro y siempre en ese sentido; se deben fortalecer las legislaciones de todas y todos, particularmente de quienes hayan visto sus derechos humanos mayormente regateados históricamente”.

Consideró importante solicitar a los congresos de los estados que contemplen una Ley de Amnistía y tengan un mayor compromiso con los derechos humanos. Además, mayor coordinación con las instancias del Ejecutivo Federal y de los congresos a nivel local.

Mejor impartición de justicia

La diputada Paola González Castañeda (Morena) expresó que es preocupante el tema de las mujeres privadas de su libertad; se deben impulsar reformas que ayuden a mejorar las leyes y abonar en la defensa de las personas contempladas en la Ley de Amnistía, principalmente, las mujeres.

Resaltó que lo que ha faltado es la perspectiva de género en la impartición de justicia. “Hoy nosotras hemos pedido que haya jueces y juezas con capacitación en esta materia; la falta de ello, ha generado la criminalización de las mujeres”.

Del mismo grupo parlamentario, la diputada Lorena Villavicencio Ayala mencionó que a un año de la Ley de Amnistía es aplaudible este encuentro, principalmente por el tema del delito de la interrupción del embarazo, que afecta la autonomía de las mujeres y su derecho a decidir. “No estamos a favor de las leyes prohibicionistas que lo único que están generando es criminalizar a las mujeres y a la pobreza”.

Mencionó que se tiene un sistema de justicia muy deficiente y al que accede solamente la gente que tiene los recursos y las condiciones para tener una buena defensa. Llamó a que la Ley de Amnistía se traduzca en leyes en la materia en los estados, pues la gran parte de los delitos se cometen a nivel local. “Es vital una ley así en las entidades y evitar que muchas personas estén indebidamente en la cárcel por un asunto de pobreza extrema, falta de condiciones o delitos que no son graves”.

La diputada Mayusa González Cauich (PRI) detalló los problemas a los que se enfrentan quienes están en un proceso judicial; refirió que no hay suficientes intérpretes en lenguas indígenas, lo que conlleva a que el afectado no entienda su situación, por lo que se sebe acabar con la discriminación, el racismo y el clasismo.

Agregó que se pusieron candados para que las personas pudieran ser intérpretes, lo que no garantiza el debido proceso a los nativos. Además, señaló, no se juzga con perspectiva de género; hay muchas mujeres indígenas en prisión porque no se tomó en cuenta su contexto. “Debemos apostar porque las instituciones tengan recursos para pagar a los intérpretes”.

Por el PT, la diputada Marta Dekker Gómez consideró que el proyecto es necesario porque a un año de que entró en vigor la Ley de Amnistía no se ha concretado. Agregó que impulsará que la homologación de la Ley se dé en los congresos locales.

“En muchos casos de quienes están injustamente encarcelados, pudimos ver una luz de esperanza y pensar que próximamente estarían libres haciendo valer su derecho de amnistía y perdón, lo que no ha pasado; hicimos observaciones a la propuesta de la diputada Wendy para sumar a la misma con el fin de sacar un producto que pueda llevarse a cabo”.

Cuestionar y repensar el sistema penal

Ángela Guerrero, del Observatorio de Amnistías, expresó que a partir de la aprobación de la Ley en la materia, surgió la idea de establecer un observatorio para dar seguimiento a lo que está sucediendo con las distintas iniciativas de amnistía que hay a nivel local, con la implementación a nivel federal y con los pendientes que teníamos con estos transitorios, y mantener comunicación con las autoridades para ver de qué forma se puede agilizar el proceso.

Lo que está en juego, afirmó, no sólo es la justicia social sino la libertad de las personas que están en prisión indebidamente; se impulsa una propuesta para darle vida al artículo Quinto Transitorio y decir: “por qué razón hay mujeres que están dentro de prisión por haber abortado y por qué hay personas detenidas por un delito menor”. Además, se abre la posibilidad de cuestionar y repensar el sistema penal e incluso pensar en uno más justo.

Ley de Amnistía tiene retos

El titular de la Unidad de Defensa Penal del Consejo de la Judicatura Federal, Carlos Gustavo Cruz, refirió que a casi un año de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía existen muchos retos, sobre todo en el aspecto federal, ya que muchos de los delitos son de impacto importante para la sociedad; sin embargo, desde la Defensoría Pública se ha puesto énfasis en las personas en situaciones en vulnerabilidad, las pertenecientes a las comunidades indígenas, afromexicanas y las que están en extrema pobreza.

Detalló que, de un análisis, hasta la fecha hay mil 23 asuntos que pueden ser susceptibles de presentar una solicitud ante la Comisión de Amnistía; 123 mujeres y 850 hombres; 44 pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad, y la gran mayoría son delitos contra la salud y robo simple. En el fuero federal no se ha detectado ningún asunto por aborto. Afirmó que al 15 de febrero de 2021 han presentado 278 peticiones a la Comisión de Amnistía, pero a la fecha ninguno se ha considerado como procedente.

Respaldo a la propuesta de cambios al Código Penal Federal

Adriana Muro, directora ejecutiva de Elementa DH, dijo que respaldan las propuestas para modificar el Código Penal Federal. Planteó que en el caso del artículo 194 sólo se prevean los verbos producción, tráfico a gran escala y comercialización, y que se definan cuáles son estos tipos de conductas. Se sugiere que el verbo suministro aún gratuito, se derogue de dicho artículo.

Propuso que el delito de transportación, que afecta en su mayoría a las mujeres, esté previsto en un artículo distinto, en el cual se establezca que la Fiscalía es la que debe probar que dicha transportación tiene como fin la comercialización de sustancias psicoactivas. Es necesario y urgente derogar el delito de posesión simple. Respecto al delito del aborto, agregó que es prioritario modificar los tipos penales, por lo que “proponemos limitar el delito de aborto a la interrupción del embarazo sin consentimiento expreso de la mujer para su realización antes de las 12 semanas”.

Desaparición de antecedentes penales

Guadalupe Jiménez, representante del colectivo Mujeres Libres México, dijo que se deben encontrar otras rutas para que la justicia sea pronta y expedita. “Necesitamos la restitución inmediata de nuestros derechos y documentos personales, así como la desaparición de antecedentes penales”.

Planteó incorporar en el Código Nacional de Procedimientos Penales la obligación explícita para los juzgadores de analizar contextos al juzgar y emitir sentencia; revisar a la brevedad los expedientes para resarcir a la sociedad por tantos agravios cometidos. Necesitamos la efectiva concesión de beneficios de preliberación y la sensibilidad de los jueces de ejecución y “anhelamos la oportunidad de regresar al núcleo familiar, trabajar y retomar nuestra vida”.

A un año, nadie ha logrado obtener su libertad

Lucía Alvarado, coordinadora del Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad, subrayó que a un año de aprobada la Ley de Amnistía ninguna persona ha logrado obtener su libertad. Agregó que es importante que las personas que estén acusadas por los delitos que contempla esta amnistía que proviene, la mayoría, de contextos de violencia, se beneficien de este ordenamiento.

Asimismo, se pronunció por modificar el Código Penal Federal para garantizar que otras personas no terminen en prisión por las mismas causas y para que no se vuelva a castigar la pobreza. “Sé que la amnistía vendría a contribuir con la pacificación del país y considero que la mejor forma de hacerlo es otorgando la libertad a personas que fueron vulneradas y estigmatizadas durante décadas”.

Evitar la criminalización

La coordinadora del Área de Documentación del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, Citlalli Bustamante, lamentó que aún se criminalice la diferencia política y el ejercicio al derecho a la protesta, ya que ello vulnera las garantías individuales.

Indicó que las modificaciones proponen que las personas que defienden un proyecto político alterno, defensa de la tierra, de los usos y costumbre, manifestaciones contra proyectos de la administración, se considere, a petición de parte, un análisis contextual para identificar por qué está detenida. “Ello ayudará a evitar la criminalización; hay que contribuir a la justicia social y a la pacificación del país”.

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